Anabell Arminio, asesor médico de la ONTV, aseveró que el tema de los trasplantes está directamente relacionado con los Derechos Humanos, pues se compromete la salud y esta es necesaria para desarrollar un proyecto de vida

“Queremos que se termine de decidir el Estado y de reactivar el sistema de salud, que funcionen todas estas condiciones. No podemos exigir un personal de calidad que reciba unos salarios de hambre sin dignidad”, señaló Katherine Martínez de Prepara Familia

Tras casi seis años de paralizarse el programa de trasplantes de donante cadáver en Venezuela, defensores de los derechos humanos exigen al Estado venezolano que invierta en políticas públicas para la reactivación de este programa.

De acuerdo con la doctora Anabell Arminio, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV), no existen cifras oficiales sobre la cantidad de personas que están en diálisis y tampoco las hay sobre quienes necesitan trasplante.

Según Arminio, se estima que existen unos 7.000 pacientes en diálisis, de los cuales el 40% podría necesitar un trasplante, aunque no es posible precisar una cifra debido a la opacidad que mantiene el Estado.

Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, señaló que desde la paralización del programa de trasplante cadáver, en 2017, hasta el año 2022, murieron unos 70 niños, que aunque no se sabe si todos fallecieron a la espera de un trasplante, muchas de esas muertes eran “evitables”.

“No tenemos acceso a las cifras de otras unidades de diálisis donde conocemos que han fallecido personas. Este año llevamos cuatro niños fallecidos, tres en el JM de los Ríos, y otro niño que se volvió joven falleció esperando una salida”, denunció Martínez.

Unos pocos centros activos para trasplante de donante vivo

Durante una rueda de prensa del Observatorio Social Humanitario, Anabell Arminio señaló que actualmente, en Caracas, solo está habilitada la Clínica Popular de El Paraíso para hacer trasplantes de donante vivo.

“Este año han hecho 36 trasplantes, pero los resultados no se conocen. Es un solo centro y solo donante vivo”, aclaró la especialista.

Asimismo, indicó que en el Hospital Coromoto de Maracaibo, estado Zulia, también se han realizado trasplantes, así como en el Hospital de Niños JM de los Ríos, que se realizó uno en noviembre de 2022, y en el Hospital Militar de Caracas, pero sigue siendo insuficiente para la necesidad que existe en el país.

Por su parte, Katherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia, señaló que el sistema de procura de órganos se suspendió desde junio de 2017 y, aunque se realizan trasplantes de donante vivo, “las operaciones que se están realizando son muy contadas”.

“En todos hay un impacto en la población que presentan una enfermedad crónica y que están a la espera de alguna solución, algunos casos el trasplante”, señaló Martínez.

No todos pueden acceder a un donante vivo

La doctora Anabell Arminio explicó que no todos los pacientes que requieren un trasplante tienen la disponibilidad de un donante vivo, recordando que la legislación venezolana permite el trasplante vivo con familiares hasta el quinto grado de consanguinidad.

“Están permitidos también trasplantes entre parejas cuyo nexo se pueda comprobar e inclusive padres e hijos adoptivos”, indicó Arminio.

Asimismo, recordó que en Venezuela no está permitido, como sí ocurre en otros países, que un amigo o persona cercana al paciente sea el donante. Está impedido por las leyes venezolanas.

Un tema de DDHH

Anabell Arminio, asesor médico de la Organización Nacional de Trasplantes (ONTV), aseveró que el tema de los trasplantes está directamente relacionado con los Derechos Humanos, pues se compromete la salud y esta es necesaria para desarrollar un proyecto de vida.

La especialista señaló que, aunque el programa de procura de órganos se suspendió desde el 2017, ya desde el año 2014 muchos centros hospitalarios reconocidos por realizar trasplantes se vieron obligados a suspender estas operaciones por las precarias condiciones del sistema de salud.

“Se suspendió el programa de trasplante de donante cadáver porque no había seguridad de obtención de medicamentos que asegurara el tratamiento. El Seguro Social se comprometió a que esto sería solventado en dos o tres meses, pero ya van seis años y seguimos en lo mismo, con el programa suspendido”, denunció.

Katherine Martínez recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para el Servicio de Nefrología del JM de los Ríos, así como otros 13 servicios del centro de salud, pero el Estado no las ha cumplido.

“La respuesta del Estado ha sido negar la situación o culpar a las sanciones. En el caso de los trasplantes, esto ocurrió mucho antes de las sanciones. No hay inversión, no hay políticas públicas serias. No tenemos información, todo lo hacemos a ciegas”, añadió.

Un Estado que no cumple con sus responsabilidades

Enfatizando en el caso de los pacientes en diálisis, Anabell Arminio señaló que, si no se conoce la cantidad de pacientes de diálisis que hay, no es posible saber cuántos necesitan un trasplante. 

“Además de garantizar trasplantes, el Estado tiene que garantizar la calidad de diálisis. Números oficiales no hay, los números se obtienen por los canales verdes”, cuestionó la especialista.

En ese sentido, señaló que el Estado venezolano debe recuperar la actividad de trasplante de donante cadáver. Sin embargo, aclaró que esta es una tarea difícil, pues se requiere entrenamiento del personal.

También, consideró necesario que el programa se reactive y se mantenga como una constante, además de resaltar la necesidad de que la sociedad entienda “que es un problema que no se resuelve de hoy para mañana”.

Arminio lamentó que, debido a las condiciones de los centros de diálisis, “la única posibilidad que tiene un paciente de salir de diálisis, si no tiene trasplante, es fallecer. Es costoso y no hay personal”.

“Queremos que se termine de decidir el Estado y de reactivar el sistema de salud, que funcionen todas estas condiciones. No podemos exigir un personal de calidad que reciba unos salarios de hambre sin dignidad”, añadió Katherine Martínez de Prepara Familia.

Foto: Miguel Gutierrez / EFE

 

El fundador de la Organización Nacional de Trasplantes de España, Rafael Matesanz, alerta de que las donaciones en Venezuela se quedaron en cero durante 2017, lo que considera “una realidad angustiosa para los cerca de 6.500 enfermos que están esperando un órgano” en el país sudamericano.

Según afirma en un artículo publicado hoy por el servicio “Las Firmas de EFE”, esta situación “no significa obviamente que los venezolanos sean ahora menos generosos que antes”.

La ONTV (Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela) era la organización no gubernamental encargada de la donación y distribución de órganos hasta que, hace unos años, el Gobierno asumió su gestión.

Matesanz se hace eco de un comunicado de la propia ONTV según el cual “la actividad de obtención de órganos y trasplante de donante fallecido está suspendida desde principios de año en todos los hospitales. Ello es consecuencia del deterioro generalizado de los mismos, con graves consecuencias sanitarias de todo tipo”, entre ellas la ausencia total y absoluta de donaciones.

El experto español refiere asimismo “la tremenda angustia de los pacientes ya trasplantados hace tiempo, que dependen para seguir viviendo de inmunosupresores que simplemente no llegan a las farmacias ni a los hospitales”.

“Sus únicas vías de escape -sostiene- son adquirirlos en el mercado negro a precios abusivos, recurrir a algún familiar emigrado al extranjero o desplazarse puntual o definitivamente a Colombia u otro país del entorno”.

El doctor Matesanz, premio Príncipe de Asturias por su extraordinaria contribución a la red de trasplantes, recuerda que “Venezuela fue hasta hace unos años uno de los países más activos en el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante”, foro presidido por España donde están representados todos los países de habla española y portuguesa.

Frente a quienes consideran que en un contexto generalizado de dificultades sociales poco importa un sector tan reducido como los trasplantes, Matesanz afirma: “Muchas o pocas, se trata de vidas humanas y de mucho sufrimiento en un país irónicamente situado sobre un lago de petróleo”.

Es una tragedia la que viven los trasplantados y quienes esperan por un trasplante. Muchos trasplantados han perdido o están a punto de perder los órganos porque en Venezuela no hay inmunosupresores. Durante mucho tiempo tomaron Prednisona veterinaria, pero ya ni eso hay. Desde el día uno en que se dejan de tomar, el cuerpo comienza el proceso de rechazo, hasta que éste se hace irreversible. La revolución “de los pobres, por los pobres y para los pobres” está matando a quienes menos recursos tienen. Porque habrá quienes los puedan traer o encargar al exterior. Pero la mayoría, no. Y eso contando con que no se los decomisen cuando llegan a Venezuela, como les ha pasado a tantas personas.

Todos los trasplantados deben tomar de por vida los inmunosupresores y éstos no deben ser cambiados. Si fuese necesario cambiarlos debe hacerse mediante un estricto protocolo y realizar exámenes médicos diarios, luego semanales, quincenales, mensuales para saber cómo está el órgano. Estos exámenes no se están llevando a cabo por que no existen los reactivos en el país.

Quienes esperan ser trasplantados -digamos de riñón, que es uno de los trasplantes más comunes- también suben por un calvario con su cruz a cuestas. Hace dos años (la última vez que MinSalud publicó cifras) había más de 17 mil personas en diálisis, pero ya los centros de diálisis no se dan abasto. No hay Eritoproyectina ni lo básico necesario para que se puedan dializar…En vez de tres veces a la semana se están dializando una y eso hace que todo el cuerpo se deteriore más rápido.

Los trasplantes que se han realizado de vivo a vivo se han hecho en clínicas privadas, donde las personas deben correr con todos los gastos, inclusive el de comprar los medicinas fuera de Venezuela. Para poner un ejemplo, una caja de Celcept (uno de los inmunosupresores) puede costar hasta 80 euros y dura menos de un mes.

En este momento hay gente comprando sangre para poderse dializar, puesto que la sangre que está en los hospitales –por la falta de reactivos- no está chequeada para detectar si tiene alguna enfermedad.

Hay 400 personas que deberían ser trasplantadas ya, pero la lista de espera y los trasplantes están suspendidos, ya que Fundavene (el organismo del Estado para los trasplantes) no está realizando la procura. Además, sería irresponsable trasplantar si luego no hay como garantizarles las pastillas de por vida a estos pacientes … Y esto es sólo el caso de quienes esperan por un riñón. Hace dos años había 50 personas en lista de espera por un hígado y 3500 por córnea. Hoy debe haber más, pero ninguna se puede operar.

El IVSS es el único ente autorizado para entregar los medicamentos, pero lleva 8 meses sin entregar nada. El gobierno debe millones de dólares a los laboratorios que los traían.

La Junta Directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, ONTV, junto a la Sociedad Venezolana de Nefrología, están trabajando con las uñas para ayudar, pero no es suficiente. Han traído catéteres de nefrología para el Hospital de Niños. Los casos de pequeños esperando por trasplantes que no se realizan son dantescos. Encima, parece que hay un caso de difteria confirmado. Si no se mueren de mengua, podrían morir de difteria.

También la ONTV limpió el tanque de agua de la planta de ósmosis, pero el gobierno les prohibió volver a hacerlo. El artículo 83 de la Constitución consagra el derecho a la salud, pero para estos pacientes ya no existe. Aquí hay dinero para un sinfín de necedades, pero no para salvar vidas. ¡Piedad para ellos!

@cjaimesb