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¿Hay una sofisticación de las megabandas criminales en Venezuela?
Los grupos delictivos organizados se equipan de mejores elementos y cumplen una preparación logística para ejecutar sus crímenes en el país, según lo observado en dos eventos que involucraron a «Santanita» y el  «Tren del llano»
Ambos eventos pueden estar evidenciando una preocupante sofisticación dentro de los grupos armados no estatales venezolanos que operan en el país desde la última década.

 

@Luciapietf

La incursión armada de un grupo criminal en una vivienda en el estado Lara y la publicación de una fotografía que muestra el poder de fuego y la organización de una poderosa estructura delictiva de Guárico son dos hechos recientes que podrían apuntar a la sofisticación de las megabandas en Venezuela.

El pasado 2 de julio, un grupo armado organizado, identificado por las autoridades como la banda de «Santanita» ingresó a una urbanización en Barquisimeto, estado Lara, con uniformes tácticos y armas largas para extraer una caja fuerte de una vivienda deshabitada. 

El grupo llegó la noche del 2 de julio a la urbanización Ciudad Roca, al este de Barquisimeto, en una camioneta plateada, con hombres uniformados y armados. Los delincuentes sometieron a los vigilantes y se identificaron como Policía Nacional Anticorrupción para entrar a una vivienda deshabitada, de donde extrajeron una caja fuerte que luego cargaron dentro de la camioneta, informó la periodista Karina Peraza a través de un tuit.

Al investigar el caso, las autoridades notaron que los supuestos policías eran en realidad presuntos delincuentes del grupo liderado por Josué Angel Santana, alias «Santanita», quien es la mano derecha de Héctor Rutherford Guerrero Flores o «Niño Guerrero», el principal líder de la megabanda el Tren de Aragua, de acuerdo a Transparencia Venezuela en su informe ‘‘Economías Ilícitas’’.

«Santanita» está solicitado desde 2017, mismo año en el que se fugó del Hospital Central Antonio María Pineda tras fingir que estaba enfermo y ser sacado del Centro Penitenciario David Viloria, Uribana, en Lara. Actualmente se encuentra en la lista de delincuentes más buscados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz por homicidios, robos, secuestros y extorsiones. 

Se le atribuyen diversos ataques con granadas fragmentarias a concesionarios de autos en Barquisimeto con el fin de causar zozobra. 

 

 

El delincuente y su banda recibieron notoriedad tras el secuestro y asesinato del comerciante sirio Tammam Al Shaer, cuyo cuerpo fue encontrado el 16 de enero del 2020 en la parroquia Santa Rosa. Santanita fue el autor intelectual y material del suceso, según Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Las autoridades capturaron a tres miembros de la banda, pero «Santanita» se mantiene prófugo.

Entre mayo y agosto de 2020, Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) ejecutaron extrajudicialmente a 28 hombres durante presuntos operativos de búsqueda de  «Santanita» en Lara por tener supuestas asociaciones con el delincuente, de acuerdo con Monitor de Víctimas.  

El Tren del Llano se organiza

Cinco días antes del incidente en Lara, el 27 de junio, circuló una fotografía en redes sociales donde el presunto líder del grupo delincuencial «Tren del llano» posaba , junto a una decena de sus hombres, utilizando vestimentas tácticas, con cascos, chalecos antibalas, máscaras y fusiles.

La fotografía fue publicada por Eligio Rojas, del diario oficialista Últimas Noticias,  el 27 de junio en su Twitter. En la imagen aparecía el actual cabecilla del grupo, Oscar de Jesús Noguera Hernández, alias «El Pipi», y posa con otros 18 delincuentes vestidos con indumentaria similar, como si se tratara de un uniforme de entrenamiento. Además tenían implementos militares, botas, pantalones, bolsos, camisas, cascos, chalecos antibalas, máscaras y armas largas.

La foto circuló en redes sociales pero el periodista no especificó su origen exacto.  «Presumen que la gráfica fue tomada en las montañas de Altagracia de Orituco, Guárico, cercanas al Balneario Guanapito» indicó Rojas.  

El «Tren del Llano» es una de las primeras megabandas y opera en el país desde hace más de una década, dedicada principalmente a la extorsión, el secuestro y otros delitos. 

Tren del Llano
Miembros del «Tren del llano» posan con uniformes tácticos y fusiles. Fuente: Eligio Rojas (@ELESPINITO)

También fue conocida como la banda de «El Picure», por el apodo su fundador y antiguo líder, José Antonio Tovar Colina, que fue uno de los delincuentes más buscados y que falleció a manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en mayo de 2016 en la población El Sombrero, Guárico. 

Gilberto Malony Hernández, alias «El Malony», heredó el liderazgo de la banda hasta su fallecimiento en noviembre de 2021 en un presunto enfrentamiento con cuerpos de seguridad en el estado Sucre, que dejó 17 fallecidos. 

Lo que llama la atención 

Ambos hechos representan una señal de alerta para las autoridades venezolanas en cuanto a la manera en que los grupos armados organizados y las megabandas perfeccionan sus métodos y asientan su dominio a través del territorio nacional. 

Aunque «Santanita» y su grupo no son los únicos que han simulado ser policías para engañar y cometer crímenes, la planificación y ejecución de la operación criminal en una vivienda del estado Lara denota planificación, uso de técnicas policiales, poder fuego y una importante articulación. 

Otras organizaciones criminales, también vinculadas al Tren de Aragua también han incurrido en prácticas similares. Los miembros de la banda de «El Coty» se vestían como funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Cicpc para robar automóviles en alcabalas móviles y luego exigir pagos para el rescate de los vehículos. 

El líder del grupo, alias «El Coty», pertenece al Tren de Aragua y es uno de los delincuentes con más poder en la organización delictiva. Su grupo opera en los estados Aragua y Carabobo. 

A pesar de mantener un modus operandi basado en sus nexos con el Tren de Aragua, la diferencia clave entre ambos grupos radica en la logística y preparación detrás de sus crímenes.  

En el caso de «El Coty», si bien contaban con el vestuario y el armamento para engañar y después amedrentar a sus víctimas, su accionar era aleatorio, al colocar las alcabalas y escoger conductores al azar para robar sus bienes. 

El 14 de junio de 2022 hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre la banda y las fuerzas policiales en Cagua, municipio Sucre, que dejó un saldo de dos muertos, uno de cada bando, de acuerdo al reportero Eleazar Urbaez.

Por su parte, en el crimen cometido por «Santanita» se evidenció un estudio previo de la víctima, urbanización y ubicación exacta de su vivienda, así como un plan de acción que permitió a los delincuentes entrar a la residencia y cometer el robo sin mayores obstáculos.

«El Coty» junto a integrantes de su banda. Fuente: El Aragüeño

En el caso de la fotografía del «Tren del llano», si bien la imagen recuerda a aquellas tomadas al inicio de la organización, la diferencia respecto a la actual es que en el pasado sus miembros posaban con vestimentas de civiles, pantalones cortos, chancletas y sombreros usados en el campo. Evidencia una actualización estructural y de logística con un tinte militarista, que busca imitar a la cultura del ejército. 

La imagen parece tener la intención de enviar un mensaje de fortalecimiento y evolución de parte de la banda, que a pesar de haber perdido a dos líderes, mantiene una fuerte presencia y poderío en Guárico, uno de los estados más grandes del país. 

Bandas ubicadas en otras localidades del país, como el sur del estado Bolívar, también dieron indicios de una modernización con el uso de radiotransmisores para comunicarse, vehículos de tracción 4×4, así como armas de uso militar como rifles AR-15, AK-103 y AK-47, fabricados en Rusia y bajo licencia en Venezuela. 

 

Operativos policiales son insuficientes para desarticular megabandas y prevenir la criminalidad
Un informe de la ONG Lupa por la Vida arrojó que policías y militares dieron muerte a 824 personas el pasado año en distintas circunstancias

 

 

A juicio del abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Izquiel, desde hace unos tres años, el Gobierno venezolano cambió la visión sobre cómo tratar con las «megabandas» criminales del país y sus cabecillas.

En entrevista para la agencia de noticias Efe, Izquiel señaló que hubo mucho tiempo de permisividad con los grupos criminales que operan en Venezuela, por lo que los operativos policiales no son suficientes para acabar con una banda completa. 

La criminóloga y coordinadora de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad, Magally Huggins, afirmó que las megabandas «han jugado un papel político en el país porque han sido utilizadas desde instancias de poder para controlar, sobre todo a los sectores populares».

En referencia a la muerte de «El Conejo», Huggins afirmó que no se puede ver como un hecho aislado, porque las muertes de los líderes de las bandas criminales «no va a controlar la criminalidad, porque la criminalidad no se controla si no hay políticas públicas que partan de la prevención».

La criminóloga indicó que la política debe comenzar con una acción conjunta interministerial en donde las decisiones se tomen de manera coordinada.

«Sin una buena política preventiva, educativa, sin que el sistema de justicia funcione y apliquen la ley y el debido proceso, vamos a seguir igual para peor», añadió.

Tanto Huggins como Izquiel consideran como otra problemática la desconfianza hacia los cuerpos policiales por parte de los ciudadanos que, además, en diversos casos, se sienten más seguros con los presuntos delincuentes.

Denuncian resurgimiento de prácticas de las OLP

Luis Izquiel indicó que si bien es cierto que con los operativos policiales se ha logrado la desarticulación de algunas megabandas, se mantienen otras como la del Tren de Aragua que opera desde la cárcel de Tocorón y la cual ya tiene presencia en varios países de Latinoamérica.

El Operativo Liberación del Pueblo (OLP), creado por Maduro en el 2015, con el objetivo de combatir la inseguridad principalmente, en sectores populares, ha generado cientos de denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidos por los cuerpos policiales y militares, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias; según la ONG Provea.

Un informe de la ONG Lupa por la Vida arrojó que policías y militares dieron muerte a 824 personas el pasado año en distintas circunstancias.

Lupa por la Vida resalta que 2022 se caracterizó por un «alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».

Lupa por la Vida advirtió también sobre el resurgimiento de «prácticas abusivas» de las OLP en áreas geográficas pobres, con  «activa presencia» de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y conducción de los operativos y un «alto número de víctimas civiles» en cada intervención.

*Con información de Efe

Crímenes sin Castigo | Venezuela 2021: una revisión en seguridad (I/II)
Durante 2021, en Venezuela se registraron diversos cambios en el entorno de seguridad ciudadana. Esta será la primera de dos entregas. Se centrará en lo ocurrido durante los últimos 12 meses

 

@javiermayorca

Durante 2021, en Venezuela se registraron diversos cambios en el entorno de seguridad ciudadana. Algunos de ellos fueron apenas perceptibles para la ciudadanía, aunque definitivamente impactaron de forma negativa sobre la calidad de vida. Otras alteraciones comienzan a hacerse evidentes, en la medida en que captan la atención de los medios periodísticos independientes.

Esta será la primera de dos entregas. Se centrará en lo ocurrido durante los últimos doce meses. En la siguiente edición, la primera del año entrante, se intentará una prospectiva para 2022. En todo caso, no serán listas exhaustivas sino explicaciones de lo que se considera más relevante.

El hampa rompió la dinámica de la cuarentena

A partir de agosto de 2020, las estadísticas de criminalidad que se conocían extraoficialmente revelaban altas y bajas en cuanto al número de delitos reportados, que iban en función de la mayor o menor circulación de personas en las calles del país. En algunas temporadas, como las de Navidad y fin de año, este patrón se rompió, en vista de que la ciudadanía permaneció más tiempo en los espacios públicos, incluso en lapsos de “cuarentena radical”.

Estos vaivenes se mantuvieron con pocos cambios hasta mediados de 2021. Desde junio, sin embargo, comenzó a observarse cómo se borraban las diferencias entre los totales de delitos conocidos durante las semanas de confinamiento y las de flexibilización.

Además, poco a poco fueron incrementándose los totales de delitos denunciados. La curva comenzó a ascender, y continúa así. Desde luego, esto no es solo el producto de un ejercicio estadístico. En las calles se siente el recrudecimiento de la delincuencia. Asaltan bares, cafés y transportes públicos, a plena luz del día, y sin que se pueda apreciar una respuesta efectiva de los cuerpos preventivos.

Esto guarda relación con un problema que aqueja a toda la administración pública, y del que no escapan los cuerpos uniformados.

Merma el pie de fuerza policial

La presencia policial es por definición uno de los principales disuasivos para la actividad antisocial. La sola presencia de los agentes en las calles opera como una barrera entre los delincuentes y sus potenciales víctimas. Si los agentes se muestran dinámicos y proactivos, si gozan de los medios necesarios para el desempeño de sus labores, podrán disminuir los delitos, o en todo caso, ocasionar desplazamientos de la actividad ilegal hacia otras zonas que consideradas por ellos como menos riesgosas.

Desde 2018, el número de uniformados de las policías preventivas ha ido en franca disminución. Carmen Meléndez lo sabía. Por eso, a finales de 2020, en una de sus apariciones como ministra de Relaciones Interiores ofreció la incorporación de 30 000 nuevos efectivos.

Pero esta promesa no se concretó. Cuando hicieron un arqueo con miras en la operación República, se dieron cuenta de que la desbandada continuaba en los cuerpos policiales. A pesar de las incorporaciones de sangre nueva, el total del contingente había bajado en 12 % con respecto a 2020.

Las policías regionales y municipales cada vez tienen menos funcionarios. Un profesional de este ramo con 30 años de experiencia no ganará en Venezuela más de 60 dólares, si se suma el salario regular y todos los bonos que el Gobierno entrega, y que representan más del 75 % de los ingresos mensuales. Esta situación, además, no ofrece un panorama promisorio para un policía honesto que esté meditando en una jubilación digna.

Desplazamientos y reagrupamientos de bandas

En la entrega anterior, referíamos que el Gobierno alteró su forma de relacionarse con las bandas y megabandas en 2021. En especial, aquellas que se veían incapaces de controlar el ejercicio de la violencia, o que cruzaban una fina línea, una frontera que trazaron los interlocutores del Ejecutivo.

Las masivas operaciones policiales en la Cota 905 y zonas aledañas, en Barlovento y en el estado Sucre impactaron negativamente en sectores de la criminalidad, y favorecieron a otros que supieron mantener un perfil más bajo y selectivo en cuanto a sus acciones.

En Sucre, por ejemplo, la importante plaza para los traslados de drogas y emigrantes que es San Juan de las Galdonas ha quedado momentáneamente como “territorio abierto”, codiciado por dos organizaciones foráneas: el Tren de Aragua y el grupo de alias Zacarías, que opera en el Arco Minero del estado Bolívar.

El Tren de Aragua continuó su expansión durante 2021, y de acuerdo con documentos elaborados por cuerpos de seguridad, transitaría un cambio en su estructura: de ser un grupo jerarquizado habría pasado a ser una especie de confederación, con bandas aliadas en lugares de interés como Sucre, Táchira y Bolívar. También, en otros países como Brasil y Colombia.

El tratamiento selectivo del régimen hacia estos grupos, que se podrían considerar netamente delictivos, se reproduce con algunos matices en la relación con otras estructuras armadas, como son las disidencias de las FARC, el ELN y los colectivos.

En el caso de las FARC, hay una clara proximidad con los elementos de la llamada Nueva Marquetalia, en detrimento de los seguidores de Gentil Duarte, que intentaron conservar el remoquete de Ejército Popular. Este nexo quedó plasmado claramente en la última decisión del Departamento del Tesoro con respecto a los guerrilleros. Según este despacho del gobierno estadounidense, el máximo líder de la Nueva Marquetalia, Luciano Marín Arango (Iván Márquez) tiene su residencia en el estado Apure.

Bancos y transportes de valores vuelven a ser atractivos

El asalto al Banco Provincial de Barinas, el martes 14 de diciembre, no debería causar sorpresas. En foros de seguridad ya se advertía sobre el creciente riesgo de incursiones del hampa en entidades bancarias. Esto a la luz de lo que ya venía sucediendo con los transportes de remesas, que sirven precisamente al sector financiero. Además, ya los antisociales habían dado una primera campanada en mayo, con el robo a una agencia del Banco Nacional de Crédito en Valencia.

En la primera década del siglo, los bancos y vehículos blindados eran pasto de los asaltantes. Pero en los años siguientes la moneda nacional perdió valor, y con ello los delincuentes cambiaron sus preferencias.

Este año, el panorama cambió. A la reconversión monetaria implantada en octubre la precedió un proceso en el que los propios bancos comenzaron a manejar divisas extranjeras en sus operaciones diarias en taquilla.

Junto a los bancos, los delincuentes pusieron atención en los traslados de valores. El robo perpetrado en la avenida Boyacá por una organización en la que participan escoltas, agentes de la Policía Nacional y delincuentes comunes no ha sido el único de 2021, aunque sí el más espectacular. De hecho, los antisociales se apoderaron de remesas en Vargas y, más recientemente, en Margarita.

Estafas mantienen su atractivo

En 2020, con la cuarentena en pleno desarrollo, se produjo un explosivo incremento de las estafas y delitos asociados. En 2021, ese nivel de actividad delictiva se mantuvo. Todos los días, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas recibe y procesa un promedio de 26 denuncias sobre engaños en los que los delincuentes intentan obtener una ganancia económica.

Las estafas y sus sucedáneos continuaron transformándose para aprovechar la vulnerabilidad de una ciudadanía que intenta retomar la actividad económica de los tiempos de la prepandemia, aunque con el deterioro propio de un país con un creciente aislamiento, y que hace imposible o ineficaz, por ejemplo, cualquier reclamo por timos a través de sistemas de pago frecuentemente usados, como Zelle y PayPal.

Al cierre de 2021, las autoridades probablemente ofrecerán sus respectivos “balances”, destacando las disminuciones en las cifras de delitos conocidos. Ciertamente, es probable que en los últimos doce meses se hayan cometido menos homicidios, y que el número de lesionados también sea inferior al del año pasado. Pero este puede ser un dato engañoso. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), la población del país no ha crecido en los últimos tres años. Lo ideal, entonces, sería calcular las tasas de criminalidad con la proyección de población ofrecida por el censo para 2018. Así se trazaría un cuadro más realista. Además, la actividad económica apenas comienza a dar señales de vida. Este punto también será un factor fundamental para comprender lo que vendrá en 2022.

Breves

Avanza en una corte de Nueva York el juicio por tráfico de drogas contra Seuxis Paucías Hernández Solarte, uno de los líderes de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también llamada Nueva Marquetalia. Hernández, alias Jesús Santrich, forma parte de un grupo acusado en 2018 por operaciones ilegales verificadas después de la firma del acuerdo de paz de La Habana, con lo cual se considera que no gozaban de amnistía.

Santrich supuestamente fue ultimado en mayo de este año, en una “operación negra” efectuada en Zulia, sobre la cual Nicolás Maduro no ha querido pronunciarse.

Desde entonces, no ha habido una confirmación oficial sobre el resultado de ese supuesto enfrentamiento. Colombia no ha retirado la solicitud de búsqueda internacional a través de Interpol. Y el caso que cursa contra este líder guerrillero en EE. UU. continúa adelante. En este proceso también acusaron a los colombianos Marlon Marín –sobrino de alias Iván Márquez, otro cabecilla del grupo subversivo–, a Armando Gómez y al empresario Fabio Simón Younes Arboleda. Este último fue extraditado a territorio norteamericano en octubre de 2020. Para ese momento, Marín ya se encontraba allá, colaborando con las autoridades. El 3 de diciembre, el fiscal Damian Williams notificó al juez de esta causa, Valerie Caproni, que han entregado a la defensa nuevas evidencias: cien transcripciones de conversaciones, incluyendo dos presenciales, en torno a actividades de tráfico de drogas en las que supuestamente participaron los implicados, ejecutadas entre junio de 2017 y abril de 2018 “en Colombia y otros lugares”.

En este juicio, además, han sido admitidas como evidencias varias grabaciones y videos producidos por la policía neogranadina, en cooperación con la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés). Todo lo que sea ventilado en este caso tiene que ver con el régimen venezolano.

En junio de 2020, la DEA elevó a 10 millones de dólares la recompensa ofrecida por Hernández Solarte. Es la misma cantidad puesta sobre la mesa por Luciano Marín Arango, que es el verdadero nombre de Iván Márquez, cuyo paradero es objeto de debate. Algunos dicen que está en Venezuela, otros aseguran que voló a Cuba. Hernández y Marín aparecen como figuras vitales en el expediente conocido como Cartel de los Soles, que también es ventilado en una corte neoyorkina. Este proceso promete nuevas revelaciones en los primeros días de 2022.

Hay una reactivación de la circulación de drogas por aguas del Caribe, con una creciente participación de venezolanos. Se puede encontrar evidencias en dos casos recientes. El 11 de octubre, la policía española reportó el hallazgo de más de 4,2 toneladas de cocaína en un pesquero que había zarpado de aguas nacionales. Por este caso apresaron a veinte venezolanos, ocho de ellos iban en la embarcación, y los demás quedaron en custodia en Venezuela, luego de la notificación formal sobre el decomiso.

El 24 de noviembre, agentes de la Dirección Nacional contra Drogas de República Dominicana detuvieron a un venezolano que iba a bordo de una lancha rápida, cargada con 675 paquetes de cocaína. Según el jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, coronel retirado Jairo Coronel, durante la cuarentena implantada a propósito de la covid-19 se produjo una acumulación de inventarios de cocaína en los territorios de origen. Desde junio de este año, comenzaron a relajarse las restricciones a la circulación de personas, y según el oficial retirado esta circunstancia ha sido aprovechada por los transportistas de drogas.

En los cuerpos de seguridad parten del principio de que los decomisos representan si acaso el 15 % del total de la droga transportada.

Esta premisa pareciera confirmarse por los datos consignados en un informe de la policía europea (Europol) y la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y Crimen Organizado, que han advertido una elevación de la pureza de la cocaína vendida al detal en las calles del Viejo Continente. Esto indica que, más allá de la propaganda de los cuerpos de seguridad y sus gobiernos, el negocio de la droga vuelve por sus fueros en el mundo pospandemia.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Bandas que se comen la luz
En 2021 se hizo inestable el relacionamiento del régimen con ciertos grupos delictivos. Los últimos eventos indican que, cuando los líderes de las megabandas sobrepasan ciertos límites, padecerán las consecuencias

 

@javiermayorca

Desde el fin de semana, la vía hacia oriente es un trayecto un poco menos inseguro.

En una operación nocturna, agentes de la Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial se infiltraron en el caserío Las Delicias de San José de Barlovento, y mataron a Esteban Eduardo Quintana, líder de la megabanda que se había adueñado de todo ese sector cuando el propio Gobierno implantó allí una “zona de paz”, en 2013.

Junto con Quintana, también conocido como Eduardo Delicias, fue ultimado uno de sus lugartenientes Johan Iriza. La versión aportada por el director de Cicpc, comisario Douglas Rico, indica que ambos fueron “neutralizados” cuando iban en una moto, tratando de abrirse paso a tiros para escapar de lo que hasta ese momento fue su centro de operaciones.

Las Delicias era un pueblito por el que nadie quería pasar. En Río Chico, los policías y guardias nacionales recomendaban a los conductores que no se aventuraran por esa carretera, que también llevaba a Cumbo y desembocaba en la Troncal 9. Incluso, luego de las 4 p. m. era difícil encontrar un transporte colectivo que recorriera ese tramo. Más seguro era tomar la vía hacia El Guapo.

La banda de Las Delicias operó con relativa impunidad durante ocho años. A los que se oponían a su reinado los descuartizaban. Las partes de los cadáveres eran quemadas y abandonadas en las vías de entrada a ese caserío, y también en Cumbo. En mayo, dos activistas sociales que participaban en la distribución del Clap, Glendy Castillo y Yanir Burguillos, fueron desmembradas. Dispersaron sus restos por toda la zona.

A pesar de la conmoción que suscitó este crimen, el grupo de Quintana continuó operando con impunidad. Hasta que, el 5 de octubre, mataron al jefe de la delegación municipal de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al jefe de investigaciones de la misma dependencia, inspector jefe Joel Amador (ambos ascendidos postmortem a los grados superiores).

En las informaciones que divulgó por su cuenta Instagram sobre este procedimiento, Rico no recordó la matanza de las mujeres. Solo lo ocurrido en octubre con los funcionarios.

“Cuando un grupo atenta contra miembros de cierta importancia en el Gobierno, los van a buscar. Pero, cuando es contra la ciudadanía común, tendrán más libertad”, indicó el criminólogo Luis Izquiel.

El régimen mantiene una táctica de selectividad en su relación con los grupos criminales. Hay bandas que disponen de amplio margen de maniobra.

Por ejemplo, en octubre de 2017 dos agentes de la policía judicial fueron heridos por gariteros de Tocorón, un internado judicial que domina el Tren de Aragua. Los antisociales salieron de la cárcel y quemaron la patrulla que fue abandonada por los funcionarios en la vía que pasa frente al penal. No les importó que la entonces ministra de Servicio Penitenciario María Iris Varela había amenazado con instaurar su “régimen” en esa instalación. Al final, se salieron con la suya.

Las cárceles en las que los pranes trabajan con las autoridades no las tocan. Pero cuando se rebelan la descuadran, la vacían y luego la retoman”, sentenció Humberto Prado, un experto en temas penitenciarios que actualmente se desempeña como comisionado de Juan Guaidó para asuntos de derechos humanos.

Según este abogado, además de Tocorón hay otros tres penales que se han mantenido al margen del llamado “nuevo régimen penitenciario”: Tocuyito (Carabobo), Vista Hermosa (Bolívar) y Puente Ayala (Anzoátegui). Entre todos aglutinan a casi 16 000 presos. Sostuvo que desde allí irradia todo tipo de actividad criminal.

Prado indicó que, en foros internacionales, los representantes del régimen han tratado de justificar la inacción frente a las situaciones que se generan en esas instalaciones.

“Dicen que es un desafío recobrar la autoridad en esas cárceles. Un desafío que, por cierto, viene desde la gestión de Tareck el Aissami en el ministerio de Relaciones Interiores”, dijo.

Pactos rotos

En 2021, los cuerpos de seguridad desplegaron importantes operaciones contra megabandas que, hasta ese momento, parecían intocables. En julio, pusieron en desbandada al grupo liderado por Carlos Luis Revette.

Coki escapó, presumiblemente a Colombia, junto con sus principales lugartenientes, Garbis Ochoa y Carlos Alfredo Calderón. Esta acción estuvo precedida de numerosos enfrentamientos, con agentes policiales y con miembros de bandas rivales, que ocasionaron la muerte de por lo menos siete transeúntes o conductores, e impactaron negativamente la vida de los habitantes de cinco parroquias de la capital.

El 9 de noviembre, grupos élite de Cicpc y la PNB se desplazaron a San Juan de las Galdonas, una remota población del estado Sucre. Al finalizar esa jornada, once cadáveres eran trasladados a la morgue de Carúpano. Aunque no están plenamente identificados en las minutas, serían integrantes de una célula del llamado Tren del Llano, comandada hasta ese momento por Gilberto Malony Hernández, uno de los ultimados.

Estas acciones no responden a un cambio general de estrategia en materia de seguridad ciudadana. Según Izquiel, en el caso de Revette, la creciente y prolongada conflictividad generada por las disputas en zonas como La Vega y El Valle hizo que el líder de la banda de la Cota 905 perdiera el apoyo del que gozaba en sectores del alto gobierno. Esa imagen de caos en el centro del Poder Ejecutivo no convenía.

“Cuando una banda se come la luz y atenta contra los intereses del poder va a tener problemas”, advirtió.

Lo de Malony, en cambio, es más confuso, puesto que nada parecía justificar una acción tan avasallante en contra de una organización que ni siquiera figuraba entre las más peligrosas del estado Sucre. Malony, como se recordará, desarrolló la mayor parte de su carrera criminal en el estado Guárico, a la sombra de José Tovar Colina, el Picure, y tenía poco tiempo en las costas orientales. Según el autor de Revolución de la muerte, en este caso el grupo tuvo que afectar intereses de personas muy importantes, al intentar controlar un punto de salida de drogas hacia el Caribe.

Al sacar del juego a Malony, los cuerpos policiales dejaron el terreno abierto para que esas playas sean retomadas por la banda de Zacarías, o incluso el propio Tren de Aragua. Esta es, por cierto, una dinámica muy parecida a la que se ve en México.

Breves

El 5 de diciembre, efectivos del Comando Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional apresaron en Barcelona (Anzoátegui) a Merys Salazar, de 24 años de edad, señalada de ser la persona que prestaba su cuenta bancaria para recibir los pagos de extorsiones efectuadas por una banda que opera en oriente del país. De acuerdo con el parte correspondiente, las experticias de telefonía indicaron que ella supuestamente mantenía contacto con reos del internado judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica. Desde allí emanaban las llamadas mediante las cuales amenazaban a profesionales independientes y comerciantes en el oriente venezolano.

En Venezuela, una legislación vigente permitiría ejercer mecanismos de control sobre las llamadas que entran y salen de todos los centros de detención.

Sin embargo, hay lugares en los que las autoridades no aplican estos mecanismos. La cárcel de Maturín es uno de ellos. Pero no es el único. Este año los militares han instruido casos similares al relatado aquí, en los que los mensajes amenazantes surgieron de Puente Ayala (Barcelona) y Uribana (Lara). Desde esta última, intentaron generar miedo entre empresarios diciendo que la llamada era hecha por un comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante tales situaciones, los investigadores se encuentran prácticamente atados de manos. En un caso conocido este año solicitaron al Ministerio Público que ordenara la anulación de la línea usada para extorsionar. Pero este es un paño tibio. El delito regresa con apenas un cambio de chip.

Los permanentes señalamientos sobre presuntas atrocidades cometidas por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), adentro o afuera de las instalaciones de este despacho, han ocasionado que un sector del oficialismo plantee una regulación más rigurosa a las competencias de ese cuerpo. De la noche a la mañana, la temible Dgcim es vista como un lastre, un fardo al que convendría aplicarle un maquillaje, por lo menos en la actual coyuntura. Esto, desde luego, tiene que ver con el expediente conocido como Venezuela 1, que el 3 de noviembre pasó a ser conocido formalmente por la Corte Penal Internacional.

Desde antes de esa fecha, los diputados de la Asamblea Nacional que surgieron de los comicios de diciembre de 2020 evalúan opciones para poner una “camisa de fuerza” a las actividades que desarrollan desde el cuerpo con sede en Boleíta, e igualmente a las que llevan a cabo los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La idea es que ellos solo participen en la recopilación y el procesamiento de informaciones, para la toma de decisiones en instancias del Gobierno. Es decir, inteligencia, pura y simple. Nada de andar pateando puertas y obteniendo “confesiones” a golpes y baldazos. Pero en la Dgcim esta idea parece que no ha gustado. Y ahora tratan de elevar un poco el perfil, recordando que ellos son como son en buena medida por mandato del extinto Hugo Chávez. Recordemos que el mandatario en su momento compró como buenas las ideas que le vendió el entonces zar de la inteligencia venezolano, mayor general Hugo Carvajal, envueltas en un celofán que decía Plan Libertad, y que ponía énfasis en la necesidad de detectar y neutralizar las amenazas de origen interno. De allí que la Dgcim montara una valla en plena base aérea La Carlota, con una foto en la que el teniente coronel pareciera exigir “lealtad”.

Valla del DGCIM en la base aérea La Carlota

También han enviado videos de corte propagandístico para destacar sus ejecutorias en las averiguaciones sobre el caso de los drones que estallaron en la avenida Bolívar, en agosto de 2018, y que llamaron “magnicidio frustrado”. ¿A quién van dirigidos estos mensajes? En este caso, a lo interno del oficialismo.

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Crímenes sin Castigo | Las megabandas de la Troncal 9
La muerte del comisario Eduardo Henríquez confirma que la principal vía al oriente del país sigue bajo el influjo de los grupos criminales que germinaron con el programa “zonas de paz”

 

@javiermayorca

En la vía hacia el oriente del país hay 760 hombres en armas.

Esta cifra surge de la sumatoria del número de integrantes de las megabandas que hacen vida entre Caucagua y Machurucuto. No incluye a los grupos de Anzoátegui y Sucre.

A partir de marzo de este año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han levantado información sobre estas agrupaciones al margen de la ley. Desde el ministerio de Relaciones Interiores les ordenaron llamarlas con el acrónimo GEDO, o “grupos estructurados de delincuencia organizada”.

Pero esta denominación ha perdido valor, pues la propaganda oficial llama GEDO a cualquier alianza de tres o más sujetos que sean detectados en una conducta ilegal. Entonces, podemos encontrar GEDOs de estafadores, gente que hurta metales para revenderlos o que se pone de acuerdo para “ceder” sus puestos en las colas hacia las estaciones de servicio, a cambio de algunos dólares.

Lo que diferencia a estas estructuras de las que operan en la Troncal 9 y zonas adyacentes, además del número de sus integrantes, tiene que ver con el ejercicio de la violencia, real o simbólica.

Los grupos que actualmente dominan la carretera a oriente ya no son los del viejo Capracio. Estos surgieron en la segunda década del siglo. Y se consolidaron a partir de 2013, cuando el entonces viceministro de Política Interior José Vicente Rangel Avalos comenzó con su programa “zonas de paz”.

A pesar de la enorme opacidad con la que se llevó a cabo esta iniciativa, gracias a un informe de la Guardia Nacional se determinó que solo en Barlovento había 26 territorios a los que no podían entrar los agentes de cuerpos policiales o militares. Eran como pequeños caguanes, en los que además el Ejecutivo intentaba ganar indulgencias mediante la aplicación de planes de “consolidación” de las organizaciones civiles, mediante el otorgamiento de créditos o el financiamiento a programas que terminaron por beneficiar a las estructuras más sólidas de estos lugares, que eran precisamente las bandas criminales.

El grupo que mató al jefe de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al encargado de Investigaciones de esa dependencia, inspector jefe José Amador (ahora comisario tras el ascenso post mortem) era conocido desde mucho antes de que se llevaran a cabo las llamadas OLP. Le llamaban la banda de Las Delicias, un poblado que está entre San José de Barlovento y la Troncal 9. Antes era un lugar olvidado, pero con la extensión de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho mucha gente comenzó a transitar por allí, así como por otra vía local que lleva a El Guapo. Ambas son carreteras estrechas, sin iluminación ni rayado, con curvas pronunciadas, fallas de bordes y mucha maleza alrededor. Así que los asaltos a vehículos particulares y de carga son cosa relativamente sencilla.

De allí, la banda de Esteban Eduardo Quintana, alias Eduardo Delicias, pasó a la extorsión, en especial a los pequeños comerciantes y productores de cacao. La extorsión tiene un propósito económico, pero se sustenta en el miedo. Esto lo sabe muy bien la gente de Cumbo, un pueblo a dos kilómetros de Las Delicias. Y cuando alguien intenta romper ese muro, termina descuartizado e incinerado en la vía pública. Así sucedió con dos activistas sociales en mayo de este año, que coordinaban la entrega de bolsas Clap. En esos días, a pesar del escándalo, no hubo una reacción efectiva de los cuerpos de seguridad.

Según estimados de la PNB y de Cicpc, la banda de Las Delicias tiene aproximadamente 200 integrantes. Pero no es la más grande. En el municipio Acevedo hay otra llamada Los 300, y como en la película estos sujetos estarían dispuestos a luchar con fiereza. Luego de la muerte de su líder, conocido como Miguel, en mayo de 2020, el grupo se recompuso y continúa activo.

Otra megabanda opera desde Panaquire. Su líder está plenamente identificado (Yorbin Alexander Machado Raposo, Perrote) y cuenta con unos 150 hombres, aunque su poder de fuego y capacidad de movimiento no es igual al de la organización de Las Delicias.

Desde los cuerpos de seguridad también mencionan a dos bandas, que tienen sus centros de operaciones en Tapipa y El Clavo. La primera, encabezada por los medio hermanos Rolando Machado y Félix Rivero, tiene aproximadamente ochenta integrantes. Y la otra es liderada por alias Menchito.

Todos estos grupos, como se refirió, tienen por lo menos una década de existencia. Como el resto de la población, han sido afectados por acciones policiales puntuales, la cuarentena y el decaimiento económico general. Ahora, tratan de recuperarse. Por esta razón, desde el segundo trimestre se observa una agudización de la inseguridad en la principal vía hacia el oriente del país. La población se entera de estas cosas cuando ocurre algún hecho notorio, como el homicidio de militares que van como pasajeros en camiones objeto de asalto. O la muerte del comisario Henríquez.

Pero en realidad estas son solo señales de una grave situación, que tiene múltiples consecuencias.

Por ejemplo, los camiones de las grandes distribuidoras de comestibles solo se aventuran a Barlovento luego de las 7 a. m., y sus conductores tienen órdenes de no permanecer allí después de las 5 p. m. De ser posible, además, acudirán en caravanas. Todo esto implica importantes costos, y además deja abierta la posibilidad de que algunas zonas queden sin abastecimiento.

Algunas empresas petroleras cuyas centrales están en Caracas han ordenado a sus empleados y ejecutivos no transitar por esa carretera cuando deban ir a los campos de la Faja. Han tenido que establecer “puentes aéreos”, lo que desde luego incrementa los gastos, y transmite al exterior una fuerte percepción de riesgo asociado a la criminalidad.

A propósito de la muerte del comisario Henríquez, el MRI ordenó la ejecución de la operación Barlovento. Una reacción tardía y con un objetivo difícil de conseguir, por lo menos en el corto plazo. No se trata de la Cota 905 o La Vega. Son cinco municipios poco urbanizados, que abarcan 432 kilómetros cuadrados.

Hace cinco años, en octubre de 2016, el ministerio de la Defensa ordenó el emplazamiento de contingentes de la Guardia Nacional y del Ejército en esas mismas zonas. Se llamó operación Orión. Algunas tropas fueron enviadas desde Caracas, otras desde lugares remotos como el estado Sucre. Ante la presión por dar algún resultado, mataron a doce individuos a los que asociaban con las bandas referidas en este trabajo, y ocultaron los cadáveres en una fosa común. Los militares tuvieron que retirarse en medio del rechazo generalizado de la población.

Uno supone que Cicpc tiene mayores recursos de inteligencia para lograr el objetivo a un costo menor. Pero el riesgo de una acción similar a la de Orión está latente, en la medida en que pasan los días y no dan con Eduardo Delicias.

Breves

El equipo de defensores de Alex Saab ha intentado en los últimos días dos recursos, con el claro propósito de prolongar la permanencia del extraditable colombiano en Cabo Verde. Según las declaraciones divulgadas por el jefe del equipo legal de Saab, José Manuel Pinto, el primero pretendía la nulidad de la decisión emitida por el Tribunal Constitucional del archipiélago el 7 de septiembre, que desechó las objeciones formuladas por estos litigantes en torno a la legalidad del visto bueno a la extradición. En segundo término, los defensores exigieron una “revisión” de la decisión tomada por la justicia caboverdiana, a la luz del desenlace de una pesquisa de la fiscalía suiza, sobre un supuesto lavado de dinero con fondos provenientes del programa para la construcción de viviendas del gobierno de Nicolás Maduro.

Según el abogado Pinto, un “monto sustancial” de los fondos enviados a la banca helvética “fue recibido de empresas ligadas al mismo programa de viviendas venezolano que está en el centro de la acusación en Miami contra Alex Saab, del 25 de julio de 2019, y sirvió de base al pedido de extradición hecho por EE. UU. a Cabo Verde”. Afirmó que los suizos no encontraron delito alguno asociado al manejo de los referidos fondos, por lo que Saab correría el riesgo de “doble juzgamiento” si es llevado a Estados Unidos para ser procesado por los mismos hechos. El primer recurso de los defensores fue rechazado casi de inmediato. Sobre el segundo, la justicia de Cabo Verde no se había pronunciado al momento de la redacción de esta nota. Sin embargo, esta seguidilla de maniobras hace pensar que Pinto y su equipo ven inminente el traslado de Saab a Estados Unidos.

En los nueve meses que van de 2021 las oficinas de la policía judicial han procesado 712 denuncias sobre desapariciones de personas. Esta cifra, conocida extraoficialmente, es llamativa, pues rebasa el total de casos iniciados durante todo 2020. Es posible que la cuarentena implantada a partir de marzo del año pasado haya influido en esta disparidad. Pero se debe tomar en cuenta que durante 2021 se han mantenido las dinámicas de flexibilización y radicalización de la cuarentena, por lo que otros factores deben entrar en juego.

Uno supondría que situaciones como el conflicto planteado en Apure a partir de marzo de este año y las nuevas oleadas de emigración han influido en el incremento de las desapariciones.

Pero las cifras de denuncias conocidas en el estado llanero, así como en Táchira y Zulia son bajas si son comparadas con las de Distrito Capital (148), Miranda (145) y Bolívar (53). En el actual contexto, las desapariciones parecieran estar asociadas a la intensificación del delito organizado o a disputas entre bandas y megabandas por el control de ciertos territorios. Desde luego, estos números pueden cambiar, ya sea porque la persona indicada da alguna señal de vida o porque se constata que ha sido víctima de homicidio, secuestro o privación ilegítima de libertad.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Las armas del hampa
Las cifras del propio Gobierno sugieren que los fusiles, las granadas y las pistolas usadas por las megabandas no provienen de robos ni hurtos

 

@javiermayorca

En las amenazas a sus rivales, el exguardia nacional Erick Alberto Parra, mejor conocido como Yeico Masacre, muestra sin reparos una parte de su arsenal: una granada fragmentaria por acá, dos fusiles por allá, pistolas modificadas para tiros de repetición más allá.

Parra, de 27 años de edad, ha extendido su violencia desde el Zulia hasta Bogotá. Pero este militar retirado no es el único en exhibir su poder de fuego. Al otro lado del país, los piratas que asolan las rutas marítimas entre Sucre y Trinidad muestran sin pudor los fusiles de asalto que utilizan para someter y despojar a los pescadores de sus motores. Son en su mayoría viejos FAL, calibre 7.62 mm, como los que usaban en la Fuerza Armada, hasta que fueron desincorporados y reemplazados por los AK-103.

¿De dónde salen estas armas? Este tema ha sido motivo de discusión recurrente en foros académicos, pero hace tiempo que desapareció del mapa de interés del Gobierno. En la época en la que funcionó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, el profesor de Educación Integral Pablo Fernández (secretario técnico de la entidad) asomó un primer elemento para el análisis: “Venezuela no es propiamente un productor de armas, sino que las importa”. Esa premisa se mantiene hasta la actualidad, puesto que los proyectos para la fabricación de la pistola Zamorana y del fusil AK-103 tuvieron escaso o nulo impacto. En el caso del armamento ruso, cabe destacar, el dinero para la construcción de la ensambladora de fusiles en el país se lo tragó la corrupción militar de Caracas y Moscú.

Entonces, las armas que terminan en poder de los delincuentes en los cuatro costados del país entran generalmente por importaciones legales, llevadas a cabo por el propio Gobierno.

Esto fue así por lo menos hasta 2018, de acuerdo con los datos en poder del sociólogo José Luis Fernández Shaw, exintegrante de la referida comisión.

Una muy pequeña porción podría llegar a Venezuela gracias al contrabando, tal y como se evidenció en un procedimiento dado a conocer el 1 de julio, tras la incautación de 21 fusiles AK-47 y 2 pistolas Glock, presumiblemente traídos en un buque desde EE. UU. Pero este pequeño cargamento no se compagina con el número de armas que circularía en el país. Según Fernández Shaw, serían unas 700.000, sin tomar en cuenta las que utilizan en el sector militar.

“Lo que nos preocupaba no era tanto la magnitud sino el descontrol. De esas 700.000 armas, sabíamos dónde estaban unas 200.000”, reveló.

El “circuito” ilegal

Cuando fue disuelta, la Comisión para el Desarme apenas iniciaba la investigación sobre un punto que el secretario técnico calificaba entonces de “fundamental”, como era conocer los mecanismos que facilitaban o propiciaban el tránsito de las armas de fuego a la ilegalidad.

Una de las teorías más repetidas era que los antisociales obtenían (y obtienen) sus armas porque las robaban o las hurtaban a sus legítimos propietarios, en un proceso que podría calificarse de compulsivo.

Ese fue uno de los argumentos para justificar la prohibición en cuanto a la importación y la compra de armas por parte de empresas privadas o particulares, e igualmente las consecutivas resoluciones que prohíben los portes de armas.

Pero las cifras en poder del propio Gobierno sugieren que este no puede ser el principal mecanismo para la obtención de tales instrumentos. Según estos datos, conocidos de manera extraoficial, en 2018 fueron robadas o hurtadas 1360 armas, y otras 729 en el año siguiente, para un total de 2089.

El arma más codiciada por los delincuentes en los últimos dos años ha sido la pistola (998), y luego la escopeta (770).

Paradójicamente, lo que más se reporta en redes es el uso de los fusiles y las granadas. Pero estos dos armamentos solo han sido robados o hurtados en 16 casos desde 2018.

Los fusiles y las granadas son por definición instrumentos de uso privativo de la Fuerza Armada Nacional. Por lo tanto, las sospechas se encaminan naturalmente hacia los cuarteles.

“La presencia creciente de armas más vinculadas a lo militar, como los fusiles hace pensar que el control de las armas de la República es muy laxo”, explicó Fernández Shaw.

Recordó que la ausencia de controles llega hasta otro elemento vital para que un arma sea eficaz, como es la munición. Durante los últimos ocho años, la promesa de instaurar un sistema de marcaje de los cartuchos se ha estrellado contra un muro erigido en la propia administración pública. Cuatro veces lo han ofrecido, y todavía el sistema no arranca. De manera que disminuye la trazabilidad de lo que se dispara.

Las bandas y las megabandas cada día que pasa exhiben un mayor poder de fuego. Los robos y los hurtos contribuyen muy poco en esto, como se pudo apreciar por las cifras manejadas en el Ejecutivo. Entonces queda la otra posibilidad, conocida con el eufemismo de “transferencia ilícita”, en la que el funcionario cede el arma, ya sea porque la vendió, la alquiló o la entregó voluntariamente. El 30 de noviembre, por ejemplo, la policía judicial informó que había detenido a un detective junto con un oficial del cuerpo de seguridad regional, señalados de comercializar armas, municiones y explosivos con el grupo de Yeico Masacre. En ese mismo caso, quedaron solicitados cinco efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas).

Es difícil saber cuántas de estas armas robadas, hurtadas o cedidas son usadas inmediatamente para cometer delitos. Sin embargo, los números del propio régimen indican que el plan Desarme no ha rendido los frutos esperados, pues luego de ocho años las armas de fuego son usadas en 85 de cada 100 homicidios.

Breves

El 1 de diciembre compareció el mayor general (GN) Richard López Vargas ante el tribunal primero de juicio en materia de terrorismo, donde se ventila el debate oral por el estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante los actos de celebración del aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. López era el comandante general de este componente para la fecha. Por este caso, también conocido como “magnicidio frustrado”, fueron acusados el general de división Alejandro Pérez Gámez, el general de brigada Héctor Hernández da Costa, además del diputado Juan Requesens y otras 13 personas.

Uno de los señalamientos contra Pérez Gámez indica que él de alguna forma fue determinante en la escogencia de la avenida Bolívar para la celebración del evento. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por López Vargas durante su comparecencia, las propuestas con las distintas locaciones fueron elevadas por la máxima jefatura del componente al ministerio de la Defensa, cuyo titular Vladimir Padrino hizo la selección junto con el presidente, luego de consultar el criterio del jefe de la Casa Militar, el mayor general Iván Hernández Dala, quien entonces -como ahora- también era jefe de Contrainteligencia Militar, y tuvo a su cargo la conducción de las pesquisas correspondientes al supuesto atentado contra Maduro. Luego de la intervención de López Vargas en este juicio, Pérez Gámez tomó la palabra: “Yo no escogí la avenida Bolívar para la celebración del acto. No era de mi competencia”. Luego solicitó a la juez Enit Carolina López el otorgamiento de una “medida humanitaria” que le permita continuar su tratamiento médico para cáncer de próstata fuera de prisión.

Las  investigaciones sobre la desaparición y muerte del contratista gubernamental Edward Gregory Velásquez están muy avanzadas, y apuntan a un grupo numeroso de agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, adscritos a La Quebradita y Parque Central. Las informaciones disponibles hasta el momento indican que el comerciante, de 40 años de edad, fue visto con vida por última vez el jueves 12 de noviembre aproximadamente a las 10 p. m. en la calle La Escuela de Campo Alegre, cerca de la quinta Esmeralda, cuando fue interceptado por vehículos de apariencia policial. Uno de ellos era un Chery Orinoco blanco con coctelera. Luego, los funcionarios simularon un procedimiento en la vivienda de la víctima, de donde supuestamente sustrajeron una importante suma de dólares en efectivo. De acuerdo con el expresidente de la Conacuid, Carlos Tablante, esta fortuna fue cobrada como un anticipo por un contrato de suministro para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Inicialmente, las pesquisas fueron asumidas por agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial.

Según fuentes internas, las presiones para sacar el caso fueron numerosas desde el comienzo, pues Velásquez tenía muy buenas relaciones con operadores del alto gobierno.

Cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos, basados en los vehículos utilizados, el lugar de la intercepción y el indicio arrojado por una consulta no autorizada en el Sistema de Información Policial (Siipol), en la que corrieron el nombre de la víctima durante los días previos a su desaparición. El fin de semana de las elecciones parlamentarias, las investigaciones dieron un nuevo avance al constatarse que unos restos óseos hallados en el Cementerio General del Sur pertenecían al contratista. Ya para ese momento, estaba claro que lo de Velásquez no fue un secuestro propiamente dicho -puesto que nunca hubo solicitud de rescate ante algún tercero- sino una suerte de desaparición forzada con propósito de robo. Los restos hallados en el camposanto, posiblemente un trozo de peroné, supuestamente fueron llevados allí por algunos de los coautores del crimen, que deseaban “limpiar” las culpas con un rito palero. Los agentes de la FAES que participaron en este crimen están en fuga. Fuentes policiales indican que los detalles de este caso son conocidos por la titular del MRI Carmen Meléndez.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

InSight Crime: Gobierno de Maduro fortalece sus nexos criminales

Maduro-Constituyente

Venezuela continúa consolidándose como una plataforma para el crimen organizado en la región. La crisis política, económica y social han alimentado el crecimiento del crimen y el fortalecimiento de las economías ilegales, mientras que las sanciones internacionales contra funcionarios del gobierno, incluido el propio presidente Nicolás Maduro, no lograron debilitar el poder del régimen, ni afectaron los vínculos de sus líderes con el delito transnacional.

Las investigaciones de campo de InSigth Crime mostraron que la droga producida en Colombia sigue atravesando la frontera con Venezuela con facilidad, sobre todo porque luego de la salida de las FARC varias rutas han quedado a disposición de nuevos grupos criminales. Fuentes venezolanas nos contaron en agosto que el Ejército Popular de Liberación (EPL), por ejemplo, estableció presencia el año pasado en Venezuela por primera vez. Por su parte, el grupo criminal colombiano Los Rastrojos, que prácticamente habían desaparecido en Colombia, también parecen empezar a resurgir en Venezuela.

“Los Rastrojos han comenzado a reclutar a ciudadanos venezolanos y han aumentado su presencia en ese país”, escribimos en julio. “La actual inestabilidad y la corrupción descontrolada en las fuerzas de seguridad venezolanas abonan el terreno para el crimen organizado colombiano, y Los Rastrojos han sacado provecho de estas dinámicas”.

El año pasado, en República Dominicana, encontramos que el papel de los venezolanos en el tráfico de drogas por el Caribe es cada vez más importante, a tal punto que ya están reemplazando a los colombianos como mulas o como tripulación de lanchas rápidas.

“Cuatro de cada cinco lanchas rápidas que llegan a las costas de República Dominicana con cocaína ahora tienen venezolanos a bordo”, escribimos en junio.

Además, según nos comentó Verny Troncoso, el fiscal a cargo de casos sobre narcóticos en Santo Domingo, las autoridades dominicanas habían capturado “cada semana desde finales de octubre 2016 […] de tres a cuatro venezolanos que llegan a los aeropuertos del país con estupefacientes ingeridos u ocultos en sus maletas”.

La importancia de Venezuela como punto de partida de narcovuelos también se puso en evidencia en 2017, cuando en mayo el ministro de Seguridad de Costa Rica mostró un mapa con rutas usadas para el tráfico de cocaína por Centroamérica. En éste se muestra claramente a Venezuela como el principal punto de partida del tráfico aéreo de droga (representado en las líneas amarillas), especialmente hacia Honduras y México.

 

“Por desgracia, Venezuela es ya un estado fallido y un narco régimen”. dijo a InSight Crime Mike Vigil, un agente retirado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), el 2 de agosto de 2017, dos días después de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que afianzaron el gobierno de Maduro en el poder.

La ‘mano dura’ de Maduro

Con la Constituyente, Maduro logró salir airoso de la conflictividad política de 2017. Pero en momentos en que el régimen parecía debilitarse, la administración de Maduro se aferró al poder por medio de políticas de “mano dura”, con una fuerte represión a las manifestaciones políticas y con la OLP (Operación de Liberación y Protección del Pueblo). Esta era una estrategia de seguridad que dejó más de 500 personas asesinadas a manos de funcionarios de la fuerza pública, además de denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.

En enero, Maduro anunció un nuevo paquete de medidas de seguridad, en el que proponía armar a civiles para combatir al crimen. A pesar de que nunca hubo evidencia de que el gobierno entregó armas de manera oficial, el régimen ya cuenta con los ‘colectivos’ de civiles armados (los cuales ahora también se dedican a actividades criminales) a los que se les ha tolerado el uso de fuerza y participación en operaciones de seguridad ciudadana.

De abril a julio, los colectivos terminaron siendo actores claves durante una ola de protestas masivas en contra del régimen. Intervinieron de manera violenta en contra de los manifestantes e incluso fueron responsabilizados por el presunto homicidio de varios opositores. Como escribimos en abril, “A pesar de las montañas de evidencia del papel de los colectivos dentro de actividades criminales, ellos se están convirtiendo en una herramienta esencial del gobierno para mantener su agarre en el poder”.

La “mano dura” parece haber contribuido a estabilizar el régimen de Maduro en el ámbito político poco antes de finalizar el año. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en la reducción del delito. Los homicidios superaron los 20 mil casos nuevamente en 2017, según proyecciones de expertos. La cifra es similar a la de 2016, cuando hubo 21.752 homicidios, según un informe del Ministerio Público, con una tasa de 70 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región,

“Dada toda la anarquía y el caos que impera en las calles, los grupos criminales van a aprovechar la situación. Sin duda, el tráfico de drogas aumentará; Creo que más organizaciones colombianas se trasladarán a Venezuela […] y mucha gente se dedicará al narcotráfico porque no tienen otra opción —no hay empleo, no hay dinero, no hay víveres—”, advirtió  Vigil, en la entrevista con InSight Crime.

Sanciones no afectaron economías ilícitas

En febrero y julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones económicas y la inclusión de más de una docena de funcionarios del gobierno de Venezuela en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés).

El más llamativo de ese grupo fue Tareck El Aissami, vicepresidente de la República y exgobernador del estado Aragua. Recibió la condena más contundente, al ser etiquetado como narcotraficante por el Departamento del Tesoro en febrero de 2017. Es la figura gubernamental de más alto rango en ser señalada por este delito. “El vicepresidente de Venezuela también ha sido implicado en un ‘puente terrorista-criminal’” con militantes islamistas y el envió de fondos ilícitos al Medio Oriente.

Sus bienes y los de su testaferro, el empresario Samark López Bello, fueron congelados por el gobierno de Estados Unidos, por “proporcionar ayuda material, asistencia financiera o bienes y servicios como apoyo a las actividades de narcotráfico internacional, y por trabajar para El Aissami, o a nombre de éste”, según dice la sanción.

Sin embargo, ambos continuaron con sus actividades. López sigue en el negocio de las importaciones de comida para los planes de alimentación del gobierno. De hecho, no afectaron los nexos de sus colaboradores con el crimen organizado.

El Aissami, desde la vicepresidencia, amplió su poder. Durante las elecciones de gobernadores, en octubre, logró colocar a varios de sus aliados a la cabeza de estados claves para el tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, como Sucre y Aragua.

Luego de las elecciones en InSight Crime escribimos: “El verdadero ganador de la controvertida votación parece ser el crimen organizado, pues la actual administración ha respaldado y recibido respaldo de elementos criminales con los que tiene lazos estrechos”.

El estado Aragua además es base de la megabanda el Tren de Aragua, dirigida desde la prisión de Tocorón. Las megabandas son organizaciones criminales que operan en Venezuela y están integradas por más de 50 hombres, usan armas de guerra y algunas tienen a sus líderes en las cárceles.

Otra ola de sanciones de Estados Unidos llegó en julio, después de las protestas políticas.

Las sanciones incluyeron al presidente Nicolás Maduro, quien fue calificado por el Departamento del Tesoro de “dictador”. Los problemas de Maduro iban más allá cuando en sus sobrinos fueron declarados culpables en una corte federal en Nueva York por conspiración para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos y sentenciados a 18 años de prisión.

Entre los nombrados por el Departamento del Tesoro también estaba Néstor Reverol, exzar de la droga en Venezuela y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien fue nombrado ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por Maduro un día después de que fuera acusado por Estados Unidos de presuntamente participar en una red de tráfico transnacional de cocaína. Además es uno de los colaboradores incondicionales de El Aissami.

También fue incluida la exministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien ayudó a fomentar un sistema de crimen organizado en el país al dejar el control de las cárceles en manos de los reclusos. En mayo, por ejemplo, Varela admitió solicitar a reclusos hacerse cargo ellos mismos de un motín en el que murieron por lo menos 9 internos.

En 2017, varios casos ilustraron la magnitud del control que ejercen los reclusos dentro de las prisiones. InSight Crime en la investigación publicada en septiembre de 2017 describe el poder los pranes y sus vínculos con el crimen organizado.

“Irónicamente, el gobierno de los pranes parece ser más eficiente que el de Maduro: administran justicia con rapidez, y mientras que la comida escasea en los supermercados, los pranes parecen ser capaces de obtener todos los alimentos que necesitan”, escribimos en esa misma investigación.

Aumenta el control militar 

La militarización ha sido una constante en los gobiernos revolucionarios del expresidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y 2017 no fue la excepción. La actual administración impuso un récord, al designar a 12 oficiales de la fuerzas armadas como ministros. Fue la mayor cantidad de militares en el gabinete de Venezuela en los últimos 17 años.

En junio, Maduro designó a los generales Carlos Osorio Zambrano, Juan de Jesús García Toussaintt y Luis Motta Domínguez –quienes han sido señalados en informes internacionales por tráfico de alimentos, tráfico de oro y diamantes y narcotráfico, respectivamente– como parte del gabinete.

“Es inquietante la militarización que adelanta el gobierno venezolano, en vista de toda la legitimidad que han perdido las fuerzas de seguridad en el país por la actividad criminal extendida entre sus filas”, alertamos luego de una reorganización del gabinete.

Un informe elaborado por Mildred Camero, exzar de la droga en Venezuela, describió la evolución de la partición de los militares venezolanos en el narcotráfico y destacó la presencia de oficiales de alto rango en esta actividad criminal.

La tendencia a la militarización no es un buen augurio para los altos índices de violencia en el país, que incluyen las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. “Las denuncias indican que la política estatal de incluir a elementos militares en la lucha contra el crimen ha dado pie a repetidos casos de ejecuciones extrajudiciales”.

Al finalizar 2017, Maduro y su entorno se habían fortalecido. El vicepresidente El Aissami, quien se ha convertido en uno de los hombres más cercanos al mandatario venezolano, anunció la candidatura de su jefe para las elecciones presidenciales de 2018. De cara a esta contienda electoral han realizado nuevos reajustes en el gabinete, y colocaron a más militares en cargos tan importantes como la presidencia de Pdvsa. El mandatario intenta blindarse, con el apoyo de los militares, para proteger la fragilidad institucional que ha caracterizado su gobierno.

La diferencia es que Maduro y El Aissami se han encargado de ubicar en puestos claves a uniformados de su confianza, principalmente de la GNB, una fuerza que dio origen a El Cartel de Soles, un grupo conformado por integrantes de la fuerzas de seguridad de Venezuela dedicado al tráfico de cocaína, y que también ha estado relacionada con otras actividades criminales como el contrabando de combustible, minerales y alimentos.

Observatorio del Delito Organizado: Tráfico de drogas y secuestro fueron los delitos más reportados durante 2016

Secuestro 2016, Paz Activa

El análisis sistemático de información de prensa revela tendencias sobre actividad del delito organizado en Venezuela

 

La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, dieron a conocer el viernes 10 de marzo de 2017  la 2ª Serie de Monografías “Visibilizando el Delito Organizado enfocadas en cuatro temas: «Corrupción Policial» (Marcos Tarre); «Las Megabandas» (Javier Ignacio Mayorca); «El Estado Botín» (Fernando Fernández), y «El Tráfico de Drogas ilícitas en Venezuela» (Mildred Camero).

 

“Ante ausencia de data oficial, acudimos a la observación hemerográfica con el objetivo de compilar, registrar, analizar y difundir los principales datos e informaciones publicadas por la prensa nacional sobre este fenómeno, lo que permite darnos una idea de las tendencias que se presentan en Venezuela sobre los denominados delitos organizados como el tráfico de drogas, secuestro, corrupción y sicariato, entre otros”, señaló Luis Cedeño, director ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado. “El estudio de los datos sobre la actividad delictiva es primordial para poder formular políticas públicas que nos permitan prevenir y luchar contra este flagelo que se afianza cada día más en la sociedad venezolana”, precisó Cedeño.

 

   

Hallazgos del informe 2016:

 

    • Agosto y septiembre fueron los meses en los cuales se reportaron mayor cantidad de delitos organizados.

 

  • 73,1% del total de reportes considerados se concentraron en solo 6 estados: Miranda, Zulia, Distrito Capital, Carabobo, Anzoátegui y Lara.

 

 

  • El estado Miranda fue la entidad con mayor número de reportes de delitos, registrando el 22,2%. Le sigue el estado Zulia con 18%.

 

 

  • En cuanto a los delitos: de los 721 registros, el tráfico de drogas obtuvo 223 casos y el secuestro con 222 casos, fueron los delitos organizados más reportados durante 2016.

 

 

  • Se identificaron 26 bandas organizadas implicadas en reportes de tráfico de drogras, distribuidas en ocho (8) estados: ANZOÁTEGUI: La Yiya, Los Guabinas, El Negro Libario y Los Perros. MIRANDA: El Adony, Los Magnates de las armas, El Chenchito y Banda Bebé. CARABOBO: Lucas El Flaco*, El Transportador, El Fresa y El Miguelito. ARAGUA: El Chino, Los Narcociclistas y El Hossman. ZULIA: Los Lateros, Los Tanquistas y Los Escuderos. LARA: El Cesita, El Rueda y Los Raspis. DISTRITO CAPITAL: El Douglita, El Pequeño Kong. VARGAS: Banda Lucas, El Flaco y Johan Pérez.

 

 

  • Se identificó el nombre de 43 bandas organizadas dedicadas al secuestro, distribuidas en seis (6) entidades federales. El 45,2% de ellas operaba u opera en el estado Miranda. Nombre de bandas por estado: MIRANDA: El Macua, El Tren de Aragua, Los Madrugadores, El Gabrielito, El Sabandija, El Mono, Aramina, El Buitre, La Fresa y El Anthony, El Coyote, Los Secuaces, El Conejo, El Alvarito, El Mapengue, Carlos El Culón, Joseíto y Caraota, Los Bárbaros de Kempis, El Tren del Delirio, Banda Troncal 9. DISTRITO CAPITAL: El Macua X2, Las Quintas, El Chivo, El Vampi, El Vidal, El Coqui, Las Luces, Banda de Policaracas.  ARAGUA: El Guamacho, Los Pitufos, El Juvenal, Los de La Carpiera, Los Miserables, Los Abuelos, El Chaveta. CARABOBO: Sindicato San Luis, El Ovejo, Los Quinteros de San Diego, Los Exprés del Sur, Los Mañongueros. LARA: Los Queros, El Chueco y  Kennedy. TRUJILLO: El Douglita.

 

 


Desde agosto de 2015,  el Observatorio de Delito Organizado, a través del proyecto Monitor de Delito Organizado Transnacional, ha realizado y presentado una serie de reportes hemerográficos mensuales con los principales datos arrojados por un proceso de selección, recopilación y análisis estadístico efectuado a diferentes artículos de prensa en los cuales se reportaran delitos asociados a determinados temas de estudio: tráfico de drogas, secuestro y extorsión, sicariato y corrupción, entre otros.

 

Delitos, variación

 

Mildred Camero, quien presidió de la Conacuid, estuvo a cargo de la presentación del libro El Tráfico de Drogas Ilícitas en Venezuela. Sus hallazgos confirman que el acercamiento con Colombia han facilitado el auge de este delito.

 

Nos habla @MildredCamero sobre cómo el acercamiento con Colombia ha facilitado el tráfico de drogas en el país. #DelitoOrganizado pic.twitter.com/WYWxzUO1Km

 

Acceso a los informes presentados: 

 

MILDRED CAMERO

El tráfico de drogas ilícitas en Venezuela (Ver aquí publicación completa)

El objetivo central de estas líneas es tratar articular de modo genérico cuál es la piedra angular del problema del tráfico de drogas ilícitas en Venezuela, en el entendido que es un problema tan complejo que no puede ser abordado de manera unilateral, sino en forma colectiva; ante lo cual vale preguntarse ¿Está Venezuela cumpliendo con los compromisos asumidos y previstos en los Tratados Internacionales? ¿Cuáles son las características, causas, efectos y consecuencias del tráfico de drogas en nuestro país? ¿En qué punto se encuentra?

 

MARCOS TARRE

Corrupción Policial y su impacto en la delincuencia organizada (Ver aquí publicación completa)

Desde los más altos niveles, la corrupción llegó a los niveles intermedios y continuó hasta los más bajos, favoreciendo a los que están al margen de la Ley. Para ellos fue el motor para potenciar todo tipo de delitos ofreciendo lo que cualquier delincuente anhela; impunidad. Y esa corrupción llegó y se instaló también en los cuerpos policiales y otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana.

 

FERNANDO FERNÁNDEZ

El Estado como botín: Crónicas del despojo del patrimonio público y privado en Venezuela (Ver aquí publicación completa)

El presente informe técnico denominado el “Estado como Botín” parte de la formulación de la pregunta siguiente: ¿Es el modelo de Estado el causante de la corrupción sistémica que se ha identificado en Venezuela, cuyos efectos sobre el patrimonio público son devastadores? Podemos afirmar, sin duda alguna, que en Venezuela existe una forma de corrupción estructural y sistémica en la cual confluyen funcionarios idóneos con un dualismo estatal y la economía rentista.

 

JAVIER IGNACIO MAYORCA

Las Megabandas: Una aproximación a la insurgencia criminal venezolana (Ver aquí publicación completa)

¿En qué fase de este proceso se encuentra Venezuela? ¿Dónde están y quiénes son los principales actores de esta “insurgencia criminal”? Estas son algunas de las preguntas que inspiran el siguiente documento. Algunos hitos de los procesos de gestación de una insurgencia criminal como la que vive el país son tan escandalosos y evidentes que han sido reportados a través de los medios convencionales y electrónicos, aún en las condiciones de alta censura y control que caracterizan a la actualidad venezolana.