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Víctima de la represión de Maduro:

Por Lisseth Boon para La Razón, España

@boonbar

Jickson R., epiléptico y con capacidades especiales, es uno de los 120 adolescentes que fueron arrestados y maltratados por la Guardia Nacional venezolana durante las protestas de enero

“SÍ, MAMÁ, ME GOLPEARON BASTANTE”. A Romelis Guilarte le bastó escuchar esa frase a su hijo Jickson para confirmar sus peores temores desde que se lo llevaron detenido la noche anterior. Habían pasado casi 20 horas buscándolo a pie en la oscuridad por seis destacamentos de la Guardia Nacional en Ciudad Guayana, en el Estado Bolívar hasta que lo encontró en el Comando 625, ubicado en la siderúrgica estatal Sidor.

Era la 1:30 de la tarde del jueves 24 de enero cuando el custodio de turno le permitió verlo sólo unos pocos segundos, después de tanto insistir.

Estaba esposado «porque se puso agresivo» y no le dejaron recibir los medicamentos para tratar los ataques de epilepsia que el adolescente padecía por un traumatismo craneoencefálico desde que tenía 5 años de edad. Jickson Rodríguez, de 14 años y con condición especial, es el menor de cuatro hermanos que la noche del 23 de enero, día de movilización nacional contra Nicolás Maduro, estaba junto con su madre, familia y un grupo de vecinos participando en una protesta en Villa Bahía, una populosa barriada de Ciudad Guayana que sabe de carencias, hambre y desempleo.

Tocaban cacerolas y quemaban basura y escombros hasta que llegó una «lluvia de guardias» en una camioneta Toyota blanca y un auto negro lanzando bombas lacrimógenas y perdigones, por lo que todo el mundo se echó a correr, incluido Jickson. Tumbaron puertas de casas, sacaron a jóvenes a la fuerza, apuntaron a la cabeza a señoras frente al negocio de Romelia –una pequeña barbería con tres sillas– entre varios militares empujaban, golpeaban, pateaban a un joven de 16 años.

Romelia comenzó a gritar. Desesperada, se fue a buscar a su hijo. Pero solo encontró la franela rota de Jickson tirada en el suelo. Un vecino le confirmó que varios guardias lo habían atrapado, golpeado, batuqueado contra el suelo obviando la advertencia de que se trataba de un niño especial. A las 8:40 de la tarde, se lo llevaron detenido junto con otros cinco jóvenes de la vecindad.

Jickson es uno de los 120 adolescentes que fueron detenidos arbitrariamente durante las manifestaciones que tuvieron lugar del 21 al 31 de enero en todo el país, según el Foro Penal, organización que se ha dedicado a registrar y denunciar a las víctimas de abusos de derechos humanos en Venezuela. Sólo en Ciudad Guayana, 50 personas fueron apresadas por la Guardia Nacional al mismo tiempo que Maduro era desconocido por la comunidad internacional como presidente legítimo.

Tras la redada, al hijo menor de Romelis no le perdonaron que fuera el único de los adolescentes detenidos que no lloraba. Por eso las «femeninas» (como se identifican a las militares mujeres en Venezuela), lo golpeaban o le obligaban a abrir los párpados para echarle gas lacrimógeno. Si tropezaba con alguna al moverse por la molestia en los ojos, volvían a golpearlo. No hubo orden de detención como obliga el Código Procesal Penal venezolano ni otros formalismos durante el bárbaro procedimiento.

Foto: William Urdaneta

A los cinco jóvenes le pretendían imputar su participación en supuestos de saqueos en Villa Bahía a las 3 de la mañana. Jickson durmió las cinco noches que estuvo detenido en el Comando en el suelo, sin colchonetas, sábanas o almohadas. «A unos chamos sifrinos (con dinero) si le trajeron colchones, ropa y comida porque sus papás le pagaron a los guardias». Mientras, a Jickson le robaron algunas viandas que su mamá le llevó los días que permaneció en el centro de reclusión.

El 24 de enero, justo al día siguiente de conocer el lugar de detención, Romelis fue a poner la denuncia de maltratos contra Jickson ante el Ministerio Público e incluso declaró a los medios todo su estupor por el abuso a su hijo, lo que en Venezuela se ha convertido en una práctica de alto riesgo. Al día siguiente, la cincuentena de detenidos fueron trasladados a los tribunales en una jornada que se extendió hasta la noche. En el Comando, cada vez que Jickson iba al baño a hacer pipí, le daban planazos por la planta de los pies «para que no me quedarán marcas en el cuerpo. Cuando queríamos hacer pupú, nos dejaban esperando hasta sudar frío y apenas nos sentábamos en la poceta (váter), nos gritaban “párense, párense”». Cachetadas, planazos, vejación fue lo que recibió Jickson de los guardias nacionales: «Una de las femeninas me agarró y me dijo que repitiera: Padre nuestro que estás en el cielo, sube los ojos que vas para el suelo». Seguidamente, lo golpeaba en la nuca hasta desplomarlo.

La noche del domingo 27, Romelis recibió una llamada: Jickson había sido trasladado de emergencia al hospital Uyapar pues habia convulsionado dos veces. Antes habían sacado de su celda al esposo de su hermana, también encarcelado, para que tratase de estabilizarlo. El lunes 28, cinco días después de la protesta en Villa Bahía, excarcelaron a Jickson pero sin quedar libre del todo: le dictaron un régimen de presentación cada 30 días. Aparte, el tribunal le exigió la presentación de tres fiadores, cada uno de los cuales tiene que devengar tres salarios mínimos (18 mil bolívares, unos 6 dólares al cambio oficial).

Romelis tiene que trasladarse hasta los tribunales para cerrar el procedimiento, pero no le alcanza el dinero para pagar el pasaje en una ciudad donde no funciona el transporte público. Lo que produce su pequeña barbería a la semana apenas le permite comprar un kilo de harina de maíz. «No tengo miedo de denunciarlo hasta que paguen por lo que le hicieron».

CIDH manifiesta su alarma ante las detenciones durante protestas en Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su alarma ante la represión masiva contra manifestantes en Venezuela, así como por las preocupantes cifras de detenciones arbitrarias registradas en el marco de las protestas sociales que han tenido lugar la última semana. En este sentido, la CIDH urge a las instituciones del Estado a cesar la represión, a garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, y especialmente, a poner en libertad inmediatamente a toda persona detenida de manera arbitraria.

De acuerdo con la información recibida, las autoridades habrían detenido entre el 21 y 31 de enero de 2019, a un total de 943 personas en al menos 22 estados del territorio venezolano, reflejándose mayores índices en Distrito capital, Aragua, Zulia y Bolívar. En particular, las personas detenidas habrían sido puestas bajo custodia de los cuerpos de seguridad en el contexto de las manifestaciones y protestas recientes, siendo incluso detenidas en las cercanías de las mismas, y en numerosos casos, en el marco de operativos realizados por fuerzas de seguridad que, de acuerdo con las denuncias recibidas, responderían a fines políticos y de represión contra manifestantes.

Estos operativos estarían siendo desplegados en varias ciudades a lo largo del país y de manera posterior a las protestas, durante la noche y la madrugada, y en sectores populares. Según la información disponible, los agentes del Estado –con la colaboración de los consejos vecinales– tendrían individualizadas a las personas que habrían acudido a manifestaciones populares e irrumpirían en sus hogares con el fin de privarles de libertad. Esta detención se realizaría sin presentar orden de captura o autorización judicial para la entrada y registro del domicilio. Asimismo, las personas detenidas tampoco serían informadas sobre los motivos de su detención. En el marco de estos operativos, se han presentado denuncias de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, abusos y uso excesivo de la fuerza durante la detención, estigmatización y persecución de las personas opositoras. Ello, llevado a cabo con la participación, en mayor medida, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), así como de la Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), agentes de la policías estaduales y municipales, e incluso colectivos civiles armados.

De acuerdo con los datos publicados por el Foro Penal Venezolano, entre las 943 personas detenidas, 120 serían menores de edad, de edades comprendidas entre los 12 y 16 años. Por otra parte, la CIDH resalta que a la fecha, al menos a 710 personas detenidas se les habrían dictado medidas privativas de libertad, incluidos a los 26 adolescentes, imputándoles diversos delitos, inclusive, el de terrorismo. En este respecto, la CIDH ha tenido conocimiento de las diversas excarcelaciones que han tenido lugar en los últimos días, no obstante, destaca que, según información disponible, un gran número de estas personas aún estarían sometidas a distintos tipos de medidas cautelares dentro de procesos penales. De igual manera, existen denuncias sobre la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares y defensa antes de la audiencia de presentación y de imputación de cargos por parte de fiscalía, y sobre violaciones a la integridad personal mientras permanecen bajo custodia de los agentes de seguridad.

Asimismo, la Comisión toma nota de la denuncia realizada por parte de Jueza del Tribunal de Control No. 1 de responsabilidad penal del adolescente del estado Yaracuy, Ediluh Guedez Ochoa. En particular, la jueza relata haber sido víctima de presiones indebidas para dictar medidas preventivas privativas de la libertad a 11 adolescentes presentados ante su instancia luego de haber sido detenidos en el contexto de las protestas. De acuerdo con información disponible, esta jueza habría sido destituida de su cargo.

Por otra parte, según el Foro Penal Venezolano, en la actualidad se registrarían 983 “presos políticos”, teniendo en cuenta los 273 presos políticos que se registraban con anterioridad al 21 de enero de 2019 y los 710 a los que se les dictaron medidas privativas de la libertad. Al respecto, la CIDH advierte que personas detenidas en el marco de anteriores movilizaciones en el país, consideradas privadas de su libertad por razones políticas, no habrían sido liberados por las autoridades a pesar de contar con orden de excarcelación.

Estos hechos se enmarcan en la crisis política, social y económica en Venezuela y más específicamente, en una escalada de violencia que se registra desde el 21 de enero de 2019. En particular, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, la Comisión expresa su preocupación ante la persistencia del uso de la detención arbitraria por agentes estatales en Venezuela como forma de represión de la protesta social, así como de la criminalización de personas en el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión.

“La CIDH manifiesta su profunda preocupación ante las constantes alegaciones sobre prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en el contexto de la privación de libertad, así como respecto a las violaciones al debido proceso, tales como el procesamiento de civiles en la jurisdicción penal militar”, puntualizó la Presidenta de la CIDH, Comisionada Margarette May Macaulay.

En este contexto, la CIDH reitera que una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley, y cuando se incurre en desviación de las facultades de detención, es decir, cuando se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley. En particular, los Estados deben asegurar que las personas detenidas reciban información precisa respecto de los motivos de detención, que sean presentados ante el juez y que sus familiares sean informados sobre sus condiciones y lugares de su detención. Asimismo, insta a las instituciones del Estado garantizar el debido proceso a las personas detenidas y urge poner en libertad inmediatamente a toda persona detenida de manera arbitraria.

Asimismo, la CIDH expresa su profunda preocupación por el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y a la participación social y política en forma más amplia.

“Las prohibiciones generales al ejercicio del derecho a participar en protestas pacíficas no pueden servir de fundamento para vigilar, detener y someter a procesos penales a manifestantes o líderes sociales por el silo hecho de expresar sus opiniones sobre una política o medida gubernamental”, dijo el Relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren.

“Una detención basada únicamente en el acto de participar en una manifestación o protesta pública es en sí misma arbitraria e incompatible con las obligaciones internacionales del Estado venezolano”, señaló el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. “En este contexto, resulta apremiante que el Estado garantice los derechos de estas personas detenidas, y conceda su libertad inmediata”, agregó. Por su parte, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de la Niñez, precisó: “El Estado venezolano debe adoptar con urgencia medidas para la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente de sus derechos a la vida, salud e integridad personal; así como cesar toda detención arbitraria en contra de ellos”.

Ante el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela, la CIDH además ha afirmado el rol indispensable del Poder Judicial en Venezuela en el control de la constitucionalidad de los actos de otros poderes y en la administración de justicia. Al respecto, y frente a denuncias de actos de represalia y hostigamiento contra autoridades judiciales, la CIDH reitera que tales actos envían una fuerte señal a la sociedad y al resto de jueces de que el Poder Judicial no tiene la libertad de adoptar decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, pues de hacerlo los jueces corren el riesgo de ser removidos de sus cargos.

“La CIDH instaló una sala situacional permanente para seguir la situación en Venezuela y reitera al Estado venezolano su solicitud de anuencia para la realización de una visita in loco al país”, señaló el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Foro Penal: Nocturnidad y ataque a zonas populares caracterizan la nueva oleada de represión en Venezuela.

Del 21 al 24 de enero de 2019 han detenido a 369 personas y 22 hasta ahora, han sido asesinadas durante manifestaciones antigubernamentales en Venezuela, informó el director presidente de Foro Penal (FP), Alfredo Romero, tras señalar que el miércoles pasado fue uno de los días con mayores detenciones en los últimos 20 años.

“En cuanto a detenciones, el 23 de enero pasa a ser un día histórico con 328 personas detenidas en todo el país hasta ahora verificadas con nombre y apellido, de las cuales Foro Penal representará a la mayoría. Zulia es el estado con mayor número de detenciones, con 85, luego Aragua con 63 personas detenidas y Monagas con 45 personas detenidas. Desde el 21 de enero, si sumamos las detenciones verificadas, estamos hablando de 369 arrestos por protestas. Hoy todavía estamos verificando arrestos, ayer, 24 de enero siguieron dándose estos hechos y seguro el número sobrepasará las 400 personas. Por ejemplo, ayer hubo una cantidad importante de detenidos en El Junquito”, alertó.

Alfredo Romero resaltó que la mayoría de estos casos de detenciones se han dado en zonas populares, en la noche y la madrugada y sin orden o justificación alguna. “Personas han sido retiradas de sus casas, de manera arbitraria. Zonas importantes como Petare, donde la FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional) ha ingresado de forma violenta en casa de personas para detenerlas; José Félix Ribas, Catia, El Valle, El Junquito, Cotiza, el barrio El Limón, San Martín, por mencionar algunos de Caracas. Los cuerpos de seguridad además han abusado del uso de la fuerza con los detenidos al someterlos a descargas eléctricas y golpizas que incluso han sido denunciadas ante tribunales. Aquí hacemos un llamado a los funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía, que sepan que se está haciendo vigilante en cuanto a las violaciones de los derechos humanos”, señaló.

Detalló que solo el 21 de enero se registraron 8 arrestos en Distrito Capital. Mientras, el 22 de enero se registraron 6 en Bolívar, 8 en Distrito Capital, 5 en Monagas, 13 en Nueva Esparta y 1 en Vargas para un total de 33 detenidos. “A los pocos que han presentado del 21 y 22 de enero se les imputan delitos como terrorismo, instigación al odio, alteración del orden público y desacato a la autoridad, los últimos dos se han vuelto los más comunes. Han retirado los cargos de terrorismo, por ejemplo, y en el caso de los de Caracas a algunos se les dio medida cautelar previa fianza. Todavía faltan por presentar en tribunales a más de 300 detenidos”, expresó Romero durante una rueda de prensa de este viernes.

Asimismo, el abogado defensor de derechos humanos aclaró que en este registro preliminar no se encuentran personas detenidas por saqueo, pues consideran esta acción como un acto vandálico.

En cuanto a los asesinados en protestas, Romero dijo que hay diferencias en cifras, sin embargo, verificadas por el Foro Penal hay 22 personas asesinadas desde el 21 de enero. “3 en portuguesa, 2 en Táchira, 2 en Barinas, 2 en Amazonas, 7 en Bolívar, incluyendo 2 menores de edad, 5 en Caracas, y 1 en Mérida”, precisó.

Sobre Bolívar en particular dijo que hay asesinados en medio de saqueos, “5 de las 7 fueron asesinadas en un saqueo”, acotó.

Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé, director vicepresidente de Foro Penal explicó que en este momento “es difícil establecer el patrón de actuación de los tribunales ya que solo han presentado a menos del 10% de los detenidos. No obstante, aseguró que en el caso de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del estado “hay detenciones que son selectivas y el motivo es porque las protestas en esta oportunidad son en zonas populares y humildes de Venezuela”.

Himiob Santomé alertó que la represión no es solo de los cuerpos de seguridad, también han intervenido cuerpos de violencia informales como colectivos armados que incluso, se han atrevido en algunas zonas como ocurrió en estos días en el 23 de enero a dictar toque de queda. “Esto es completamente irregular y es una gravísima violación a los derechos humanos”, dijo.

Al día de hoy Foro Penal contabiliza 273 presos políticos, a los que deben sumarse los detenidos de enero de 2018.

Frente Amplio acuerda convocar protestas para el 10E

EL FRENTE AMPLIO VENEZUELA LIBRE (FAVL) acordó aumentar, articular y darle orientación política a la protesta social cívica, constitucional y no violenta, con miras al 10 de enero de 2019, cuando vence el período constitucional de Nicolás Maduro y se inicia uno nuevo para el cual no reconoce que exista un presidente electo.

“Luego de una larga y muy provechosa reunión de trabajo entre diputados de la Asamblea Nacional y su directiva, delegados del FAVL de todos los estado, la Fiscal Luisa Ortega Díaz, representantes de las principales centrales sindicales y organizaciones de trabajadores, gremios, partidos, jóvenes, empresariado y muchos otros sectores abordamos la nueva coyuntura nacional de cara al 10 de enero, las tareas que la Venezuela democrática debe llevar a cabo y la necesaria dirección unitaria para concretarlas”, indicó el FAVL vía de correo electrónico.

Entre las conclusiones a las que llegó el FAVL figura iniciar a partir del 10E un proceso de desobediencia cívica creciente, pacífica, planificada y responsable, en el marco de los derechos constitucionales.

La alianza solicitó a cada organización que la integra el presentar en una ruta de desobediencia cívica que pueda ejecutar.

Más información en Tal Cual.

Protestas persisten en el país tras un año de elección de la Constituyente

El clima general de protestas persiste en Venezuela cuando se cumple hoy un año de haber sido elegida la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano que no reconocen numerosos Gobiernos del mundo y que, según el chavismo, trajo “paz” al país.

Cientos de enfermeras, médicos y demás trabajadores sanitarios de Venezuela marcharon este lunes, acompañados de pacientes crónicos, hasta la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Caracas para “denunciar la grave crisis” que atraviesa el sector de la salud en el país.

Los trabajadores, que ya suman 36 días de protestas, aseguraron que su objetivo no es solo obtener mejoras en sus salarios y condiciones de trabajo, sino velar por la salud de los pacientes, que en muchas ocasiones deben costear hasta las jeringas en los hospitales.

Francisco Valencia, director de Codevida, una coalición para la defensa del derecho a la salud, denunció que fueron importados al país medicamentos para atender a pacientes trasplantados “solo en la capital”.

“¿Y el resto del país qué? Si hay que ir a Miraflores (palacio presidencial), iremos, pero con soluciones concretas”, apuntó el activista.

Valencia explicó a Efe que hasta ahora existe un comunicado que fue entregado por la OPS a los hospitales que habla de “cierta cooperación” pero los gremios desconocen el alcance de esa ayuda.

Señaló además que diariamente reciben “reportes de personas que fallecen (…) que tienen consecuencias irreversibles en su salud por la falta de medicamentos”, situación que calificó de “indignante”.

La protesta de los trabajadores de la salud comenzó hace más de un mes en demanda de mejoras salariales, pues aseguran que perciben ingresos mensuales iguales o ligeramente superiores al mínimo, que en la actualidad se ubica en 5.196.000 bolívares (30 ó 1,80 dólares según la tasa de cambio que se use), que no alcanza para comprar ni un kilo de carne.

Con el paso de los días los pacientes, con sus propias denuncias, también han ido sumándose a las manifestaciones.

César Hurtado, paciente con párkinson, aseguró a Efe que en los 24 años que ha vivido con esta enfermedad cuando contaba con medicamentos ni se “daba cuenta” de los síntomas, pero en los últimos meses “ha sido grave” la búsqueda de su tratamiento.

“Estoy tomando (el tratamiento)(…) porque un vecino murió y yo heredé sus pastillas”, apuntó.

Hoy también se registraron decenas de protestas de ciudadanos hastiados por la pésima prestación de los servicios públicos.

En Petare, la favela más grande de América Latina y ubicada en Caracas, cientos de vecinos del sector Píritu cortaron calles en demanda de la restitución del servicio de agua, que aseguraron falla desde hace al menos dos años.

“Tenemos 2 años sin recibir servicio de agua por tubería, hemos hecho las denuncias (…), pero ellos dicen que el viejo Gobierno que salió dejó todo destruido”, dijo la manifestante Carolina Urbina al canal de noticias en línea VIVOplay, en referencia a la Administración del exalcalde opositor Carlos Ocariz.

Este clima de protestas ocurre en medio de los actos que planea el chavismo gobernante para conmemorar el año de la elección de la oficialista Asamblea Constituyente, que debe redactar la nueva Constitución del país.

En un acto público en Caracas, miembros y exmiembros de la Constituyente recordaron la victoria “histórica” que obtuvieron el año pasado en los comicios, en los que aseguran haber obtenido más de ocho millones votos.

Esos resultados, sin embargo, fueron puestos en duda por la oposición venezolana y por varios Gobiernos después de que la empresa que brindó soporte técnico al Consejo Nacional Electoral informara que su recuento de votos estaba por debajo del anunciado.

Entretanto, el país espera la puesta en marcha de las recientes medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, que incluyen una reconversión monetaria, un censo de vehículos para el “uso racional” de la gasolina y la revisión de la ley de cambios, una herramienta que rige desde 2003.

La Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, consideró hoy que el anuncio de la realización de un censo vehicular obedece a una “política de racionamiento” que también servirá para el “control político”.

Entre enero y junio se registraron en promedio 30 manifestaciones diarias

Un promedio de 30 manifestaciones diarias se registraron en el país durante los primeros seis meses del año. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 5315 protestas durante el primer semestre de 2018, equivalente a un promedio de 30 diarias.

La cantidad de protestas va en aumento, el OVCS indica en su informe que en el primer semestre de 2018 se registró un incremento de 8 % en comparación al primer semestre de 2017; y junio fue el mes con mayor índice de protestas.

La mayoría de las protestas (84 %) se caracterizó por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ante la falta de políticas públicas efectivas que atiendan los problemas urgentes de salud, alimentación y servicios básicos, los ciudadanos protestan a diario y estas son las manifestaciones que destacan por encima de las protestas políticas.

Pese a los riesgos y amenazas, la población venezolana ha alzado su voz a lo largo y ancho del país. Distrito Capital, Lara y Bolívar repuntan en las demandas.

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ONU investigará las violaciones derechos humanos en Venezuela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este lunes la creación de una comisión para investigar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y confirmó que hará un seguimiento a distancia de la situación en el país.

“Creemos firmemente que el Consejo de Derechos Humanos necesita establecer una comisión de investigación”, dijo el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en la presentación de su informe global sobre DDHH.

Zeid aseguró que ante la gravedad y el alcance de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y la negativa del gobierno de Nicolás Maduro para darle acceso a su Oficina, realizarán un seguimiento de lo que ocurre en el país a distancia.

La Oficina de Zeid publicará en los próximos días su segundo informe sobre derechos humanos en Venezuela, el cual ha elaborado con base en la información que sus expertos han recolectado de diversas fuentes confiables, incluidos testimonios y entrevistas en países fronterizos con venezolanos que han abandonado el país.

El Frente Amplio Venezuela Libre llamó hoy a los ciudadanos a manifestarse durante dos horas a partir de las 07.00 hora local (11.00 GMT) del próximo viernes para reafirmar las protestas que se han realizado recientemente por la severa crisis social y económica que los agobia.

“La protesta del día 27 es una reafirmación de las protestas que se han desarrollado y se siguen desarrollando en el país, no estamos convocando una nueva protesta”, anunció en rueda de prensa Nicmer Evans, integrante del movimiento, que no detalló en qué consiste esta actividad.

Evans señaló que con la convocatoria se busca “una referencia de fecha para que hagamos una concentración del esfuerzo a través de una red (…) del tejido social que conduzca de manera contundente a reafirmar la cantidad de protestas que se desarrollan en la sociedad civil de manera constante por diversos motivos”.

Comentó que el elemento común “de todas las causas” de protestas es “fundamentalmente la corrupción” y pidió a los venezolanos que se sumen a que lo hagan en cualquier lugar que consideren apto.

Sin embargo anunció que desde el Frente tendrán “puntos” de manifestación que no desvelarán sino que “van a ser movilizados” para apoyar la jornada, y de los que evitó informar “por evitar la represión y la exposición de la gente”.

Evans hizo hincapié en que el movimiento “no está convocando a violencia” y que “el elemento fundamental es la preservación de la seguridad de los manifestantes, pero también la reactivación y movilización de la gente”.

“Para que el Gobierno sepa que el pueblo esta absolutamente descontento”, argumentó.

El diputado opositor Jorge Millán defendió que uno de los objetivos de la convocatoria es “dejar claro que las consecuencias de esta catástrofe que esta viviendo nuestro país tiene un nombre: un gobierno corrupto que ha saqueado la nación y que la sigue saqueando”.

El Frente Amplio Venezuela Libre fue creado a principios de marzo por opositores políticos y representantes de varios gremios sociales, entre los que se encuentran chavistas desencantados y con el objetivo de, entre otras cosas, solicitar unas elecciones presidenciales justas.

Venezuela irá a las urnas el próximo 20 de mayo para elegir entre cinco candidatos, entre ellos el actual presidente, Nicolás Maduro, en unas elecciones con unas condiciones que varios Gobiernos y ONG defienden que no son transparentes.

Este fue uno de los motivos por los que la principal coalición opositora, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), decidió abstenerse y llamar a sus seguidores a no votar.