La escalada dictatorial del régimen que encabeza Nicolás Maduro busca imponer una constituyente fraudulenta. Esta medida, enfrentada al rechazo popular, se presenta en medio de un agravamiento profundo de la crisis, del cierre sistemático de vías democráticas y una represión gubernamental de una violencia y brutalidad sin precedentes en la historia reciente del país.
La constituyente señala un punto de no retorno hacia un régimen tiránico y es percibida por la gran mayoría de los venezolanos como la culminación de un proceso para afianzar la dictadura, luego de casi tres meses de protesta y crecientes violaciones a los derechos humanos por el Estado y grupos paramilitares.
La realización de la constituyente significa dotar de un marco legal al modelo destructivo y criminal del madurismo. En respuesta a esta realidad, el grupo de partidos que conforman la MUD ha propuesto un plan para detenerla y ha llamado al país a ejercer el artículo 350 de la Constitución Nacional.
El artículo señala que los venezolanos pueden desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios, y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Nos encontramos sin duda en la situación descrita en el artículo y ahora se nos plantea el ejercicio, complejo y difícil, de organizarnos y generar acciones que materialicen de manera efectiva el desconocimiento tanto del régimen actual como de la constituyente que este pretende llevar a cabo.
En este sentido la articulación y organización debe sumar el mayor número de personas e involucrar a sectores de todos los ámbitos de la sociedad. La agudización de la violencia por parte del régimen representa el mayor peligro para ello. Nos encontramos frente a un verdadero Estado malandro: asesina con impunidad (como en el caso de Fabián Urbina y David Vallenilla), secuestra a la disidencia (como lo sucedido a Roberto Picón y Arístides Moreno), y roba, hostiga y vandaliza como pudo verse en “Los Verdes”. El aumento de la confrontación que instiga el gobierno afectará negativamente a la participación, por lo que las acciones que se lleven a cabo deben ejercerse en formas de protesta pacífica y contrarrestar la violencia gubernamental.
La vinculación entre distintos sectores sociales puede darse buscando la coincidencia de factores afines a la causa de reivindicación democrática. En días pasados pudimos ver un ejemplo de esto en la procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. El acto religioso, de gran tradición en el estado Lara, reunió a una gran cantidad de personas y atrajo muchos venezolanos de otros estados bajo el lema de “una oración para Venezuela”. Se convirtió en una manifestación masiva de la necesidad de paz y democracia que reclamamos todos, en medio de un contexto que impedía cualquier intervención del aparato represivo.
La activación del artículo 350 es un llamado a la ciudadanía y va más allá de los partidos y organizaciones políticas. Si la dictadura concentra el poder y las decisiones en un grupo particular y cada vez más reducido, la lucha por la reinstauración de la democracia busca generar un movimiento diverso, inclusivo y amplio que genere el mayor número de acciones en todo momento y en todos los ámbitos.
Para esto es fundamental la participación de las comunidades. El llamado a la generación de asambleas y comités de rescate a la democracia de la MUD debe sumar la participación de organizaciones ya existentes en nuestros barrios y sectores populares. También, el rechazo a la constituyente y las acciones que se lleven a cabo para impedir su realización, deben ligarse a las reivindicaciones que en las áreas de la emergencia alimentaria, salud, seguridad y economía, por poner las más urgentes, están demandando los más amplios sectores de la población. La lucha por la democracia es la lucha contra la crisis que el régimen ha propiciado para asegurar su permanencia.
La activación del artículo 350 se da luego de una serie de hechos que van desde el desconocimiento de un poder público elegido democráticamente como la Asamblea Nacional hasta la violación, por parte de organismos del Estado, de derechos humanos fundamentales. Se da en medio de una situación de hambre, violencia y empobrecimiento generada por un modelo que solo beneficia a un grupo en el poder. Un régimen que atenta contra la convivencia del país y que pretende mantenerse por medio de la opresión y el sometimiento.
La activación dela artículo 350 es un acto de la más grande importancia y mayor responsabilidad. A esta generación de venezolanos nos ha tocado asumirlo para llevar a cabo la inmensa tarea de enfrentar dictadura y lograr detenerla.
