De la condena internacional a la protesta creativa. De la «corrección» del TSJ al encuentro de los opuestos. De los funcionarios sancionados a la realización de una consulta popular inédita. Las movilizaciones contra Nicolás Maduro demostraron cómo el gobierno actúa en contra de los ciudadanos que le adversan y eso arrastró una serie de logros que aquí enumeramos
AUNQUE HAY SECTORES DE LA OPOSICIÓN que consideran que haberse inscrito en las elecciones regionales significa haber echado por tierra las actividades de calle emprendidas desde abril de este año, hay que ampliar el foco y observar cómo las manifestaciones ayudaron a que los problemas de los venezolanos se hicieran parte de las preocupaciones de todo un continente.
La cruenta represión emprendida por los organismos de seguridad del Estado dejó más de 150 muertos, centenas de heridos y miles de detenidos, pero también sirvió para evidenciar, ante la comunidad internacional, cómo el gobierno venezolano se oponía a la protesta pacífica y a cualquier iniciativa o respuesta que lo contrariara. Fue tanta y tan desmedida la violencia en contra de los manifestantes, que hasta los mismos chavistas dejaron ver sus fisuras y se plantaron ante la necesidad de buscar una salida a la crisis que vive el país.
Por esa razón, Runrun.es presenta a continuación algunas consideraciones sobre las marchas y el efecto que produjeron a favor de la defensa de las garantías constitucionales:
El recule del TSJ
El primero de los logros llegó a solo a días de iniciar las protestas y después de que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, declarara la ruptura del hilo constitucional. La mañana del sábado, 1 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia decidió “aclarar” las sentencias 155 y 156 que desencadenaron las manifestaciones. La crisis se presentó así como un malentendido entre los poderes públicos. Por eso, la noche anterior, Nicolás Maduro anunció que desde el Consejo de Defensa de la Nación se había solicitado a la máxima corte «revisar» las medidas que habían usurpado funciones del Poder Legislativo, disuelto la Asamblea Nacional y allanado la inmunidad parlamentaria de los diputados. Estas dos últimas se restituyeron en ese recule histórico y declarado en horas de la madrugada.
Conocimiento mundial y defensa de los derechos humanos
Durante los cuatro meses que van de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro Moros, las organizaciones de Derechos Humanos y la prensa internacional han dado a conocer la crítica situación política, social y económica por la que atraviesa Venezuela.
Desde el pasado 1 de abril, los ojos del mundo están puestos en el país. Medios internacionales como Infobae, BBC Mundo, El País de España, El Nuevo Herald, The New York Times, las agencias internacionales, los diarios colombianos El Tiempo y El Espectador, se han dedicado a informar y dar a conocer a través de videos, imágenes y opiniones todo lo que ocurre en la nación.
También organizaciones internacionales han estado muy pendientes de la situación. El pasado 29 de junio, la directora de Amnistía Internacional –ONG dedicada a la protección de Derechos Humanos– denunció que la población civil venezolana afrontaba una de las peores crisis. «Se están cometiendo violaciones de todos los derechos básicos», dijo.
Guevara Rosas además condenó que el Estado venezolano utilizara la represión para acallar a la disidencia y llevar a sus ciudadanos a tribunales militares, acusados de terrorismo y otros delitos graves.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió un comunicado el pasado 8 de agosto donde responsabilizó al gobierno de Venezuela de «uso excesivo de la fuerza» contra manifestantes que no están de acuerdo con las políticas de Maduro.
El alto comisionado hizo un llamado a las autoridades venezolanas «a poner fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza, a detener las detenciones arbitrarias y liberar a los que han sido detenidos».
Más chavistas disidentes
La declaración de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, sobre la ruptura del orden constitucional abrió una compuerta para que otros simpatizantes del chavismo se le «voltearan» al régimen de Nicolás Maduro. Al grito de independencia de la funcionaria destituida por la asamblea nacional constituyente se unió el de su esposo, el diputado Germán Ferrer y el de los también parlamentarios Eustoquio Contreras e Ivón Tellez, creadores del disidente Bloque Socialista, incorporado a la Asamblea Nacional, foro que también acogió recientemente al suplente del PSUV, Marcos Padovani.
Antes de la elección de la ANC ya habían sumado sus voces de protesta la ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramirez y el politólogo Nicmer Evans. Asimismo, se adhirieron las voces de otros disidentes que ya llevan años de confrontación con Maduro, como el ex ministro de Planificación, Jorge Giordiani, considerado el padre de todo el desastre económico actual; el ex ministro de Educación, Héctor Navarro; la ex ministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio; el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodriguez Torres, y el ex alcalde metropolitano, Juan Barreto.
En la lista negra de Estados Unidos
Que Estados Unidos te incluya en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés), debe causar una sensación similar a la de firmar el “libro de vida” del colegio, ser descubierto como coleado en una boda y ser el moroso del condominio y de las tarjetas de crédito… Así, pero todo a la vez y sopotocientas veces peor.
El listado es una relación secreta en la que el país norteamericano inscribe a personas y empresas que, de acuerdo con sus investigaciones, están vinculadas al tráfico de drogas, al terrorismo, a la violación de derechos humanos y a las restricciones a las libertades democráticas. Estar allí significa tener prohibida la entrada a esa nación, congelados los bienes e instrumentos financieros en ese país (cuentas, tarjetas de crédito, acceso a financiamiento, medios electrónicos de pago, etc), impedimentos para hacer negocios con empresas estadounidenses y la confiscación de las propiedades que allí se tengan.
Desde abril, la administración de Washington ha aplicado esta sanción a tres decenas de funcionarios del gobierno venezolano, como los 7 magistrados de la Sala Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por usurpar los poderes de la Asamblea Nacional a través de las sentencias 155 y 156; militares relacionados con la represión en las manifestaciones; figuras al mando de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), así como algunos de los elegidos, considerada como un nuevo intento por socavar la democracia; personeros en cargos públicos señalados por corrupción dentro del Estado.
El hito de las sanciones se alcanzó con la de Nicolás Maduro, quien se convirtió en el cuarto jefe de Estado en ejercicio en recibir esta medida. Los otros son Kim Jong Un, de Corea del Norte; Robert Mugabe, de Zimbabue y Bashar al Assad, de Siria.
La condena internacional
Todo lo que ha sucedido en Venezuela, desde la muerte de 156 personas por violencia y represión, hasta la convocatoria de una asamblea nacional constituyente considerada por decenas de países como un instrumento que alejaría al país de la línea democrática, ha sido observado y señalado por el orbe.
En total, más de 40 países criticaron, rechazaron y condenaron la imposición de la constituyente denunciada por fraude electoral. Otra docena de países decidieron desconocer los resultados de las elecciones. Tanto la Unión Europea como el Parlamento Europeo rechazaron la ANC, al igual que Argentina, España, Chile, Brasil, Perú, Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Alemania, Noruega, Suiza, Finlandia, Reino Unido, Italia, entre otros.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro presentó tres informes en los que expuso y pidió sanciones para el gobierno venezolano por la crisis humanitaria y la violación de derechos humanos. En estos documentos, Almagro ha criticó la alteración del orden constitucional, el incremento en los índices de pobreza y el deterioro sostenido del país en el ámbito económico, político y social.
El Secretario General también llevó la situación de Venezuela al Senado de Estados Unidos. Durante su intervención enumeró los casos de represión, la cantidad de presos políticos, la corrupción y el narcotráfico como los factores detonantes de la crisis. Afirmó que «el pueblo venezolano está condenado a que lo maten en las calles».
Además de esto, Mercosur decidió expulsar a Venezuela del bloque económico el sábado 5 de agosto a través de la aplicación de la «cláusula democrática» contemplada en el Protocolo de Ushuaia, cuya sanción última es la exclusión del país caribeño de todos los órganos de acción del bloque regional.
Los movimientos ciudadanos
Con el golpe de Estado contra la Asamblea Nacional, la protesta se activó en toda Venezuela y, con ella, la creatividad para hacer que esta tuviera matices diferentes. Fue así que surgieron grupos como “Las Piloneras”, que convirtieron cantos tradicionales en consignas políticas; o “Dale Letra”, que construyó un alfabeto móvil para portar frases que critican al gobierno y a la represión; o “Billete alzao”, que hicieron que la devaluada moneda venezolana se transformara en materia prima de pancartas que condenan la crisis y claman por libertad.
Pero no solo la protesta creativa se hizo presente en estos meses de convulsión. Profesionales de distintos gremios se activaron desde sus trincheras para contribuir con la lucha en la calle. Así revivió la “Cruz Verde”, el conjunto de estudiantes y médicos que conformaron brigadas para socorrer a los manifestantes que sufrían los ataques de los cuerpos de seguridad del Estado y los colectivos.
Los periodistas fueron más allá de las notas en medios tradicionales y portales en internet e idearon iniciativas para combatir la desinformación. Una de estas fue el “Servicio de Información Pública”, que emitió mini noticieros a través de notas de voz para ofrecer datos precisos sobre lo que sucedía en el momento. También nació así “El Bus TV”, que llevó a los reporteros a subirse a unidades de transporte público para dar las noticias del día.
Casa por cárcel
El TSJ dijo que había sido por cuestiones de salud, Tarek William Saab debido a una petición Lilian Tintori y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lopez que fue producto del “dialogo” entre gobierno y oposición. Lo cierto es que Leopoldo López llegó en la madrugada de un sábado a su casa sin previo aviso. Su traslado de la cárcel de Ramo Verde a su residencia en Los Palos Grandes fue consecuencia, según los líderes de oposición, de mas de 100 días de protestas en las calles.
Con o sin los oficios del ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el ex alcalde de Chacao volvió a abrazar a sus hijos portando un grillete electrónico en el tobillo.
López arrojó a las redes sociales un video conminando a la gente a protestar horas antes de producirse la elección de la ANC. Asimismo lo hizo el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, aunque en un tono mucho más autocrítico hacia la dirigencia opositora. Tales licencias enfadaron a la cúpula del poder que, a través del Sebin, les volvió a trasladar de madrugada y en pijamas a la prisión militar en las afueras de Caracas. 48 horas después fueron regresados a sus casas con la amenaza de no volver a emitir comentario alguno.
Capacidad de organización cívica
La jornada del 16 de julio de 2017 se inscribe como la más contundente demostración de la capacidad de organización que pueden tener los venezolanos. No sólo permitió que 7.676.894 ciudadanos tanto en Venezuela como en más de 500 ciudades del extranjero expresaran su rechazo al régimen de Nicolás Maduro sino que logró convocar en un sólo día a la más masiva manifestación en casi 4 meses de protestas por un objetivo común: la defensa de la democracia.
Se trató de una multitudinaria cívica organizado en tiempo récord, apenas en 11 días desde que la Asamblea Nacional aprobara su realización el 5 de julio de 2017. Convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), contó con la participación de más de 80 voluntarios en todo el país. No contó con recursos propios de otros eventos electorales organizados por el CNE como el sistema de voto electrónico ni el Plan República (que implica la participación del Ejército).
Fue un acto de desobediencia civil como respuesta a la crisis institucional y política que estalló en abril y que tomó los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional para desconocer al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia por la “ruptura de hilo constitucional”.
El 16-J, además, venció considerables obstáculos: desde el cambio de denominación inicial (de plebiscito a la constitucional Consulta Popular), prohibición de Conatel a los medios de llamar “Consulta Popular a la actividad de la MUD”, críticas de los mismos sectores de la oposición que desconfiaban de la eficacia de esta herramienta y descrédito de los poderes del Estado (CNE, Contraloría, Defensoría) que consideraron tanto evento como resultados inconstitucionales y sin validez jurídica.
Considerado por líderes de la oposición como «uno de los eventos más importantes en tres meses de lucha», el plebiscito logró obtener el respaldo internacional de Naciones Unidas, Unión Europea y varios países de América, incluyendo Estados Unidos. Visibilizó ante el mundo el tamaño del descontento de los venezolanos hacia el régimen de Maduro.
Diálogo entre opuestos
Una semana después de las elecciones a la asamblea nacional constituyente, en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) se llevó a cabo un encuentro que podría considerarse no tiene precedente contemporáneo. Los venezolanos se dieron cita, en la UCAB y por internet, para escuchar las posturas sobre la situación del país de personajes tan aparentemente opuestos como el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski y Miguel Rodríguez Torres. O el del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y el parlamentario Eustoquio Contreras. E incluso, la ex defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez y el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara.
Más allá del tema central del foro, la defensa de la Constitución ante la ANC, los 12 minutos que tuvo cada participante demostraron que todas las intervenciones contaban con un mismo hilo conductor: el reconocimiento, el debate, el respeto, la despolarización y el llamado a la separación de los poderes. Por más difícil que haya sido sentarse con quienes han sido sus adversarios, como confesó Ramírez en el evento, se demostró que es posible llegar a puntos medios en beneficio de todos.
