Plan Patria Segura

EL MÁS RECIENTE INFORME DEL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA VIOLENCIA refiere que en 2017 se registraron 26.616 homicidios, 5.535 a manos de las fuerzas de seguridad. Esto da una tasa estimada de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Durante los últimos años Venezuela ha mantenido la segunda posición entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de que desde hace más de 10 años no se tienen cifras oficiales. Durante 2018, de acuerdo con un resumen elaborado por el portal InSight Crime, encabeza la clasificación como el país con más homicidas de Latinoamérica y el Caribe.

Los planes de seguridad que se han implementado desde la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro han sido seis:  Operativo Madriguera, Distrito Capital (2013); Plan Patria Segura (2013); Plan Nacional de Desarme (2014); creación de las OLP (Operación de la Liberación del Pueblo) (2015); Campaña Carabobo 2021 (2017) y la Gran Misión Cuadrantes de Paz (2018).

Implementación del Plan Zamora

.El 18 de abril de 2017, el Gobierno de Maduro anunció la implementación del Plan Zamora, una operación militar que combina la participación de elementos marciales y civiles.

Aunque no existen documentos oficiales del Ministerio de Defensa ni de la Presidencia de la República en los que se explique en qué consiste el plan, según Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura de Venezuela, este es definido como “el plan estratégico y operacional que activa la seguridad y defensa de la nación en caso de amenazas al orden interno que puedan significar una conmoción social y política o una ruptura del orden institucional. Es el máximo Plan de Seguridad y Defensa de la Nación. Su fase verde es de alerta general, o de amenaza en un periodo de crisis; también se activa para la atención de desastres y calamidades naturales”.

La puesta en práctica del Plan Zamora fue observada por primera vez el 19 de abril de 2017, día en que opositores al Gobierno decidieron manifestar ante la Defensoría del Pueblo para exigir la realización de elecciones, la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y la libertad de los presos políticos. Sin embargo, esa marcha fue detenida con disparos y lacrimógenas e intervinieron hombres armados identificados como colectivos, que decidieron formar parte de las fuerzas de seguridad a pesar de ser grupos civiles.

El Plan Zamora ha sido señalado de “inconstitucional” por distintas ONG, debido a que la actual Constitución de la República establece que la seguridad de la nación está a cargo de la Fuerza Armada Nacional, mediante sus componentes del Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional. No está previsto que se faculte a ni a las milicias, ni a los colectivos, ni grupos civiles (sean las UBCh, los consejos comunales, los Clap y los Congresos de la Patria) para recibir armas del Estado, ni usar las propias en su nombre.

Colectivos

Una investigación realizada por el portal Insight Crime refiere que en 2002 el presidente Hugo Chávez enfrentó dos momentos que estuvieron a punto de sacarlo del poder: el golpe militar y la huelga protagonizada por trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Tras los hechos, el mandatario detectó su necesidad de tener “estructuras de seguridad paralelas que pudieran ejercer contrapeso a los militares y tuvieran la capacidad de reunir rápidamente tropas de choque contra los manifestantes de la oposición”. A estos grupos los nombró colectivos.

Chávez les dio un espacio en su gobierno, les brindó financiamiento y permitió que se asentaran en las barriadas más pobres de Caracas, con mayor proporción en el 23 de Enero, una zona popular cercana al Palacio de Miraflores y los principales ministerios. Los mismos se agruparon con los nombres de La Piedrita, Alexis Vive, Grupo Carapaica y Tupamaros, entre otros.

“Los guarimberos le tienen miedo a los colectivos organizados”, afirmó.

En 2014 se conoció que colectivos identificados con los nombres de “Tres Raíces” y “Frente 5 de Marzo” tienen estrechos vínculos con elementos de las fuerzas de seguridad.

Tres Raíces, según denuncias en medios de comunicación, es un grupo armado. Varios de sus miembros son miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía del Municipio Libertador (PoliCaracas), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), ente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.

Esta doble vida fue confirmada el pasado 15 de enero de 2018, cuando Heiker Vásquez, líder de este colectivo, murió en el operativo que desplegaron cuatro cuerpos de seguridad del Estado en El Junquito, Distrito Capital, para capturar al expolicía Óscar Pérez, acusado de terrorismo.

El colectivo Frente 5 de Marzo fue fundado por un expolicía, José Miguel Odremán, quien murió durante un operativo protagonizado por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizado el 7 de octubre de  2014. Este colectivo es investigado por asesinatos, así como por robo y extorsión.  A pesar de ello, creó un servicio de guardaespaldas denominado Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela.

Tras la incursión de los colectivos en las protestas de 2014 y 2017, estos grupos, cuyos miembros en su mayoría andan vestidos de negro y con el rostro cubierto, fueron identificados por el sector con el nombre de “paramilitares”.

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, los denominó como “grupos civiles armados al margen de la ley”.

Ejecuciones extrajudiciales

Según un informe de Amnistía Internacional y datos provenientes de la Fiscalía General de la República, se identificó que entre 2015 y junio de 2017 se produjeron 8.292 presuntas ejecuciones extrajudiciales: en 2015 hubo 1.777. El documento afirma que 95 % de las víctimas eran hombres jóvenes entre 12 y 44 años de edad que residían en las zonas más pobres de Venezuela.

Además de las cifras de Amnistía Internacional, el proyecto periodístico Monitor de Víctimas destaca que entre mayo de 2017 y mayo de 2018 fueron asesinadas 301 personas durante operativos de funcionarios de seguridad en Caracas. De esa cantidad, 87 % fueron jóvenes entre 20 y 27 años que cayeron a manos de la policía científica (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

.Testimonios recogidos por El Pitazo en la morgue de Bello Monte han descrito un patrón en la forma de operar de los funcionarios: irrumpen en la vivienda sin orden judicial en horas de la madrugada, encierran o sacan de la casa a los parientes, los agreden, le disparan al joven y luego alegan un enfrentamiento con un presunto delincuente.

.De  acuerdo con la ONG Cofavic, el Cicpc (70%) y las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB (30%) en los años 2017 y 2018 protagonizaron las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Estos procedimientos dejaron atrás a las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) de 2015 o como fueron llamadas después por el presidente Nicolás Maduro: Operación de Liberación Humanista del Pueblo (Ohlp).

Tras la cantidad de homicidios a manos de funcionarios del Estado, la directora de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, señaló al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de no hacer lo suficiente para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. La mujer, en la presentación del informe Esto no es vida: Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela, denunció que el Estado venezolano “implementa medidas represivas con lógica bélica para supuestamente abordar la delincuencia”.

De acuerdo con la data del Monitor de Víctimas, entre mayo de 2017 y mayo de 2018, de los 301 ajusticiamientos contabilizados en el Distrito Capital, en el municipio Libertador se registraron 217; le sigue de cerca el municipio Sucre, con 63. Las parroquias de este municipio en las que se registraron esos presuntos enfrentamientos entre supuestos delincuentes y los cuerpos de seguridad fueron Sucre, con 41 muertes; Antímano, con 24; Coche y El Junquito, con 18 personas cada una, y Caricuao y Santa Rosalía, con 17 cada una.

Operación de Liberación del Pueblo

La Operación de Liberación del Pueblo ha sido la propuesta de mano dura del Gobierno de Nicolás Maduro en contra de la violencia, que encabeza la lista de problemas de Venezuela.

Estos operativos, integrados por funcionarios de las fuerzas especiales policiales militares, nacieron el 13 de julio de 2015 en la Cota 905. Esta barriada había sido declarada como “zona de paz”, una insignia que impide a efectivos de seguridad ingresar a ciertas localidades para hacer requisas y procedimientos policiales.

Organizaciones de derechos humanos destacan que tras el lanzamiento de las OLP por parte del Ejecutivo nunca se reveló un documento oficial y público que detallara sus métodos y metas. Solo se maneja el anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro: “El objetivo de las OLP es apretar al máximo el castigo de todos los crímenes”.

En estos procedimientos se hizo uso del miedo y la zozobra, pues funcionarios se valían de máscaras con forma de calavera para mantener bajo control a los venezolanos, principalmente en las zonas menos privilegiadas del Distrito Capital, Miranda, Aragua, Yaracuy, Carabobo, Zulia y Lara, entre otras entidades.

Según el criminólogo Fermín Mármol García, el principal error de las OLP es realizar un despliegue de numerosos funcionarios, pues “los líderes de las bandas tienen informantes y pueden estar dentro de los que practican esos operativos; entonces solo se atrapa a pequeños rateros”. Indicó que no han logrado su objetivo primordial, que es reducir la delincuencia. En cambio, “han generado altas tasas de asesinatos a través de ejecuciones extrajudiciales, pues de acuerdo a la versión de sobrevivientes y familiares de las víctimas, los efectivos que participan disparan a matar”.

Tasa de homicidios

En 2015, por primera vez Venezuela llegó a su tope de cifras en materia de violencia: 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras registrarse 27.875 muertes violentas, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia. Esos números colocaron al país como la nación más violenta de América, antes que Honduras y El Salvador.

En 2016, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calculó que en el año 2016 hubo 28.479 muertes violentas”; es decir, una tasa de 91,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el informe del OVV de 2017 se señala que hubo un total de 26.616 homicidios en Venezuela. Esta cifra incluye la suma de los homicidios legalmente aceptados como tales, que estimaron en 16.046 casos. Se le suman las víctimas de los actos clasificados como resistencia a la autoridad, que alcanzaron 5.535 muertos, y los 5.035 fallecidos considerados como muertes violentas en averiguación.

Hacinamiento en cárceles

.El Observatorio Venezolano de Prisiones reseña que el hacinamiento en las penitenciarías de Venezuela era de 153 %. En 2015 llegó a 190 %; en 2016 bajó a 153 %; en 2017 se situó en 250 %, y hasta el primer semestre de 2018 esta realidad rebasó 270 %.

Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, refirió que hasta el primer semestre de 2018 en los sistemas penitenciarios del país existía un nivel de hacinamiento que sobrepasaba el 270 %. A este índice se le suman los retardos procesales y el deterioro de las condiciones de salud, que han dado paso a la desnutrición y aparición de enfermedades como tuberculosis.

Además de las penitenciarías, otro foco a analizar son los calabozos policiales, considerados informalmente como las nuevas cárceles de Venezuela, debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio, aunque la ley venezolana estipula que los internos no deben permanecer más de 48 horas en los centros de detención preventiva, porque estos no cumplen con la seguridad mínima para mantenerlos en caso de tratarse de sujetos que han cometido delitos como robo u homicidio. De acuerdo con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, el retardo procesal de los tribunales del país ha generado que más de 40.000 internos se encuentren en estos recintos en espera de una sentencia.

Según Prado, de 2017 a 2018 en estos centros de detención preventiva el hacinamiento se incrementó de 400 % a 600 %, pues acogen a más de 60.000 ciudadanos que esperan su traslado a una penitenciaría formal. El investigador detalla que en estos calabozos “donde deberían estar 10 presos hay 50”.

TSJ: Venezolanos con doble nacionalidad podrán aspirar a la Presidencia

Los venezolanos por nacimiento que posean otra nacionalidad, bien sea porque sus padres eran extranjeros y eso le facilitó acceder a ella, porque se casaron con un ciudadano de otro país o porque vivieron en otro país, podrán aspirar a la Presidencia de la República, siempre y cuando renuncien a la segunda ciudadanía antes de postularse.

Así lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia 1.044 del pasado 15 de diciembre, en la cual respondió una solicitud de interpretación del artículo 227 de la Constitución que el abogado Jaime Pájaro interpuso en marzo pasado.

“Esta Sala, como máxima garante e intérprete de la Constitución (…) establece que el requisito de poseer  la nacionalidad venezolana por nacimiento, como única y excluyente, es una condición esencial para quien aspire a los cargos públicos que requieren tal condición expresamente en la Constitución, por ello los ciudadanos y las ciudadanas que aspiren a un cargo público y que en el Texto Fundamental se establezca tal condición, estarán sometidos al presupuesto de la nacionalidad venezolana originaria como única y excluyente, y por ende obligados a abstenerse de optar a otra nacionalidad o si es el caso, a renunciar a la otra nacionalidad u otras que ostenten, para poder participar en la elección o en la postulación del cargo”,  se lee en el dictamen redactado por el magistrado Juan José Mendoza. (El Universal)

Resumen: Acuerdos aprobados en la AN este jueves

Para la sesión de este jueves en la Asamblea Nacional tenían propuestos solo dos puntos de debate: El acuerdo sobre la necesaria vigencia del derecho al sufragio y el acuerdo sobre la omisión inconstitucional del Ejecutivo respecto a la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados. Sin embargo, fue modificado, agregando un punto adicional que planteó la discusión de la violación de derechos humanos de trabajadores del Parlamento.

Pese al vacío en las cúrules oficialistas, luego de escuchar las alocuciones de los diputados sobre el tema electoral, se aprobó el acuerdo y se acordó: Exigir el cese de las actividades del Gobierno que han cuartado el derecho a los venezolanos de votar, exhortar al CNE que cumpla con el artículo 293 de la Constitución, haciendo énfasis en la entrega del cronograma electoral y instar a la ciudadania, a persistir en la lucha por las elecciones.

Asimismo se aprobó el acuerdo para exigir la garantía de los derechos humanos a los jubilados y pensionados del país, recordando que en el pasado la ley fue aprobada por la AN más no promulgada. En ese sentido, se acordó: Rechazar la vulneración de los derechos de los jubilados y pensionados, exigir la promulgación de la Ley y acompañar a los jubilados y pensionados en todas sus actividades y luchas.

Los trabajadores de la AN también se pronunciaron ante el hemiciclo, y manifestaron que es necesario consolidar un solo bloque de trabajo entre los empleados y los diputados. “Somos una familia legislativa”, dijo uno de sus voceros principales. Se acordó así: Que se nombre una comisón social para tratar la problemática laboral de la AN, el pronunciamiento de los diputados ante el Gobierno para exigir la autonomía y respeto de los trabajadores y pedir que se interpele a Francisco Torrealba y sea sacado del ministerio de Trabajo. (Caraota Digital)

Grupos violentos intentaron tomar la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que grupos violentos llegaron a las inmediaciones del Parlamento mientras se llevaba a cabo la sesión del día.

El grupo, que controló la seguridad del Hemiciclo y la Guardia Nacional Bolivariana, está compuesto por trabajadores oficialistas de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Trabajo.

“La seguridad de la AN y la colaboración de la GNB ya tienen el control, pero se creó un paso para la seguridad de los diputados”, aseguró Borges durante la sesión, en la que se debatió sobre la necesidad del derecho al sufragio de los venezolanos y el bono de alimentación y medicinas para jubilados y pensionados. (El Nacional)

Briquetera del Orinoco culminó año con perspectivas de crecimiento

Briquetera del Orinoco cerró el 2016 cumpliendo metas de producción de briquetas (HBI), siendo la única empresa en el mundo en producir hierro briqueteado en caliente.

En cuanto a producción, uno de los aspectos más relevantes fue alcanzar en noviembre una producción acumulada de 243.224 toneladas de briquetas, lo que representó un 71% del cumplimiento de la meta planificada.

En junio también superó la meta programada, alcanzando una producción de 37.326 toneladas de briquetas, lo que representó un 3,7% por encima del plan de producción. (El Mundo)

Sundde revisará matrículas en las universidades privadas

El Ministerio de la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología revisará junto a la Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde) el costo de las matrículas de universidades privadas. AVN

Aseguran que esta medida la realizarán “en atención a estudiantes que han denunciado alzas injustificadas”.

Por esta razón se espera que el ministro de la Educación Universitaria, Hugbel Roa, se reúna este jueves con el superintendente de la Sundde, William Contreras, y representantes de casas de estudio privadas para revisar los costos de las matrículas.

“Vamos a revisar qué está ocurriendo con el costo de las matrículas”, indicó el ministro durante una entrevista en el canal del Estado, Venezolana de Televisión  (La Patilla)

Plan Patria Segura intensificará acciones en Miranda

El ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, mayor general Néstor Reverol, informó que dentro de los objetivos propuestos en la Campaña Carabobo 2021, el Plan Patria Segura comenzó a definir estrategias de acción para combatir la criminalidad y la violencia en el país, y, en este arranque sobre todo en el estado Miranda, entidad de la cual aseguró la que tiene la “mayor incidencia delictiva”, del país, registrando “el 20% de los homicidios que ocurren en el país”.

Explicó Reverol que seis líneas de acción componen el Plan Patria Segura. Comentó que tras sostener el miércoles una reunión con el estado mayor operativo, y este mismo jueves con lo que denominan el estado mayor ampliado, determinaron comenzar a atender una de las líneas más importantes, la referida a los cuadrantes de paz.

De los 2.119 cuadrantes de paz existentes, se concentrarán en esta fase principalmente en las 22 parroquias del Distrito Capital, así como en el estado Miranda, esto “en ausencia de las políticas de seguridad ciudadana del gobierno regional. Nosotras las vamos a asumir, con responsabilidad”, observó. (El Universal)

Vielma Mora considera que la gasolina debería costar entre 50 y 80 Bs

José Gregorio Vielma Mora,  gobernador del estado Táchira, consideró que el gobierno debería promover un aumento en el litro de combustible que podría oscilar entre 50 y 80 bolívares para así ayudar a la industria petrolera.

“El combustible de 91 debería costar cincuenta bolívares y el de 95 ochenta bolívares, los cuales ayudarán a la industria petrolera”, dijo a Unión Radio.

Vielma Mora sustentó su planteamiento al comparar los precios con el costo del combustible en Colombia.

“El litro de gasolina se encuentra en 900 pesos colombianos y 800 el de Diesel (…) en Venezuela cuesta un litro de gasolina de 91 octanos vale un bolívar, mientras que en Colombia un litro de 87 octanos, cuesta Bs 1657 en Cúcuta, pero en Bogotá cuesta Bs 2164 (…) el Diesel que en Colombia se llama Aceite de Combustible para Motores (ACM), cuesta en Venezuela 0,0048 centavos de Bolívar y en Cúcuta Bs. 1439, pero en Bogotá sale en Bs 2.035”, detalló. (El Nacional)

A prisión hijo y hermano del presidente de Guatemala por fraude

Una jueza de Guatemala resolvió enviar a prisión preventiva a Sammy y José Manuel Morales, hermano e hijo, respectivamente, del presidente del país, Jimmy Morales, procesados por defraudar al Estado en el año 2013.

La titular del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Silvia de León, dijo este miércoles, durante la audiencia de primera declaración, que hay indicios para entender que ambos, por su relación con el mandatario, puedan obstaculizar la investigación de la Fiscalía, si permanecen en libertad.

El hermano y el hijo del mandatario guatemalteco, detenidos este miércoles, están acusados de participar en tres adjudicaciones públicas irregulares en el Registro General de la Propiedad (RGP) en el año 2013 por un valor de más de unos 26.000 dólares, aunque ellos no se beneficiaron económicamente.

La resolución judicial, a petición de la Fiscalía, reconoce la posibilidad de que ambos obstaculicen el periodo de investigación, que tiene hasta finales de marzo, pues a principios de abril está previsto que se celebre la audiencia de etapa intermedia, en la que se debe decidir si van a juicio. (Globovisión)

Adama Barrow jura su cargo como presidente de Gambia desde Senegal

Adama Barrow, ganador de las elecciones de diciembre pasado en Gambia, juró este jueves su cargo como presidente, pero lo hizo desde la vecina Senegal, ante la negativa del anterior mandatario Yahya Jammeh a abandonar el poder.

«Este es un día que ningún gambiano olvidará nunca», dijo al tomar posesión de su cargo en la embajada de Gambia en Dakar, mencionó DPA.

La investidura se produce tras una escalada de la lucha por el poder desatada por la negativa de Jameh, que lleva 22 años gobernando, a aceptar los resultados de los comicios. Barrow huyó a Senegal el domingo, alegando motivos de seguridad.

Si Jammeh no cede, podría escalar un conflicto en el país. Soldados de Senegal, Nigeria y Ghana siguen posicionados en Senegal para el caso de que vean necesaria una intervención militar en el país vecino.  (El Universal)

La ONG Una Ventana a la Libertad considera que el nuevo plan de seguridad anunciado por el Presidente Nicolás Maduro será un total fracaso, si no hay nuevos recintos carcelarios a dónde llevar a los responsables de hechos delictivos que sean detenidos.

Para el Coordinador General de la organización, Carlos Nieto Palma, tanto las cárceles nacionales, que dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, como los Centros de Detención Preventiva, que están adscritos a los diferentes cuerpos policiales, no tienen espacios para albergar nuevos detenidos, por lo que no habrá lugar para recluir a quienes sean aprendidos en el marco de la nueva fase del Plan Patria Segura, anunciado por el Presidente Maduro el martes 17 de enero.

Un informe elaborado, en el mes de diciembre, por Una Ventana a la Libertad dio como resultado que en los Centros de Detención Preventiva hay un 378% de hacinamiento y en las cárceles a cargo del Ministerio para el Servicio Penitenciario supera el 250%. “Tenemos una población de 100 mil reclusos y solo hay cupo para 20 mil, se necesitan espacios para tener 80 mil reclusos, lo que equivaldría a 80 nuevas cárceles para mil reclusos cada una”, explicó Nieto Palma.

Estos nuevos recintos carcelarios deberían reunir unas condiciones mínimas, para garantizar el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad; entre las que destacan: contar con espacios para la recreación y la recepción de vistas y proveer a los presos de insumos fundamentales como alimentos, servicios médicos y agua potable.

“No puede ser eficiente un plan de seguridad que no tiene un lugar a dónde llevar a los delincuentes que sean detenidos. El Estado venezolano debe avocarse a solucionar este problema si pretende desarrollar un plan de seguridad que sea exitoso y beneficie a la comunidad”, acotó Nieto Palma.

Una Ventana a la Libertad ve con preocupación que, a pesar de los muchos ofrecimientos de construir recintos carcelarios, esto no se haya cumplido y no haya espacios para recluir a nuevos detenidos, lo que sin duda frenará la acción efectiva de los cuerpos policiales a la hora de detener a responsables de delitos.

“Es necesario que el Ministerio para el Servicio Penitenciario trabaje en la búsqueda de soluciones a esta problemática, pues los cuerpos policiales están en la obligación de cuidar a los ciudadanos, en lugar de permanecer en sus comisarias cuidando presos”, señaló Nieto Palma.

De igual forma, la organización considera fundamental que la aplicación de este plan de seguridad se sustente en un espíritu de respeto a los derechos humanos.

El presidente Nicolás Maduro afirmó que resolverán el problema de la inseguridad en el país, “de manera avanzada”, enmarcado en un plan de seis líneas de la campaña Carabobo 2021, que serán lanzadas de manera simultánea, con la finalidad de liberar a los ciudadanos de la criminalidad.

“¿A cuántos barrios hemos llegado y hemos puesto bien bonitas las casas? Ah, pero no hemos resuelto el problema de la seguridad (…) hemos avanzado en algunos pasos, pero no lo hemos asumido como es (…) este plan recoge la experiencia más acabada y más alta de las políticas integrales de seguridad ciudadana de lucha contra la criminalidad“, señaló.

En este sentido, el mandatario nacional señaló que el Plan Patria Segura, encabezado por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, recoge todas las acciones ejecutados por el Gobierno Nacional en los últimos cuatro años.

“Llamo al pueblo a activarse con estas seis lineas de la batalla Carabobo 2021, en el marco del Plan Patria Segura, del Plan de Seguridad Ciudadana, a activar todas las fuerzas creadoras para ir liberando de criminalidad, de delincuencia, de inseguridad“, indicó.

A los malandros se dirige la Primera Lengua con dulzura y decepción: “Yo tendí mi mano hace un año y dije: todo el que se quiera desarmar venga p’acá. Y no fue así”. Fracaso reconocido. De la frustración surge potente la ira ululando en estentórea voz: “Entonces se fueron los pelucones, los fascistas, no voy a decir  nombre aquí (…) los jefes políticos de la derecha que se han ido a buscar jefes de banda y les han pagao con droga, con dólares y les han puesto a matar a gente del pueblo para que se cree un caos y se cree una confusión general”. ¿Creyó alguien que la ira se iba a descargar contra los criminales? No; a esos la mano presidencial tendida y abierta, dispuesta a firmar y entregar. A poner rúbrica en convenios de paz que fabrican zonas “pránicas” de resguardo e impunidad y a entregar abundantes recursos para encubiertos fortalecimientos delincuenciales so capa de actividades culturales y productivas. Nada oculto ni secreto. Hemos visto esa mano y la de sus nombrados viceministros “para asuntos de paz” en cadenas nacionales de televisión estrechando la de criminales, bien conocidos por quien esto escribe, hoy no regenerados sino ya muertos en plena juventud, cosa que tristemente suele acontecer a los de su calaña. Días después, Maduro repite y enfatiza: “Nueva fase del plan Patria Segura (…) desarmar y desmantelar hasta la última banda criminal de este país”. Pero, de nuevo, son “los paracos que fueron pagados para ingresar a Venezuela y cometer asesinatos” los que él enfoca.

Siempre que una boca oficial emite algún ruido sobre un crimen, con la tajante arrogancia de algún ministro o con los balbucientes tartamudeos de un “cualitativo cuantitativo modelo de expresión matemático aritmético” de otro, aparecen los fantasmales culpables contras, fascistas y pelucones financiados y engordados por uribes, rajoys y obamas allá lejos, en los seguros espacios siderales de sus imperios.

Es de ilusos seguir esperando cambios de voluntad y de intenciones. ¿Qué nos queda? Producir desde nuestros arrinconados espacios, prácticas de vida, de comunidad y de amor, contra toda violencia, para que al fin pueda brotar nueva esperanza.