El Centro de Comunicaciones del gobierno interino publicó una carta en respuesta al artículo del Washington Post del pasado 2 de enero, en el cual cuestionaron varias acciones de personeros de la administración de Juan Guaidó en torno a la recuperación de activos en el exterior

La carta defiende las acciones vinculadas con la recuperación de los activos de la República en el exterior, y sostiene que las mismas gozan de transparencia y legalidad. La carta pone en duda la investigación del diario norteamericano que reseñó presuntos actos de corrupción relacionados con personeros ligados al gobierno interino. 

Lea el texto a continuación: 

Gobierno Legítimo de Venezuela envía carta pública a The Washington Post: “Nuestras acciones demuestran que contamos con los mecanismos de control para detectar y rechazar cualquier gestión que pueda lesionar los intereses de la República” https://t.co/CylVBm0UGf

— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 6, 2021

1. Tenemos el compromiso de recuperar y proteger, del saqueo sistemático del régimen de Nicolás Maduro, los activos de la República que se encuentran en el exterior. Para ello, contamos con mecanismos de control que nos permiten detectar y rechazar cualquier acuerdo o gestión que pueda lesionar los intereses de la República, tal como ocurrió con las propuestas a las que hace referencia el artículo en mención. De igual manera, hemos demostrado con hechos nuestro compromiso con la transparencia y lucha anticorrupción: estos esfuerzos han sido desplegados con la cooperación de autoridades legítimas de Venezuela, la Fiscalía de Colombia y el Departamento de Estado y Departamento de Justicia de los EEUU.

2. Antes de la publicación del mencionado artículo, el Gobierno interino ya le había solicitado públicamente tanto a la Asamblea Nacional como al Departamento de Justicia de los EEUU iniciar una investigación independiente sobre las denuncias referidas al caso de CRA Consortium. Evidencias de dichas gestiones del Gobierno Interino fueron debidamente presentadas al periodista y Jefe de Buró del Washington Post para Suramérica y el Caribe, Anthony Faiola, coautor del reporte, por la Dirección de Comunicaciones de nuestra Embajada en EEUU, en fechas Octubre 3 y Diciembre 15, 2020. 

Ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional fueron llamados a comparecer, el Comisionado Javier Troconis y los denunciantes, Pedro Antar y Jorge Reyes, entre otros sujetos relevantes. El contenido de dichas comparecencias es público y en ellas se puede constatar la inexistencia de elementos probatorios de los supuestos actos de extorsión. Lo que sí quedó registrado es que los denunciantes se negaron a dar el nombre del supuesto funcionario del Gobierno interino que había fungido como emisario de dicha extorsión, lo cual hace imposible su comparecencia e investigación. Sin embargo, la investigación sigue su curso y el Departamento de Justicia de los EEUU tiene las competencias y facultades para profundizar en aquellos aspectos que la Comisión de Contraloría no hubiera podido desarrollar. 

3. En relación a la propuesta referida a la deuda de la empresa petrolera paraguaya Petropar, consideramos que, lejos de ser un caso de supuesta irregularidad o corrupción, es un claro ejemplo positivo de cómo el Gobierno interino desplegó oportunamente los mecanismos necesarios para proteger los intereses de la República. Dicha propuesta, tras ser evaluada, fue rechazada por la Procuraduría Especial de Venezuela, la junta Ad-hoc de PDVSA y el Presidente interino, tras considerar que no cumplir con las condiciones satisfactorias para la República tanto por el porcentaje de quita planteado como de la comisión estipulada para el abogado. Es fácilmente comprobable que ningún acuerdo o contrato se celebró y, por ende, no existió ninguna erogación o comisión. Así lo han confirmado públicamente además las autoridades del Paraguay.

En este sentido, solicitamos respetuosamente que se pueda dar publicidad a los elementos aquí descritos y, de ser posible, que se incluyan y adjunten al artículo las omisiones de material que sean valiosas para el contexto, y que se aclare que en ninguno de los casos presentados se han presentado información o evidencia que pruebe algún hecho punible. Por el contrario: en ambos casos estaríamos presenciando dos propuestas de trabajo que, tras ser evaluadas por las autoridades competentes del Gobierno interino, fueron rechazadas, razón por la cual no hubo ninguna erogación ni uso irregular de los recursos de los venezolanos.

Nos despedimos, quedando a su completa disposición para proveerles de cualquier información que contribuya a brindar mayor claridad sobre la compleja situación de Venezuela.

En el marco de la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude efectuada en Caracas más de 16 conferencistas nacionales e internacionales analizaron, disertaron y aportaron soluciones para trabajar en la recuperación de activos y bienes, así como en la prevención del crimen organizado en América Latina y Venezuela.

El evento efectuado por doceava edición quedó organizado por el Comité Organizador liderado por el abogado Rebolledo, fundador y director de las referidas conferencias, el Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), y antilavadodedinero.com.

Participaron oradores de Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela y un representante de la ONU, quienes con su presencia convirtieron a Caracas en la capital del mundo contra el lavado de dinero y crímenes afines a ese flagelo. Entre los temas polémicos, los expertos disertaron sobre casos como los Panama papers, la repatriación de capitales en Venezuela, las tendencias de la delincuencia organizada, así como la Ley FATCA y los requerimientos de la OECD, entre otros.

Asimismo, uno de los invitados más esperado fue el abogado Alfonso Trilleras, coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de Organización de Naciones Unidas (ONU), quien además es especialista en Derecho Público y Derecho Penal. El experto ofreció una ponencia magistral sobre los Retos y Desafíos en el recobro de los bienes para la región.

*Con información de nota de prensa.

Lograr la recuperación de activos ilícitos producto de la corrupción, el lavado de dinero y la defraudación fiscal, requiere ajustar la estructura legal del país. Pero ese es sólo un primer paso al que debe sumarse la construcción de una cultura de legalidad y la voluntad política, afirma Alonso Trilleras Matoma, coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, quien visita Venezuela a propósito de su participación en la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el fraude, que se realiza en Caracas.

La experiencia que ha recogido Trilleras en América Latina le permite asegurar que el proceso de recuperación de bienes es más que un entramado legal, en realidad se trata de la construcción de un proyecto país que debe trascender a los gobiernos de turno.

En su Colombia natal, la aplicación de herramientas legales novedosas tales como la extinción de dominio, en vigor desde 1996, les ha permitido avanzar en el tema de la recuperación de activos provenientes del narcotráfico.

“La eficacia de la extinción de dominio reside en que se trata de una acción autónoma e independiente de la responsabilidad penal de los delincuentes, no es necesaria una condena para procurar la recuperación de los bienes, basta con probar el origen ilícitos de los activos. Es un método que va directamente a los bienes y esto permite sortear las trabas que impone, por ejemplo, el uso de la figura de testaferros”, explica el experto.

En México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Perú también se aplica este método legal desde hace unos años, y si bien aún no hay estadísticas que permitan precisar el éxito de la implementación de esta herramienta jurídica, Trilleras asegura que este ordenamiento legal sí ha permitido hacer más expeditos los procesos de recuperación del patrimonio.

El abogado experto en materia de recuperación de activos, Alejandro Rebolledo, quien además es director del Instituto de Altos Estudios Profesionales y organizador de la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, apunta que en Venezuela ya se ha adelantado en el plano legal, toda vez que en marzo de este año la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la propuesta de reforma parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento  al Terrorismo, elaborada con su colaboración.

«Todos queremos recuperar los bienes patrimonio de la Nación, la cuestión es cómo hacerlo ya que no se puede partir de la improvisación. Hay que tener una visión multidisciplinaria que abarque no sólo el aspecto jurídico sino el técnico. Con la aprobación en primera discusión de la reforma de la Ley, tenemos no solamente una ruta para la recuperación de activos sino una vía para la reinstitucionalización de Venezuela y promover la autonomía de las instituciones”, agrega Rebolledo.

Recuperar activos para garantizar el disfrute de derechos humanos

#RecuperemosporVenezuela Orador Alfonso Trilleras por #Colombia pic.twitter.com/yeJ7j1bnMz

— Antilavadodedinero (@antilavado) July 14, 2016

El coordinador de las Naciones Unidas sostiene que los esfuerzos para la recuperación de bienes trascienden el objetivo meramente financiero; “se trata de entender los daños que ocasiona a la población la pérdida patrimonial por la delincuencia organizada. Son derechos sociales que se dejan de satisfacer, escuelas y hospitales que se dejan de dotar por falta de recursos que se perdieron debido a la delincuencia organizada”.

Al poner el foco en la satisfacción de los derechos humanos y sociales se entiende el interés de la comunidad internacional por promover mecanismos de cooperación mutua entre países y la facilitación que prestan organismos como las Naciones Unidas. Inclusive la Interpol creó recientemente una unidad para atacar específicamente este delito a nivel mundial.

“Hay mecanismos de apoyo internacional tanto informales como formales; dentro de los mecanismos informales están los espacios para intercambiar información promovidos por la Red de Recuperación de Activos, ente que reúne a 17 países. Es una vía para recoger información que pueden consultar todos los países. Se promueve la transparencia y ha ayudado muchísimo para fortalecer las investigaciones. Venezuela no forma parte de esa red”, explica Trilleras.

Desde el punto de vista del apoyo formal, Trilleras apunta que en la región se está trabajando en fortalecer la asistencia legal y en reducir las trabas burocráticas que ralentizan la recuperación de los activos.

Trilleras concluye señalando que la comunidad internacional ha entendido como un mandato promover la transparencia en el origen de los capitales. “Los Estados son víctimas también y ninguno quiere ser cómplice de delitos del crimen organizado. Se ha comprendido a nivel mundial que la corrupción es una amenaza a los derechos humanos”.

El diputado y presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, calificó como imprescindible la recuperación de capitales sustraídos del país a través de actos de corrupción, cometidos a lo largo de los últimos 17 años. Afirmó que Venezuela será la primera nación en prepararse para la recuperación de dinero desviado al exterior antes de un cambio de gobierno.

Durante el foro internacional Perspectivas para la recuperación de activos de Venezuela, realizado el lunes 21 de marzo de 2016, Guevara recalcó la necesidad de generar los mecanismos necesarios para el rastreo y devolución de fondos públicos desviados en irregularidades administrativas. «La corrupción como la principal causa de la crisis que sufren los venezolanos».

“Debemos determinar las responsabilidades de los autores del mega saqueo sufrido por Venezuela. Pero incluso, es aún más importante y urgente que concentremos esfuerzos institucionales y políticos en devolverles a los venezolanos el dinero que se robaron unos corruptos de boina roja en nombre de los pobres. Debemos avanzar en la repatriación de esos capitales al país, para poder hacer frente a las necesidades de la gente”, enfatizó.

En su intervención, el parlamentario anunció que en las próximas semanas consignará ante la plenaria de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Recuperación de Activos. Igualmente, señaló a “Estamos en presencia del régimen más corrupto del hemisferio occidental, que además es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Solamente con el dinero malversado en PDVSA, unos 10 mil millones de dólares, se puede pagar toda la deuda a los proveedores farmacéuticos y de insumos médicos, que es de 6 mil 450 millones de dólares. ¿Cómo se explica que en un país con control de cambio, unos cuantos funcionarios tienen cuentas en Andorra con aproximadamente 4 mil millones de dólares, suficientes para cancelar toda la deuda del sector alimentario, que es de cerca de 1.600 millones de dólares? La razón es muy fácil: corrupción”, subrayó.

Guevara anunció que la comisión que preside investigará la compra de equipos para la generación de energía eléctrica que se encuentran fuera de servicio o dañados.

“El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, debe explicar por qué si Venezuela tiene capacidad instalada para generar el doble de electricidad que necesita, se sufren constantes y prolongadas interrupciones del servicio en todos los estados. Si usted ayer sufrió un apagón en su ciudad o en su pueblo, es porque unos corruptos se confabularon con unos bolichicos y unos boliburgueses para robarse ese dinero”, insistió.

Por su parte, el abogado y especialista del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Instituto de Basilea, Oscar Solórzano, resaltó que a pesar de que dichos procesos son largos y complejos, sí es posible recuperar fondos públicos desviados en actos de corrupción, partiendo de la base de la cooperación entre Estados y la legislación internacional vigente en la materia.

En el foro, organizado por la Comisión de Contraloría del Parlamento en alianza con la ONG Cuentas Claras, también participaron otros destacados profesionales en el área, como el Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y Consultor jurídico de la AN, Jesús María Casal; la vicepresidenta de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Alemana de investigación sobre América Latina, Mariela Morales; la integrante del Latin American Centre de la Universidad Oxford, Maryhen Jiménez Morales; el especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración, y asesor del Parlamento Latinoamericano en materia de Derecho Internacional, Jesús Ollarves; y el ex diputado, ex Gobernador de Aragua, ex presidente de la Comisión Nacional Antidrogas y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, Carlos Tablante.

Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero afirmó que la recuperación de activos ilegales exportados por corruptos a otros países, es esencial para la estabilidad socio-económica de los pueblos más necesitados de la región.

«El fenómeno de la corrupción y extracción de bienes o activos obtenidos ilegalmente es de gran preocupación para los gobiernos. Se estima que cada año se pierden entre 1 y 16 billones de dólares por actividades ilegales, donde  los funcionarios corruptos en los países en desarrollo y de transición saquean hasta US$40.000 millones cada año, ocultando esos fondos en el exterior, con  extremadamente dificultad para su recuperación. Dicha cifra es equivalente al PIB anual de los 12 países más pobres del mundo, en los que viven 240 millones de habitantes».

Así lo dio a conocer el abogado Alejandro Rebolledo, penalista, consultor, asesor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada, quien agregó que “las consecuencias de esta acción delictiva conduce a la degradación y la desconfianza en las instituciones públicas, el debilitamiento del clima de inversiones privadas y la corrupción en todos sus niveles, por cuanto el saqueo de los activos origina el estancamiento del desa­rrollo de los pueblos que no cuentan con los activos estatales que han sido robados. Muchos países pueden congelar activos, pero no retornarlos”.

Afirmó que “mientras crece la corrupción, también se extiende la necesidad de recuperar los bienes expatriados de países de la región. “Anteriormente, si un Estado decomisaba bienes, producto de un delito cometido en el extranjero, soberanamente podía decidir que hacía con ellos. Tenía la facultad de proceder a la devolución de los mismos, lo cual generalmente se hacía o no, como un acto de buena voluntad y camaradería, esperando reciprocidad en algún momento”.

Legislación internacional

Rebolledo indicó que en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la Resolución 58/4 de la Asamblea General, del 31 de octubre de 2003, se estableció reconocer a los países víctimas de la corrupción el derecho de recobrar los activos ilegales exportados a otros países, para repatriarlos por medio de la cooperación internacional.

Advirtió que si bien esta cooperación acelera los procesos de recuperación de activos ilegales, es cierto que en algunos Estados existe todavía cierta reticencia a adoptar la modificación en su legislación interna necesaria al efecto. Lo más importante, según las Naciones Unidas, es que si se puede probar que existió malversación o peculado de fondos públicos o privados, blanqueo de fondos públicos o privados o si los activos decomisados provienen de fraudes, sobornos, el dinero puede volver al Estado de origen.

Existe también la Convención Interamericana Contra La Corrupción; Organización de Estados Americanos; la Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia de la Corrupción, y la Decisión 2007/845/JAI del Consejo de la Unión Europea. Todas ellas se refieren a la cooperación entre los Organismos de Recuperación de Activos de los Estados miembros en el ámbito de la localización e identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con actividades ilícitas.

Legislación en Venezuela

Acerca de la legislación en Venezuela, el especialista recordó que “contamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 116); la LOCDOFT (artículos 54 al 62); COPP (artículos 349 y 518); Código de Procedimiento Civil (artículos 585 al 607) y la Ley Contra la Corrupción (artículos 115 al 125). Además, recientemente el presidente Nicolás Maduro creó la Policía Anticorrupción, para prevenir, controlar y erradicar esta actividad, como parte del rescate de los principios y valores, seguridad y estabilidad para el país.

«Este Cuerpo Nacional Contra la Corrupción, tiene como característica particular depender jerárquicamente del Presidente de la República, a quien sólo le rendirá cuenta de sus investigaciones y actuaciones policiales», señaló.

Por tal razón, consideró que este esfuerzo de crear un cuerpo policial que se encargue de combatir a los corruptos, merece el aporte, apoyo y beneplácito de cada ciudadano. Sin embargo, «se debe tener mucho cuidado con la selección del personal que trabaje en dicha áreas, ya que el manejo de información e investigación es sumamente sensible; debemos evitar que dicho cuerpo policial se convierta en un grupo cuyos funcionarios se dejen corromper para trabajar a favor del crimen organizado”.

Enfatizó que “la repatriación o recuperación de los activos saqueados de un país, es una de las herramienta fundamentales que permite darle duro a los delincuentes en el lugar donde más le duele: el bolsillo”. Con esos activos recuperados son muchos los programas de interés social que se pueden costear para beneficio de los habitantes de la región.

“Prevenir, controlar y erradicar la corrupción sólo será posible si logramos mejorar los valores morales, la justicia social y los derechos fundamentales de los ciudadanos, empresarios y gobiernos», recomendó el abogado.