Lograr la recuperación de activos ilícitos producto de la corrupción, el lavado de dinero y la defraudación fiscal, requiere ajustar la estructura legal del país. Pero ese es sólo un primer paso al que debe sumarse la construcción de una cultura de legalidad y la voluntad política, afirma Alonso Trilleras Matoma, coordinador de Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, quien visita Venezuela a propósito de su participación en la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el riesgo y el fraude, que se realiza en Caracas.
La experiencia que ha recogido Trilleras en América Latina le permite asegurar que el proceso de recuperación de bienes es más que un entramado legal, en realidad se trata de la construcción de un proyecto país que debe trascender a los gobiernos de turno.
En su Colombia natal, la aplicación de herramientas legales novedosas tales como la extinción de dominio, en vigor desde 1996, les ha permitido avanzar en el tema de la recuperación de activos provenientes del narcotráfico.
“La eficacia de la extinción de dominio reside en que se trata de una acción autónoma e independiente de la responsabilidad penal de los delincuentes, no es necesaria una condena para procurar la recuperación de los bienes, basta con probar el origen ilícitos de los activos. Es un método que va directamente a los bienes y esto permite sortear las trabas que impone, por ejemplo, el uso de la figura de testaferros”, explica el experto.
En México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Perú también se aplica este método legal desde hace unos años, y si bien aún no hay estadísticas que permitan precisar el éxito de la implementación de esta herramienta jurídica, Trilleras asegura que este ordenamiento legal sí ha permitido hacer más expeditos los procesos de recuperación del patrimonio.
El abogado experto en materia de recuperación de activos, Alejandro Rebolledo, quien además es director del Instituto de Altos Estudios Profesionales y organizador de la XII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, apunta que en Venezuela ya se ha adelantado en el plano legal, toda vez que en marzo de este año la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la propuesta de reforma parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, elaborada con su colaboración.
«Todos queremos recuperar los bienes patrimonio de la Nación, la cuestión es cómo hacerlo ya que no se puede partir de la improvisación. Hay que tener una visión multidisciplinaria que abarque no sólo el aspecto jurídico sino el técnico. Con la aprobación en primera discusión de la reforma de la Ley, tenemos no solamente una ruta para la recuperación de activos sino una vía para la reinstitucionalización de Venezuela y promover la autonomía de las instituciones”, agrega Rebolledo.
Recuperar activos para garantizar el disfrute de derechos humanos
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— Antilavadodedinero (@antilavado) July 14, 2016
El coordinador de las Naciones Unidas sostiene que los esfuerzos para la recuperación de bienes trascienden el objetivo meramente financiero; “se trata de entender los daños que ocasiona a la población la pérdida patrimonial por la delincuencia organizada. Son derechos sociales que se dejan de satisfacer, escuelas y hospitales que se dejan de dotar por falta de recursos que se perdieron debido a la delincuencia organizada”.
Al poner el foco en la satisfacción de los derechos humanos y sociales se entiende el interés de la comunidad internacional por promover mecanismos de cooperación mutua entre países y la facilitación que prestan organismos como las Naciones Unidas. Inclusive la Interpol creó recientemente una unidad para atacar específicamente este delito a nivel mundial.
“Hay mecanismos de apoyo internacional tanto informales como formales; dentro de los mecanismos informales están los espacios para intercambiar información promovidos por la Red de Recuperación de Activos, ente que reúne a 17 países. Es una vía para recoger información que pueden consultar todos los países. Se promueve la transparencia y ha ayudado muchísimo para fortalecer las investigaciones. Venezuela no forma parte de esa red”, explica Trilleras.
Desde el punto de vista del apoyo formal, Trilleras apunta que en la región se está trabajando en fortalecer la asistencia legal y en reducir las trabas burocráticas que ralentizan la recuperación de los activos.
Trilleras concluye señalando que la comunidad internacional ha entendido como un mandato promover la transparencia en el origen de los capitales. “Los Estados son víctimas también y ninguno quiere ser cómplice de delitos del crimen organizado. Se ha comprendido a nivel mundial que la corrupción es una amenaza a los derechos humanos”.
