Funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) realizan junto al titular del organismo, Wiliam Contreras, desde primeras horas de la mañana de este viernes la supervisión de la venta del pan en panaderías del Centro de Caracas.
A través de la red social Twitter, el Sundde dio a conocer a información sobre este abordaje para constatar el debido funcionamiento de estos establecimientos.
«Todas las panaderías deben abrir a las seis de la mañana y atender sin ningún mecanismo de condicionamiento de venta, porque la idea es restituir la cotidianidad y evitar el congestionamiento de las personas que van a comprar», explicó Contreras durante el recorrido.
Durante este operativo se detuvieron a tres revendedores en zonas adyacentes a panaderías, el pan fue comisado y entregado, refiere información del Sundde.
Durante mi adolescencia, a comienzo de los años setenta, en mi natal Río Caribe, estado Sucre, había tres panaderías y se podía comprar pan todo día. Dos estaban situadas en la avenida Bermúdez, la primera propiedad del señor Luis González (Luis Reyes, le decían), la segunda era del señor Valentín Hernández (Valentincito) y la tercera estaba ubicada en la salida este del pueblo, en la calle Zea, y su dueño fue el señor Mauricio Rojas, un antiguo militante del PCV. No faltaba el pan nunca. La harina de trigo era provista por un mecanismo sencillo pero eficiente donde apenas intervenía el Estado, proveyendo los dólares que proporcionaban las empresas petroleras extranjeras. Había libertad cambiaria en el país y las empresas importaban el trigo, lo molían, lo empacaban y lo distribuían a miles comerciantes que a su vez lo vendían a las muchas panaderías que existían a lo largo del país.
Mi papá cuyo oficio era de chofer de maquinarias pesadas, cada quince días hacia un viaje a La Guaira para cargar unos dos mil sacos de harina y después de una travesía de catorce horas de manejo en su gandola marca International, desde el litoral hasta Carúpano, se distribuía la harina por la costa de Paria y había pan para todo el mundo. El señor Blasini, propietario de una casa comercial de esa ciudad, garantizaba harina suficiente. Se vendían ocho panes por un bolívar de la época. Cada pan costaba tres céntimos de dólar. Cuando a partir de 1974 los precios comenzaron a subir, se compraban tres panes por un bolívar, pero había pan. Se adquiría menos, pero había. Y había porque no se interrumpió el mecanismo de mercado para fijar los precios.
Hoy, cuarenta y cinco años después, en Rio Caribe literalmente no hay pan. No solamente en ese pueblo sino en todo el país. Ha sucedido lo que ha pasado en todas las experiencias donde el socialismo, esa extraordinaria maquinaria de destruir economías, se ha instaurado: unos burócratas, aparentemente bien intencionados, tratan de sustituir los mecanismos que por años la economía ha diseñado para que las cosas funcionen. El trigo lo importa y distribuye únicamente el gobierno, debido al control de cambio. De esa operación estaba a cargo antes el general Carlos Osorio y ahora el inefable general Rodolfo Marco Torres, el de las célebres importaciones sobrefacturadas. No es difícil imaginar que existe un mercado negro de la harina de trigo, donde ésta cuesta más de diez veces el precio regulado. Como una cosa lleva a la otra, el gobierno impuso un control de precio para la venta del pan. De esa ecuación resultó lo obvio: se acabó la libertad para comprar pan y en consecuencia hay racionamiento. El paso siguiente fue expropiar algunas panaderías, que hoy ya prácticamente cerraron sus puertas.
Este relato se repite en la cadena de bienes con precios fijados por el gobierno hasta constituir un sistema ineficiente, exponencialmente corrompido, de extorsión a los comerciantes y de calamidad para el pueblo, hoy hambriento. Presentado como una idea de libertad, estos sistemas de control social como el socialismo y el fascismo suelen degenerar en regímenes totalitarios. En el primer caso, en Venezuela después de una marejada de dólares petroleros la revolución socialista se resume en lo que dice el panadero a la puerta del negocio: un pan por persona, por favor.
“PASE QUE HAY PAN”, se escucha decir desde la calle a un hombre con camisa de la Sundde. Adentro, unas 50 personas hacen cola para recibir tres canillas. Los ojos de Chávez siguen el proceso desde la gorra del hombre detrás del mostrador, quien empaqueta los panes y mira con desconfianza a los panaderos. También observan desde la franela de una mujer que ordena la cola para acelerar el proceso de pago. A pesar de sus intentos, la fila de clientes continúa creciendo hasta que el fiscal de la Sundde anuncia que se acabó el pan.
En 35 minutos, 720 pan canilla son vendidos y dentro de poco se repetirá el mismo proceso. Este es el ciclo de una panadería del centro de Caracas tras la implementación del Plan 700, que pone a la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) como los vigilantes de la harina. Pero es un caso atípico, pues no todas las panaderías de la ciudad han sido fiscalizadas y no todas cuentan con suficiente harina para mantener una producción estable.
Con la intención de frenar a las supuestas mafias que originan la “Guerra del Pan” y la “Guerra Económica”, el Gobierno Nacional inició el 14 de marzo el despliegue de inspectores asesorados por la Sundde, junto con representantes de la juventud bolivariana y de los Clap, en las 709 panaderías de Caracas para supervisar la elaboración y venta del producto. De acuerdo a el superintendente William Contreras, en cuatro días las ventas aumentaron más de 1500%.
¿Muerte a los cachitos?
Las largas filas continúan formándose rápidamente en las panaderías cuando sacan bandejas de pan a la venta, a pesar de todos los intentos por parte del Gobierno y sus organismos para acabar con ellas.
El día a día de los panaderos tuvo que cambiar por esos intentos, obligándoles a usar 90% de cada saco de harina en la elaboración de pan canilla y francés, mientras el restante queda a libre disposición de la panadería para preparar lo que desee. La política parte de la tesis del Ejecutivo de que algunas usan la materia prima para producir “dulces y cachitos y nada de pan para el pueblo”, que entre otras razones, pesaron para detener a los encargados de La Condesa.
“Ayer me regañaron por hacer cachitos”, contó un panadero a Runrun.es, cuyo establecimiento, ubicado en el centro de Caracas, está bajo la fiscalización. Él explicó que allí elaboran la cantidad suficiente de pan canilla y francés, pero estos vuelan de las vitrinas, a diferencia de los cachitos, galletas y tortas que no salen con tal rapidez.
La decisión del Sundde afecta igualmente a aquellos establecimientos famosos por hornear cierto tipo de pan o preparar un dulce especial, como la panadería Torbes ubicada en la avenida Baralt, con antigua tradición en la elaboración de pan andino.
El diario El Nacional reseña que los clientes de la Torbes «sin falta, antes de salir se detienen ante el mostrador y preguntan si no va a salir en algún momento del día el pan aliñado o el camaleón, dos clásicos que hicieron famosa a esta tradicional panadería que lleva 68 años horneando el mejor pan dulce andino de Caracas. Los trabajadores se encogen de hombros y dicen que no, y señalan el cartel con los precios de los tres tipos de panes que están obligados a vender a partir de la medida de intervención de la Superintendencia de Precios Justos en varias panaderías de la ciudad».
La verdadera guerra económica: falta de importación de trigo
Venezuela es uno de los países más consumidores de trigo y, dadas nuestras condiciones ambientales, el 100% debe importarse y la actividad importadora depende directamente y en su totalidad del Gobierno. Una fuente de la industria del trigo, que prefirió no identificarse, explica que el problema empieza a darse cuando este sector se queda sin divisas suficientes para garantizar el flujo de mercancía necesario para satisfacer la demanda nacional.
El consumo histórico en Venezuela es de 360 mil toneladas de trigo mensuales, sin embargo actualmente solo está llegando al país entre 30 mil y 60 mil toneladas cada 45 días, apenas el 16%. “Lo ideal es lo que ocurría cuando el gobierno entregaba los dólares a la empresa privada. Eso permitía que mientras hay 120 mil toneladas en el país, ya 120 mil estén en tránsito y 120 mil en proceso de compra. Así se garantiza que el inventario de seguridad tendrá un reemplazo a medida que se vaya acabando”, argumenta la fuente experta.
A esto se suma que lo poco que está llegando se está quedando en Caracas, y la situación es aún más aguda en otros estados del país. Juan Crespo, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Harina (Sintraharina), confirma la situación y explica que otro factor que influye actualmente es que las compañías exportadoras de trigo no están otorgando créditos a Venezuela debido a la coyuntura económica que atraviesa el país.
Esto ha ocasionado, según la fuente experta en la industria, que varios buques contenedores de trigo se hayan quedado varados por meses en aguas internacionales cercanas, como Aruba, Curazao y Bonaire, esperando que se cierre el ciclo de pago para arribar a puerto venezolano. También hay que resaltar que el producto que llega a las panaderías es un producto terminado, es decir, este trigo debe desembarcar e iniciar su proceso de conversión en harina en los distintos molinos, que actualmente son 15 en todo el territorio, según Crespo.
El presidente de Sintraharina explica que luego de que el trigo llega al país, es trasladado en gandolas hasta los molinos, donde reposan dos días para limpiar la mercancía y hacer exámenes de salubridad. Posteriormente se realiza el proceso de molienda y luego la harina resultante va a los centros de distribución, también manejados por el Estado, donde se empaquetan y se distribuyen.
Por su parte, José Sánchez, presidente de la Asociación de Panaderos en Caroní La Espiga Dorada (Asopacedo), enfatiza que desde el gobierno se anunció que cada panadería recibiría 300 sacos de harina de forma mensual, lo cual en efecto sí sería suficiente para una panadería promedio; sin embargo, lo que está llegando es un 15% de esa cantidad. Además, destaca que “de llegar esos 300 sacos, no serviría de nada si no se garantiza la reposición mensual de ese inventario”.
Mucho es preocupante, poco también lo es
Una panadería del centro, de las más grandes, vendió 3.900 pan canilla durante el primer día con fiscales en sus puertas, entre 10 y 15 por ciento más que su producción normal. “Es que yo vendo mucho pan, porque no me conviene tener tanta harina”, dice el dueño del establecimiento, quien pidió que no se publicara su nombre, por temor a represalias. Es suerte –tener excedentes de harina– no la tienen las demás panaderías de la ciudad.
Afirma que en su depósito tiene más de 400 sacos de harina que la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) le ha asignado a través de los molinos encargados de la distribución. Tener tal cantidad le preocupa. “Me ven tanta harina y me meten preso”, dice y agrega que el hecho de que un organismo gubernamental le de tal cantidad de materia prima no detiene su preocupación.
En el caso contrario, una panadería que cuenta con charcutería y almuerzos ejecutivos, ubicada en Los Palos Grandes, necesita 30 sacos de harina diarios para poder llenar sus anaqueles. Sin embargo, solo recibe 17 cada dos semanas, afirma su gerente. Una panadería más pequeña de la misma zona requiere 10 sacos para poder atender a su clientela, pero la encargada afirma que tiene buena suerte si consigue 15 al mes. Ambos negocios deben recurrir al bachaqueo. El Plan 700 y la Sundde no los han visitado, ni para fiscalizar, ni para ofrecerle insumos.
Una panadería cerca de la avenida Fuerzas Armadas que sí está fiscalizada, recibió solo ocho sacos de harina la semana pasada. Estos podrían haberle alcanzado para producir pocas cantidades de pan durante varios días, pero los fiscales de la Sundde que vigilan el lugar lo obligaron a hornearlos todos. “Mañana verás como consigues más harina”, dijeron al panadero.
La arremetida del Gobierno contra las panaderías sería digna de colarse como ilustración al concepto de “salvajada” en cualquier diccionario. Resulta completamente indignante atestiguar la humillación y criminalización a la que son sometidos encargados y trabajadores de estos negocios, casi siempre pequeños, por fiscales de la Sundde y colectivos chavistas. La actitud de estos denota la soberbia de quien se sabe protegido por el poder y está facultado para pisotear a quien le dé la gana.
Los panaderos se valen de los cada vez menos medios de comunicación libres de control oficialista para alertar a la población que están bien lejos de contar con suficiente materia prima para satisfacer la demanda de pan. ¿Y por qué? Porque los molinos que transforman el trigo en harina a su vez tienen muy poco de este insumo. De nuevo, ¿por qué? Porque el trigo no se cosecha en Venezuela y hay que importarlo. Tercera vez, ¿por qué? Porque el Gobierno monopolizó la importación de alimentos mediante su control cambiario y, tras años de despilfarro y corruptelas, ahora está corto en moneda verde. La falta de transparencia en el manejo de esas divisas, en teoría propiedad del público, es tal que no se informa desde hace años a quién le dan dólares, cuánto le dan y cómo se usan.
Pero, está prohibido pensar en juego sucio por ese lado. Nos exigen creer que si hay una mafia en este país es la de los panaderos, unidos en una especie de asociación perversa con el único propósito de hacer pasar hambre al pueblo y generar malestar social que desestabilice la gloriosa e inmaculada revolución bolivariana (me doy cuenta mientras escribo que he recreado tantas veces el discurso victimista de este gobierno nefasto, que ya me resulta repugnante repetirlo hasta en sentido sarcástico).
Por insólito que parezca, ¡todavía hay gente que les cree! Son cada vez menos, pero los hay, prueba viviente del grado de alienación al que es capaz de llegar el ser humano. Por ejemplo, en el contexto de la emblemática panadería de la avenida Baralt tomada por “colectivos panaderos” (a la cual, aunque sus ocupantes aseguran que la medida durará no más de 90 días, cambiaron el nombre y pegaron en las paredes afiches de Chávez), una señora de la zona manifestó su total apoyo porque “el pueblo no puede permitir que portugueses y extranjeros le roben la comida” (en honor a la verdad, otro vecino le replicaba frente a las cámaras de la prensa que “los verdaderos ladrones están en Miraflores”).
Admito que me causaron una conmoción profunda las palabras de la mujer. Siempre he considerado a Venezuela en líneas generales como una nación generosa con quienes llegan de otras tierras. Es muy lamentable cómo el chavismo ha impregnado de xenofobia a unos cuantos de sus habitantes. Xenofobia que, por cierto, de marxista no tiene nada. Se asemeja más al fascismo y sus derivados hoy tan en boga en el Viejo Continente. Es más fácil seducir a las masas con un sentimiento de nacionalidad inherentemente grandiosa y destinada a un porvenir de gloria no logrado hasta ahora por la mezquindad de extranjeros, que poniéndolas a leer Miseria de la filosofía.
Los venezolanos tenemos mucho que agradecer a las diferentes oleadas de inmigrantes que ha recibido a lo largo de nuestra historia. Los portugueses, italianos y españoles que arribaron de forma masiva en los años 40, 50 y 60 no son la excepción. Fueron ellos quienes, por ejemplo, nos contagiaron por primera vez el gusto por el fútbol. Nos han deleitado con sus gastronomías y hecho aportes considerables a la nuestra que, como prácticamente todo lo venezolano, es inherentemente mestiza y multicultural. Sin embargo, pienso que tal vez su aporte más importante fue el valor del trabajo duro como fuente de riqueza y superación. Eso no quiere decir que antes de su llegada no hubiera venezolanos trabajadores. Pero sí debo decir que su ejemplo fue un impulso de esta manera de pensar en medio de una cultura acostumbrada por demasiadas generaciones a la prosperidad fácil por obra y gracia de la renta petrolera.
Recordemos que muchos de esos inmigrantes desembarcaron en La Guaira o Puerto Cabello con una mano adelante y otra atrás. Venían de las partes más pobres de Europa occidental, de países devastados por la guerra y regímenes totalitarios. Aquí comenzaron con emprendimientos pequeños que, con años de esfuerzo, les permitieron progresar individualmente a la vez que aportaban a la sociedad con productos y empleos.
El caso lusitano fue el más marcado en cuanto a inmigración en búsqueda de mejores vidas se refiere. Portugal entró al siglo XX con un atraso considerable en comparación con otros países europeos. No era una nación industrializada, como Alemania, Gran Bretaña o Francia, sino rural. Al igual que España, en algún momento entre los siglos XVIII y XIX se estancó en contables aspectos económicos y sociales. El incuestionable prestigio político del que gozaron las dos monarquías ibéricas luego del descubrimiento de América era cosa del pasado. Y aunque Portugal mantenía grandes colonias en África y pequeños enclaves en Asia, al comienzo del siglo pasado era un jugador menor en el tablero imperialista (en una época en la que tener colonias era símbolo de prestigio para cualquier potencia que reclamara para sí tal condición).
Aunque, a diferencia de su vecina, Portugal no pasó por una guerra civil, igualmente cayó en manos de una dictadura fascista incluso antes que España. Fue el llamado Estado Novo, gobernado con puño de hierro por António de Oliveira Salazar entre 1932 y poco antes de su muerte en 1968. Su sucesor no pudo mantener el control del país y fue removido en la Revolución de los Claveles de 1974, momento a partir del cual Portugal se transformó en la democracia que es hoy. Pero en el ínterin, durante esas más de cinco décadas en un ambiente de pobreza y represión, muchísimos lusos decidieron migrar a América Latina. La mayoría, por razones obvias, se trasladó a Brasil. Pero Venezuela fue el segundo destino más escogido por ellos, a pesar de que había otras naciones con mayor calidad de vida en la región.
Los portugueses aquí son asociados sobre todo con panaderías, abastos y supermercados. Aunque quizás abusar de ello resulte en un estereotipo, no es mentira que ellos se inclinaron particularmente por estos negocios. Y ahora, luego de tanta dedicación y contribuciones a una Venezuela mejor, esos panaderos portugueses (y no portugueses) están en riesgo de que les quiten todo. Para colmo, los sacan de sus propios locales en medio de ofensas xenofóbicas.
El chavismo no solamente pretende que los panaderos sean sus chivos expiatorios en la escasez de comida. Arremete además contra ellos porque simbolizan lo que más detesta: el progreso como resultado del trabajo individual, sin dependencia del Estado o lealtad a un proyecto político. Si hay un empresario ideal en la psiquis revolucionaria, es ese que hace grandes negocios con el Ejecutivo para satisfacer los deseos del mismo, todo esto sobre la base del monopolio gubernamental sobre los dólares (de ellos se vieron unos cuantos ejemplares en el Poliedro ayer).
Si algo bueno se ha visto de esta “guerra del pan” es la reacción de la comunidad de Altagracia a la toma de la panadería en la Av. Baralt. Dese el año pasado varios estudios de opinión pública han detectado un rechazo abrumador entre los venezolanos a más expropiaciones. La gente se ha dado cuenta de qué ha pasado con Clorox, Aceites Diana, Lácteos Los Andes y Café Fama de América, solo por poner cuatro ejemplos. Está harta de eso y lo demostró el martes en la noche exigiendo que la panadería fuera devuelta a sus dueños. Al chavismo no le quedó más remedio que reaccionar con el único recurso de control que le queda: el miedo, las amenazas de violencia por grupos parapoliciales que, encapuchados cual asaltantes de bancos, se metieron en los edificios para exigir el cese de la protesta, bajo el grito de “las calles son del pueblo, no de la burguesía” (pregúntese usted qué burguesía vive en Altagracia, a menos que el oficialismo asuma que la población de la parroquia, donde la oposición duplicó a los rojos en las últimas elecciones, por eso se “aburguesó”).
Aquello fue un gesto noble de la gente y, sobre todo, muy esperanzador. Si el propietario de esa panadería y otros deciden irse a Portugal, y nadie puede culparlo si es así, espero que se lleve como último recuerdo de Venezuela, no los insultos del lumpen, sino el grito de justicia y aprecio elevado esa noche en Altagracia. A esos panaderos la mayoría de los venezolanos les dice obregado.
El “Plan 700”, promovido por el gobierno nacional para intervenir las panaderías en Venezuela que no estén produciendo pan salado, es una medida “injusta que va en contra de los Derechos de los Ciudadanos”.
En el encuentro Catecumenal, el arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Savino, consideró que el diálogo político en Venezuela está descartado y que, a su juicio, el Gobierno debe preocuparse en atender los problemas de desabastecimiento que tiene el país.
El también Cardenal de Venezuela señaló que la situación con las panaderías en la nación se debe a la falta de materia prima que hay actualmente y que no es justo que se estén confiscando estos locales comerciales.
Con 3.900 funcionarios de la Fanb, la PNB, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) comenzó el pasado 14 de marzo el Plan 700 para inspeccionar las panaderías de Caracas.
El Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, informó este martes que el plan de ocupación temporal de la Sundde a las panaderías tendrá una duración de 90 días y tiene el propósito de corregir irregularidades.
Contreras detalló que hasta el momento la Sundde abordó 709 panaderías en Caracas. Además, informó que el gobierno convocó a los dueños de las panaderías para definir los planes a seguir en torno al acceso a la materia prima y la producción panadera.
En el primer día de inspección las panaderías expendían un aproximado de 180.791 unidades de pan francés, mientras que para el día viernes 17 de marzo expendieron 527.980 unidades de esta presentación. En cuanto al pan canilla, indicó que la venta del martes 14 fue de 43.358, y el viernes se vendieron 763.535 unidades.
En este sentido, El superintendente reafirmó que está «prohibido condicionar la venta de pan, las colas y el condicionamiento del servicio (…) Los establecimientos tiene que garantizar las condiciones de atención, porque si no se están violando los Derechos Humanos», dijo Contreras en una entrevista radial la mañana de este martes.
La Ley Orgánica de Precios Justos, estipula que el condicionamiento de las ventas, distribución y prestación de servicios son delitos tipificados, que puede implicar penas de prisión de tres a seis años, y si hay reincidencia, en la ocupación temporal y la posibilidad de solicitar la Ejecutivo la expropiación definitiva del establecimiento, explicó el funcionario.
Contreras remarcó que el objetivo del plan de supervisión, como acción de Gobierno para proteger a la población, se ejecuta para garantizar el incremento de la producción, así como mejorar las condiciones de atención al pueblo.
El superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, anunció que el Plan 700 que supervisa el funcionamiento de las panaderías en el municipio Libertador, será desplegado en las 22 parroquias de Caracas.
«En las 22 parroquias del municipio Libertador, es donde se concentra el problema de las colas en las panaderías», dijo el superintendente.
Contreras informó que hasta el momento hay 4 personas detenidas, dos de estas, por no acatar los lineamiento u obstrucción del procedimiento de inspección. Además dos nuevas panaderías fueron ocupadas temporalmente en el Silencio, Caracas, luego de detectarse que eran propiedad de un mismo dueño y este a su vez revendía la materia prima que le suministraban a precios subsidiados.
William Contreras, aseguró que se corregirá la distribución de materia prima en las panaderías «hay panaderías que reciben más materia prima de la pueden procesar y hay panaderías que reciben menos», dijo.
El representante de la Sundde, manifestó que se han realizado metas de producción de las panaderías por parroquias. También, reafirmó que el primer pan a las 7:00 am debe estar saliendo del horno, «el 90% del saco (40 kilos) serán para el pan canilla y francés».
Matrícula escolar y universitaria
La superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, ejecutó la congelación de matrículas en 614 colegios del país «El aumento de los salarios no justifican aumentos de matriculas del 1000 o 2000 %», señaló William Contreras.
Al gobierno de Nicolás Maduro le tomó poco menos de tres años para obligar a multinacionales que llevaban décadas en el país a traspasar sus activos en Venezuela y finiquitar sus negocios a precio de gallina flaca o hasta sin contraprestación.
De esta manera, a la compañía de autopartes estadounidense, Dana, que llevaba 50 años en el país, le siguieron gigantes como General Mills (productora del reconocido jamón endiablado Underwood), Clorox (artículos de limpieza) y Kimberly-Clark (productos de higiene personal).
Asimismo, y pese a que algunos procesos aún no han concluido formalmente, recordemos que la firma de cauchos Bridgestone, la aseguradora Liberty Mutual, la productora de alimentos EAC (dueña de la marca de embutidos Plumrose), y la petrolera Harvest, también anunciaron sus intenciones de vender las filiales venezolanas.
El Ejecutivo activó la falacia socialista por enésima vez y aseguró que los empresarios detienen sus líneas de producción para exacerbar la escasez y mellar la popularidad del chavismo. Haciendo un nuevo esfuerzo por ignorar la alta inflación y los controles de cambio y precios que se empeña en mantener desde principios del 2000.
Más de 20 reuniones oficiales con autoridades gubernamentales
En el caso particular de Clorox, Nicolás Maduro olvidó las 29 reuniones oficiales y “mesas técnicas” que tuvieron lugar entre los meses julio de 2012 y 2014 con distintos ministerios, organismos y entes públicos, en las que no solo se advirtieron las dificultades para producir, sino también la imperiosa necesidad de realizar incrementos de precios; que a pesar de estar amparados por las reglas de la Sundecop (ratificaba la realización de ocho ajustes de precio), los mismos nunca ocurrieron.
En 2013 la compañía anunció la “inviabilidad operativa” bajo esas condiciones. De acuerdo con un artículo de runrun.es, Clorox emitió 22 comunicaciones oficiales y cuatro comunicados, ante el silencio de las autoridades.
En septiembre de 2014 el fabricante de productos para la limpieza del hogar descontinuaba sus operaciones y buscaba vender sus activos en el país. A principios de octubre de ese mismo año, el gobierno hizo circular un comunicado por la prensa nacional en el que señalaba que la compañía incurrió “en una acción de cierre ilegal” y una “agresión directa al proceso social de trabajo que bajo su responsabilidad desarrollan los trabajadores”; también ordenó a Clorox “el inmediato reinicio de las actividades productivas” y a través del Ministerio del Trabajo, la ocupación de la corporación para tal fin.
Seguidamente, comenzaron a edulcorar la realidad, como es costumbre, afirmando que incrementarían la capacidad productiva y garantizarían la seguridad social de sus trabajadores. En palabras del ministro para el Proceso Social del Trabajo, Oswaldo Vera: “Solo el pueblo salva al pueblo, y los trabajadores a sus empresas, porque son quienes conocen sus procesos, debilidades y fortalezas para mejorar los niveles de producción”.
Sin embargo, tras año y medio de su ocupación, lo único que aumentaron fueron los niveles de ineficiencia y corrupción. Tal y como reseñó El Pitazo el 20 de mayo de 2016:
Antes de ser intervenida, en 2014, la empresa Clorox de Venezuela producía al mes 409.521 cajas de desinfectantes, no obstante, a la fecha, sólo fabrica 56.300, según se desprende de la información suministrada por su masa laboral al ministro para el Proceso Social de Trabajo, Oswaldo Vera.
Nuevo objetivo: las panaderías
De este modo, así como acabaron con automercados Cada, AgroIsleña, Kimberly-Clark, Clorox y muchas otras. La amenaza más reciente la anunció el superintendente nacional, William Contreras, este miércoles, cuando informó que dos panaderías ubicadas al oeste de Caracas serán ocupadas por 90 días en el marco del Plan 700 y que pasarán a manos del “pueblo organizado” a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La jornada de fiscalizaciones que inició esta semana con el despliegue de 3.900 funcionarios de la Fanb, la PNB, Sundde y Sunagro por múltiples panaderías del oeste capitalino generó una fuerte incertidumbre entre los comerciantes, quienes se negaron a dar declaraciones o incluso hacerlo bajo anonimato por conocer los precedentes del gobierno.
Finalizado el episodio, los testimonios recopilados por El Nacional, permitieron evidenciar que existe una exacerbada escasez de harina de trigo, generada en primer lugar por la desigual distribución de ese rubro que realiza Sunagro.
Recordando otras decenas de casos con empresas otrora productivas y hoy quebradas por la corrupción e ineficiencia, todo indica que la ignorancia socialista conducirá a las panaderías a ser el último chivo expiatorio para tratar de crear una matriz de opinión favorable al chavismo.
