Pedro Pablo Kuczynski

Los presidentes de Colombia y Perú unieron voces este martes en el IV Gabinete Binacional para resaltar la urgencia de que América halle una salida a la crisis de Venezuela, al tiempo que pidieron al gobierno venezolano permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

Los mandatarios Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski se dieron cita este martes en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena para debatir asuntos bilaterales, pero con la situación venezolana como telón de fondo.

El primero en pronunciarse al respecto fue el líder peruano, quien exhortó a los países americanos a pensar en la manera de ayudar a solucionar lo que ocurre en Venezuela.

«Hay un país, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, que está aquí al lado, y que está pasando un rato terrible», dijo Kuczynski.

Ante las vicisitudes políticas, económicas y sociales que experimenta el pueblo venezolano el jefe de Estado de Perú pidió ayudar en esa situación, ya que las naciones de la región comparten los mismos valores.

A su turno, en el IV Gabinete Binacional, Santos reiteró su llamado al gobierno de Venezuela para que permita el ingreso de ayuda humanitaria.

«Hacemos un llamado al gobierno de Venezuela para que permita por lo menos un canal humanitario» porque es «inaceptable que ante la situación crítica que está viviendo ese pueblo no permitan una medida humanitaria», comentó.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, manifestó el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en su país «no hay crisis».

«Se pretende hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, un viejo truco unilateralista», aseveró Arreaza en Ginebra.

Santos aclaro que lo anterior es algo que el mundo entero no entiende porque en la vecina nación existe una «destrucción de la democracia, un irrespeto de los ciudadanos y el quebrantamiento de las instituciones democráticas».

Venezuela, agregó, les preocupa enormemente por la gran cantidad de inmigrantes que llegan actualmente a Colombia y Perú para huir de las dificultades.

Según un reciente informe de Migración Colombia, en el país hay 550.000 venezolanos y el flujo migratorio de personas se incrementó 110% en 2017.

Además, un total de 1.869 ciudadanos venezolanos han sido detenidos en flagrancia por las autoridades colombianas por diferentes delitos entre enero de 2017 y la primera semana de febrero de 2018, de acuerdo con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Al respecto, el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, aclaró este martes que el reporte de migrantes registrados es de cerca de 700.000 y más de 1.700.000 tarjetas fronterizas ya emitidas.

El IV Gabinete Binacional Colombia-Perú buscó fortalecer la cooperación bilateral con un enfoque de complementariedad para abordar los desafíos comunes, particularmente en la zona de frontera.

Al término del encuentro, los presidentes, que estuvieron acompañados de sus respectivos gabinetes ministeriales, firmaron 11 convenios de cooperación, entre los que se destacan los relacionados con preservación y conservación de la Amazonía, apoyo a poblaciones indígenas, deportes, tecnología seguridad y atención fronteriza.

El 30 de septiembre del 2014 se realizó el primer Gabinete Binacional Colombia-Perú en la ciudad peruana de Iquitos, al que le siguieron el de Medellín (Colombia) el 30 de octubre de 2015, el tercero en Arequipa el 27 de enero de 2017, y el de hoy en Cartagena.

Los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Colombia, Juan Manuel Santos, conversarán sobre la situación en Venezuela durante el Encuentro Presidencial y IV Gabinete Binacional que se celebrará esta semana en Cartagena de Indias, anunció hoy el mandatario peruano.

Kuczynski declaró a periodistas que ese tema será tratado con su homólogo colombiano, además de asuntos de desarrollo e integración fronteriza que caracterizan a esos encuentros binacionales.

«Lo más importante es el tema de Venezuela, pero también queremos una mejor integración de la zona andina para incluir más a Ecuador y que sea parte de este esfuerzo que estamos haciendo de manera democrática», adelantó.

El presidente señaló que antes de viajar mañana a Colombia inspeccionará una serie de obras en la región norteña de Piura, adonde hoy llegó para presidir una sesión del gabinete de ministros que evaluó el avance de las obras de reconstrucción de la zona tras el impacto el año pasado del fenómeno climático de El Niño Costero.

«De Piura nos vamos a Cartagena, Colombia, al gabinete binacional que tenemos cada año con ellos. Este año le toca a Colombia ser anfitrión», recordó.

Perú anunció hace dos semanas su decisión de retirar la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que asista a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril próximos.

Ante este anuncio, Maduro afirmó que llegará a Lima «llueve, truene o relampaguee», lo que motivó que la primera ministra peruana, Mercedes Aráoz, le responda que él «no puede entrar ni al suelo ni al cielo peruano… porque no está siendo bienvenido».

Aráoz sostuvo que su Gobierno decidió retirar la invitación a Maduro por haber roto el diálogo con la oposición y haber convocado de manera anticipada elecciones presidenciales en su país, fijadas para el 22 de abril.

La decisión peruana fue anunciada durante una reunión del Grupo de Lima, que fue creado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, ante la imposibilidad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el bloqueo de los países caribeños.

Representantes de los gobiernos miembros del Grupo de Lima reunidos el 13FEB18 en el Palacio de Torre Tagle. Foto: Cancillería de Perú.

Diario Las Américas

El retiro de la invitación a Nicolás Maduro y su gobierno para la VIII Cumbre de las Américas convocada para el mes de abril en Lima, depende únicamente del gobierno de Perú en su condición de Estado anfitrión.

El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski suscribió el 11NOV17 las misivas que formalizaban la invitación a los gobiernos miembros de la OEA más Cuba para participar en la Cumbre de las Américas del 13 y 14ABR18. El fin de las negociaciones Maduro-MUD y, la convocatoria por el régimen chavista a elecciones presidenciales a destiempo y sin garantías pusieron sobre el tapete el tema de la presencia de Maduro en Lima el próximo abril. El respaldo de los países que forman el Grupo de Lima y de EEUU sirvió de sustento político para que el 13FEB18 la cancillería peruana anunciara la decisión de Kuczynski de dejar sin efecto la invitación a Maduro y su gobierno.

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El retiro de la invitación fue formalizado mediante nota dirigida el 13FEB18 por la canciller peruana Cayetana Aljovin a su homólogo Jorge Arreaza. Perú alega que   en la III Cumbre celebrada en Canadá en 2001 y a la cual, por cierto, asistió Hugo Chávez, los gobiernos participantes decidieron que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”. Ya el 04ABR17, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución según la cual en Venezuela se produjo una “alteración inconstitucional del orden democrático” y el 21JUL17 la Cumbre de Jefes de Estado de Mercosur declaró que en Venezuela tiene lugar “una ruptura del orden democrático”. Las declaraciones de la OEA y de Mercosur dieron piso jurídico a la decisión de Perú de excluir al gobierno Maduro de la Cumbre de las Américas.

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Durante la VI Cumbre realizada en 2012 en Cartagena, Colombia, y a la cual  Hugo Chávez, Rafael Correa y Daniel Ortega se negaron a asistir personalmente, los voceros del otrora influyente eje castrochavista amenazaron con boicotear la siguiente Cumbre en caso de que el gobierno cubano no participara. La VII Cumbre, celebrada en abril de 2015 en Panamá, contó con la presencia de Raúl Castro quien fue invitado por el panameño Juan Carlos Varela en su condición de presidente anfitrión.

El gobierno cubano recibió su carta de invitación para participar en la organización y asistir a la cumbre panameña de 2015, pese a las públicas objeciones de los gobiernos de EEUU y Canadá que rechazaban la presencia de un Estado no democrático que, además, se niega a reintegrarse a la OEA. La decisión del presidente de Panamá de convocar a Raúl Castro sentó la norma según la cual el anfitrión determina el listado de invitados, regla que ahora sirve de precedente para que ahora Perú excluya a Maduro.

Por cierto, a finales de 2014, cuando la invitación a Cuba era objeto de debate político continental, Luis Almagro en su condición de canciller de Uruguay y candidato a la Secretaría General de la OEA, se mostraba partidario de la asistencia de Cuba a la Cumbre de Panamá. El 10ABR15, desde Ciudad de Panamá, Almagro anunció que propondría a Cuba una “agenda bilateral” para “resolver algunas de las heridas que la organización infringió a ese país”. Los aires políticos en el continente han cambiado de curso y ahora Almagro se opone a la presencia de las “dictaduras” de Cuba y Venezuela en eventos como la Cumbre de las Américas.

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El “tema Venezuela” podría regresar a consideración de la OEA, como parte de un esquema de reacción continental para coordinar acciones ante la crisis venezolana.

Lo que genéricamente se denomina como la “aplicación de la carta democrática” a Venezuela, fue objeto de análisis en las conversaciones sostenidas entre el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, y los mandatarios de Argentina, Perú, Colombia y Jamaica durante la gira que el estadounidense realizó por Latinoamérica entre el 02 y el 07FEB18 que incluyó, además, una reunión especial con sus colegas de Canadá y México.

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El 14FEB18, durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, la representante permanente de Perú, embajadora Ana Valdivieso, solicitó la palabra en la sección “Otros asuntos” para dar lectura al comunicado que el día anterior emitiera el Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela. El documento que entre otros aspectos califica como carentes de “legitimidad y credibilidad” las elecciones convocadas por Maduro, había sido aprobado el día antes en Lima por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucia.

La presentación del documento en la sesión de la OEA fue seguida de una virulenta intervención de la representante del gobierno Maduro, embajadora Carmen Velásquez, quien calificó como “grupo minoritario” y “Cartel de Lima” a los quince gobiernos que conforman el grupo de seguimiento a la crisis venezolana. Las palabras de Velásquez ameritaron un llamado de atención por parte del chileno Juan Anibal Barría quien presidía la sesión. El representante de Brasil, José Machado e Costa, propuso que la OEA retome el tema de la “crisis política, económica, social y humanitaria de Venezuela”. La sugerencia del embajador brasileño fue secundada por el representante mexicano Jorge Lomonaco. La sesión no tenía por objeto decidir sobre el “tema Venezuela” pero las intervenciones dejan ver que se estaría conformando un consenso para que la OEA reasuma el tratamiento de la crisis venezolana la cual comienza a percibirse como un riesgo a la seguridad regional.

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El Grupo de Lima surgió a mediados del año 2017 apadrinado por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, como una inusual iniciativa de un grupo de gobiernos que ya venían trabajando informalmente en el seno de la OEA y que se conformaron en ente visible de análisis y presión sobre el gobierno de Maduro. Su primera reunión, celebrada el 08AGO17, marcó el inicio de una nueva etapa en el tratamiento regional hacia Venezuela. El Grupo de Lima trataba de compensar la imposibilidad de avanzar en la “aplicación de la Carta Democrática al régimen chavista, lo que frenaba a la OEA en el debate y toma de medidas colectivas sobre Venezuela. Las iniciativas sobre Venezuela en la OEA, durante los últimos años, terminaban en infructuosos y agotadores pugilatos por votos para aprobar resoluciones retóricas. A juicio de varios gobiernos de la región, el Grupo de Lima ha cumplido un importante papel como cohesionador de posiciones, pero la aplicación de medidas ante la crisis venezolana requiere de una institucionalidad y legitimidad que sólo la OEA puede  conceder. Ayuda humanitaria y sanciones al gobierno Maduro forman parte del listado de acciones que la OEA podría arropar, según algunas cancillerías de la región.

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Si bien la “Carta Democrática Interamericana” establece como única medida punitiva real la suspensión del Estado donde se produzca una ruptura del orden democrático, se estaría planeando invocarla para utilizar la OEA como ente coordinador de acciones específicas. La declaración del Grupo de Lima del 13FEB18 contempla “coordinar  esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura” el “éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país”. Esta sería una actividad que podría realizarse bajo las siglas de la OEA. De hecho, ya Canadá está financiado apoyo a migrantes venezolanos en Brasil y el gobierno de EEUU prometió redireccionar fondos previstos para ayuda humanitaria “en Venezuela” que ahora se destinarían a apoyo humanitario a venezolanos llegados a la franja fronteriza colombiana. El 15FEB18, Michel Temer emitió una medida provisoria (decreto-ley) y dos decretos ordenando la atención al “flujo migratorio en el estado [amazónico] de Roraima provocado por la crisis humanitaria en Venezuela”. Entre las medidas anunciadas está la instalación de un hospital de campaña en la población fronteriza brasileña de Pacaraima.

Además, temas como la aplicación de sanciones ya comenzó a ser tratado multilateralmente según reveló Tillerson, quien el 08FEB18 anunció la constitución de un grupo de trabajo, junto a Canadá y México, para evaluar sanciones petroleras contra el gobierno Maduro. Un eventual boicot energético no sólo podría implicar un embargo a la compra de crudo venezolano por EEUU y otros países, sino también la suspensión de ventas de crudo y productos refinados a Venezuela. El grave deterioro del aparato petrolero venezolano hace que el país ahora dependa de importaciones de crudo para hacer exportable su producción, así como de derivados de petróleo para la producción de gasolina.

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Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA del 14FEB18, luego que el representante de Brasil mencionara la creciente presencia de migrantes venezolanos en territorio de su país, la representante chavista tomó la palabra para afirmar que su gobierno está listo para debatir el trato a los migrantes en EEUU, las ofensas de Donald Trump a Haití y la falta de electricidad en Puerto Rico. Las excitadas palabras de la emisaria chavista demostraban la postura oficial de negar el flujo de venezolanos que migran en condición de mendicantes. En tanto, altos emisarios del régimen chavista difunden la tesis según la cual el tema de los migrantes es una excusa para una inminente acción militar contra territorio venezolano desde Colombia y Brasil patrocinado por EEUU. El 09FEB18, el vocero oficial chavista Roy Chaderton declaró a Colombia como país enemigo y aseguró que en caso de enfrentamiento armado los militares venezolanos alcanzarían las costas del Pacifico colombiano.  En contraste al discurso oficial chavista, los gobiernos de Argentina, Perú, Chile, Colombia, México y Brasil han expresado abiertamente su oposición a una acción militar sobre Venezuela.

@ecotalvora

El presidente Nicolás Maduro puede «venir» a la Cumbre de las Américas de Lima en abril, pero «veremos cómo lo reciben los venezolanos» en Perú, sostuvo el miércoles el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

«Él está invitado, él puede venir, pero ya veremos cómo lo reciben los venezolanos que están en el Perú en decenas de miles», dijo a la prensa Kuczynski.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, confirmó el martes que el mandatario venezolano asistirá a la cumbre de mandatarios de las Américas de Lima, tras recibir una invitación de su homólogo peruano.

El ministro publicó un facsímil de la carta de invitación firmada por Kuczynski, con quien Maduro sostiene una agria polémica en medio de la cual los dos países expulsaron a sus representantes diplomáticos en agosto pasado.

Kuczynski, que ayudó a conformar el Grupo de Lima de 14 naciones americanas -que busca una salida democrática a la profunda crisis de Venezuela-, coincidió en sus posturas hacia Caracas con el secretario estadounidense de Estado, Rex Tillerson, durante su visita a Lima esta semana.

Maduro «asistirá puntualmente para defender la soberanía de nuestra América Latina y Caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú», señaló Arreaza, en Twitter.

Pero la ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, dijo el miércoles que el gobierno venezolano no ha respondido oficialmente a la invitación para asistencia de Maduro a la VIII Cumbre de las Américas se realizará en Lima entre 13 y 14 de abril.

«Él no ha respondido aun formalmente si va venir o no. Hay declaraciones, pero formalmente no hay respuesta», dijo a la radio RPP Aljovín.

Tres meses antes del indulto a Alberto Fujimori, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, recibió al hijo del exmandatario poco después de anunciar en el Palacio de Gobierno otro cambio de gabinete forzado por la oposición fujimorista.

Mientras recorría y tomaba fotos con su celular de las salas y pasillos donde alguna vez vivió cuando era niño, el ahora legislador Kenji le pidió a Kuczynski que liberara a su convicto padre enfermo a cambio de apoyo político en el Congreso, dijo una fuente cercana al presidente que no quiso ser identificada.

Kuczynski, un exbanquero, luchaba en ese momento contra un Congreso controlado por la agrupación derechista Fuerza Popular que lidera la hermana mayor de Kenji, Keiko.

El partido estaba recurriendo a su mayoría absoluta en el Congreso para expulsar a ministros clave en el gabinete de Kuczynski, retrasando los intentos del Gobierno de reactivar el crecimiento económico con un mayor gasto en infraestructura.

Pero Kenji, de 37 años, desafió el liderazgo de su hermana apelando a los seguidores populistas de su padre, que estaba en prisión por abusos a los derechos humanos y corrupción.

El hijo menor de Fujimori le dijo a Kuczynski que él junto a otros legisladores de Fuerza Popular descontentos por el comportamiento de su partido podrían ayudarlo a gobernar hasta el final de su mandato en 2021, afirmó la fuente.

La reunión entre Kuczynski y Kenji el 17 de septiembre marcó el inicio de varias citas entre mediadores de ambos lados para allanar el camino del indulto, dijo la fuente, que se reunió tres veces con Reuters. “La confianza con Kenji nació allí en Palacio”, afirmó.

Los mediadores, incluyendo a funcionarios de segunda línea del Gobierno, visitaron al menos media docena de veces a Fujimori en la celda que ocupa en una base policial de Lima, como parte de las conversaciones, agregó.

¿GOBERNABILIDAD?

Otras dos fuentes del gobierno y una fuente que trabajó en el gabinete dijeron que un indulto humanitario para Fujimori fue discutido durante meses como una forma de dividir a Fuerza Popular. Pero la ministra de Justicia rechazaba el perdón.

La mujer fue reemplazada en septiembre antes de que el presidente se reuniera con Kenji, dijeron las tres fuentes.

Kuczynski planeó entonces conceder el indulto en la tercera semana de diciembre, dijo la primera fuente, pero un inesperado hecho movió el tablero y puso a prueba la alianza con Kenji: el pedido del Congreso para destituir al presidente por sus lazos con firmas que recibieron pagos de la brasileña Odebrecht.

Kenji prometió a Kuczynski al menos tres o cuatro votos para hacer naufragar el pedido de destitución del presidente.

El mismo día mismo de la votación, después de varias conversaciones telefónicas -algunas del mismo Fujimori desde el penal con legisladores opositores en el Parlamento- la alianza dio frutos y 10 miembros de Fuerza Popular rompieron filas para salvar a Kuczynski.

En lo que funcionarios del Gobierno calificaron como un acto en pos de la gobernabilidad, tres días después el presidente perdonó a Fujimori, desatando protestas contra su decisión, que dividió al país y reabrió viejas heridas.

Públicamente el Gobierno ha negado que el indulto fuera parte de un acuerdo con Fujimori, una divisiva figura que para muchos salvó a Perú de la ruina económica y de la guerrilla, y para otros fue un autoritario que abusó de su poder.

La portavoz de la presidencia no respondió a los reiterados llamados telefónicos y mensajes de Reuters en busca de comentarios oficiales.

Kenji no quiso dar declaraciones para este reporte, pero su portavoz rechazó que el indulto haya sido por una “componenda política”, aunque dijo que los votos contra una prematura salida de Kuczynski se dieron para darle “gobernabilidad” al país.

Clayton Galván, uno de los legisladores leales a Kenji, negó también alguna alianza. “Con una oposición recalcitrante (en el Congreso) no vamos a lograr nada”, dijo Galván, quien visitó varias veces a Fujimori en prisión antes de recibir el perdón, según registros carcelarios a los que Reuters tuvo acceso.

Kenji cree que sus legisladores rebeldes -que por Twitter los ha presentado en forma de caricatura como los superhéroes de “Avengers” (Los Vengadores)- podrían crecer a 30, dividiendo a su partido a la mitad, dijo la fuente, y dando más posibilidades al Gobierno a la hora de tramitar iniciativas por el Congreso.

AMENAZAS LATENTES

El respaldo de este bloque será clave para la supervivencia política de Kuczynski. Grupos de izquierda alistan otro pedido para destituir al presidente, acusado de romper su promesa de campaña de no otorgar un indulto a Fujimori, una moción que los partidarios de Keiko ya anunciaron que no apoyarían.

Pero Kuczynski enfrenta otras amenazas. El Congreso y la fiscalía están investigando por separado la operación de una consultora vinculada al presidente que se habría beneficiado con un contrato de Odebrecht.

Kenji, considerado el hijo favorito de su padre y el más inquieto de sus cuatro hermanos, es visto como un potencial candidato a la presidencia en 2021, comicios a los que Kuczynski no puede postularse debido a límites constitucionales.

De acuerdo con una encuesta de firma Ipsos Perú, publicada a mediados de enero, la popularidad de Kenji -agrónomo como su padre- creció a un 38 por ciento, por encima de otros líderes políticos y de su hermana Keiko, que tiene un 30 por ciento.

“Kenji Fujimori es el único ganador neto en la incertidumbre política que reina en estos tiempos”, dijo Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, en un comentario sobre la encuesta.

Antonio Ledezma se reunió con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, para pedirle aplicar sanciones personalizadas para los violadores de derechos humanos en Venezuela y su respaldo a las incidencias que tramita la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.

«Solicitamos aplicar sanciones personalizadas para violadores de derechos humanos y respaldo para incidencias que tramita Corte Penal internacional», indicó Ledezma en su cuenta de Twitter tras el encuentro con Kuczynski.

El ex alcalde de Caracas acompañó el mensaje con una fotografía de su reunión con Kuczynski y la canciller peruana, Cayetana Aljovín, en la casa del mandatario en Lima.

Además, agradeció a Kuczynski por el apoyo al exilio venezolano, tras constatar en Lima el alto número de venezolanos solicitando un permiso temporal de trabajo ante la oficina de Migraciones.

Horas antes, Ledezma criticó que Maduro piense asistir a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril próximo y aseguró que el mandatario es un genocida que ha sido acusado ante el Tribunal Penal de La Haya.

«No entiendo qué viene a hacer a la Cumbre de las Américas un genocida como Nicolás Maduro, que además está acusado de crímenes de lesa humanidad actualmente en el Tribunal Penal de La Haya. Cursa ya un expediente muy bien documentado introducido por la fiscal Luisa Ortega», declaró Ledezma en una emisora.

Ledezma afirmó que el pasado 15 de enero el ex policía sublevado Óscar Pérez fue víctima de un asesinato extrajudicial que constituye un crimen de lesa humanidad.

«Venezuela es adherente al Estatuto de Roma. Este caso de ajusticiamiento extrajudicial a Pérez se produjo en vivo y en directo. Gente rendida, por órdenes de Nicolás Maduro, fueron acribillados. Eso encaja en el artículo 8 de crímenes de guerra», sostuvo.

Ledezma pidió que los países de América Latina apliquen sanciones personalizadas contra el gobierno de Maduro, tal como han hecho la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

«No se trata de mensajes de compasión. Se trata de solidaridad efectiva. Le voy a pedir al presidente Kuczynski que América Latina aplique sanciones», sostuvo.

El ex alcalde de Caracas aseguró, además, que en Venezuela opera una mafia y que su país está en manos de bandas de narcotraficantes.

«Según la oficina de Viena de Naciones Unidas, queda claro que 60% de la cocaína que llega a Europa proviene de Venezuela», acotó.

Ledezma permanecía en arresto domiciliario desde 2015, acusado de conspiración y asociación criminal, pero huyó de su país el 17 de noviembre pasado a través de la frontera con Colombia, desde donde tomó un vuelo a España y anunció una gira internacional para denunciar al gobierno de Maduro.

El grupo parlamentario del Frente Amplio, que promovió la destitución del mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, por presuntos vínculos con la firma Odebrecht, evalúa presentar una nueva moción de vacancia por el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, según adelantó hoy su portavoz.

El legislador Marco Arana, vocero del izquierdista Frente Amplio, declaró a los periodistas que uno de los temas de su reunión de bancada, hoy en el Parlamento, «es la posibilidad de presentar una nueva moción de vacancia» contra Kuczynski.

Asimismo, Arana dijo que otra opción es pedir «la reconsideración del voto que se hizo el 21 de diciembre, (pues) hay que analizar tanto política como jurídicamente».

El pasado 21 de diciembre, el Congreso votó la moción de destitución contra Kuczynski presentado por el Frente Amplio, la fujimorista Fuerza Popular y otros grupos parlamentarios, a raíz del contrato que una empresa suya firmó con Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro del gobierno de Alejandro Toledo.

La destitución fue rechazada porque no alcanzó los 87 votos requeridos y debido a que un sector del fujimorismo, encabezado por Kenji Fujimori, el hijo menor del exmandatario indultado, votó por la abstención.

El indulto humanitario y derecho de gracia otorgado a Fujimori, tres días después de la sesión en el Congreso, ha generado el rechazo de diversos sectores sociales y políticos, incluidos tres legisladores del partido oficialista Peruanos por el Kambio (PPK) que han renunciado a su bancada.

Vicente Zeballos, uno de los legisladores renunciantes, afirmó en una carta que la determinación del indulto a Fujimori «es ajena a un proceso transparente y claro, con evidentes contravenciones al orden jurídico preestablecido y con un manifiesto contenido político, más que humanitario».

Por su parte, el legislador oficialista Juan Sheput declaró a Canal N que la reconsideración de la votación, planteada por el Frente Amplio, es un derecho político que pueden plantear y que no le sorprende.

«Es típico del Frente Amplio, la ambigüedad en algunos casos, la inconsistencia en otros, y la falta de respeto a sus propios planteamientos, en la mayoría de los casos, así que no me sorprende que ahora estén reconsiderando algo», afirmó Sheput.

El indulto y derecho de gracia otorgado a Fujimori, que cumplía una condena a 25 años de cárcel por abusos a los derechos humanos, fue otorgado mientras que el exmandatario está internado en una clínica por problemas cardíacos y hacia donde han llegado manifestantes a favor y en contra de la medida adoptada por el jefe de Estado.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, indultó al exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) tres días después de que una facción del fujimorismo evitara que fuera destituido por el Congreso, en una decisión que ha generado manifestaciones de protesta por un lado y celebraciones por otro.

“El Presidente de la República, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú para tales fines, ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori Fujimori y a otras siete personas que se encuentran en similar condición”, anunció hoy la Presidencia de la República.

Fujimori, de 79 años, presentó la solicitud de indulto y derecho de gracia el pasado 11 de diciembre, y una junta médica lo evaluó y determinó que padece de una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”, según la información oficial.

Agregó, asimismo, que las condiciones carcelarias implicaban un grave riesgo a su vida, salud e integridad.

El exmandatario fue internado el viernes en una clínica de Lima por problemas de presión arterial y hoy, tras el anuncio de su indulto, sus simpatizantes se acercaron a los exteriores del centro médico con carteles para celebrar el indulto.

El congresista Kenji Fujimori, el hijo menor del exgobernante que fue decisivo para que se archivara en el Congreso un pedido de vacancia (destitución) de Kuczynski, informó de que su papá “continuará en la unidad de cuidados intensivos hasta su total recuperación”.

“En unos días disfrutará de la libertad que se merece. Y les hace llegar sus mejores deseos en esta navidad”, agregó.

Kenji agradeció a Kuczynski “por el noble y magnánimo gesto de brindarle el indulto humanitario” a su padre y dijo que estarán “eternamente agradecidos” con él.

Su hermana Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular, también llegó junto a sus hermanos Hiro y Sachi a visitar a su padre y expresó su satisfacción por el indulto.

“Es una noche de gran alegría para nuestra familia, para el fujimorismo, han sido más de diez años de espera en los que mi padre estuvo privado de su libertad, finalmente se hace justicia”, declaró.

Sin embargo, la decisión de Kuczynski generó el rechazo desde diversos sectores, incluido el oficialismo, donde anunciaron su renuncia los congresistas Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde, lo que deja al grupo oficialista con solo 16 parlamentarios.

Existe, además, la posibilidad de que se produzcan más dimisiones, ya que el también congresista oficialista Juan Sheput declaró que la decisión del indulto fue tomada sin la participación de su bancada, por lo que esta se reunirá en las próximas horas para tomar una postura conjunta.

A su turno, el congresista del partido centrista Acción Popular Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que hubo un “pacto infame” para otorgar el indultado a cambio de que el fujimorismo no destituyera al gobernante el pasado jueves en el parlamento.

La líder del izquierdista Nuevo Perú, Verónica Mendoza, afirmó, a su turno, que Kuczynski “acaba de hacer una vil traición a la Patria”.

Por su parte, cientos de manifestantes, entre ellos familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado Fujimori, se concentraron en la céntrica plaza San Martín para denunciar que el indulto es un acto de impunidad.

Los parientes de los asesinados y desaparecidos anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para anular el indulto y que Fujimori cumpla la totalidad de la condena a la que fue sentenciado.

En la movilización se exhibieron pancartas que calificaron el indulto como un “insulto” y a Kuczynski como un “traidor” y “cómplice del criminal”.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1991, uno de los casos por los que Fujimori fue sentenciado, escribió un dolido mensaje al mandatario en su cuenta en Twitter.

“Señor Presidente, acaba usted de robarnos nuestra tranquilidad y derecho a la justicia al regalarle inmerecido indulto a Fujimori. Hace 25 años no tenemos navidades y hay ausencias dolorosas. Cargue con eso hoy”, expresó.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina, con un total de 25 muertos, y el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.