Los países del Mercosur rechazaron este sábado, 12 de agosto, las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que no descarta una acción militar para resolver la crisis en el país caribeño.
«La decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país», señaló el bloque en un comunicado.
El texto remarca, de acuerdo con una nota publicada por el diario argentino Clarín, que «los países del Mercosur continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país».
«Los países del Mercosur consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales», indica el texto.
Los cancilleres del Mercosur se reunirán el sábado en Brasil para tomar una decisión “definitiva” sobre Venezuela con base en el Protocolo de Ushuaia, que incluye la cláusula democrática, que puede implicar la suspensión política de un país miembro del bloque, dijo hoy el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.
El canciller indicó que la reunión convocada por Brasil, que ostenta la presidencia temporal del bloque, se celebrará “casi seguro” el sábado y queda pendiente decidir si será en Sao Paulo o en Brasilia, de acuerdo con la conectividad.
Añadió que en ese encuentro se “tomará una decisión en base a lo que establece el Protocolo de Ushuaia en cuestiones sobre democracia, teniendo en cuenta que definitivamente en Venezuela hay una ruptura del orden democrático”.
“Será algo definitivo. Se tiene que tomar sí o sí una decisión. No hay vuelta que dar. No hay marcha atrás”, dijo el canciller a Radio Nacional.
Añadió que una suspensión política sería una “aplicación política muy fuerte” y recordó que Venezuela ya fue suspendida administrativamente del Mercosur en diciembre pasado.
Loizaga agregó que la situación en Venezuela confirma que “no existe el estado de derecho” y dijo que se ha agravado tras el traslado a una cárcel militar de los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López, quienes permanecían en arresto domiciliario.
“Se demuestra una vez más que el Gobierno no tiene ninguna actitud que pueda construir a un diálogo para encontrar una salida que beneficie a todo el pueblo venezolano, traiga paz, concordia”, dijo Loizaga.
El 21 de julio, el Mercosur envió a Venezuela una nota para pedirle abrir un diálogo en virtud del Protocolo de Ushuaia, cuya cláusula democrática obliga a que los países miembros hagan un proceso de consulta con el país donde se ha roto el orden institucional antes de adoptar cualquier otra medida.
Si las consultas resultaran infructuosas, los demás Estados del Mercosur podrán considerar en consenso la naturaleza de las medidas que deberían aplicar, que pueden abarcar la suspensión del derecho a participar en los órganos o la suspensión de derechos y obligaciones.
En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que hasta ya dejan 121 muertos, situación que se ha agudizado desde la elección de una Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo, en la que la oposición no participó por considerar el proceso fraudulento.
La advertencia tiene la fuerza de un ultimátum: si el presidente venezolano, Nicolás Maduro, insiste en realizar las elecciones del 30 de este mes para convocar a una Asamblea Constituyente, el Mercosur podría suspenderlo de forma permanente. El intento del mandatario le otorgaría poderes plenos y limitaría todavía más la ya muy debilitada democracia venezolana.
El llamado del Mercosur es un anticipo de la expulsión de Venezuela del bloque regional. Ése será uno de los principales puntos que tendrá el documento que firmarán hoy en esta ciudad los presidentes Mauricio Macri , Michel Temer (Brasil), Horacio Cartes (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay).
Hasta ayer a última hora no estaba claro si Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile), presidentes de países asociados al bloque, también suscribirán el texto.
«Estamos haciendo el esfuerzo para tratar de disuadir a Venezuela para tener una instancia de diálogo. Pero la solución de Venezuela tiene que partir de ellos. Si el 30 de julio ellos no han alterado la convocatoria, generan una grieta difícil de subsanar», dijo a LA NACION el canciller Jorge Faurie .
El presidente Mauricio Macri llegó anoche a esta ciudad para participar de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, y firmará hoy el documento que tendrá a Venezuela como eje central.
El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que la decisión de echar a Venezuela, en caso de que Maduro no acepte el reclamo que le harán hoy los integrantes del Mercosur, se realizará antes de la próxima reunión del bloque prevista para diciembre. «No hay margen para esperar mucho tiempo; no vamos a esperar a la próxima cumbre», adelantó Faurie.
El documento también pondrá énfasis en los avances del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Gobierno aspira a anunciar antes de fin de año. El entendimiento, que ya lleva 15 años de negociaciones, se aceleró en los últimos meses a partir de las medidas proteccionistas de la administración de Donald Trump en Estados Unidos.
Ayer Maduro ordenó la detención «por terroristas» de los dirigentes opositores que participaron del paro contra su administración, y calificó de «ilegal» la reunión de sus pares en esta ciudad.
De esa forma, mientras en Venezuela crece la tensión, la situación política y social que atraviesa ese país volvió a protagonizar la cumbre del Mercosur. Si bien no fue el único tema, se llevó gran parte del debate en la reunión preparatoria de la que participaron los cancilleres y algunos ministros.
«Nos preocupa especialmente lo que ocurre y pedimos que las autoridades venezolanas se abstengan o desistan de realizar la elección para conformar la Constituyente. Ese sería un paso en una dirección no deseada», dijo el vicecanciller Daniel Raimondi, en conferencia de prensa.
Esa medida, de concretarse, no implicará sanciones económicas para Venezuela.
Los integrantes del Mercosur no tienen pensado avanzar con castigos comerciales, porque eso perjudicaría a la ciudadanía. «Cualquier medida que se adopte tiene especial énfasis en no afectar al pueblo venezolano de ninguna manera», destacó Raimondi, durante su charla con los periodistas.
Así, la posición del Mercosur se endurecerá en línea con la posición que mostró desde que asumió en su cargo el presidente Macri, quien aseguró en más de una oportunidad que Venezuela no es una democracia y que en ese país no se respetan los derechos humanos.
Incluso, hace una semana, el líder opositor Leopoldo López, quien salió de la cárcel después de permanecer detenido más de tres años, llamó al Presidente para agradecerle por su respaldo.
«La Argentina ya se ha manifestado con preocupación por la crisis social, política y la gran cantidad de gente que ha perdido la vida. Nos parece que es importante que el Mercosur, como grupo regional, se manifieste sobre esa situación condenando los hechos de violencia, bregando por el restablecimiento de las instituciones democráticas, las libertades civiles y la restitución de los derechos humanos», agregó Raimondi, segundo de la Cancillería.
La situación actual
Hoy Venezuela está suspendida por una razón más jurídica que política relacionada con el incumplimiento de los compromisos para convertirse en un miembro pleno.
Con la nueva sanción que prepara el bloque regional se aplicaría el protocolo de Ushuaia para la defensa de la democracia, que en la práctica representa la salida de Venezuela de todos los órganos de acción del Mercosur.
«Venezuela ya está suspendida, sí. Pero este caso será por una cuestión política. Será también importante que el grupo regional pueda manifestarse en una cuestión tan sensible», resaltó Raimondi.
Otro de los presentes en la Cumbre de Jefes de Estado que aludió directamente a la cuestión de Venezuela fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , quien manifestó que en el régimen de Nicolás Maduro «no funcionan las normas básicas del Mercosur».
Apenas pisó suelo argentino, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, también hizo referencia a la problemática que abrió en la región el caso Venezuela. «Consideramos que una política de Estado de nuestro país es el respeto al derecho internacional de no intervención en asuntos internos de otros países. Es un momento triste para el pueblo venezolano, rechazamos la violencia. Uruguay tiende su mano para ver si encontramos el camino de la búsqueda de soluciones», dijo el mandatario uruguayo.
Venezuela deberá responder a la advertencia del Mercosur antes del 30 de julio, cuando se celebrarán las elecciones para la Asamblea Constituyente.
Ruego a alguien que me corrija si me equivoco, pero esta es la primera vez que Venezuela es suspendida de un organismo internacional. Me refiero, por supuesto, al cese de nuestra membresía en el Mercosur por decisión conjunta de todos los demás miembros.
En verdad esta es una revolución que alterna la prepotencia más escandalosa con un silencio humilde al momento de reaccionar ante sus proezas en materia internacional. El miércoles pasado se atribuyó como hazaña propia el acuerdo de la OPEP para reducir la producción y subir los precios del crudo, al hacer tendencia en Twitter la etiqueta #PetróleoJustoLogroDeMaduro (bots de por medio, claro). Como si Venezuela siguiera siendo el influyente actor en el mercado que alguna vez fue, cuando tenía una cuota decente (en 2000 suministrábamos 4,8% de la oferta mundial, y se estima que en 2017 esa proporción será 1,9%). Pero tres días después, cuando los cancilleres del Mercosur hicieron pública su decisión, un hecho del que no hay dudas de que el Gobierno sea completamente responsable, ¡vaya modestia para reconocerlo!
Si alguien todavía tenía dudas sobre la capacidad de nuestros gobernantes para escurrir el bulto y culpar a terceros, debió ver a la canciller Delcy Rodríguez brindar su argumentación sobre por qué Venezuela fue suspendida. Dijo que no había razones legítimas para la medida y retomó sus descalificaciones contra el resto de los (¿ex?) socios del bloque, a quienes señaló de estar confabulados con la “derecha” nacional para dar un golpe de Estado. Insistió en que hay un nuevo Plan Cóndor contra Venezuela y otros gobiernos de izquierda (omitiendo que el de Uruguay también lo es, y nadie le ha aplicado lo mismo). Nunca me cansaré de repetir que comparar la barbarie del Plan Cóndor con las dificultades diplomáticas del chavismo es una falta de respeto a los familiares de las víctimas de aquella carnicería.
La ministra aprovechó para mencionar algunos actores geopolíticos de peso que han salido en defensa del Gobierno venezolano ante esta situación. Por ejemplo, el Sindicato Único de Conductores de Motos de Argentina. Poco antes había organizado una reunión de negociación del Mercosur. Solo acudió una representación de Bolivia, que ni siquiera es miembro pleno.
Pero tal vez lo más anonadante es que tanto Rodríguez como el presidente Nicolás Maduro han dicho que Venezuela “todavía preside el Mercosur”. O sea, de alguna manera encabezamos a un grupo de cinco países en el que ninguno de los otros cuatro nos reconoce siquiera la membresía. A Edgar Otálvora le escuche en la radio que ese Mercosur que Maduro y Rodríguez presiden es algo así como la ínsula de la que Sancho Panza fue gobernador.
Pero, aunque sea difícil de creer, en algo tiene más o menos razón la canciller. Venezuela fue suspendida de manera irregular del Mercosur. Los demás miembros sostienen que en diciembre venció el plazo de cuatro años para que el país se ponga al día y adopte en su legislación todos los protocolos internacionales para ser un integrante con todos los derechos. El detalle está en que ninguno de los reglamentos del bloque establece cuál es la sanción correspondiente para quienes no cumplen esta disposición a tiempo. Es una especie de vacío legal que, sin duda, debería ser corregido. Por lo tanto, el Estado venezolano tiene derecho a por lo menos cuestionar la dureza de la pena impuesta. Si se quería expulsar a Venezuela con todas las de la ley, la solución era activar la cláusula democrática contenida en el Protocolo de Ushuaia, para casos en los que un miembro atraviesa una ruptura del orden constitucional. Pienso que no lo han hecho por cuestiones de cautela diplomática.
¿Significa esto que el Gobierno autodenominado bolivariano está completamente libre de culpa y que no hay ninguna razón para reprenderlo? Por supuesto que no. Venezuela se ha vuelto un habitante sumamente incómodo en el vecindario a medida que se agrava la crisis política, económica y social, y el oficialismo tiene menos reparos en mostrar su talante autoritario. Aunque no se exprese como muchos venezolanos esperarían, sí hay preocupación por el fin de la eliminación de la democracia y las violaciones de Derechos Humanos. Para varios líderes en la región, mantener una aproximación con Venezuela que implique hacerse del todo la vista gorda sobre lo que pasa aquí es, por decirlo en criollo, una raya.
Sin embargo, hay otras razones que explican el proceder del Mercosur. Tienen que ver con el propósito original del organismo: ser un bloque de libre comercio. Sí, libre comercio, esas palabrejas que tanto le chocan al chavismo y otros movimientos de inspiración marxista. Porque es necesario recordar que el ente multilateral vio luz a principios de la década de los 90, mediante el Tratado de Asunción (esta semana, por cierto, un autoproclamado opositor consumado me escribió vía digital que era irónico que el Mercosur le diera la espalda a Venezuela, al ser una creación de Chávez, hecho que me resultó alarmante por el desconocimiento de la historia reciente más elemental).
El pacto adoptado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en la capital de este último establecía un programa de liberalización comercial, destinado principalmente a desmantelar las tarifas a la importación de bienes de un socio a otro. Principios básicos del liberalismo económico internacional. Tiene sentido. En ese entonces buena parte de Latinoamérica estaba regida por gobiernos llamados “neoliberales” (excusen tanto uso de la partícula latina “líber”). En lo particular, no creo que haya una escuela neoliberal, sino liberal a secas.
En fin, según el relato revolucionario, los señores Fernando Collor, Carlos Menem, Luis Alberto Lacalle y Andrés Rodríguez, mandatarios de los países fundadores de entonces, eran parte de una cábala perversa de oligarcas locales consagrada, cual parásitos de la imagen galeaniana, a succionar la sangre de sus pueblos empobrecidos mediante operaciones capitalistas malvadas. Ese Mercosur original fue uno de ellos.
Por suerte, en la década siguiente Sudamérica vio la luz, con Venezuela a la vanguardia (no podía ser de otra forma, diría la patriotería chavista) al elegir al comandante supremo y eterno. Chávez rápidamente mostró un gran interés porque Venezuela ingresara al Mercosur. Pero él, desde luego, nunca vio el bloque como lo que era en realidad. Más bien lo concebía como un trampolín ideológico, una plataforma de lanzamiento para la expansión de las tesis del Foro de Sao Paulo.
Para eso contó con la ayuda de sus amigotes Lula da Silva, en Brasil; matrimonio Kirchner, en Argentina; y el Frente Amplio, en Uruguay. Pero al mismo tiempo los empresarios cariocas y rioplatenses, que viven en países donde el sector público no ha asfixiado la economía, vieron que el libre mercado sigue ahí y lo han aprovechado. Las quejas de los productores venezolanos de alimentos, incapaces de competir con los precios de los rubros importados por el Estado desde los países asociados, nunca fueron escuchadas. ¡Cuánto patriotismo! Y ahora que tampoco hay dólares para importar mientras el agro yace en ruinas, Maduro despotrica contra el rentismo petrolero y exige que todo lo que comamos salga de nuestro suelo (excepto por el trigo que nos manda el amigo Putin).
Pero a partir de 2015 el equilibrio geopolítico de Sudamérica cambió de forma aceleradísima. Los gobiernos de Brasil y Argentina, los gigantes del subcontinente, pasaron a manos de líderes nada amistosos con el chavismo y de signo ideológico bastante opuesto. En ese sentido quieren acercar Mercosur a la Alianza del Pacífico y establecer acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. El oficialismo venezolano rechaza ambas cosas. Resulta que el libre comercio con los panas del sur es estupendo, pero no con las malvadas potencias capitalistas del Viejo Continente. Eso es a lo que Delcy Rodríguez se refiere con la “restauración de las elites de derecha”. A sabiendas de que Venezuela podía usar la presidencia del bloque, que le correspondía durante estos meses, para sabotear las negociaciones de libre mercado, sacarla se volvió muy tentador.
El Gobierno ahora evalúa cuál es su margen de maniobra. Maduro apeló directamente al eslabón más débil de la cadena: Uruguay (debilidad en el sentido de mayor probabilidad de ceder por proximidad ideológica, no debilidad como país). Casi rodillas y olvidando sus proclamas de que él no se doblega ante nadie, pidió a su par uruguayo, Tabaré Vázquez, una reunión para persuadirlo de que retire su visto bueno a la suspensión. Vázquez le ha abierto la puerta, pero sin prometer nada. ¿Tendrá éxito Maduro? Es difícil de saber. De todas formas si el resto, y sobre todo Brasil y Argentina, no quieren a Venezuela de vuelta, es prácticamente imposible regresar. Aunque como esto comenzó de forma irregular, pudiera terminar igual.
Un grupo de 40 ONG venezolanas dirigieron una carta al Mercosur donde solicitan la aplicación del artículo 1 del Protocolo de Ushuaia II que se aplica a los países integrantes del bloque «en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos».
La aplicación de dicho protocolo supone sanciones que van desde la suspensión del derecho a participar en el Mercosur, el cierre parcial o total de las fronteras terrestres y la suspención o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros; la promoción de suspensión de derechos y/o beneficios ante otros organismos regionales e internacionales; entre otros.
Puede leer a continuación la carta:
Doctor Florisvaldo Fier (Dr. Rosinha)
Alto Representante General del MERCOSUR
De nuestra consideración
Reciba en primer lugar nuestro cordial saludo a usted y todo su equipo de trabajo.Las organizaciones venezolanas que suscribimos la presente comunicación nos dirigimos, respetuosamente, para expresar nuestro interés en que, a través de los procedimientos definidos por el Mercosur, se aplique al Estado de Venezuela el artículo 1 del Protocolo de Montevideo Sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur (USHUAIA II), suscrito por Venezuela el 20 de diciembre de 2011. La presente solicitud es motivada por las razones que a continuación exponemos:
1.- El pasado 20 de octubre de 2016 el gobierno de Venezuela agravó la situación de interrupción de hilo constitucional, iniciada con el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica del 13 de mayo de 2016 [1], obstaculizando de manera ilegal la realización de consultas electorales en Venezuela.
Recurriendo a un fraude a la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió ese día, 20 de octubre, el procedimiento encaminado a la manifestación de voluntades para decidir la realización de un referendo revocatorio sobre el presidente Nicolás Maduro, derecho presente en nuestra Constitución y que permite evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular. Cinco tribunales penales, actuando por orientación del Ejecutivo Nacional, decidieron simultáneamente, y sin tener competencia para ello, suspender el proceso de manifestaciones de voluntad pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre, en una clara demostración de la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial. Estas decisiones fueron avaladas por el Consejo Nacional Electoral, órgano que desconoció sus propias competencias y decisiones respecto a la realización del referendo revocatorio presidencial [2].
2.- Esa arbitraria y peligrosa decisión fue el punto de quiebre de un proceso de progresiva restricción de las libertades democráticas, en un contexto de profunda crisis económica y social en el marco de un inconstitucional estado de excepción. Se le arrebató al pueblo su derecho a participar, de manera protagónica, en decidir el destino del país. Se cerró un mecanismo constitucional, democrático y pacífico a la solución de la grave crisis que padece Venezuela, cumpliendo las amenazas de diferentes altos voceros del Ejecutivo, incluyendo al propio presidente de la República, de no permitir la realización del referendo revocatorio.
La actuación irregular de jueces penales, que violando la Constitución sentencian sobre un asunto electoral sin tener legalmente competencia para adoptar tal decisión, es reflejo del cada vez mayor control que ejerce el Ejecutivo Nacional sobre el Poder Judicial.
Al cerrar la posibilidad que el pueblo venezolano pueda lograr una salida pacífica, democrática y constitucional a la crisis, el gobierno del presidente Maduro ha agravado el conflicto y generado condiciones para posibles escenarios de violencia.
3.- Venezuela atraviesa actualmente un serio deterioro de sus instituciones democráticas, teniendo como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se ha quebrantado el orden democrático y el Estado de derecho. Organismos internacionales de Protección de los Derechos Humanos vienen advirtiendo el deterioro de la democracia en el país y, particularmente, han indicado lo perjudicial para la democracia el no contar con poderes públicos independientes, así como la existencia de un Poder Judicial que actúa sin autonomía.
4.- En el año 2009, en su Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó:
“1154. La Comisión considera que la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en Venezuela. A juicio de la Comisión, es esa falta de independencia la que ha permitido que en Venezuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.
La Comisión nota que en Venezuela se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación. En ese sentido, la Comisión advierte que la intolerancia política no solamente dificulta la vigencia de las instituciones democráticas sino que conduce peligrosamente a su debilitamiento. La Comisión estima necesario reiterar al Estado de Venezuela que la consolidación de las democracias requiere que se intensifique la participación de todos los sectores sociales en la vida política, social, económica y cultural de cada nación”
5.- Además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), distintos órganos de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el déficit democrático existente en Venezuela y, particularmente, han expresado que uno de los aspectos más graves es la falta de independencia de los Poderes Públicos, particularmente del Poder Judicial.
Así, el Comité de Derechos Humanos expresó en el año 2015: “El Comité continúa preocupado por la situación del poder judicial en el Estado parte, particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad” [3]
6.- Desde que se inició el gobierno del presidente Nicolás Maduro se profundizaron los problemas estructurales que afectan la democracia en Venezuela. El reforzamiento del control de los poderes públicos, el aumento de la militarización de la estructura del Estado y la gestión de gobierno, la persecución a la disidencia así como las sistemáticas detenciones arbitrarias, la discriminación por razones políticas, el incremento considerable de denuncias de ejecuciones extrajudiciales realizadas por organismos policiales, el aumento de la tortura y malos tratos, así como la restricción de libertades democráticas tales como la libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la huelga, así como el crecimiento de la pobreza, son expresiones principales del debilitamiento de la Democracia.
Como bien lo establece el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Mercosur, del 19 de junio de 2005, la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así mismo expresa que toda ruptura o amenaza del normal desarrollo del proceso democrático en una de las Partes pone en riesgo el goce efectivo de los derechos humanos.
Por esta razón afirmamos que las constantes violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden democrático en Venezuela colocan al gobierno de espaldas a los compromisos del Mercosur en materia de derechos humanos.
7.- El presidente Nicolás Maduro viene gobernando al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los valores, principios y normas establecidas por el Mercosur sobre compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Una evaluación objetiva de la actual situación del país debe llevar al Consejo del Mercado Común a establecer que Venezuela no cumple con el Protocolo de Ushuaia I y II y, por lo tanto, le es aplicable el artículo 1 del protocolo de Ushuaia. Mercosur debe actuar pronto para contribuir con los esfuerzos que realiza la población venezolana para restituir la democracia y el Estado de derecho.
8.- El pasado domingo 30 de octubre el gobierno y los partidos de la oposición iniciaron un proceso de diálogo. En el marco de este proceso el gobierno mantiene sus amenazas de continuar persiguiendo a la disidencia y reprime las manifestaciones pacíficas que reclaman la restitución del hilo democrático. No obstante, a tan solo tres días de haberse iniciado el proceso de diálogo, en una alocución transmitida en cadena nacional efectuada el jueves 3 de noviembre de 2016, el Presidente Maduro expresó en clara referencia al sector de la oposición (citamos textual) “más nunca volverá esa gente por aquí, ni por las buenas ni por las malas… …ni con votos ni con balas entrarán más nunca a Miraflores”.
Las organizaciones apostamos a que de ese diálogo el gobierno adopte medidas concretas para garantizar el derecho de los y las venezolanas de evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro, la libertad de los presos políticos, el cese a la discriminación por razones políticas y cese a la persecución a la disidencia entre otros aspectos relacionados con el funcionamiento democrático que aspiramos se garantice en el país. No obstante creemos que la creación de instancias de diálogo no transforma automáticamente en democráticos a gobiernos que no lo son, por lo que esta iniciativa debe ser acompañada de otros mecanismos diplomáticos para apoyar la restitución de la democracia en Venezuela.
9.- Sabemos que los presidentes del Mercosur han indicado que esperan resultados de dicho diálogo. Por tal motivo solicitamos formalmente al Consejo del Mercado Común del Sur que de no haber un restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en un plazo perentorio, esto es, de no garantizarse a los venezolanos el derecho de rango constitucional de evaluar la gestión del presidente Nicolás Maduro mediante la realización de un referéndum revocatorio, así como la independencia de los poderes públicos y el respeto de los derechos humanos, solicitamos formalmente al Consejo del Mercado Común aplique el artículo 1 del Protocolo de Ushuaia II lo más pronto posible, para aplicar las sanciones establecidas en su artículo 6.
Solicitamos de Usted Dr. Florisvaldo Fier, de conformidad con sus competencias, tramite la presente comunicación ante el Consejo del Mercado Común del Sur.
En la ciudad de Caracas a los siete días del mes de noviembre de 2016.
Organizaciones venezolanas que adhieren el presente documento:
Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Acción Solidaria
Asociación Civil Una Montaña de Gente (UMDG)
Asamblea de Educación
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Aula Abierta Venezuela
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Coalición Clima21
Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)
Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados del estado Apure
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Convite Asociación Civil
Defensores Activos del Foro Penal Venezolano (FPV)
Escuela de Vecinos de Venezuela
Espacio Humanitario
Excubitus Derechos Humanos
Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes
Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS)
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio Ambiental Venezolano (OAV)
Observatorio de derechos humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Redes Ayuda
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Stop VIH
Transparencia Venezuela
Una Ventana a la Libertad
Unión Afirmativa
Un Mundo Sin Mordaza
Los cancilleres de Mercosur se reunirán este jueves en Cartagena de Indias, Colombia, para discutir si aplican el Protocolo de Ushuaia a Venezuela, quien mantiene la presidencia protémpore del bloque regional.
Así lo informó el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien explicó que la reunión se realizará bajo el amparo del Protocolo de Ushuaia, el compromiso democrático del Mercosur, y con el objeto de tomar una decisión al respecto.
«Se analizará la situación y veremos cuál es la posición de los Estados partes; nosotros en su oportunidad ya hemos manifestado, y pedido, en mayo de este año la convocatoria», dijo Loizaga, citado en un comunicado de Cancillería.
Loizaga añadió que esa reunión puede acordarse el inicio de un proceso para aplicar ese protocolo, siempre que exista un consenso.
Respecto a la participación en esa reunión de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, Loizaga señaló que se invitará al Gobierno de Venezuela «cuando se tome una decisión al respecto».
