InSight Crime
LA CONDENA DE 18 AÑOS DE PRISIÓN a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela no es complaciente y en lugar de ser representativo de la justicia pudiera ser una respuesta política del gobierno de Estados Unidos a la conducta “antidemocrática” de Nicolás Maduro.
El juez Paul Crotty, de la Corte Federal de Manhattan, anunció su decisión de condenar a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos del Presidente Nicolás Maduro, a 18 años de cárcel después de más de un año de espera y luego de descartar la condena de 30 años solicitada por la Fiscalía de Nueva York.
La decisión, que en Venezuela fue considerada benévola, se basó en que no había ninguna prueba de que los acusados hubieran distribuido drogas en Estados Unidos, según explicó el juez.
“En este caso no hubo incautación alguna de drogas y, ciertamente, ellos tomaron decisiones estúpidas… La justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad… la separación de sus familias ya será particularmente dolorosa”, publicó Runrun.es.
Los “narcosobrinos” fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015, por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) cuando intentaban concretar una negociación para llevar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
El 18 de noviembre de 2016 fueron declarados culpables del delito de conspiración para introducir droga a territorio estadounidense. Durante la investigación, la Fiscalía de Nueva York presentó documentos judiciales que vinculaban a los sobrinos del presidente Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues planeaban recibir cocaína de este grupo.
Declaraciones de testigos y documentos de la Fiscalía también relacionan a los “narcosobrinos” con traficantes de drogas en Honduras. Además durante la investigación se descubrieron evidencias que vinculaban a Franqui Francisco Flores y Efraín Campo Flores con bandas criminales y otros delitos en Venezuela. Se trata de los homicidios de dos hombres pertenecientes a las mafias carcelarias (pranes) y a megabandas (organizaciones dedicadas al secuestro, la extorsión y el microtráfico de drogas).
Durante el caso de los “narcosobrinos” también surgieron algunas grabaciones y otros elementos difundidos por algunos medios internacionales que mostraban la presunta complicidad de funcionarios del gobierno de Venezuela con el tráfico de drogas. Se refirieron al control del Cartel de Los Soles, supuestamente liderado por el expresidente del congreso Diosdado Cabello, sobre el tráfico de drogas desde Venezuela, y también y los presuntos nexos del vicepresidente Tareck El Aissami en actividades criminales. Sin embargo, no hubo mayores investigaciones sobre estas revelaciones.
La página especializada Insight Crime analizó la condena a los sobrinos de la primera dama Cilia Flores y aunque pudiera parecer compasiva -luego de demostrarse su relación con grupos de crimen organizado, el uso ventajoso de su poder político familiar para facilitar el tráfico de drogas y la intención de introducir drogas en Estados Unidos- en realidad la sentencia de 18 años de prisión es muy similar a las condenas recientes de poderosos criminales de la región, que han sido juzgados en Estados Unidos.
Los hermanos Luis Alonso y Miguel Valle Valle de Honduras, señalados de introducir mensualmente 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fueron condenados a 23 años de prisión. Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, recibió 24 años de pena, luego de declararse culpable de conspirar para introducir grandes cantidades de droga a ese país. También Marlon Francesco Monroy, conocido como “El Fantasma”, fue sentenciado en 2017 a 21 años y nueve meses de prisión en EEUU.
Otros dos poderosos capos colombianos también recibieron sentencias que fueron consideradas reducidas en comparación con los crímenes que habían cometido. Una Corte de Nueva York sentenció a nueve años de prisión a Luis Enrique Calle Serna, uno de los líderes de Los Rastrojos, quien llegó a ser uno de los narcotraficantes más importantes de Colombia. Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), considerada una de las más grandes organizaciones de narcotraficantes del mundo, fue condenado a solo 15 años y 10 meses de prisión por una Corte del Distrito de Columbia. Luego de una negociación con las autoridades de Estados Unidos, su responsabilidad en matanzas y violaciones de derechos humanos en su país no fue considerada en su sentencia.
Todas estas condenas tienen en común que los acusados se declararon culpables, se entregaron a las autoridades o negociaron acuerdos para suministrar información al gobierno de Estados Unidos. Al parecer los “narcosobrinos” no se ofrecieron como colaboradores, ni negociaron sus sentencias a cambio de suministrar información, así que su condena de 18 años podría ser un reflejo de eso.
Por otra parte, la condena a los “narcosobrinos” puede ser otra respuesta del gobierno de Donald Trump a las acciones “antidemocráticas” que han venido denunciado por parte del presidente de Nicolás Maduro. En varias oportunidades se llegó a plantear que desde Estados Unidos intentaron utilizar esta sentencia como una carta para negociar la salida del presidente Maduro del poder y obligarlo a flexibilizar algunas medidas, como el encarcelamiento de líderes políticos de oposición.
La decisión del juez Crotty, que había sido postergada en al menos tres oportunidades, se conoció el 14 de diciembre, cuatro días después de que el partido del presidente Maduro arrasara en las elecciones municipales, al ganar 308 de las 335 alcaldías que estaban en disputa. Se trata de la tercera victoria electoral consecutiva del mandatario en 2017, luego de triunfar en la Asamblea Nacional Constituyente y en las elecciones de gobernadores, todas obtenidas bajo la sospecha del fraude y en medio de un ambiente de protestas ciudadanas por falta de comida, medicamentos y una creciente inflación.
La ironía no se limita a la Casa Blanca. Después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro sancionó a Maduro y a una docena de funcionarios del Estado venezolano por violación de derechos humanos y conductas que atentaban contra la democracia. Además calificó a Nicolás Maduro de “dictador”. Sin embargo, estas medidas no parecen haber afectado al régimen del sucesor de Hugo Chávez, quien en los últimos cinco meses se ha fortalecido en el poder y ha radicalizado su modelo.
La condena de 18 años de prisión sobre los sobrinos de su esposa tampoco generó ninguna preocupación en el mandatario de Venezuela. Días antes del anuncio de sentencia, previsto para el 14 de diciembre, Maduro mantuvo su conducta retadora. El mandatario, ahora fortalecido políticamente, amenazó a la oposición con no permitirles participar en las elecciones presidenciales de 2018 si no exigían al gobierno de Estados Unidos que retire las sanciones en su contra.
Ningún funcionario del gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre la sentencia, tampoco los medios de comunicación oficiales han difundido la información.
