Surgen numerosas interrogantes en torno al procedimiento que produjo las detenciones de una alcaldesa y dos parlamentarios, uno de ellos implicado en un hecho más notorio, en los albores de la campaña para gobernadores y alcaldes
@javiermayorca
El 28 de enero, el vicepresidente de Comunicación Freddy Ñáñez divulgó a través de sus redes sociales un comunicado en el que confirmaba la noticia sobre la detención, el día anterior, de la alcaldesa del municipio San Francisco del estado Zulia Keyrineth Fernández, así como la de los diputados Taina González (Zulia) y Luis Viloria Chirinos (Táchira).
La información también fue suscrita por la Superintendencia Nacional Antidrogas, un órgano militarizado actualmente presidido por el mayor general Richard López Vargas, excomandante general de la Guardia Nacional.
La operación que condujo a los arrestos de la gobernante municipal y de los parlamentarios fue bautizada Mano de Hierro. En el grupo de privados de libertad, además, se incluye a un colombiano, Víctor Cano Páez, un hombre de antecedentes aparentemente limpios, que solo figuraba como objeto de una demanda verbal por parte de una mujer en su país natal. Un litigio intentado en septiembre de 2020, que no prosperó.
El comunicado gubernamental indica que “las investigaciones están en desarrollo”.
En otros tiempos, un caso como este sería motivo de alarma y preocupación. Hablamos de una funcionaria ratificada en su cargo durante los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre. En su discurso, se mostraba profundamente identificada con el chavismo. Junto a ella, los ocupantes de dos curules de la Asamblea Nacional, también elevados a estas posiciones por la votación popular.
En febrero de 1987, bastó la detención de un diputado para que en Venezuela se llegara a la convicción de que las drogas ilegales habían penetrado al mundo político hasta los tuétanos. El parlamentario, Hermócrates Castillo, fue apresado en el sector El Trigal de Valencia con 5,5 kilos de cocaína, que él mismo trasladaba hacia Caracas en una camioneta. Dos años después, era condenado a 29 años de prisión junto con otras ocho personas. Los pormenores de este caso son relatados por el colega Gustavo Azócar en la obra Los barones de la droga.
La condena a Castillo, desde luego, no acalló la discusión sobre el tema de los dineros del “narco”. Mucho menos debería suceder ahora, puesto que, contrario a lo que sucedía entonces, los partidos políticos ya no cuentan con financiamiento estatal. ¿Cuántos dirigentes y candidatos de estas instituciones se atreverían a cumplir con la obligación de informar sobre el origen de los fondos que manejaron en las pasadas campañas? ¿Cumplirá el Poder Electoral con las pautas fijadas en el artículo 195 de la Ley de Drogas? De esto, nada se habla. Tampoco, sobre el acuerdo de los diputados del oficialismo que eliminó la obligatoriedad de pruebas periódicas sobre consumo de sustancias prohibidas.
Ahora, entonces, hablan de “mano de hierro”. Y resulta que en esa operación surge nuevamente el nombre del parlamentario Luis Viloria, detenido en primera instancia el 8 de noviembre, durante un procedimiento llevado a cabo por la Guardia Nacional en el estado Vargas. En esa oportunidad, por cierto, la minuta preliminar omitió convenientemente los nombres de las personas que fueron privadas de libertad tras el hallazgo de 336 panelas de cocaína. Todo se supo después, gracias a una declaración para corresponsales, emitida por el jefe de esa unidad castrense, general de brigada Alberto Matheus.
En esa oportunidad −los albores de la campaña regional−, a Viloria y los demás presos los llevaron a Caracas, y nada más se supo de ellos. No hubo fiscal general que hablara del asunto.
Y desde luego, tampoco había una “mano de hierro” para envolver ese expediente en un paquete propagandístico.
La acción policial que permitió las detenciones de la alcaldesa y los dos parlamentarios, así como otras encaminadas a taponar el comercio ilegal de combustibles, fueron dadas a conocer tres días después de la divulgación mundial del último informe de Transparencia Internacional. En él, Venezuela figura en el cuarto puesto entre los países con mayor índice de percepción de corrupción, solo superado por Somalia, Siria y Sudán del Sur. De allí el énfasis colocado por los voceros del oficialismo.
Tal y como sucedió con Viloria la primera vez, el expediente de los últimos días llegó a Caracas. El presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, lanzó una primera línea sobre el criterio a aplicar en este caso: las detenciones ocurrieron en “comisión flagrante”. En otras palabras, como se trataba de un delito en pleno desarrollo, los cuerpos policiales se vieron obligados a actuar. Entonces, no cabe el supuesto de que las capturas fueron el resultado de “arduos procesos de investigación».
Según el saber popular, cuando a alguien lo capturan in fraganti, tenía “las manos en la masa”. Y eso es precisamente lo que sugiere Moreno.
Breves
√ En 2021 los centros penitenciarios y los retenes policiales continuaron siendo escenario de homicidios. De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, en esas instalaciones perdieron la vida de forma violenta 49 personas. Las últimas muertes se registraron en los internados judiciales de La Pica (Monagas) y Tocuyito (Carabobo). En quince casos, los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. En solo cinco casos, utilizaron la fuerza física.
Eso indica que, a pesar de la propaganda gubernamental, las armas de todo tipo continúan circulando en los centros de detención.
El hecho más sangriento en cuanto al número de víctimas fatales se registró el 6 de febrero, durante una reyerta entre reclusos del retén de la Policía Nacional en Ciudad de Mérida. Para las 5 p. m. de ese día, reportaron los decesos de doce hombres, dos de ellos colombianos. Este hecho pasó prácticamente desapercibido para la opinión pública. De los internados judiciales, quizá el de La Pica tuvo el mayor número de homicidios en 2021, con 6. En Tocorón, apenas reportaron un fallecido por la acción de otros reclusos.
√ En diciembre, Nicolás Maduro confirmó públicamente la visita a Venezuela de Roger Carstens, quien funge como Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes, parte de la nómina del Departamento de Estado de EE. UU. Este detalle de cargo es altamente significativo. Aunque formalmente Carstens está en el equipo de la cancillería estadounidense, su especialidad es la negociación de individuos cautivos.
A este teniente coronel retirado del Ejército, exmiembro de las fuerzas especiales, no se le ve en países con institucionalidad.
En cambio, de acuerdo con su currículum público, ha actuado en lugares altamente conflictivos como Siria, Somalia y Afganistán. Según fuentes del Sebin, en la primera semana de diciembre fue trasladado por el propio director de ese cuerpo, general en jefe Gustavo González López, para entrevistar en el Helicoide al grupo conocido como «Los seis de Citgo«.
En esa ocasión, también vio a Luke Denman y Airan Berry, exmilitares y mercenarios de la compañía Silvercorp, capturados durante la llamada operación Gedeón. Para estas entrevistas, se ordenó que todos los presos políticos reingresaran a sus calabozos. Se desconoce si Carstens también vio al veterano de la Marina Matthew Heath, recluido en la Dirección de Contrainteligencia Militar de Boleíta. Detrás de todo esto pareciera existir una delicada negociación. Para el régimen venezolano, el único preso de valía en EE. UU. es el colombiano Alex Saab, actualmente sometido a juicio por lavado de dinero en una corte de Miami. Por él han hecho campañas públicas en África, Europa y América, conciertos, pintas, caminatas y, más recientemente, han elevado su precio al colocar su libertad como condición sine qua non para la continuidad de las conversaciones en Ciudad de México. Así de valioso es para Miraflores.
En esta circunstancia, Venezuela no plantearía un “intercambio” si no hubiese algún precedente. No hay que ir muy lejos. Tal y como reportó el rotativo chileno La Tercera, en 2014 el gobierno demócrata de Barack Obama liberó a tres cubanos detenidos desde 1998 como parte de la red de espionaje Avispa. A cambio, el régimen castrista liberó a Alan Gross, quien para el momento llevaba cinco años tras las rejas. Un intercambio de presos. En ese momento, el vicepresidente norteamericano era Joseph Biden.
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