Según la ONG Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país

Cerca de 20 mujeres -casi todas vestidas de blanco- caminaron unos 3 kilómetros en Caracas, en silencio, para recordar a sus familiares que murieron como víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y para exigir justicia en estos casos.

Irrupción en la vivienda

Gladys Urbina, de 60 años de edad, participó en la manifestación para honrar la memoria de su hijo, que murió en julio de 2017 luego de que 7 policías irrumpieran en su vivienda, cerca de la medianoche.

«Hace cinco años fui víctima de una muerte extrajudicial, (la) de mi hijo», dijo a EFE Urbina, al término de la caminata que atravesó un agitado bulevar comercial, en el que algunos vendedores y transeúntes recibieron información sobre estos casos de manos de las víctimas, que entregaron folletos mientras avanzaban.

La mujer aseguró que su hijo de 23 años de edad fue asesinado dentro de su casa, aun cuando la Policía dijo luego que este había perdido la vida en un enfrentamiento callejero.

Los agentes, siempre según la víctima, robaron bienes durante la irrupción en la vivienda y ahora están en libertad mientras ella presiona para acelerar el juicio.

«Ya yo perdí la cuenta de cuántas veces he ido a la Fiscalía», añadió.

Daisy Contreras también caminó para recordar a un hijo asesinado, un crimen que ocurrió en 2006, cuando un detective, en plena vía pública, disparó a la espalda de Andrés Osorio, de 18 años.

«En el 2013 este funcionario fue condenado (pero) en febrero de 2014 el juicio fue anulado supuestamente por falta de intención de la juez», explicó la mujer de 59 años que en los últimos 8 años ha asistido a unos 6 procesos judiciales contra el agente que hoy ocupa un cargo superior dentro de un cuerpo policial.

Aun cuando el ahora comisario recibió en 2013 una condena de 19 años de prisión por «homicidio calificado por motivos fútiles», este no ha pasado ni un solo día en la cárcel y, en cambio, según Contreras, «se ha dado el lujo» de retrasar las audiencias.

Al respecto, la psicóloga Isabel Salaverría, miembro de la ONG Mi Convive -que organizó la actividad-, subrayó que lograr una sentencia contra uniformados por ejecuciones extrajudiciales «es complicado» en Venezuela, donde «lo máximo que se ha logrado es (poner a los agentes bajo) régimen de presentación».

«Para ellas es sumamente importante la garantía de no repetición», cree, pues no ve probabilidades de que se haga justicia en estos casos pero, matiza, con estas manifestaciones se puede «empezar a generar un cambio que proteja a las personas que aún se encuentran con vida».

Entre las mujeres que marcharon había jóvenes de menos de 30 años y adultas mayores de más de 70 años que, recalcó Salaverría, perdieron a hermanos, hijos o esposos producto de la violencia policial, casi todas entre 2015 y 2020.

Entre 2015 y 2017 las fuerzas de seguridad acometieron numerosas «Operaciones de Liberación del Pueblo», redadas que consistían en irrupciones policiales en barriadas y que se saldaron con cientos de muertos.

Según la ONG Cofavic, entre 2012 y julio de este año se contabilizaron 14.220 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país.

COFAVIC, LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL VENEZOLANA PAFA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, realizó un foro para periodistas en el que mostró un protocolo que diseñó para las víctimas de torturas y familiares de personas que han sido ajusticiadas por funcionarios del Estado. La actividad se realizó este martes, 4 de diciembre.

El abogado de Cofavic, Ronnie Boquier, explicó que las personas que hayan perdido a sus familiares en masacres, como la de la torre Viasa, las Operaciones de Liberación del Pueblo o en los distintos procedimientos policiales, deben realizar las correspondientes denuncias. De acuerdo con el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, desde mayo de 2017 hasta mayo de 2018, 44 % de los homicidios reportados en la Gran Caracas, compilados por ese proyecto periodístico, fueron registrados con los móviles de ejecuciones extrajudiciales y resistencia a la autoridad.

Boquier destacó que el primer paso que debe hacer el familiar de la víctima es acudir a la sede del Ministerio Público de su localidad, específicamente a la Unidad de Derechos Fundamentales. Además de hacer una denuncia oral, lo que recomiendan los especialistas es realizar un escrito con la identificación de la víctima, el número de funcionarios que actuaron en el hecho, día de la muerte de la víctima, los cuerpos policiales presentes en el operativo, los posibles testigos, y si no los tiene porque temen por su seguridad, pueden especificar como declarante a la comunidad.

Por otra parte, si se trata de una desaparición forzada y no de un ajusticiamiento, el familiar deberá detallar la vestimenta con la que se vio por última vez a la víctima; además de tatuajes, color de cabello, tono de piel, contextura y algún otro rasgo que identifique quién es.

También el familiar deberá añadir al documento que exige una investigación expedita, imparcial y que sea conclusiva. El abogado Boquier explicó que también es importante que los deudos pidan protección por parte del Estado a su integridad.

El abogado de Cofavic mencionó que aunque algunos familiares crean que en el país no hay justicia, o tengan la concepción de que los organismos gubernamentales se encuentran parcializados, su deber es “construir una memoria que servirá para las denuncias en organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y podrán obtener resultados como los de la abogada de Linda Loaiza”.

Durante muchos años, desde 1999 hasta su muerte en el 2013, el presidente Hugo Chávez impuso la premisa de “no reprimir” a los delincuentes para diferenciarse de los gobiernos anteriores, sin considerar que todo Estado democrático tiene el deber de perseguir y castigar a quiénes infringen la Ley. Chávez no sólo “no reprimió”, tampoco desarrolló ningún tipo de política de prevención o de apoyo a las víctimas de la violencia, le abrió las puertas a los narconegocios de las FARC, no investigó a sus ministros o funcionarios sospechosos, premió a los que eran denunciados con cargos y prebendas, eliminó la autonomía del Poder Judicial y le entregó las prisiones a las mafias carcelarias. Por esos equivocados criterios, sostenidos a lo largo de demasiados años, Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo con la peor tasa de homicidios y le dejó a su sucesor, el Presidente Nicolás Maduro, una situación insostenible en materia de seguridad ciudadana.

Después de ensayos inocuos como el desarme o desastrosos como las “Zonas de Paz” el Presidente Maduro le entregó totalmente el manejo de la seguridad a los militares, ministerio del interior, SEBIN, Policía Nacional Bolivariana y hasta la Universidad Experimental de la seguridad, UNES, para no mencionar otras áreas de gobierno.

Ya a cargo de la seguridad, a los militares, a los que nunca les tembló la mano para aplastar brutalmente las manifestaciones de calle de la oposición política en el 2014, idearon ahora una solución a su estilo, con las irónicamente llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP, instrumentadas durante un año completo a lo largo y ancho del país y con un saldo comprobado, según Provea y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, de 20 ejecuciones extrajudiciales y 218 sospechosos abatidos, más de 14 mil detenciones arbitrarias temporales, detenciones permanente sin órdenes, destrucción de viviendas, denuncias de robo de teléfonos celulares, computadoras portátiles, artículos de primera necesidad y alimentos en los registros efectuados; la deportación arbitraria de 1.700 personas y el uso excesivo de la fuerza en desalojo de viviendas.

Ahora la represión ocurre tanto en el ámbito político como en el de la delincuencia común u organizada. Las recientes detenciones y encarcelamiento del periodista Braulio Jatar, de alcaldes y dirigentes del Partido Voluntad Popular, de estudiantes y manifestantes, sin razón, violando cualquier norma judicial, a la par de los excesos cometidos en las OLP, denunciados incluso por la Fiscal General de la República, deben llamar a reflexión a los oficiales, y altas y medias jerarquías de los cuerpos policiales, de la Guardia Nacional Bolivariana, del SEBIN y otros cuerpos policiales.

Desde hace ya mucho tiempo, las excusas esgrimidas por cuadros medios, el “yo sólo cumplía órdenes superiores” no es aceptado en ningún tribunal del mundo; como tampoco es válido el argumento del “yo no sabía que eso ocurría”, “yo nada podía hacer” o la simplista actitud de “mirar hacia otra parte” cuando sus compañeros de armas o de institución cometen arbitrariedades, abusos y violaciones a los derechos humanos.

@marcostarre