Sancionado

Entre la tripulación también había una docena de venezolanos. Las autoridades argentinas demostraron sorpresa, pues aseguran que es más del doble de personas de lo necesario

Mahan Air fue acusada por los Estados Unidos de proporcionar servicios a Hezbollah, al transportar personal, armas y bienes en nombre del grupo terrorista

El Gobierno argentino inmovilizó en el aeropuerto internacional de la localidad de Ezeiza un avión venezolano sancionado por Estados Unidos y le retuvo el pasaporte a cinco tripulantes iraníes, según confirmaron este sábado fuentes oficiales.

“El Gobierno inmovilizó en Ezeiza un avión venezolano sancionado por Estados Unidos y le retuvo el pasaporte a cinco tripulantes iraníes”, tuiteó este sábado el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández.

El Gobierno inmovilizó en Ezeiza un avión venezolano sancionado por Estados Unidos y le retuvo el pasaporte a cinco tripulantes iraníes. https://t.co/1XEkNEt8qo

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) June 11, 2022

Según reseña el portal web Infobae, se trata de trata de un avión Boeing 747-3B3(M), matrícula YV3531, que era propiedad de la empresa iraní Mahan Air, y que aterrizó el pasado lunes en el aeropuerto de Córdoba por la neblina que había en Buenos Aires, pero luego llegó a Ezeiza, donde lo estaban esperando con información de inteligencia que habían aportado varias agencias internacionales.

En la operación intervinieron la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Aduana, Migraciones y la Policía Federal de Argentina (PFA) se conoció que el avión “Transportaba autopartes para una empresa automotriz, se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada”.

Hasta la noche del viernes 10 de junio, todos los integrantes de la tripulación esperaban una definición del conflicto diplomático en un hotel de la localidad de Ezeiza.

Según información reportada por la prensa local, el avión despegó del aeropuerto internacional de Ezeiza el pasado miércoles y, luego de sobrevolar el Río de la Plata durante 20 minutos, aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino, porque la aeronave intentó entrar a Uruguay para cargar combustible y poder regresar a Venezuela, pero el Gobierno uruguayo le cerró el espacio aéreo.

Según el Tesoro de EEUU, Mahan Air proporcionó servicios de viaje a personal de la Guardia Revolucionaria Islámica que volaba hacia y desde Irán y Siria para entrenamiento militar. También señaló a la aerolínea de facilitar el viaje encubierto de presuntos oficiales de la milicia islámica dentro y fuera de Irak.

«La estrecha coordinación de Mahan Air con el IRGC-QF, que transporta secretamente operativos, armas y fondos en sus vuelos, revela otra faceta de la extensa infiltración de la Guardia Revolucionaria Islámica en el sector comercial de Irán para facilitar su apoyo al terrorismo», dijo en su momento el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, David S. Cohen.

Esta compañía también fue acusada de proporcionar servicios a Hezbollah, al transportar personal, armas y bienes en nombre del grupo terrorista.

*Con información de EFE, Infobae y TC 

Pese a que no ha sido el autor de ninguna decisión de las que le arrebataron competencias a la Asamblea Nacional o que le impidieron ejercer sus funciones, el magistrado Maikel Moreno figura entre los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los que más de 30 países le han impuesto sanciones. ¿Las razones? Pueden ser varias: En primer lugar su cercanía al presidente Nicolás Maduro, que sus decisiones son todas favorables a los intereses del Ejecutivo, o su pasado.

La alineación con el mandatario quedó de manifiesto durante el acto de apertura judicial de 2018, donde el magistrado animó al Jefe del Estado a mantener “la fuerza y el ímpetu para fortalecer la seguridad, defensa y soberanía de nuestra Nación” y le pidió tener “absoluta confianza que el Tribunal Supremo de Justicia y por ende el Poder Judicial, con el instrumento de la Ley y el Derecho, garantizaremos la incolumidad de nuestra Patria”.

Posteriormente, en una entrevista televisada, el funcionario refutó que en el país hubiera una dictadura, tal y como lo señalan distintos gobiernos extranjeros o la Organización de Estados Americanos (OEA). “El Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones del 20 de mayo en buena lid por la votación de seis millones seiscientos mil venezolanos”, señaló haciendo caso omiso a los señalamientos de presiones y compra de votos.

Desde que en diciembre de 2014 fuera elegido magistrado de la Sala Penal, Moreno ha adoptado decisiones controversiales. Así, en enero de 2017 fue el autor de la sentencia que ratificó la condena a más de 14 años de prisión contra el dirigente opositor Leopoldo López o la que meses antes le negó a España la extradición del etarra José Ignacio De Juana Chaos, alegando que no sabía si estaba en el país; además también autorizó el cierre de varias denuncias de corrupción contra altos funcionarios como los constituyentes Diosdado Cabello y Pedro Carreño.

Asimismo ex colegas suyos, como la magistrada emérita Carmen Elvigia Porras, lo señalaron de presionarlos para que se jubilaran anticipadamente luego de las elecciones parlamentarias de 2015 y así permitirle a la saliente Asamblea Nacional, aún controlada por el chavismo, designar a sus sucesores.

“Él (Moreno) me dijo: ‘Esto es una orden’ y que no era una cuestión de ‘pedir una jubilación’ y me advirtió que me seguiría presionando, porque era un trabajo que le dieron. Yo respondí: ‘Me están presionando y coaccionando, esto no puede pasar en la casa de la justicia’”, relató la exfuncionaria ante la Comisión especial que el Parlamento designó para estudiar esos nombramientos.

Pero por si fuera poco a esto habría que agregarle el pasado del magistrado. Moreno ha sido señalado de haber sido procesado por dos homicidios a finales del siglo pasado, cuando se desempeñaba como funcionario de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). El magistrado o ninguna otra autoridad  ha despejado qué ocurrió con esas averiguaciones.

Pese a estos registros Moreno ingresó al Poder Judicial en 1994 como alguacil y con el chavismo en el poder, fue designado juez de Control tras haberse dado a conocer públicamente como defensor de los algunos de los autores de los disparos ocurridos el 11 de abril de 2002, conocidos popularmente como “Los Pistoleros de Puente Llaguno”.

Como juez tuvo en sus manos el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. Posteriormente fue nombrado juez antiterrorista y magistrado de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Sin embargo, fue aquí donde su carrera en el Poder Judicial pareció terminar, porque el 23 de febrero de 2007 la Sala Constitucional del TSJ le ordenó a la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial destituirlo, junto a otros dos magistrados, por haber incurrido en un error inexcusable al favorecer a los asesinos de una abogada.

Sin embargo, en 2014 consiguió que el Parlamento dominado por el chavismo lo nombrara magistrado, pese a que varios de los entonces miembros del TSJ no veían con buenos ojos esta designación, porque algunos de ellos participaron en el procedimiento administrativo que terminó con su remoción siete años antes.

La cercanía de Moreno con el mandatario, de quien se dice que es “compadre”, le habría reabierto las puertas del Poder Judicial. Tras la destitución del ahora presidente del máximo juzgado Maduro, quien se desempeñaba como Canciller, lo nombró cónsul en Roma, entre otros cargos diplomáticos.

Todo esto pudo llevar a Washington, después a Ottawa, Bruselas y a Panamá a incorporar a Moreno en sus listas negras, lo cual se traduce en anulación o prohibición de otorgarle visas y la congelación de sus fondos y bienes en esos países.

Un condenado por asesinato tiene en sus manos el arma que ha empuñado el chavismo para liquidar al Parlamento venezolano de mayoría opositora. El Tribunal Supremo de Justicia(TSJ) que en menos de un año firmó más de 40 sentencias para inhabilitar a la Asamblea Nacional, tiene como nuevo presidente al magistrado Maikel Moreno, declarado culpable de un homicidio ocurrido hace veinte años.

Antes que currículo, el jefe del máximo juzgado exhibe prontuario. “En Venezuela hay 98% de impunidad y el año pasado asesinaron a 28,000 venezolanos. La respuesta del presidente Nicolás Maduro frente a esta tragedia es nombrar en el TSJ a Moreno, quien fue encontrado culpable en la muerte de Rubén Gil Márquez en 1989. ¿En manos de quién está la justicia en Venezuela?”, fustigó el diputado Juan Miguel Matheus, responsable de la Comisión de Régimen Político y Administración de Justicia del Poder Legislativo.

De abogado del chavismo y cónsul de Maduro a magistrado

Su carrera como abogado litigante está marcada por la defensa de los llamados “pistoleros de Puente Llaguno”, grupo de militantes chavistas que durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 disparó en pleno centro de Caracas en medio de los enfrentamientos que concluyeron con el breve derrocamiento del líder de la revolución bolivariana.

El ascenso de Moreno hacia la cima del Poder Judicial bolivariano no ha estado exento de sobresaltos. El exmagistrado oficialista Luis Velásquez Alvaray lo acusó de formar parte de la denominada banda de “Los Enanos”, supuestamente conformada por jueces, fiscales y abogados con vinculaciones políticas que corrompían el sistema judicial venezolano. Además, en febrero de 2007 la Sala Constitucional del TSJ decidió removerlo del cargo de juez de la Corte de Apelaciones de Caracas al considerar que había incurrido en un “error inexcusable”, por dejar en libertad a los asesinos de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.

Expulsado de los tribunales, ingresó a la Cancillería con Nicolás Maduro, donde ejerció como cónsul en Roma y ministro consejero en la embajada de Trinidad y Tobago. Cumplida esta breve y forzada pasantía, retornó en 2014 al Poder Judicial por la puerta grande: el Parlamento, dominado por el chavismo, lo designó magistrado del TSJ para encargarse de la Sala Penal y la primera vicepresidencia del organismo que un día lo execró.

Moreno acumuló méritos para asumir las riendas del máximo juzgado. A su manera. Rechazó extraditar a España al terrorista de ETA, José Ignacio De Juana Chaos. Ordenó la liberación del presunto narcotraficante Kassem Mohamed Hussein, quien estaba solicitado por Estados Unidos. Avaló la decisión del Ministerio Público de archivar las denuncias de corrupción contra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. Y confirmó la condena a casi 14 años de prisión contra el fundador del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014 por convocar las protestas que exigían la salida de Maduro.

Este lunes, tras un proceso de fiscalización realizado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) fue sancionada la cadena «Farmatodo», ubicada en el municipio Sucre, del estado Sucre, con 10 mil Unidades Tributarias (UT) por incumplir con el artículo 49 (especulación) establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos.

Durante la jornada de verificación de precios, se evidenció que había un margen excesivo de ganancia en diferentes productos farmacéuticos, de higiene personal y alimentos. En ese sentido, se aplicó la medida administrativa de ajuste inmediato de precios y se procedió a realizar la venta supervisada de los productos.

Igualmente, se dio a conocer que funcionarios del ente rector de precios llegaron al sujeto de aplicación, gracias a las constantes denuncias realizadas por el Poder Popular a través del sistema telefónico 0800-LOJUSTO (565-8786).