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Ministerio de Interior Justicia y Paz

Los primeros 30 días de Néstor Reverol al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dejaron una estela de acciones enfocadas en impedir o retrasar la “Toma de Caracas”. Otras de sus obras estuvieron orientadas a desmontar un supuesto golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, “dar de baja” a presuntos delincuentes y defenderse de la acusación que pesa sobre él: la conspiración para el narcotráfico

 

@loremelendez

UN DÍA DESPUÉS DE QUE EL TRIBUNAL del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos, acusara al general (GNB) Néstor Reverol por conspirar para traficar drogas, el presidente Nicolás Maduro lo hizo parte de su gabinete. Así, pasó a ocupar por segunda vez la titularidad del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que Hugo Chávez le había delegado en el ocaso de su vida, en noviembre de 2012. Así fue que continuó la tendencia militarista que se ha mantenido en esa cartera desde 2013, por donde han circulado más de una docena de militares como Ramón Rodríguez Chacín, Miguel Rodríguez Torres, Carmen Meléndez y Gustavo González López.

Días después de su nombramiento, se dieron sus primeros movimientos: medios de línea oficialista, como Últimas Noticias, publicaron que, gracias a las labores de Reverol, se había desmantelado a la banda de narcotraficantes que comandaba “Lucas El Flaco”. Poco después, Walid Makled, el traficante que en 2010 había señalado al flamante ministro de apoderarse de recursos provenientes de sus empresas, recibió una sentencia mayor a la que tenía. La novia de “El Loco” Barrera, otro narcotraficante detenido por órdenes de Reverol y procesado por el mismo tribunal que acusa al militar, también recibió su condena luego de una larga espera.

Las otras acciones del titular de Interior y Justicia estuvieron relacionadas con una nueva fase de la OLP, en la que continuaron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, y con la adopción de una serie de medidas de seguridad en la región capital del país, y hasta un plan para retardar el tránsito de personas, previo a la “Toma de “Caracas”, manifestación convocada por la oposición para exigir el cronograma del referendo revocatorio contra Maduro. Nada, sin embargo, pudo detener la marcha multitudinaria, que según la MUD reunión a más de un millón de personas, ni la criminalidad desbordada que azota a la ciudad, que terminó con el agosto más violento de los últimos tres años.

6 de agosto

Atrapan a “Lucas El Flaco”

El 6 de agosto, funcionarios de la PNB practicaron un par de operativos para desmantelar la banda de un narcotraficante venezolano: “Lucas El Flaco”, cuyo verdadero nombre es Carlos Reynaldo Lucambio Moreno. El presunto delincuente cayó junto a otras dos personas cuando allanaron la casa en donde estaba, en la urbanización Safari de Valencia, estado Carabobo. Ese mismo día, funcionarios del mismo cuerpo policial llegaron a una quinta de su propiedad ubicada en el sector El Palmar Este, en Caraballeda, estado Vargas, donde detuvieron a otras cuatro personas.

El grupo se dedicaba al tráfico de estupefacientes desde Venezuela hacia España y Francia y se presume que contaba con el apoyo de algunas autoridades aduaneras y de funcionarios de los aeropuertos internacionales de Caracas y Valencia.

Cinco días después de la captura, las autoridades colombianas entregaron a Venezuela a Harry Romero, un delincuente detenido hace un año en ese territorio, a quien se le había vinculado con “Lucas El Flaco”.

Medios de tendencia oficialista destacaron que el hecho había ocurrido a solo días de que Reverol tomara su investidura ministerial.

9 de agosto

Nuevo juicio para Makled

Una semana después de que Reverol llegó a su nuevo cargo, Walid Makled, quien había señalado al entonces jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de quedarse que el dinero que generaban las empresas de su propiedad, volvió a ser noticia. La Fiscalía General de la República pidió un nuevo juicio en su contra, luego de que había sido condenado a 14 años y 6 meses de prisión por tráfico de droga y legitimación de capitales.

Los fiscales del caso hicieron la solicitud ante la Corte de Apelaciones de Caracas e indicaron que en el proceso anterior se cometió “contradicción y falta de lógica” en la motivación de la sentencia. El 26 de agosto se decidió que la pena de Makled se aumentaría a 21 años.

10 de agosto

La sentencia contra la novia modelo de “El Loco” Barrera

Tras la petición de juicio contra Makled, Gabriela Alexandra Fernández Ocando (Miss Zulia 2008) y Sarah Carolina Penso Hernández fueron condenadas a 8 años y 8 meses de prisión, luego de admitir que habían incurrido en legitimación de capitales por medio de actividades ilícitas realizadas por el narcotraficante colombiano Daniel “El Loco” Barrera.

Ambas mujeres fueron apresadas entre septiembre y octubre de 2012, pero no fue hasta este año que se les dictó sentencia. Fernández Ocando era conocida como la novia del “Loco”, el mismo capo de la droga capturado en Venezuela días antes de que ella fuese puesta tras las rejas. Para aquel momento, Reverol – a quien le encanta decir que durante su gestión cayeron varios traficantes de estupefacientes – era viceministro de Seguridad Ciudadana y en un mes sería designado ministro de Relaciones Interiores y Justicia del gobierno de Hugo Chávez.

Barrera, deportado a Colombia y finalmente extraditado a EE UU, fue entrevistado por la revista Semana, de Colombia, poco después de su aprehensión. A este medio le declaró que iba “a colaborar a la justicia”. Él tenía información sobre funcionarios venezolanos que habían estado involucrados en su mismo “negocio” y, casualmente, su caso pasó por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que hoy acusa a Reverol de  de conspirar “para la distribución internacional de cocaína”.

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13 de agosto

OLP y Patrullaje Inteligente a revista

El 13 de agosto, el ministro de Interior y Justicia informó que la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) sería sometida a una fase de revisión que contemplaba el reentrenamiento de los funcionarios policiales integrados al plan, la consolidación de las zonas de paz y seguridad, el fomento de una “cultura de paz” lograda por medio de actividades culturales, deportivas y recreativas. Ya Reverol había estado vinculado a la OLP, pues en estos operativos –ejecutados por su antecesor, Gustavo González López– participaban efectivos de la Guardia Nacional cuando él ocupaba el puesto de jefe de la Comandancia General de ese cuerpo. Sin embargo, nunca figuró en estas actividades.

En esa misma intervención pública, el ministro adelantó que se evaluaba la implementación de un sistema único de comunicación para enlazar a todos los cuerpos policiales del país, además de bomberos y funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres.

Comentó que el Plan de Patrullaje Inteligente, que se aplica en los 79 municipios del país que concentran 81% de incidencia delictiva, se relanzaría luego de que se revisara y que la Policía Nacional Bolivariana sería reestructurada luego de que se redefinieran los servicios policiales y se hiciera un diagnóstico integral para equipar a los funcionarios.

13 de agosto

PNB del interior refuerza a Caracas

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Desde la segunda semana de agosto, el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz comenzó a preparar un despliegue de contingentes de policías y militares tanto en Caracas como en otras ciudades del país con altos niveles de criminalidad. Hubo reuniones con la GNB, así como con cuerpos policiales regionales y municipales, todo con el objetivo de disminuir en 40% la incidencia delictiva en la región capital. En un informe de la PNB, al que hace referencia un reportaje de Javier Ignacio Mayorca en Runrun.es, se detalló que el primer operativo se haría entre el 22 y 28 de agosto.

Pero lo más relevante del documento es que se acordó que, para encarar el déficit policial y poder cumplir con las exigencias del nuevo plan en Caracas, la PNB restaría funcionarios emplazados en Zulia, Táchira, Lara y Anzoátegui para trasladarlos a la capital. En total, 3.138  agentes serían reinstalados. Una segunda avanzada se haría para cubrir las necesidades de los municipios de los Altos Mirandinos.

17 de agosto

Los inocentes de El Valle

Dos ejecuciones en El Valle han sonado en los medios de comunicación desde que Reverol tomó el control de la cartera. En ambas se ha visto implicada la PNB e, incluso, un plan que él ya había declarado en revisión: la OLP

El 17 de agosto, Skimler Jesús Reyes Escobar, de 20 años de edad, murió luego de que una comisión de la PNB lo arrodillara en las escaleras de la casa de su abuela, en la calle 10 de Los Jardines de El Valle, y le disparara tres veces en la espalda. Posteriormente, los uniformados hicieron disparos al aire para simular que lo que sucedido había sido un enfrentamiento. De acuerdo con el relato de los vecinos, los policías aseguraron que el joven solo estaba herido. Además, robaron productos de primera necesidad de la vivienda, la Canaimita del hermano de 10 años de la víctima y le dieron un tiro al perro. Afirmaron que se trató de una OLP.

Una hecho similar ocurrió cuatro días después, el 21 de agosto, cuando mataron a seis personas en la calle 7 del mismo sector. Una de estas fue Brayan Márquez, de 18 años de edad, quien salía de una fiesta en el momento en el que llegaron comisiones del Cicpc y la PNB para practicar un operativo y así dar con los responsables de la masacre de 10 personas, registrada el 18 de agosto, a manos de un grupo de delincuentes que peleaba por el control del lugar. Quienes andaban con Márquez salieron corriendo al ver a los uniformados, pero el joven se quedó sólo y recibió un impacto de bala en el pecho. Su familia aclaró que era inocente.

22 de agosto

Cicpc declara otra vez

Desde diciembre de 2003, las autoridades policiales dejaron de hacer públicas las cifras de la criminalidad de cada fin de semana. Se acabaron los balances de seguridad, las ruedas de prensa y las declaraciones oficiales sobre el tema. Por ningún lado se podían conseguir el número de muertes que se había producido en el mes o en el año. Sin embargo, con la llegada de Reverol a la cartera de Interior y Justicia, por segunda vez, surgió un pequeño cambio.

El lunes 22 de agosto de 2016, el Cicpc ofreció un balance de seguridad después de 13 años. El comisario Douglas Rico, director nacional de ese cuerpo, detalló que durante el fin de semana anterior se habían realizado dos procedimientos en los Valles del Tuy, en los cuales murieron 11 presuntos delincuentes. Aunque no especificó la cifra completa de muertes violentas sucedidas en la semana previa, sí afirmó que entre una semana y otra, los números habían bajado 71%.

“El trabajo que se está haciendo por instrucciones del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, está produciendo sus efectos de disminuir el delito y generar esa percepción de seguridad a todos los venezolanos que hacen vida en el área. Pero no sólo nos estamos quedando en el Área Metropolitana de Caracas, en todo el país también se están realizando estos operativos a fin de disminuir estos índices delictivos que venían en una proyección elevada. Hoy en día podemos decir que se siente la presencia policial en las calles de Venezuela”, dijo Rico en medio de una apertura que se esperaba desde hacía más de una década.

El propio Reverol ha participado en eventos en los que se convoca a los medios privados, aunque no ha permitido preguntas.

23 de agosto

Espaldarazo al Cicpc con nuevos equipos, sueldo y sede

El 23 de agosto, el Presidente transmitió su programa de radio y televisión “Contacto con Maduro”, desde la nueva sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en San Agustín del Sur, en Caracas, un edificio que llevaba más de una década a la espera de que se culminaran las obras para su inauguración. El mandatario bautizó el lugar con el nombre de “Luis Monroy”, comisario del Cicpc en Táchira que fue asesinado hace tres años “por paramilitares” durante un operativo de rescate de un ganadero secuestrado.

Pero ese no fue el único espaldarazo que el jefe de Estado dio a la policía técnica. Ese día también anunció un aumento salarial de 50% para los funcionarios de esa fuerza y entregó 22 camiones para traslados de detenidos, 8 furgonetas para el Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) y 2 unidades VN4 para operativos de OLP en su nueva fase.

En ese programa, Maduro dijo que trabajaría junto a Reverol para “construir la seguridad que necesita el país”, que depuraría a los cuerpos de seguridad y que fortalecería las inspectorías.

29 de agosto

La guerra de los drones

Tres días antes de la “Toma de Caracas”, protesta de la oposición para exigir celeridad al CNE en la realización del referendo revocatorio presidencial, Reverol restringió el tránsito de drones por la “seguridad de los venezolanos”, aunque aclaró que por ese mismo motivo, el gobierno desplegaría 30 de estos artefactos en todo el territorio nacional, sobre todo en Caracas y el estado Miranda.

El día del anuncio también informó que los propietarios de drones tendrían 120 días para registrarlo ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y comunicó que una resolución de esta institución y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas prohibió, hasta el 5 de septiembre, las operaciones de aeronaves particulares y no tripuladas, incluyendo avionetas y helicópteros. Aunque los pilotos protestaron por la medida, nada se sometió a reconsideración.

29 de agosto

Cota 905 y la nueva fase de la OLP

En el “Eje de la muerte” que conforman la Cota 905, El Cementerio, El Valle y Coche, se desplegó la nueva fase de la OLP con 1.704 efectivos. Dos jóvenes, Jackson David Angulo Lander, alías “Pecho”, de 28 años de edad, y Arnold José Bullones Marcano, de 24, murieron tras presuntos enfrentamientos con policías.

28 de agosto

Plan “retardatriz”

Ideado contra la “Toma de Caracas”, involucró tanto a la PNB como a la GN y a los colectivos, quienes pusieron alcabalas y escollos en todo el país para dificultar que se llevara a cabo la concentración en la capital. De acuerdo con un reportaje publicado por Javier Mayorca en Runrun.es, la primera señal la recibieron un grupo de manifestantes de Tinaquillo, quienes intentaron unirse a una caravana que había partido de Portuguesa a Caracas, hasta que simpatizantes del PSUV le cerraron el paso con palos, piedras y hasta armas de fuego. El día de la marcha, el 1 de septiembre, se multiplicaron los puntos de control que retrasaron a los marchistas que viajaban desde el interior del país a la capital. Los agentes tenían la orden de verificar a los transportes públicos y retener los vehículos sospechosos.

2 de septiembre

El golpe del 1S

Se primer mes en el gabinete cerró con una conspiración. Tras la “Toma de Caracas”, el ministro de Interior y Justicia reveló ante los medios, y posteriormente ante el cuerpo diplomático presente en Venezuela, que dirigentes de oposición tramaban un golpe de Estado contra Nicolás Maduro.

Días antes, se libraron persecuciones y allanamientos contra la residencia del diputado zuliano Lester Toledo, y del alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, en Aragua, Delson Guarate, a quien finalmente detuvieron el viernes 2 de septiembre. Además, trasladaron al ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, desde su apartamento en Caracas, donde cumplía su condena, hasta el Internado Judicial “26 de Julio”, en Guárico. También apresaron a Yon Goicochea, de Voluntad Popular, y a Carlos Melo, de Avanzada Progresista, a quienes supuestamente se les descubrió material explosivo. A todos ellos los incluyeron en un complot para acabar con el gobierno.

Reverol, en rueda de prensa, informó que a Ceballos le fue incautado un documento que revelaba la gestación de un “plan desestabilizador” que se activaría en Caracas el 1 de septiembre, cuando se harían asesinatos selectivos. Afirmó que se desarticuló un campamento paramilitar cerca del Palacio de Miraflores, donde se incautaron cuatro armas largas, municiones, material explosivo y varias prendas militares.

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González López: La banda de

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El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, reiteró que la masacre de los mineros se produjo a raíz de un “enfrentamiento” entre cabecillas de organizaciones criminales: las bandas de “El Topo”, quienes ejecutaron a las víctimas, y “El Gordo Lizandro”. Ambas ejecutaban “acciones de corte paramilitar para hacerse del control político y económico de la zona minera”.

“El lamentable desenlace se produjo luego de que estas organizaciones paramilitares, con fines políticos, tuvieran diferencias por el cobro de vacunas y extorsiones practicadas a compradores de oro y comerciantes de esa localidad del estado Bolívar”, dijo González López.

En la matanza, dijo el ministro, se llevaron a cabo “prácticas cruentas heredadas de otras latitudes”.

Adelantos e implicados

Informó González López que uno de los implicados en la masacre fue detenido este viernes en el estado Zulia. Se trata de Francisco David Carache Zambrano, alias ‘Goliat’, capturado en el Hotel La Llovizna de Lagunillas, luego de salir por vía aérea del estado Bolívar. Su oficio era reclutar personas en Tumeremo para trabajar en las minas controladas por “El Topo”: Hoja de Lata, Botanamo, Cafetal y Vuelvan Caras.

Recordó que hay otros dos detenidos por el hecho: Rosa Gil, quien coordinaba las operaciones logísticas, y Luis Rueda, sobrino de Gil y colaborador de “El Topo”. Los hermanos Carlos y Manuel Balaguer, propietarios de la retroexcavadora incautada en Nuevo Callao, zona donde fue hallada la fosa con los cuerpos de los 17 asesinados, están retenidos de manera preventiva.

Por ahora, los funcionarios policiales están tras la pista de Jamilton Ulloa Suárez, alias “El Topo” y de Carlos Alcorce, alias “Cocó”, encargado de compra de armas de la banda. Las autoridades también buscan a Yenny Abadesa Ulloa Suárez, alias “La Bacha”, quien es hermana de “El Topo” y colabora con él.

De acuerdo con lo expuesto por el ministro, en rueda de prensa, la banda de “El Topo” tenía cinco jefes de mina, entre quienes se cuentan dos hermanos del cabecilla: Harry Ulloa y alias “Coro”. En ese equipo también están Carlos Ortiz, alias “Cara e’ Niña”, además de dos delincuentes no identificados, conocidos como “Nardo” y ” El Morocho”.

“El Topo” contaba además con 18 sicarios, comandados por un hombre de nacionalidad colombiana y de nombre Edwin Toribio, alias “Toribio”.

Los otros

La otra banda implicada en el hecho es la de Alixandro Lizandro González Montilla, alias “El Gordo Lizandro”, y José Enrique Zurita Arévalo, alias “El Potro”, quienes actuaban con la colaboración de alias “Coporo”, su lugarteniente. Todos, según el ministro, están solicitados por extracción minera ilegal, extorsión y secuestro y mantienen vínculos con “sectores políticos y financieros” del municipio.

Declaró el ministro que el grupo delictivo cuenta con 15 sicarios y cuatro personas de alta confianza como Joangel José Granados, alias Marihuana y Lizangel Alexander Romero, conocido como “El gato”. Los otros dos colaboradores eran José Ángel Ruiz Montilla, alias “Tita” y José Armando Ruiz Montilla, alias “Ku”, asesinados en la masacre.

Título de caja

Por el caso han declarado dos testigos: Jairo Rojas Vaca, quien había sido declarado como desaparecido y otra persona que se encuentra bajo protección. Los dos fueron rehenes, durante 10 días, de los hombres de “El Topo”.

Según los testigos, una de las frases repetidas por sus captores era “tenemos dos, faltan nueve”.

En la matanza participaron alrededor de 30 y 40 personas. Contó el ministro que, después de enterrar a las víctimas, cuatro delincuentes se dirigieron en vehículos hasta la casa de Rosa Gil, ubicada en un caserío que está en la vía a Nuevo Callao, cerca del basurero de Pedeca. En ese sitio permanecieron unas horas y desde allí partieron hacia el sector Las Luisas. y luego a pie hasta San José, un caserío cercano a la mina Hoja de Lata, una de las que controla “El Topo”. Allí, los rehenes fueron liberados “por la presión de los cuerpos de seguridad”.

El ministro cerró su declaración asegurando que no descansarán “hasta dar con los culpables de este fenómeno paramilitar importado desde Colombia”.

Título de caja

MinerosdeTumeremo

Hay 2

 

  • En julio de 2014, la técnico superior en procesos químicos, Araminta González, brindó alojamiento en su residencia de Guarenas a Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta, dos supuestos activistas de “la resistencia” y de Operación Libertad. Dos semanas más tarde, denunció en redes sociales el hurto de artículos de tecnología y enseres en su apartamento y señaló como responsables a los jóvenes a quienes dio refugio
  • Dos días después fue detenida por funcionarios del Cicpc. Las autoridades se valieron del testimonio de uno de estos “patriota cooperante” para imputarla por complicidad en un supuesto plan desestabilizador para elaborar explosivos. Ha pasado un año presa en el INOF sin que se celebre la audiencia preliminar en su caso
  • Trejo y Pérez Venta —quien hasta 2010 era ferviente seguidor de líderes del chavismo en twitter— serían los presuntos “patriotas cooperantes” señalados de entregar a González y de haber infiltrado partidos políticos de oposición, como ABP, Primero Justicia y Voluntad Popular. Ambos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato de Liana Aixa Hergueta, la mujer que fue hallada descuartizada en un vehículo Mazda 3 abandonado en la urbanización Las Palmas


@albertoyajure

UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA SOBRE LA DETENCIÓN  de Araminta González condujo a dos hombres que se hacían pasar por activistas estudiantiles y dirigentes de partidos políticos de oposición: Carlos Eduardo Trejo y José Rafael Pérez Venta. Ambos han sido señalados como “patriotas cooperantes” (informantes de cuerpos de seguridad del Estado) que infiltraron partidos políticos de oposición para entregar a estudiantes y manifestantes que participaron en las protestas de 2014.

Trejo tiene dos denuncias por estafa en Valera, Trujillo; mientras que Pérez Venta también ha sido acusado del mismo delito en las redes sociales por algunas de sus víctimas. Los dos fueron detenidos entre el lunes 10 y el martes 11 de agosto por el asesinato de Liana Aixa Hergueta, quien fue hallada descuartizada el viernes 7 de agosto en Las Palmas.

Los registros de las conversaciones entre ambos, sus actividades en las redes sociales y sus testimonios ofrecidos en exclusiva a Runrunes revelan la trama de esta estructura de espionaje político y crimen:

“Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano”, se lee en una fotografía que muestra un diálogo telefónico entre dos personas. La comunicación ocurre por medio del servicio de mensajería de Blackberry PIN. En otra línea del mismo diálogo aparece: “Lo siento. Es mi nombre el que está en juego”.

Luego, más abajo, llega la respuesta: “Déle con furia”.

La conversación tuvo lugar al menos tres días antes de la detención de Araminta González por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Los interlocutores son dos “activistas” y manifestantes a los que González dio alojamiento en su apartamento, en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas, Miranda, durante el mes julio de 2014.

González —graduada con título universitario en procesos químicos del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Federico Rivera Palacios— fue apresada el 24 de julio de 2014 en las inmediaciones del Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas. Fue acusada de cargos de terrorismo, asociación para delinquir y elaboración ilegal de explosivos. El cargo de terrorismo fue desestimado por el Ministerio Público (MP) en los meses siguientes.

En el expediente de su causa judicial se menciona que las autoridades habían recibido una llamada de un “patriota cooperante” que había señalado a González, quien trabajaba en una empresa farmacéutica, como cómplice en una supuesta conspiración para elaborar explosivos que serían luego colocados en varios puntos de Caracas. El objetivo del plan era, según las autoridades, desestabilizar el país y volver a “encender” las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sofocadas tras una oleada de allanamientos y detenciones masivas durante abril y mayo de 2014.

En la documentación también se reseña como supuesto cabecilla de la conspiración al politólogo Vasco Da Costa y a otros dos implicados: el técnico electrónico José Luis Santamaría y un administrador en el Banco Central de Venezuela (BCV), llamado Efraín Ortega. Todos los acusados fueron detenidos el 24 de julio y han permanecido un año encarcelados sin que se haya celebrado la audiencia preliminar, suspendida en trece ocasiones, casi una por mes. La ausencia del MP ha sido la causa de la mayoría de los diferimientos en el juicio.

Las circunstancias que rodearon la acusación contra Araminta González no están del todo claras. Hay —sin embargo— algunas certezas, mucho silencio y miedo. Entre quienes la conocieron como una simpatizante de la oposición se ha levantado un muro de intrigas y desconfianza. Cada uno tiene un testimonio que protege como un pedazo de verdad, cada uno afirma saber algo y cree poseer la clave que puede ayudar a esclarecer el caso. Pero no siempre están dispuestos a hablar, mucho menos a que se les cite con nombres y apellidos.

Sobre la trama que se tejió semanas antes de la detención de González y en los meses que siguieron de su encarcelamiento, la mayoría de los consultados para este reportaje concede algunos hechos de manera unánime.

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Araminta González fue torturada y está presa en el INOF 

Un robo y la delación de un “patriota cooperante”

Tres semanas antes de su detención, el 5 de julio de 2014, González prestó alojamiento en su residencia a dos jóvenes que supuestamente militaban en movimientos de la disidencia política y que participaban en manifestaciones. Carlos Eduardo Trejo Mosquera, natural de Valera, estado Trujillo, era uno de ellos.

Trejo había sido estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia. En 2013 se involucró con agrupaciones de estudiantes, antes de formalizar su inclusión en un movimiento que se conoció como Operación Libertad y que dirigía Lorent Gómez Saleh, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Plaza Venezuela, Caracas. En su perfil de Facebook, público hasta el sábado 8 de agosto, mostraba fotografías suyas vistiendo camisetas y en actos de dos partidos de oposición: Primero Justicia y Voluntad Popular.

El segundo huésped era José Rafael Pérez Venta, quien se declaraba simpatizante y activista de Voluntad Popular (VP). La biografía de Pérez Venta es confusa y está llena de inconsistencias. Posee tres perfiles conocidos en Facebook y ha manejado al menos cuatro cuentas distintas en Twitter.

Asegura que estudió una licenciatura en Ciencias Navales en la Academia Militar de la Armada, se declara “preso político” y afirma que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010. También manifiesta que en 2011 hizo un “Máster en Gobernabilidad y Gerencia Política” en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas.

En otra cuenta, también en Facebook, se aprecia una fotografía en la que viste de uniforme militar. En su biografía coloca que estudió Derecho en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), que trabaja en el Ejército venezolano y que reside en Miami Beach, Florida. En entrevista con Runrunes, el 3 de agosto de 2015, afirmó que había cursado la carrera de Derecho en la Universidad de Carabobo (UC), en Valencia.

Pérez Venta también abrió una cuenta o perfil en la red profesional Linkedin, con una fotografía en la que aparece vestido de negro en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Allí se afirma que trabajó como “Coordinador Comunitario de Voluntad Popular” entre 2013 y 2014; también que estuvo empleado entre 2001 y 2013 (11 años) como “Analista de Soporte Técnico” en Ford Motors y como “Gerente de Desarrollo de Negocios” de Nexsys, una empresa de software en Colombia entre 2000 y 2002.

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Carlos Eduardo Trejo (izquierda) y José Pérez Venta (derecha)

Tanto Trejo como Pérez Venta admitieron para este reportaje haber pernoctado en la residencia de González. Se sabe que Trejo se quedó durante poco más de dos semanas. Pérez Venta habría dormido en esa residencia durante ocho o nueve noches. Tugomir Yépez, estudiante de la UCV y vinculado con el partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), reconoce también haber compartido con ambos durante una velada en el inmueble:

“Yo estaba viendo un partido de fútbol del Mundial, cuando en la noche me llama un amigo [Pérez Venta] que se encontraba en casa de Ara —así la conocí—. Él estaba junto a otra persona [Trejo], me dijo que se estaban quedando en Guarenas y que si podía ir hasta allá. Compré una botella de ron. Pensé que estaban en casa de un amigo, nuestro plan era tomarnos algo ahí. Cuando llegué al apartamento, estaban solo ellos dos, Ara aún no había llegado de su trabajo”, relata desde París, Francia, donde afirma que se encuentra “exiliado”.

Pérez Venta afirmó a Runrunes que fue él quien sirvió como mediador para que González recibiera a Trejo en su casa durante unos días. La estancia, sin embargo, se prolongó y terminó de manera abrupta y agria. Aunque eran “compañeros” y estuvieron vinculados a Operación Libertad, hoy ambos se declaran adversarios, se acusan mutuamente y ofrecen versiones disímiles sobre la autoría del hurto de artículos que pertenecían a González y su familia.

Un relato de Araminta González, reconstruido a través de uno de sus defensores, el abogado José Vicente Haro, da cuenta de las circunstancias en las que ella asegura haberle entregado las llaves de su casa a Carlos Eduardo Trejo. De acuerdo con esta versión, Trejo engañó una tarde a González para que le “prestara” las llaves del apartamento, pues necesitaba buscar su cédula para presentarse en tribunales. Trejo había sido detenido meses antes, durante el desmantelamiento de los campamentos estudiantiles en Caracas. Su nombre aparece en una pieza del expediente de la causa judicial contra la dirigente de la UCV, Sairam Rivas. Los cargos contra Trejo —y otros 43 jóvenes— fueron sobreseídos en agosto de 2014.

De allí en adelante, la historia se desenvuelve en distintos escenarios y con varios actores. Un amigo de González en Guarenas que accedió a hablar para este reportaje declara: “Ella me llamó llorando… estaba alterada, muy molesta. Me dijo que había vuelto a casa del trabajo, pero que no había podido entrar al apartamento porque no tenía las llaves. Se cansó de tocar el timbre, pero no lo escuchaba desde el otro lado. Me contó que llamó por teléfono a estos chamos y que ninguno le respondió. Se habían ido y ella tuvo que dormir en casa de una vecina”. Esto ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención.

Una compañera, que asegura haberle aconsejado enérgicamente sobre los riesgos de hospedar a Trejo y a Pérez Venta en su casa, relata: “Yo le advertí que no metiera gente en su casa, pero ella no me hizo caso. Le dije que se calmara, que llamara a un cerrajero y que pidiera dinero prestado, porque seguramente le iba costar una plata. Al día siguiente rompieron todo y ella mandó a cambiar las cerraduras. Pero cuando entró al apartamento se encontró con que todo estaba revuelto y faltaban algunas cosas”. Esto pasó el martes 22 de julio de 2014.

En el inventario de objetos sustraídos del apartamento de González se incluyen, de acuerdo a distintas versiones de allegados: una laptop, un disco duro externo, una cónsola de videojuegos, varios discos, electrodomésticos, una cadena de oro, prendas, un celular y un alisador de cabello. El hurto y la salida intempestiva de Trejo y Pérez Venta del apartamento ocurrió el lunes 21 de julio, tres días antes de la detención de Araminta González.

Una amenaza

Captura

Capturas telefónicas que muestran el intercambio de mensajes entre Trejo y Pérez Venta

González consideró hacer una denuncia por robo ante el Cicpc. Al menos así lo hizo saber a dos personas que le recomendaron que acudiera ante las autoridades. Las razones por las cuales no logró formalizar la acusación no están claras, aunque sí declaró a sus abogados que recibió amenazas tras haber publicado mensajes en sus cuentas de redes sociales en las que advertía sobre Carlos Eduardo Trejo y José Pérez Venta.

Un fragmento de un mensaje que escribió en su cuenta en Facebook decía: “Informo: urgente, dos jóvenes que se hacen pasar por perseguidos políticos para que los alojen en sus casas, luego que adquieren confianza de las personas y averiguan todo lo que pueden de la familia, les roban, actúan en pareja, uno se lleva todo y el otro se hace el que no sabe nada, ha ocurrido en otros estados, pendiente, a mí me pasó, se quedaron dos semanas en mi casa…

Además, tuiteó y señaló a Trejo y a Pérez Venta como responsables del hurto de artículos en su casa. La noticia llegó rápidamente a chats y redes sociales. Las cuentas de González fueron hackeadas en los días posteriores a la desaparición de su computadora. Un testimonio da cuenta de que habrían sido sus compañeros de trabajo, el 22 de julio, en Genéricos Venezolanos, quienes le avisaron que su perfil en Facebook había sido llenado de imágenes alusivas al oficialismo.

La tensión se acumuló rápidamente. Hubo discusiones e insultos. Trejo y Pérez Venta ya habían abandonado el apartamento. El primero cargó con las llaves de González y partió —primero— San Antonio de Los Altos, en Miranda. De allí pasó a San Diego, en Carabobo, y después a casa de una estudiante en el estado Falcón. El segundo volvió a Caracas, según dijo, a casa de una tía en Roca Tarpeya.

Ambos comenzaron a ser increpados. Un dirigente estudiantil de la UCV atestigua: “Yo llamé a Tugomir, porque él era muy amigo de ellos. Le pregunté por esos chamos y lo que había pasado, pero él me dijo que todo era un chisme y luego me sacó el cuerpo, siempre decía que estaba ocupado. Después hablé con Trejo, y él se molestó y dijo que ella (Araminta) era una habladora de paja”.

A medida que avanzaban los días, el conflicto se alimentaba de las críticas. Tres capturas de pantalla muestran una discusión entre Trejo y Pérez:

—Carlos Trejo: Y qué pasó con la laptop?
—José Pérez: Aquí.
—CT: No la ibas a vender pues?
—JP: Ajá

Después, en otra fotografía se lee:

—CT: Marico responde.
—JP: Esta carajita se volvió fue loca.
—CT: Si? Aclara eso José, de una, de pana. Yo mañana voy al Sebin y la voy a pajear durísimo, hermano. Lo siento.

En otra imagen, el intercambio escala en acusaciones mutuas:

—JP: A todo el mundo le he dado la cara. Ud se quedó con las llaves. Tú sabrás lo que hiciste, quedaste mal con todo el mundo como ladrón. Que decepción!!!!
—CT: Si? Claro culpame y lávate las manos, es lo mejor que sabes hacer.

Trejo admitió el martes 4 de agosto en una entrevista telefónica con Runrunes que las capturas y el registro de la conversación son auténticas. Descarta, sin embargo, que hubiese sido él quien sustrajo la laptop y las “otras cosas” desaparecidas de la residencia de González.

“Yo se lo dije muchas veces a Ara: ‘A mí no me gusta que tengas esas confrontaciones con tu hermana por tenerme aquí. Prefiero irme y que tú te evites problemas con tu hermana’… Hubo un altercado con Pérez Venta, en el que sustrajo varias cosas del apartamento de Ara y me deja a mí las llaves de su casa… Una computadora y otras cosas que se robó. Yo lamentablemente tuve conocimiento de esto y se lo dije más de una vez [a Pérez Venta]: ‘No hagas esto, marico, porque Ara nos está ayudando’… Pero la forma en que él la trabajó psicológicamente fue muy ruda… Él me respondió: ‘Tranquilo, que Ara no se va a enterar y nosotros nos perdemos’ ”.

Trejo reconoció haberse quedado con las llaves del apartamento de González. Aceptó incluso haber estado en el mismo lugar y momento en el que él asegura que Pérez tomó los objetos del inmueble. Cuando se le preguntó sobre el chat con la amenaza de acusarla en el Sebin, respondió: “Sí, lo reconozco. Yo dije eso porque estaba cansado del peo de que me acusaran de algo que yo no hice. Ella y yo conversamos. Tuvimos discusiones bien fuertes, pero al final de cuentas no pasó a mayores. De allí a decir que yo fui, la acusé y la entregué, eso nunca pasó”.

¿Quién es José Pérez Venta?

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Los múltiples perfiles y facetas de José Rafael Pérez Venta en redes sociales

José Rafael Pérez Venta tiene 29 años, y mide casi 1,70 metros. Se presenta con una chemise roja, una gorra azul —que usa volteada hacia atrás— y lleva en su muñeca un reloj dorado, marca Citizen.

Pérez Venta afirma haber integrado las plataformas juveniles JAVU y Operación Libertad. En varias fotografías se le ve con camisetas de ambos movimientos. “Lorent Saleh me invitó a Colombia”, dice; y añade que tanto el ex ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, como el presidente de la AN, Diosdado Cabello, lo han nombrado a él “muchas veces”.

Frecuentaba eventos de la disidencia política. Varias fotografías lo muestran en la vigilia tras el asesinato de Mónica Spear, en enero en 2014 en la plaza Alfredo Sadel; también en la entrega del dirigente Leopoldo López —en febrero— y detrás de María Corina Machado, cuando se presentó en el MP tras su imputación, el 3 de diciembre. También en la misa por un año del asesinato de Bassil Da Costa y en una foto con Henrique Capriles Radonski en la que lo felicita por su cumpleaños, el 11 de julio de 2015.

“Entré a Voluntad Popular (VP) en 2013 desde Carabobo. Articulé con el equipo en Valencia y luego en Chacao. He hecho activismo político. Estuve en las protestas en la OEA, en las huelgas de hambre en la plaza La Castellana y en el campamento en la plaza Alfredo Sadel”, se ufana.

Pero un alto dirigente de VP le confiere la categoría de simpatizante o voluntario. Admite que frecuentaba la sede, pero descarta que haya tenido algún cargo o participación en decisiones o reuniones internas del partido. Analiza una fotografía en la que se le ve con una camisa naranja con el logo de VP y su nombre en el pectoral derecho y asegura que no es auténtica. Insiste en que el partido no entrega camisas a militantes. En todo caso, estas tienen una características específicas, no como la que vistió Pérez Venta, de la marca Columbia.

“La primera vez que lo vi fue en la Tintorería [como se conoce a la antigua sede de VP en Chacao]. Se vendía como alguien que sabía de inteligencia y hablaba mucho. Nunca se supo donde vivía, él siempre se quedaba en casas de otra gente. Iba y venía, se perdía por semanas o meses. Después lo veías otra vez por ahí”, relata un funcionario del Concejo Municipal de Chacao.

En 2014, Pérez Venta envió cartas y correos electrónicos a varias personas —a los que tuvo acceso Runrunes—, en las que solicitó dinero a “sectores privados, comerciales y entre la población en general” para las manifestaciones y estudiantes presos. Eran comunicaciones en las que firmaba como Operación Libertad. Debajo de su nombre colocaba: “Ex preso político y dirigente de VP. @SinmiedoVP”.

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Pérez Venta (derecha) junto al dirigente opositor Leopoldo López, en su entrega a la GNB el 18 de febrero de 2014 en Chacaíto

Tres dirigentes del partido aclaran que las alarmas se encendieron cuando Pérez Venta fue visto trabajando como vigilante en la garita de la urbanización donde reside el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, en La Boyera. “Algunos concluyeron que era un infiltrado”, rememora una de las fuentes. No hay consenso en cuanto a las razones por las que se desvinculó de la organización política.

Después se unió al partido Alianza Bravo Pueblo (ABP). Rápidamente se “autoproclamó” “coordinador nacional de DD HH” y también escribió en redes que pertenecía a Amnistía Internacional (AI). En Twitter —sin embargo— lo han acusado de infiltrado. Él lo sabe y confirma que lo separaron de ABP porque lo consideran un “patriota cooperante”.

Se defiende de los señalamientos: “Yo no entraba a las sesiones, ni a las reuniones. ¿Cómo pude saltarme los anillos? Me cansé de todo, decidí separarme de todos los partidos… Los reto a que demuestren y saquen todas las pruebas… Ojalá algún día caigan bajo el mazo de Dios como único juez terrenal y universal”.

Pérez Venta se involucró sentimentalmente con una integrante del equipo de confianza del dirigente Carlos Vecchio. En junio de 2014 el coordinador político de Voluntad Popular se vio obligado a salir del país, después de que se librara una orden de detención en su contra por supuestos delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir. Más recientemente, Pérez Venta se relacionó con una trabajadora del equipo del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, quien fue detenido por el Sebin.

Un dirigente de VP reveló: “Cuando detuvieron a Ledezma, yo estuve en Plaza Venezuela acompañando a Mitzy. Al día siguiente me dirigí a la sede del partido, en el edificio Exa de El Rosal. Pérez Venta fue la primera persona que vi cuando entré a la oficina”. Además, él asistía a las audiencias en los juicios contra Leopoldo López y el alcalde metropolitano.

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Una revisión a su cuenta en Twitter (@perezventa) descubre que Pérez Venta era un ferviente seguidor del oficialismo. Entre 2008 y 2010 tuiteaba intensamente y mencionaba con frecuencia las cuentas del expresidente Hugo Chávez (@chavezcandanga) y del diputado Diosdado Cabello (@dcabellor), a quienes llamaba “camarada”, “Comandante”, “padre”. Se decía soldado de la revolución y pedía desesperadamente —suplicaba— auxilio para que le adjudicaran una vivienda.

También menciona una esposa, llamada Milagros del Valle Gómez, quien trabajó hasta el 31 de julio de 2015 en el Ministerio de Vivienda, según consta en el registro ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En un período de dos años, entre 2010 y 2012, Pérez Venta pasó de ser un efusivo y fervoroso militante de la revolución a un acérrimo disidente vinculado a partidos políticos, líderes de oposición, y un calculador manifestante.

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Entre otras inconsistencias, Pérez Venta ofrece dos fechas distintas en las que cursó estudios en la Academia Militar de la Armada. Es otro componente de las FANB, distinto al que aparece en uno de sus perfiles de Facebook. Relata que fue preso político, que estuvo detenido en Ramo Verde entre 2007 y 2010, que le imputaron cargos por “sustracción de efectos de las FANB, usurpación de funciones, sublevación e insubordinación”.

Afirma que integró en 2007 un grupo de rebeldes contra el “Plan Ávila” que “vació el parque” de dos regimientos que eran —según dijo— el Batallón 342 G/B Pedro Briceño Méndez y el Batallón Juan de Dios Agraz. Dice que la mayoría de sus compañeros está en Estados Unidos, que lo iban a sacar del país, pero que él cayó detenido.

Sobre su espectacular escape y recaptura, esta es la versión:

“Bebí cloro, para que me sacaran. Me llevaron al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, me internaron y tuvieron que operarme. Estando de reposo, me asignaron un custodio. Yo me gané su confianza. Cuando se quedó dormido, me escapé por la escalera de servicio. Agarré un taxi hasta Maracay. Pero allí me agarraron de nuevo y me devolvieron a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, y luego a la 35 Brigada de la Policía Militar, en Fuerte Tiuna. Me golpearon, y me trasladaron de nuevo a Ramo Verde. Me ayudó la jueza Aniole Berberaggi Infante y me entrevisté con Eladio Aponte Aponte, que era fiscal militar. Yo negocié para que mi fuga no la incluyeran. Después me expulsaron”.

Se le indica que en la Corte Marcial no se encontraron evidencias de ningún proceso judicial contra él. Guarda silencio. Su perfil de Facebook del año 2008 muestra un joven militar del Ejército Bolivariano. Se ven también algunas fotos de su familia: esposa, dos hijos. Reseña que estudió en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y en la UNEFA.

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Pérez Venta y su foto en Linkedin, en la AN

José Pérez Venta acusó a su otrora amigo inseparable, Carlos Trejo, de haberse llevado todos los artículos desaparecidos del apartamento de Araminta González. Lo tilda de infiltrado y de ladrón. Asegura que no era la primera vez que Trejo había “robado” a alguien y ofrece como pruebas un par de capturas de decenas que él tiene guardadas en su celular con diálogos en los que hace ver que personas señalan a Trejo como un “estafador”.

Menciona a Liana Hergueta, de quien da su número telefónico y dice que es una víctima de las estafas de Trejo. En efecto, Hergueta había publicado en mayo varios tuits en su cuenta en Twitter en los que acusaba a Trejo de haberla estafado por una suma de 1 millón 300 mil bolívares en una transacción de compra venta de dólares.

Cuatro días después de la entrevista con Pérez Venta, el viernes 7 de agosto, Hergueta fue hallada muerta en la calle Los Manolos, de Las Palmas, en Caracas. Su cuerpo desmembrado estaba dentro de un vehículo azul, Mazda 3. Un amiga de Hergueta declaró a La Región que la mujer fue citada el jueves en Caracas por un supuesto dirigente de ABP y el viernes apareció muerta.

El primer sospechoso por el crimen fue Trejo. Pero el lunes 10 de agosto en la noche, se conoció por fuentes policiales, que fue allanada una de las residencias donde vivía Pérez Venta. Ese mismo día fue detenido por funcionarios de la División contra Homicidios del Cicpc por su presunta vinculación con el asesinato de Hergueta.

El martes 11 de agosto en horas de la tarde fue capturado en Yaracuy, Carlos Trejo. En un boletín, el Ministerio Público informa sobre la detención de ambos hombres y agrega que serán imputados por el homicidio de Hergueta. “Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por el Cicpc, se logró determinar la presunta vinculación de Pérez Venta y Trejo Mosquera con el mencionado hecho”, dice la nota de prensa.

Ambos “patriotas cooperantes” habrían confesado su participación en el homicidio de Liana Hergueta. Se pudo conocer de fuentes policiales que Trejo citó a la mujer, con la excusa de cancelarle la deuda que tenía con ella. Pérez Vente fue quien la desmembró.

Con el mazo dando

Araminta González es otra de las víctimas de los dos “patriotas cooperantes”. Tiene 33 años, dos hermanas y un sobrino. Ambos padres fallecieron de cáncer. Su papá murió cuando ella tenía nueve años, y cuatro años después sobrevino el deceso de su mamá. Su hermana mayor asumió el rol de madre. Le sigue Miriam, quien trabajó durante un tiempo en Digitel hasta que se mudó a Madrid, España, donde cursa un postgrado.

Araminta era “hiperactiva”, cultivó hábitos como la lectura, le gustaba ir al gimnasio, subir a El Ávila después del trabajo y escuchar música pop en inglés. La familia la completa un niño de nueve años, hijo de su hermana mayor. El mismo lazo maternal que asumió la mayor de las González, lo manifestaba ella por su sobrino.

Una amiga de la familia narra: “Ellas salieron adelante trabajando muy duro. El papá les dejó ese apartamento, que por lo menos era una base. Son profesionales. Araminta es una mujer de una inteligencia superior, una excelente estudiante, desde pequeña se formó sin mayor apoyo del que se brindaron entre ellas. Eran muy unidas”.

En 2010 se tituló como técnico superior en procesos químicos. De a poco se abrió camino con una carrera profesional en la industria farmacéutica. Comenzó a trabajar como especialista en control de calidad en Calox International, una empresa especializada en la elaboración de medicamentos genéricos, donde se encargó del área de pruebas.

Luego de tres años, González decidió cambiar de trabajo e ingresó como analista físico química en Genéricos Venezolanos (GV), una farmacéutica asentada en Guarenas, que opera en el país bajo el paraguas de Laboratorios Leti, un conglomerado de empresas del ramo en el que también se incluye Laboratorios Gentek. Una ex compañera de trabajo recuerda: “Ella se fue a Genéricos Venezolanos porque le quedaba más cerca de su casa. Era emprendedora, valiente, muy luchadora”.

En noviembre de 2013, González comenzó a frecuentar concentraciones que se dieron a conocer como el “movimiento de autoconvocados”. Eran en su mayoría “marchas”, movilizaciones y manifestaciones pacíficas, algunas con pancartas, convocadas a través de las redes sociales y Twitter. Fueron los primeros pasos en un activismo que se prolongó hasta su detención en 2014.

“La conocí en una concentración en Guarenas. Era una chama buena gente, quizá muy inocente. Eso sí, muy profesional en su trabajo, muy dedicada. Pero estoy seguro de que no es ninguna terrorista. Era —cuando mucho— una simpatizante”, la describe un conocido y activista de oposición de Nueva Casarapa.

González frecuentaba los campamentos de estudiantes. Otras cuatro personas que accedieron a brindar su testimonio bajo condición de anonimato la describen como una persona introvertida, ingenua. Le otorgan adjetivos como noble, y afirman que hacía latente su preocupación por los problemas del país.

Una de sus amigas detalla: “Ella subía con frecuencia a Caracas desde Guarenas. Preguntaba a todos si habían comido y les compraba cena, gastaba un dineral en shawarmas y hamburguesas para un gentío, regalaba la plata, les daba agua, ropa, tarjetas telefónicas. Se iba quedar pelando bola, pero a ella no le importaba”.

En abril de 2014 viajó a San Cristóbal y se sumó a manifestaciones. De esa experiencia no saldría ilesa. Recibió un impacto de perdigón que provocó que la trasladaran a un centro médico donde la sometieron a una operación en la que perdió un ovario. “Su hermana mayor, que es evangélica, se preocupaba mucho por ella, estaba muy angustiada”, resume una amiga.

Después González desoyó los consejos de gente cercana. Cuando decidió acoger en su casa a dos desconocidos, se produjo una ruptura: su hermana mayor optó por mudarse del apartamento. No hubo contacto ni visitas. Después de que se conoció de la detención de Araminta, sus amigos tomaron distancia, temiendo represalias y peligros.

Un día después de su aprehensión, el entonces titular del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, mencionó a Vasco Da Costa, como el “cabecilla” del “Movimiento Resistencia”. En esa oportunidad no nombró a González. Lo que sí dijo fue que sería Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), quien se encargaría de informar sobre el desmantelamiento de una supuesta “célula terrorista”. El programa televisivo que conduce Cabello y que transmite VTV se basa en las acusaciones e informaciones aportados por “patriotas cooperantes”, que es el término que el Gobierno da a los infiltrados y delatores.

La naturaleza de su trabajo como química es uno los argumentos que usaron las autoridades para vincularla con los cargos de explosivos. “Les expliqué que soy químico y que esos equipos no podían utilizarse para elaborar explosivos porque, para elaborarlos, se requieren unas condiciones específicas. Les repetí que yo no podía hacer ese tipo de explosivo en mi casa. Les expliqué que no sabía de electrónica, ni de detonantes…”, reza un fragmento de una carta escrita por González y citada por el periodista José Domingo Blanco en una columna de opinión publicada en Runrunes el 25 de junio de 2015.

Cuando Cabello mencionó a González en la edición del 7 de agosto de 2014 de su programa “Con el mazo dando”, transmitido por VTV, se refirió a ella con el alias de “Dora La Exploradora”. También mencionó a José Luis Santamaría como “El topito” y aseguró que trabajaba junto a Da Costa en un plan para “desestabilizar” el país. También afirmó que el Cicpc había hallado explosivos y detonadores.

Haro, abogado defensor de González, desmiente las imputaciones. Asegura que en el expediente con las actas del allanamiento practicado por el Cicpc en la vivienda de su defendida no se reseña ningún tipo de explosivos ni detonadores. También, uno de los acusados, Da Costa, aseguró en una carta escrita desde su encarcelamiento que no conocía a González.

 

La captura

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Una vecina fue quien avisó —el 23 de julio— a Araminta González que la urbanización Menca de Leoni en Guarenas estaba llena de patrullas y policías. Después de allanar el apartamento, los funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc se dirigieron a Genéricos Venezolanos (GV). En ninguno de los dos sitios la encontraron. Al día siguiente, el feriado del 24 de julio, la detuvieron en el Centro Comercial Lido, en Chacao, Caracas.

De allí la llevaron a la sede principal del Cicpc, en la avenida Urdaneta. En Twitter y redes sociales fue reportada como desaparecida durante casi una semana. Las publicaciones sobre su caso afirmaban que había sido violada y torturada. Desde su detención y hasta mayo de 2015, su defensa fue compartida por los abogados de los otros acusados: Ángela Jaramillo, Mariana Ortega —hermana de Efraín Ortega, uno de los acusados, detenido en El Rodeo— y Guillermo Heredia, defensor de Da Costa y José Luis Santamaría.

Haro y Pierina Camposeo asumieron la defensa de González, por petición de su hermana Miriam, quien viajó desde España en abril de 2015 para atender diligencias del caso. Las denuncias sobre torturas que le infligieron los funcionarios no han cesado. De acuerdo con su defensa, los agentes retuvieron a González durante varios días sin notificar a ningún familiar. Fue brutalmente golpeada, le habrían colocado electricidad en los senos y golpeado con martillos en las uñas de los pies.

En una carta publicada en junio de 2015 por Haro, se asegura que le arrancaron el cabello en una práctica que en la jerga policial se conoce como “el helicóptero”. Le pedían, además, que declarara contra Da Costa, quien ha negado que la conociera. Las autoridades no han establecido el vínculo entre ambos y como no se ha celebrado audiencia preliminar, no se han ventilado las pruebas del MP. Lo que se sabe, sin embargo, es que la acusación la originó la llamada de un “patriota cooperante”.

González fue trasladada el tres de agosto desde el Cicpc en la avenida Urdaneta hasta una sede en El Rosal y semanas después al INOF. Pierina Camposeo, una de sus abogadas, afirma: “Está deprimida, aterrada. Cada vez que va a tribunales nos agarra por los brazos y no nos suelta. Tiembla. Está muy delgada y hay áreas de su cabeza en las que no le ha vuelto a crecer el cabello”. Una amiga que la ha visitado en la cárcel asegura que ha perdido por lo menos 40 kilogramos. Pasó de 85 kilos, a usar una talla 26.

Camposeo también cuestiona la veracidad de una experticia forense en la que se certifica que González no presentaba lesiones. El documento de la evaluación médica, practicada supuestamente por una funcionaria, fue suscrita el 20 de agosto. “Dicen que a ella no la torturaron, pero es que la experticia se hizo casi un mes después de su detención. Además, supuestamente estaba de guardia un hombre, pero luego en el documento se dice que fue una mujer”, detalla Camposeo.

La última audiencia

Tribunales Cloris

La audiencia en el juicio que se le sigue a González estaba fijada para las 9:30 am del 23 de julio. Los abogados Haro y Camposeo —defensores de González desde el 6 de mayo— habían llegado a la sede de los tribunales penales de Guarenas cerca de las nueve. Esta era la primera vez que la representación del Ministerio Público (MP) acudía a los tribunales desde que presentó la acusación.

A las 11:00 de la mañana, había confirmación de que el convoy que trasladaría a González desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) había salido desde Los Teques, a 73 kilómetros de distancia.

Yeison Alejandro Moreno, de la Fiscalía 20 del MP, había llegado poco antes de las 10:00 de la mañana y solicitado cada una de las piezas del expediente. Hasta hace unos meses, Moreno había sido el asistente de la ex fiscal Katherine Haringhton, ex titular de un despacho que destaca por su estadística en el procesamiento de manifestantes, estudiantes, disidentes y prominentes figuras políticas de oposición.

La sede de los tribunales penales está en el medio de una urbanización —mitad industrial, mitad residencial— conocida como Cloris. El edificio se asemeja más a un galpón que a una sede del Poder Judicial. Hay pasillos estrechos, accesos y pasadizos que conducen a salas de juicio en las que apenas caben un puñado de personas. Hay también dos bancos de madera en las que familiares de detenidos descansan durante las horas de espera. En la parte posterior hay cuartos atestados de carpetas que rebosan documentos y centenares de expedientes judiciales. Secretarias, alguaciles y escribientes trabajan en minúsculos cubículos, en salones repletos de personas.

Las familias de detenidos se habían congregado en la calle, frente al edificio, en la espera de los traslados que venían desde centros penitenciarios como El Rodeo, Yare, el INOF y la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Un autobús con reclusos de El Rodeo, entre los que se hallaban Santamaría y Ortega, llegó a los tribunales cerca de las 11. Faltaban dos de los cuatro acusados: González, que vendría desde el INOF, y Da Costa, preso en la PGV en San Juan de Los Morros, Guárico.

A las 11:00 de la mañana, Mariana Ortega, hermana y defensora de Efraín Ortega solicitó al tribunal el diferimiento de la audiencia preliminar. Sus contrapartes se opusieron. Cerca de las once de la mañana, Haro tuiteó: “Por razones que no comprendemos la defensa de Efraín Ortega solicita que Audiencia Preliminar de Araminta González sea diferida una vez más”.

La representación del MP había expresado las intenciones de esperar a que llegara el traslado desde el INOF antes de que se tomara cualquier decisión sobre un nuevo diferimiento, pero cuando un vehículo llegó desde Los Teques con varias acusadas que vestían franelas rosadas sin que entre ellas estuviese González, la audiencia se suspendió, una vez más. El 24 de julio, al día siguiente, los detenidos cumplieron un año sin que se celebrara la audiencia preliminar.