A María Magdalena Novais le mataron a sus dos únicos hijos en menos de una semana. Uno murió el 10 de julio de 2018 y el otro falleció seis días después. Dos hechos distintos, pero conectados y con los mismos culpables: agentes de la Policía Nacional. Los dos hermanos estaban viendo juntos la semifinal del Mundial de Fútbol cuando los efectivos entraron a la casa y les apuntaron con las armas.
Carlos Francisco había salido corriendo y saltó entre los techos para huir. A Julio César, que tenía un bebé de cuatro meses, lo agarraron.
María Magdalena no estaba en su vivienda en Gramoven, Catia, cuando eso pasó a sus dos hijos. Estaba en El Paraíso, en su cita habitual como colaboradora en un ancianato. Una vecina la llamó desesperada para decirle lo que había pasado.
Cuando llegó, era como si nada hubiera ocurrido porque todo estaba en orden. Los vecinos se encargaron de contarle lo sucedido y no pudo evitar sorprenderse. “Lo sacaron de mi casa como si fuese un narcotraficante, un matón, un asesino. Nunca vi nada de eso, nada de drogas, como los quisieron acusar. Julio había recibido dos balazos, pero ninguno letal, y cuando se lo llevaban gritaba: ʻTengo un hijo, te amo hijo. ¿A quién estás buscando? ¿A quién? Yo no soy”.
A Julio César, su hijo menor, los efectivos lo golpearon y sacaron caminando, aunque a rastras, de su casa con un disparo en la nalga y otro en el pie. Estaba vivo. En lugar de trasladarlo al hospital más cercano (había dos, el de los Magallanes de Catia y el Periférico de Catia), finalmente fue ingresado muerto en el hospital Pérez Carreño en Montalbán.
Los testigos aseguran que el joven salió renqueando, pero vivo, y según se supo, en lugar de trasladarlo al hospital más cercano (había dos, el de los Magallanes de Catia y el Periférico de Catia), fue llevado al hospital Pérez Carreño en Montalbán. Horas más tarde murió con cinco balazos.
Mientras se hacían los arreglos para sepultar al menor de los hermanos, el mayor permanecía detenido. María Magdalena no pudo verlo, no se lo permitieron, pero una prima del joven logró visitarlo y le vio signos de tortura. “Mi hijo vio a quienes asesinaron a su hermano y lo pagó con su vida”.
Carlos Francisco había sido aprehendido luego de una persecución, pero no fue entregado en la jefatura cuya jurisdicción correspondía, sino en San Agustín. Al sexto día, en la jefatura donde permanecía, lo encontraron muerto. El 16 de julio de 2018 le notificaron a su madre que había muerto en un pleito entre quienes estaban ahí retenidos, pero nadie más perdió la vida en la aparente trifulca.
La versión policial señala que el primero de los hermanos Rangel Novais murió en un enfrentamiento, y el segundo en una riña entre reclusos. “De setenta y cinco presos que había ahí, el único que murió fue mi hijo Carlos. Qué raro ¿no?”, se pregunta la madre.
Unas 340 personas murieron a manos de la policía en el Área Metropolitana de Caracas durante el año 2019, según cifras del Monitor de Víctimas, un proyecto de Runrun.es y la organización Caracas Mi Convive.
La Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU confirmó en septiembre de 2020 la gravedad de los casos de letalidad policial. Dice que hay “motivos razonables” para creer que un número considerable de muertes de civiles ocurridas a manos de la policía entre 2015 y 2020 pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales. Asegura que estos hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad
La madre le había escrito una carta a Carlos y la envió con su sobrina. La misiva decía: “Hijo mío, nos quitaron a Julio, se acabó el Trío Perfecto, y al hijo de Julio lo vamos a criar entre los dos. Yo sé que vas a salir de ahí. Bendiciones de tu madre que te espera con los brazos abiertos”. María Magdalena casi no puede terminar la frase, no le alcanza el aire: “Pero me dejaron con los brazos abiertos”.
Aún abatida por la brutal muerte de su hijo menor María Magdalena Novais tuvo que recibir el cuerpo de su hijo mayor, Carlos Francisco. No tuvo fuerzas para velarlo, estaba destrozada y apenas podía mantenerse en pie. Carlos llevaba dos días muerto y ya el cadáver estaba descomponiéndose. “Me lo entregaron negro, del color de esta mesa, de tanto golpe, yo no lo reconocía. Le destrozaron la cabeza. Estaba todo blandito, fétido, y así me le lancé encima”.
María Magdalena sabe que no va a recuperar a sus dos hijos, a su Trío Perfecto como ella los llamaba. Pero quiere la verdad. “Necesito que se haga justicia para poder decirle a mi nieto, más adelante, explicarle cómo pasaron las cosas”.
El expediente de sus dos hijos es grueso, “parece una enciclopedia”, porque María no ha escatimado tiempo ni diligencias para completarlo. La búsqueda de justicia la sostiene. Ha padecido las propuestas de funcionarios de la Justicia para que abandone, pero para ella insistir es indispensable. “Yo no tengo miedo a nada. Así como se metieron en mi casa, así mismo me meto yo en la Fiscalía y en donde haga falta. Hay que denunciar y no desmayar. Yo les voy a dar hasta el último aliento de mi vida”.
Confiesa que en dos ocasiones meditó muy seriamente atentar contra su vida, todo había perdido sentido para ella sin sus dos hijos. “No quiero que nadie de mi familia me acompañe, yo soy la que tiene que lograr que se haga justicia, yo los parí. En la casa, el cuarto de Julio está vacío, el cuarto de Carlos también vacío, pero yo sigo siendo mamá, soy su voz”.
N de R: El testimonio forma parte del informe «Víctima a víctima», disponible en el portal de Cofavic
EL EJECUTIVO NACIONAL DESIGNÓ AL general Elio Estrada Paredes nuevo director de la Policía Nacional (PN), en sustitución del general Carlos Pérez Ampueda.
La transmisión de mando de la Policía Nacional se llevará a cabo este viernes 3 de mayo en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) en Catia, Caracas.
Estrada Paredes se desempeñó como comandante de la Zona N° 43 de la Guardia Nacional.
Pérez Ampueda, director saliente de la Policía Nacional, ocupaba el cargo desde marzo de 2017.
El oficial de la policía nacional Richard Alejandro Quintero Peralta disfrutaba su día libre este martes, 26 de septiembre, cuando en horas de la tarde volvió a su puesto de trabajo en el comando de la PNB de Puente Hierro, en la parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador de Caracas. El regreso lo había motivado su tarjeta de débito, que había dejado olvidada en el área de los dormitorios. Fue en ese lugar donde, por accidente, un compañero suyo le disparó.
El autor del balazo fue el oficial José Eduardo Ordaz Vega, de 24 años de edad, quien hasta la mañana de este 27 de septiembre permanecía detenido. De acuerdo con las versiones de testigos del suceso, Ordaz Vega se cambiaba de ropa cuando se quitó el correaje y lo puso sobre una mesa. La pistola, que estaba sin el seguro, se activó al tocar la superficie y disparó un proyectil que le dio a Quintero Peralta, de 22 años de edad, en la cabeza.
La víctima, padre de una niña de 1 año y el mayor de tres hermanos, se había graduado de policía el año pasado en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Estaba adscrito al servicio de la PNB en el Casco Central de Caracas.
Jhonmarlis Chourio, esposa de Quintero Peralta, informó que su marido era de Maracaibo. Por esa razón, su cadáver será próximamente trasladado a Zulia.
Esta es la segunda vez, en una semana, que se registra un incidente similar en la región capital del país. El pasado 20 de septiembre la víctima fue el detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Luis Sierra, quien recibió un disparo por parte de Lester Francia, un compañero que manipulaba un arma de fuego.
El hecho ocurrió dentro de las instalaciones de la subdelegación de Caucagua, en el municipio Acevedo del estado Miranda. Sierra trabajaba en el Eje de Homicidios de los Valles del Tuy.
De acuerdo con Monitor de Víctimas, Quintero Peralta es el cuarto Policía Nacional que muere de forma violenta desde mayo pasado en el Área Metropolitana de Caracas. Hasta la tercera semana de septiembre, habían muerto 14 uniformados durante los últimos 5 meses en los municipios que conforman la capital venezolana.
Luego de las 3:00 pm de este domingo, 9 de julio, reporteros en Caracas informaron que la concentración que la Mesa de la Unidad Democrática convocó a las 11:00 am terminó en horas de la tarde con varios heridos por perdigón en las inmediaciones de El Rosal, en el municipio Chacao del área metropolitana de la capital venezolana.
Poco después de que terminara el acto, en el que intervinieron figuras de la oposición como María Corina Machado, Freddy Guevara, Delsa Solórzano y Lilian Tintori, grupos de jóvenes de la resistencia se desplazaron desde Chacaíto hasta El Rosal para cerrar las vías de tránsito. Allí fueron reprimidos por la Policía Nacional.
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía de Carabobo reprimieron con bombas lacrimógenas y perdigones a los manifestante que se mantenían en las adyacencias del Fuerte Paramacay, tras la convocatoria realizada desde el Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia para este 24 de junio.
La marcha inició pasadas las 11 de la mañana. Los manifestantes recorrieron la Av. Bolívar, para luego incorporarse en la Av. Universidad donde un piquete de funcionarios de la Policia Nacional Bolivariana y la Policia de Carabobo custodiaban la institución militar.
Una vez que los manifestantes llegaron al piquete, una comisión encabezada por la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, consignó un documento ante las autoridades, en el que solicitaron el cese de la represión en la manifestación y la defensa de la Constitución y la Democracia.
Al salir la comisión y luego de 20 minutos, inició el enfrentamiento entre manifestantes y funcionarios, estos últimos lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones, mientras que los jóvenes lanzaban cohetes.
Durante el hecho al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas dos manifestantes y un funcionario policial. Entre tanto se conoció que al menos cinco personas resultaron heridas.
La Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales de 5 estados se han visto involucrados en 22% de las muertes ocurridas en medio de las protestas
La GNB es el cuerpo de seguridad que acumula la mayor cantidad de asesinatos
47,3% de los casos que involucran a las fuerzas del Estado permanecen sin ningún imputado
@loremelendez
LOS TESTIGOS DICEN QUE MERVINS GUITIAN quedó paralizado en medio de las balas y las botellas. Eran más de las 9:00 pm cuando bajaba por la calle principal del barrio 5 de Julio, en Petare Norte, donde se encontró con una escena inesperada. Efectivos de la Guardia Nacional se habían atrincherado en la entrada de la barriada y, desde allí, disparaban al grupo de jóvenes que le respondía con piedras y recipientes de vidrio. “Vente pa’ acá, convive. Vente pa’ acá”, le gritaron varios de los manifestantes desde el paredón en donde se escondían. Pero Mervins, quien tenía un leve retraso mental y sufría ataques de epilepsia con frecuencia, no respondió y cayó segundos después, cuando la bala de un fusil le llegó al abdomen y horas después le cobró la vida. Pese a que los señalamientos contra los uniformados aparecieron inmediatamente después de su muerte, aún no hay ningún señalado por el caso del muchacho de 25 años que era obrero de la Alcaldía de Sucre.
“No quiero ver un guardia más cometiendo una atrocidad en la calle”, advirtió este martes 6 de junio el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, 24 horas después de una jornada en donde las cámaras de periodistas y manifestantes captaron numerosos momentos en los que los efectivos robaban, acosaban y agredían a periodistas, diputados y a los asistentes al “plantón” que la oposición venezolana convocó el lunes en diversos puntos de Caracas.
Pero el regaño llegó tarde. Las manos de decenas de funcionarios represores en todo el país, como los que accionaron sus armas contra Mervins, ya están llenas de sangre. Porque Mervins no es la única víctima mortal de las fuerzas del Estado que espera por justicia. En medio de las protestas que comenzaron el pasado 1 de abril, 19 personas (22,6% de las 84 que han fallecido, de acuerdo con cifras de Runrun.es) han perdido la vida por la acción desmedida de policías y militares que comandan la represión. Hay 9 casos (47,3% de los 19) que, pese a las denuncias, se mantienen sin imputados y otros dos en los que se libraron órdenes de captura contra funcionarios que permanecen prófugos.
Entre esas muertes sin acusados está la de Juan Pernalete, quien cayó en Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, luego de que una bomba lacrimógena disparada de frente y a pocos metros por un efectivo de la GNB, le pegara en el pecho, le rompiera el esternón y le perforara los pulmones. También la de Armando Cañizález y Miguel Castillo, asesinados en Las Mercedes, municipio Baruta de Miranda, con municiones metálicas que presuntamente fueron disparadas por las escopetas de las fuerzas del Estado. Y la de Hecder Lugo, quien murió por un balazo que un Guardia Nacional supuestamente le disparó a quemarropa en el sector Los Tulipanes, en San Diego, estado Carabobo.
Tales actuaciones han despertado no solo el rechazo de la opinión pública, sino también de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien dirigió unas palabras a los uniformados tras revelar y fustigar que la GNB había disparado la bomba directamente contra Pernalete.
«Yo quiero señalar, a quienes ejercen funciones policiales de orden público, que disparar bombas lacrimógenas con escopetas a las personas, directo al cuerpo, está prohibido, no solamente por las propias instrucciones que están aquí (dijo mientras levantaba una lacrimógena) sino por los estándares nacionales e internacionales (…) Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales. Eso significa que más de la mitad de las personas que han sido lesionadas han sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad del estado por el uso de la fuerza».
Varios heridos de gravedad se han convertido en casos conocidos. En Carora, Hender Martínez, un joven militante de del partido Un Nuevo Tiempo, perdió el ojo derecho debido a los perdigonazos que lo alcanzaron. Pedro Yammine fue arrollado por una tanqueta en Altamira, municipio Chacao del Área Metropolitana de Caracas, un ataque que le dejó siete costillas y ambos omóplatos fracturados, además de aire fuera de sus pulmones. A otros, como a Alejandro Guinand, el impacto de las bombas lacrimógenas le rompió la cabeza cuando cruzaba el Guaire para huir de los ataques de los cuerpos de seguridad. Al periodista Román Camacho, el golpe de una bomba le rompió la pierna derecha mientras cubría una manifestación.
Ellos, los represores
Quienes reprimen, y quienes han sido señalados por los asesinatos de los manifestantes, son hombres jóvenes. Sus edades oscilan entre los 31 y 41 años de edad, mientras que sus rangos son bajos: casi todos los guardias implicados son sargentos y solo uno es capitán, y esta tendencia suele repetirse en los policías involucrados en los crímenes. Para Rocío San Miguel, esta caracterización se debe a que los destacamentos de la Guardia Nacional delegan a su tropa profesional las funciones de orden público y sus miembros suelen estar a mitad de su carrera. Un Policía Nacional consultado por Runrun.es, agrega que este cuerpo envía a la calle a los oficiales y a los oficiales agregados, es decir, también a los de menor nivel.
Un papel importante es el que juega la preparación de los oficiales para el control del orden público. El PNB, perteneciente a la división de Mediación y Negociación, explica que en el pasado, quienes se dedicaban a estas labores debían hacer un curso de 9 meses para especializarse en el tema. Ese lapso se redujo ahora a solo un trimestre. La declaración coincide con una afirmación de San Miguel, quien reveló que en los últimos años se ha registrado en las Fuerzas Armadas “una graduación masiva de tropa profesional en cursos de muy poca duración”. El entrenamiento en las técnicas del empleo del uso de la fuerza y la adaptación a la vida militar se hacen vía exprés.
“La otra variantes es que la doctrina de empleo ha quedado completamente distorsionada cuando permites la existencia de la resolución 8610. Mientras perviva el uso de la fuerza letal para el control de las manifestaciones públicas, va a seguir ocurriendo esto”, indica la experta.
Pero San Miguel advierte que la responsabilidad de las muertes ocurridas durante las protestas no solo recae sobre los que están al frente de estas movilizaciones. “El represor no es solo el que ejecuta la orden o quien reprime disparando el gatillo. Es quien da la orden, es el que imparte la doctrina, es quien toma la dirección política del control de las manifestaciones”, asegura.
GNB impune
La Guardia Nacional es el cuerpo de seguridad que acumula responsable del mayor número de muertes en las protestas de los últimos 60 días. En 9 casos se les ha señalado, pero apenas en uno hay imputados: los sargentos segundos Yelfrin Junior Carmona Milán José Gregorio Rodríguez Peña Brayan Edgardo Lemus Vivas fueron detenidos por el asesinato de Manuel Felipe Castellanos, ocurrido en mayo en Tucapé, estado Táchira.
En Lara hay dos casos en los que se libraron órdenes de aprehensión, pero aún no ha sido capturado ningún funcionario. Sucedió con Gruseny Antonio Canelón, a quien le dispararon a quemarropa dos perdigones plásticos en el tórax en abril pasado, proyectiles que suelen utilizarse en el control de las manifestaciones, pero que resultan letales cuando despide su carga a corta distancia. En su muerte hay 14 GNB involucrados. También pasó con Eyker Daniel Rojas, a quien le dieron un balazo en el rostro en la calle 61 de Barquisimeto. Por este hecho, se solicitó el arresto de otros cuatro guardias. Hasta ahora, ninguno se ha puesto a las órdenes de la justicia y, según el abogado del Foro Penal en esa entidad, Pedro Troconis, la Fuerza Armada no ha dado información sobre sus paraderos.
A los efectivos también se les ha implicado en las muertes de Guitian, Pernalete y Lugo, ya mencionadas, y en las de Diego Arellano, en Miranda; Adrián José Duque, en Zulia; y Manuel Sosa, en Lara. En la mayoría de los sucesos, utilizaron sus armas de reglamento, ya sean las escopetas con bocacha con las que lanzaron las lacrimógenas, o las carabinas con las que dispararon perdigones. La letalidad de las mismas se hizo patente cuando las usaron de manera indebida: cuando apuntaron de frente a los marchistas con las bombas, accionaron a quemarropa sus armas o las “aliñaron” con municiones prohibidas, como bolas metálicas y metras.
“Los términos de la represión en Venezuela, los desanclajes de los parámetros legales en la actuación debida, en el cumplimiento de la ley, vienen estimulados fundamentalmente por el discurso de odio, por los niveles de participación política que hay dentro de las instituciones policiales como dentro de las militares”, apunta Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, y agrega que no existe ningún tipo de sanción moral ni política que evite que ocurran los excesos.
La experta advierte que dentro de estos mismos cuerpos se han creado mecanismos que incentivan la lealtad por medio de recompensas que destrozan los parámetros de principios y los códigos de honor.
“Eso viene dándose de muy diversas maneras. A veces aquellos individuos que son leales a la revolución son premiados con formas de corrupción y destacan de una manera descollante con respecto a otros, que se quedan rezagados. Eso funciona como combustible para volverse represor”, asevera.“La actuación de la Guardia Nacional en las protestas ha sido desmedida e injustificada. Más que controlar el orden, lo que busca es atemorizar a la población. Aquí no cabe la palabra represión porque no la debería haber. En su lugar, lo que se debe trabajar es la prevención, porque las fuerzas del orden público deben preservar la integridad física de los manifestantes. La protesta es un derecho que tienen”, afirma Luis Alberto Buttó, director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar y experto en temas militares.
Contrario a lo que sucede con la Guardia Nacional, en los casos en los que se han visto implicados funcionarios de las policías estadales sí se han reportado imputados e, incluso, acusados. Las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, así como la acción del Ministerio Público, han sido mucho más efectivas y la impunidad se registra en 28% de las muertes. Los cuerpos señalados por cometer estos excesos son los de Carabobo, Zulia, Táchira y Bolívar, todos gobernados por autoridades chavistas.
Dos uniformados de Carabobo serán llevados a juicio por el asesinato de Daniel Queliz, en Valencia; mientras que otro oficial de esa misma fuerza fue detenido por el caso de Christian Ochoa, ocurrido en la capital de la entidad.
Un agente de la Policía del Táchira también fue arrestado por la muerte de Diego Hernández en Capacho Nuevo. Cinco oficiales de la Policía del Estado Bolívar, junto a un miembro de la Milicia Bolivariana, fueron implicados en el homicidio de Augusto Pugas, ocurrido dentro del campus de la Universidad de Oriente, en Ciudad Bolívar. A un funcionario de la Policía de Anzoátegui lo detuvieron por el deceso de César Pereira, en Lechería.
De los 7 casos que involucran a policías estadales, hay dos que permanecen sin ninguna detención. Uno de estos es el de Luis Eloy Pacheco, quien según testigos y familiares recibió un disparo en el mentón durante una protesta en el municipio Carlos Arvelo de Carabobo, por parte de un funcionario de esa entidad. Lo mismo sucede con Miguel Medina, quien supuestamente cayó a manos de un Polizulia durante una manifestación en La Pomona, en Maracaibo. Ninguna de estas dos muertes fue incluida en el balance que el Ministerio Público ha hecho sobre los caídos en las marchas.
EL CUARTO MES DEL AÑO no fue distinto a los tres anteriores en cuanto a la situación de violencia e inseguridad. Durante el mes de abril el Observatorio Regional de Prensa de la Región Capital registró un total de 132 víctimas en diferentes sucesos violentos.
Nuevamente el homicidio, el robo, y las lesiones fueron los delitos más presentes en estos sucesos, arrojando un saldo final de 150 delitos cometidos durante abril. En esta cifra también se encuentran casos de secuestro, tentativa de homicidio, amenazas de muerte y otros delitos que no están tipificados.
Durante este mes también se dio inicio en Caracas a un ciclo de protestas y manifestaciones que han sido objeto de una fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad. Esto ha repercutido en el registro de prensa que mensualmente lleva el OVV Región Capital, en donde se encontraron diferentes casos de personas afectadas por la acción de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional, otros cuerpos policiales y grupos armados irregulares.
Para el monitoreo de prensa correspondiente al mes de abril se tomaron en cuenta las noticias de sucesos publicadas en los diarios El Nacional y La Voz, lo que permite abarcar los cinco municipios que conforman el Área Metropolitana de Caracas (Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo) y algunas ciudades aledañas a la capital del país.
Aumenta la victimización en jóvenes
Mes a mes los registros de prensa indican que las personas jóvenes son las más propensas a ser víctimas en hechos violentos, así como a incurrir en delitos. Sin embargo, concretamente en abril se observó que 55% de las víctimas tenían entre 20 y 29 años, lo que representa la cifra más alta para este grupo etario en lo que va de año. De esta forma la mayoría de los sucesos violentos se concentraron en un rango de edades más pequeño comparado con los meses anteriores.
Además hay que resaltar que 61 de 86 sucesos, cuya fecha de ocurrencia fue informada, acontecieron en días de semana, lo que arroja un promedio de 12,2 sucesos por día. También se destaca que 25 sucesos tuvieron lugar en fines de semana, por lo que el promedio sube a una tasa de 12,5 por día. Esta comparativa indica que durante los días sábado y domingo aumenta la probabilidad de ocurrencia de sucesos violentos.
La dirigente de Vente Venezuela, Mariángel Navas, fue herida con una bomba lacrimógena en la cabeza
Tres manifestaciones anti gubernamentales, en tres estados diferentes, fueron reprimidas este sábado, 13 de mayo, por las fuerzas de seguridad del Estado.
En Valencia, estado Carabobo, hubo al menos 4 personas que requirieron atención médica tras ser atacados durante la protesta que cubría un recorrido entre la capital de la entidad y el Campo Carabobo. Dos de los heridos fueron golpeados en la cabeza por bombas lacrimógenas. El diputado Marco Bozo confirmó que hubo al menos 15 lesionados.
La marcha fue detenida en la autopista Valencia-Campo Carabobo por dos piquetes de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que a través de gases lacrimógenos dispersaron la manifestación en horas del mediodía.
#13May Así actuó la GNB en la Autopista del Sur para evitar que manifestantes llegarán a Campo de Carabobo. pic.twitter.com/uOCLhAhMzV
En Guanare, estado Portuguesa, la arremetida de las fuerzas de seguridad dejó al menos 18 heridos. Desde horas de la mañana, los manifestantes se plantaron ante funcionarios policiales que bloquearon el paso en las adyacencias del terminal de pasajeros, específicamente en la avenida José María Vargas Sur, en dirección al distribuidor Barinas -Acarigua de la autopista José Antonio Páez. Todavía a las 6:00 pm, de acuerdo con información publicada por El Pitazo, los disturbios continuaban. A esa hora, los vecinos de la zona denunciaban la presencia de colectivos y temían que ingresaran a las residencias.
Pueblo Llano, en el estado Mérida, fue la otra población afectada por la represión. Periodistas de la zona indicaron que varias tanquetas habían subido el páramo para llegar al lugar. Bombas lacrimógenas y perdigonazos fueron lanzados contra quienes protestaban desde el cordón formado por efectivos de la Guardia Nacional.
