Sufragio

El pasado 26 de julio, Enrique Márquez indicó que de no haber un acuerdo político, muchos venezolanos no podrán votar en países que no tengan relaciones consulares con Venezuela, como es el caso de Estados Unidos

 

Este martes, 16 de agosto, el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, informó que se consignó ante el pleno del ente, una propuesta de reglamento, para establecer una nueva regulación del proceso sobre el ejercicio al sufragio para los venezolanos que residen en el exterior.

A través de su cuenta en Twitter, Márquez señaló que son las autoridades del CNE quienes definirán próximamente una fecha para evaluar la propuesta y tomar una decisión al respecto.

«Queda ahora a este organismo definir el momento para tratar tan importante asunto. Seguimos manos a la obra», señaló el mensaje de Márquez en la red social.

El pasado miércoles, 10 de agosto,  el rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Roberto Picón, informó que un equipo supervisado por él y por Enrique Márquez estaría trabajando en una propuesta de normativas y procedimientos que faciliten la actualización del registro electoral y el ejercicio del sufragio de venezolanos en el extranjero, lo que supone un proceso que en adelante involucraría a otras instancias.

Hoy 16Ago he consignado ante el pleno del CNE la propuesta concreta de Reglamento para el ejercicio del sufragio en el caso de los venezolanos que residen en el exterior. Queda ahora a este organismo definir el momento para tratar tan importante asunto. Seguimos manos a la obra.

— Enrique Márquez (@ENRIQUEMARQUEZP) August 16, 2022

En riesgo, voto en el exterior

El pasado 26 de julio, Enrique Márquez indicó que de no haber un acuerdo político, muchos venezolanos no podrán votar en países que no tengan relaciones consulares con Venezuela, como es el caso de Estados Unidos.

“Países, como Colombia, que tienen un 35% de la diáspora venezolana, si no se recomponen las relaciones diplomáticas entre los dos países, esa gente no puede votar. Lo mismo pasa con Estados”, explicó Márquez. 

Por su parte, el exconsultor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) y coredactor del proyecto de reglamento para ejercicio del derecho al sufragio desde el exterior por parte del Voluntariado Técnico Electoral (VOTE), Celiz Mendoza, propuso que los venezolanos en el exterior sufraguen de manera electrónica. 

Mendoza explicó que el proyecto tiene su origen en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual establece que el sistema de registro electoral, votación, escrutinio y totalización en el país son automatizados. 

“El CNE está en mora con el derecho al sufragio de los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Si el sistema es automatizado, no puede haber esa desigualdad de que unos voten manual y otros de manera automatizada», dijo Mendoza.

Señaló que el hecho de que no estén vigentes las relaciones con algunos países donde radican venezolanos, no es impedimento para la automatización. 

Celiz Mendoza explicó que faltan dos años para 2024, por lo que queda tiempo para hacer el trabajo.

*Con información de UR

El líder político aseveró que «la unidad tiene que estar organizada, movilizada y en la calle para poder cobrar la mayoría que somos»

 

Este lunes, 15 de agosto, el líder político, Juan Guaidó reiteró que «las primarias van a permitir consolidar esa unidad con la participación de los venezolanos». 

A través de su cuenta en Twitter, Guaidó destacó que «la unidad es el líder que no puede ser derrotado».

«La unidad tiene que estar organizada, movilizada y en la calle para poder recobrar la mayoría que somos», aseveró Guaidó.

Guaidó aseguró que los venezolanos en el exterior van a poder ejercer su derechos al sufragio. Indicó que «Son venezolanos que tienen pleno derecho estén donde estén». 

«La unidad derrota por la calle del medio a la dictadura una y otra vez, y por eso le tienen miedo, y por eso nos tienen miedo», dijo Guaidó.

La unidad es el líder que no puede ser derrotado.

Las primarias nos van a permitir consolidar esa unidad con la participación de todos venezolanos.

Esto acompañado de la exigencia en la calle de elecciones libres y justas.

¡Unidad de acción y objetivos para salvar a Venezuela! pic.twitter.com/0oASPe7oYl

— Juan Guaidó (@jguaido) August 14, 2022

Un grupo conformado por ciudadanos, dirigentes políticos, académicos, activistas sociales y gremiales, suscribieron un manifiesto denominado «Volver al voto», en el que buscan impulsar la iniciativa de que para generar cambios reales, debe rescatarse la institucionalidad del sufragio a través de la recuperación de la vía electoral.

En el escrito, fechado en enero de 2021, se afirma que la vía de concretar un cambio político en corto tiempo -como se planteó con la proclamación de un gobierno interino liderado por Juan Guaidó, que invitaba primero la salida de la administración de Nicolás Maduro antes de cualquier otra acción- no tuvo éxito y tras ese revés, existe la apertura a una nueva etapa en la lucha democrática que debe aprovecharse.

Recordó que la Asamblea Nacional electa en 2015 -y que afirma permanecer en funciones debido al precepto de «continuidad constitucional»- fue declarada en desacato desde casi el inicio de su funcionamiento, sus diputados fueron perseguidos y muchos se encuentran en el exilio. Además, los partidos políticos fueron judicializados y «se creó un ambiente hostil para ejercer la política que, junto a los errores» llevaron a los venezolanos a la abstención.

El texto destaca que a los venezolanos «hay que hablarles con la verdad. No se desconocen los esfuerzos hechos, pero se necesita una explicación por parte de sus dirigentes de las razones por las cuales no se pudo hacer realidad el cambio político. No con la idea de destruirnos mutuamente, sino para superar los errores cometidos».

Mientras ese debate ocurre, es esencial enfocarse y permanecer en el objetivo de continuar la lucha democrática en Venezuela. Por ende, subrayan que la misma, así como el cambio político que se espera, solo es producto de «un trabajo organizativo permanente, tesonero, responsable y consistente dentro del país», que debe realizarse basándose en una estrategia de unidad y de acumulación de fuerzas.

Por ello, el concepto de las elecciones no solo se traduce en ejercer el derecho al voto, sino que es todo un proceso compuesto por luchas cívicas, hacer política y «es un llamado a luchar dejando de lado la fantasía», porque hay que abocarse a un trabajo de organización para reactivar y recuperar el tejido de la sociedad democrática.

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Vivimos una crisis de enormes proporciones que afecta a los venezolanos en todas las instancias de su vida. Que se manifiesta en emergencias de alimentación, salud, seguridad, educación, entre muchas. La naturaleza del gobierno se ha mostrado en toda su expresión dictatorial y empobrecedora. Con un modelo que fomenta y aprovecha la crisis para continuar en el poder, a pesar del rechazo mayoritario y su impacto destructivo en las condiciones de vida de los venezolanos.

El megafraude de las elecciones regionales ha mostrado con claridad cómo el régimen ha comprometido el sistema electoral. El CNE es un órgano parcializado. Los comicios se realizan en medio de condiciones injustas y los actores políticos que no son afines al régimen son perseguidos y criminalizados desde el Estado. Los resultados del sufragio, en las actuales condiciones, no responden a la voluntad de la mayoría.

Esto forma parte de un proceso de afianzamiento del modelo dictatorial que impone el gobierno. Proceso que se agudiza en este año a partir de las sentencias del TSJ que pretendían usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y que generaron las manifestaciones, entre los meses de abril y agosto, brutalmente reprimidas por fuerzas policiales y grupos paramilitares. Otra etapa de este proceso ha sido la instauración, forzada y fraudulenta, de la Asamblea Constituye. Un poder ilegitimo que se ha atribuido capacidades supraconstitucionales como la imposición a gobernadores electos de juramentarse ante ella o decisiones sobre eventos electorales, como el anuncio de elecciones municipales en diciembre.

El 2017 se ha caracterizado por esta difícil y compleja realidad, en la que se han cuestionado las expectativas de los venezolanos para el logro de cambios y transformaciones. Se plantea una profunda reflexión tanto al liderazgo político opositor como a los diversos sectores de la sociedad: ¿Cuáles pueden ser las formas de participación política en un contexto en el que las habituales o conocidas han sido violentadas por el régimen?

Creemos que es fundamental lograr el involucramiento activo de las diversas fuerzas sociales en el proceso político, pero no limitado a la participación en eventos electorales o movilizaciones multitudinarias. Deben proponerse nuevos espacios y nuevas vías que sumen otros objetivos a los del cambio de régimen. Nos parece prioritario trabajar los temas de organización, empoderamiento, solidaridad y convivencia, a partir de la atención a emergencias como los de la alimentación, violencia, salud y educación, por ejemplo. Y así, lograr la articulación efectiva de comunidades, organizaciones y liderazgos para generar una base de organización social cuyas exigencias y necesidades cuestionen al régimen y sus políticas.

Movimientos y liderazgos locales son perseguidos por instituciones del Estado o grupos afectos al gobierno, impidiéndoles realizar actividades de interés público o negándoles el acceso a barrios o sectores populares, evidenciando el peligro que significa para el orden dictatorial una colectividad organizada y comprometida fuera de la agenda oficial. Esto debe ser registrado por el liderazgo político no desde el oportunismo y la inmediatez sino desde el reconocimiento de otras posibilidades de organización y la consideración de nuevos objetivos políticos.

El modelo dictatorial exige aceptación y lealtad, condicionando mínimos beneficios sociales a través del chantaje, el hostigamiento, la represión y la violencia. En contraposición, la alternativa democrática debe representar la posibilidad real de mejores condiciones de vida y superación, a través de la participación inclusiva en la solución de problemas comunes y el establecimiento de relaciones convivenciales de reconocimiento, respeto y solidaridad. Participación y relaciones y que sean asumidas e internalizadas por la gente y se materialicen en cambios en la realidad inmediata.

Nos encontramos en un momento en el que debe producirse una nueva narrativa en la que lo social y lo político funcionen en conjunto y se alimenten. La solidaridad y la convivencia pueden ser la base para la organización de las personas en la construcción de soluciones a los graves problemas de la crisis. Pero también pueden ser los elementos fundamentales de un programa político y democrático que pueda cuestionar y superar, efectivamente, a la dictadura.

 

@RobertoPatino

 

De llegar a instaurarse la Asamblea Nacional Constituyente, se plantearía lo que para algunos acaso significaría un conflicto de legitimidades: la de la Asamblea Nacional y la de la Constituyente. De hecho, cuando el Ejecutivo señala en las bases comiciales que la Constituyente se instalaría en el Salón Elíptico del Palacio Federal (Legislativo), está apostando a este choque de legitimidades y está marcando el escenario en el cual se daría la contienda que -en razón de la superioridad fáctica- sería supuestamente ganada por el órgano constituyente. Toda la estridencia de la recuperación de espacios, la expulsión o arrinconamiento de los Diputados y la restauración de imágenes forma parte de una simbología del combate y de la derrota del adversario que el oficialismo aspira lograr.

Nada más alejado, sin embargo, de la realidad jurídica y política. La llamada Asamblea Nacional Constituyente solo lo sería nominalmente, pues en verdad no tendría la condición de tal, al haber surgido de una usurpación del poder constituyente del pueblo y de la soberanía popular, por un órgano del poder constituido. Además, sus integrantes lo serían con base en un sistema electoral antidemocrático e inconstitucional, que en su vertiente territorial estableció circuitos uninominales o binominales en todo el país, con la excepción del Distrito Capital, vulnerando el principio de representación proporcional, y el carácter federal del Estado venezolano, que obligaba a preserva a los estados como circunscripciones electorales principales; y que en su vertiente sectorial quebrantó la universalidad del sufragio a partir del concepto de ciudadanía y  el derecho al sufragio igual, y dio lugar a la elaboración sobre la marcha de registros hasta entonces inexistentes como registros electorales, que no quedaron sujetos a los procedimientos, auditorías y plazos exigidos por la legislación electoral y por los principios constitucionales de transparencia, igualdad y confiabilidad.

Más allá de todo esto, que basta para calificar a la Constituyente como ilegítima, resulta indudable que la mayoría de los venezolanos la han rechazado, de lo cual fue una muestra luminosa la consulta ciudadana del 16 de julio. Más aún, está a la vista de todos que la Constituyente solo ha podido ser impulsada por medio del agravamiento de la represión, la generalización de las detenciones arbitrarias, el uso indebido de la jurisdicción militar contra civiles, el amedrentamiento de electores y la expansión de zonas de seguridad que pretenden ser inmunes a los derechos humanos. Amplios sectores de la sociedad decidieron no participar en esa convocatoria, con razón calificada de fraudulenta.

En cambio, la Asamblea Nacional electa el 6 de enero de 2015 lo fue con una alta participación del electorado y nació de un proceso comicial democrático, en el que compitieron las dos grandes fuerzas o corrientes políticas que orientan la vida nacional: el chavismo y la oposición agrupada en la MUD, las cuales juntas obtuvieron una votación superior a trece millones de electores. La MUD obtuvo la victoria, pero el oficialismo consiguió una importante presencia en la Asamblea Nacional. La legitimidad de la Asamblea Nacional se conserva intacta, pese a la manida tesis del desacato y a las demás expresiones del bloqueo político impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional contra el Parlamento.

Contra él quiere instalarse una Constituyente espuria gestada por la usurpación y que es manifestación patente de la determinación del régimen de desconocer al pueblo si este le niega su apoyo y pide alternancia. La Constituyente a juro, a costa del país y de la vida de los más jóvenes, es el reflejo cabal de un proyecto agotado que se rehúsa a admitir que su tiempo expiró y está dispuesto a hundir a la nación si es necesario, para evitar verdaderas elecciones universales y libres.

El horizonte del futuro inmediato es, en parte, sombrío, porque quien no ha tenido reparo en liquidar la titularidad del pueblo sobre el poder constituyente menos lo tendría a la hora de valerse de la pretendida Constituyente para perseguir a la oposición, disolver órganos del Estado o asumir formalmente facultades ilimitadas para gobernar, sin que se resuelva ninguno de los problemas del país.  No obstante, la ilegitimidad de la Constituyente, que se hará más palpable con su actuación, seguramente dominada por el revanchismo y la prepotencia, puede ser la causa de su naufragio. En lo que al pueblo respecta, ha de seguir avanzando vigorosamente en la conquista de la Democracia, sin dejarse enceguecer por el artilugio constituyente y sin desviarse un ápice de su ruta esperanzada hacia un futuro mejor para todos.

El Universal

 

El miedo es libre, reza el dicho aunque con otra palabra, y cuando de impopularidad se trata puede ser mucho más libre aún. Los números están allí. Sencillamente son inocultables. La mayoría está descontenta y el deterioro de nuestra calidad de vida ha adquirido magnitudes impensables. Con ese fardo a cuestas es muy difícil ganar una elección y eso de repetir un Dakazo no es poca cosa en los tiempos económicos que corren. Incluso la situación empeora cada día con lo cual, y ante la impotencia de alcanzar soluciones mágicas, se requiere una estrategia urgente que no puede ser otra que ir al hombre y no al balón.

Lo anterior explica la única razón que existe detrás la insólita decisión de suprimir la elección popular de los diputados al Parlamento Latinoamericano para el próximo período constitucional 2016-2021. Seguidamente explicamos por qué esta petición que envió la Asamblea Nacional, sin debate parlamentario, es una aberración antidemocrática que solo se entiende en el contexto del terror electoral. Veamos.

 

–        Negación de la democracia participativa y protagónica:

Esta involución democrática implica arrebatar a los ciudadanos el derecho de elegir directamente a sus representantes al Parlatino, cuando la Constitución bolivariana de 1999, desde el mismísimo preámbulo se jacta de haber abandonado la llamada “democracia representativa” y consagrar progresivamente la llamada “democracia protagónica y “participativa” que reconoce un papel preponderante al pueblo soberano con base en el artículo 5 y 79 de la Constitución, según el cual la verdadera soberanía reside intransferiblemente en el pueblo que la ejerce, entre otros medios, precisamente mediante el sufragio. Sencillamente eliminar procesos electorales consolidados como un derecho adquirido y reconocido constitucionalmente por la Constitución a los ciudadanos, implica negar el protagonismo y la participación del pueblo.

–        El  mandato de la Constituyente:

El poder constituyente expresamente reconoció y calificó de “deber”, la elección popular de los diputados al Parlatino. Por ello este mandato fue incluido en los “Considerandos” declarativos y determinantes del Estatuto Electoral del Poder Público, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente, bajo el tenor siguiente: “Considerando Que los representantes de Venezuela en los parlamentos Latinoamericano y Andino, respectivamente, deben ser elegidos en forma democrática, de manera directa y transparente por el pueblo”.

Este mandato constituyente luego fue acogido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual en su artículo 191 se refiere a la elección de representantes a los parlamentos creados por acuerdos y tratados internacionales, determinando que la elección de estos se hará en forma simultánea a la elección de los diputados a la Asamblea Nacional.

–        Gobiernos electivos:

El artículo 6 de la Constitución claramente dispone que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. En consecución, por imperativo constitucional, los diputados al Parlatino deben ser elegidos de manera directa por el pueblo, lo cual excluye precisamente mecanismos como la elección de segundo grado o peor aún la designación como pretende el presidente de la Asamblea Nacional.

–        Sufragio y soberanía:

CNE: Los artículos 62, 63 y 70 de la Constitución se refieren precisamente a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y al sufragio como un derecho ciudadano. Dichas normas constitucionales disponen que el sufragio es un derecho y el Estado está obligado a facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Vale decir lo contrario a lo que ha pretendido hacer la Asamblea Nacional con esta solicitud de supresión electoral. En este mismo sentido, debemos destacar que el artículo 187 de la Constitución en su ordinal 4, determina que corresponde a la Asamblea Nacional “organizar y promover la participación ciudadana en los asunto de su competencia” por lo cual la Asamblea, al aprobar el pasado 14 de abril la solicitud de supresión electoral para elegir a los diputados al Parlatino, ha actuado a contrapelo de lo que la propia Constitución le ordena.

–        El Tratado de Institucionalización:

La llamada Declaración de Lima recoge los acuerdos alcanzados por los países que integraron la Conferencia Intergubernamental para la Institucionalización de este Parlamento Latinoamericano, entre los cuales obviamente figura Venezuela. De esta forma, la espina dorsal del Parlatino en cuanto a su composición, membresía, propósitos y financiamiento, es dicho Tratado de Institucionalización del 16 de noviembre de 1987 y el Reglamento del propio Parlamento aprobado originalmente en octubre de 1993 junto con su Estatuto General.

Conforme a ambos instrumentos normativos, al igual que el Estatuto del Parlatino, no hay ninguna exclusión en cuanto a la elección directa de los representes de cada país. Por el contrario, el Reglamento del Parlatino de 1993 privilegia por voluntad de los Estados partes, la elección directa de los delegados de cada país al Parlatino. Así se evidencia de su artículo 89 según el cual: “Los representantes que integren la delegación de cada Parlamento miembro, continuarán siendo elegidos, nominados y acreditados en la forma y términos que establecen el Estatuto y este  Reglamento, mientras no sean elegidos por sufragio universal, directo y secreto, según el procedimiento que los Estados partes adoptarán mediante enmienda del Tratado de Institucionalización”. Lo anterior implica que, en el caso de los países como Venezuela, que ya hayan adoptado en su legislación interna, la elección universal directa y secreta para nombrar sus representantes al Parlatino será esta la forma que debe imperar para la escogencia de dichos representes.

–        La Obligación del CNE:

El  artículo 293 de la Constitución, dispone que corresponde al CNE, la “organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos”. Es decir, el CNE debe siempre actuar en favor del sufragio y la participación política del pueblo y no al contrario. Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene la misión constitucional de organizar y ejecutar elecciones, no suprimirlas.  Además la Ley Orgánica de Participación Política, en su artículo 191, consagra la obligación de ejecutar esta elección e incluso fija la oportunidad para ello, al determinar que la misma debe hacerse en forma simultánea a la elección de la Asamblea Nacional.

Por lo anterior, pedir al CNE que suprima la elección de los diputados al Parlatino es absolutamente inconstitucional, ilegal, y antidemocrático, pero, como dijimos, se trata de una burda estrategia cuyo propósito es uno solo, evitar que los partidos políticos se presenten en los próximos comicios parlamentarios con una tarjeta única en alianza perfecta en todos los circuitos electorales, es decir lo único que se busca es bombardear la tarjeta de la unidad. Lo anterior por cuanto la legalidad de los partidos reposa sobre un número mínimo de militantes y ello obliga a que cada franquicia se cuente por separado, lo cual podía hacerse perfectamente con los diputados al Parlatino donde cada quien podía ir con su tarjeta propia.

La otra fuente de terror, claramente, es evitar que se cuenten votos en una jurisdicción nacional, es decir, evitar el disfraz de resultados múltiples en tantos circuitos electorales existan. La votación al Parlatino es nacional y allí se verá con toda contundencia cuán amplia sería una derrota.

En fin, el miedo electoral es libre, pero el voto ciudadano también.

 

@juanraffalli

El Nacional