La última columna trajo ronchas, cuando nos referimos a la carencia de resultados de la ilegitima Constituyente. Tantas que dos fuentes rojas rojitas volvieron a estar cerca, criticas, sin dejar de ser militantes y convencidas. “Es verdad, se nos va la vida en hablar pistoladas, muy pocos de nosotros sabemos siquiera las agendas de las reuniones, mucho menos proyectos de texto de la reforma constitucional”, señala el primero. “Para mí, lo más grave es lo político, la verdadera razón para existir como Constituyente. Todo es un secretismo, tráfico de influencias y luchas internas. Te pongo como ejemplo de estos últimos días tres casos: el de la ministra de Obras Públicas, Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello; lo del proceso de reconversión monetaria y la convención del partido”, señala el otro. Preguntamos, ¿qué pasa con la ministra Contreras? Pues ninguna duda que llega a ese cargo en los esfuerzos de Nicolás por seguir equilibrando en Miraflores, pero la compañera ha descubierto en sus primeros días que allí no queda un solo centavo para realizar obras, y decide proponer que todo lo previsto en vivienda, carreteras, hospitales, puertos y aeropuertos, turismo, metro y, especialmente, las inconclusas y jugosas obras de Odebrecht, pasen directamente a su despacho. Obviamente es difícil decirle que no a una mujer, a la esposa de Diosdado y a la vez designada por Maduro. Pero en el resto del gobierno, ¡a correr que se prendió la pradera..! Van y vienen tratando de demostrar no solo la ilegalidad de tal ambición sino también su imposibilidad política. Ministros, gobernadores, lobistas y comisionistas llenan los espacios de la Constituyente con dimes y diretes a este respecto todos los santos días”. ¿Lo de la reconversión?, repregunto. “Eso es aún más triste. Lo poco que hemos hecho ha sido con la limitada información técnica que conseguimos de actores del sector privado. De parte nuestra puro bla-bla-bla, mucha carga partidista, mucho discurso antimperialista, mucho oficial verde oliva de por medio y el país a punto de quedar sin moneda. La devaluación acabó con el Bolívar Fuerte y acabó con el Bolívar Soberano sin haber nacido. Maduro no tiene en quien confiar y que sepa de verdad al respecto. Al ideologizar el tema anulamos la solución. Para colmo, en medio de la tormenta cambian al directorio del Banco Central de Venezuela, ¡una locura!. Fíjate, la propuesta de quitarle tres ceros ya quedó obsoleta. Ahora argumentan en favor de quitarle seis ceros al actual cono. (uno murmura con criolla jocosidad: “en 20 años de abusar del Libertador Bolívar lo mandamos para el “cono”, le perdimos el respeto, nos burlamos de él, lo devaluamos tanto que hasta en zambo choreto y bembón lo convertimos”). Sigue su compañero: “Habrán salarios que quedarían en un solo dígito, ¿quién entiendo esto?”. Todo un menú de teorías sin autoría, sin estudios serios, sin experiencia y, mucho menos, sin consultar con los privados. Te puedo garantizar que los bancos estaban listos para la reconversión, pero no así el BCV, ni tecnológica ni monetariamente. Verás que una segunda prórroga es inevitable.” ¿Y sobre la asamblea del PSUV?: “Al compañero Cabello lo vemos más comprometido con el partido y la próxima convención que con conducir a los asambleístas que, en los hechos, muy pocos tienen credenciales técnicas o políticas para ocupar esas posiciones. Diosdado está más atento a la agenda de Maduro, a lo que pasa en los cuarteles y a la estructura del partido, y mucho menos a las sesiones de la Constituyente”. Esto es lo que hay, amigo lector. Otro funcionario me señala una sola y última pregunta para Diosdado: ¿La presidencia de la Constituyente era de verdad lo querías o fue un mero premio de consolación?. Fue su pregunta, no la mía, Asi están las cosas por dentro del PSUV. ¿Votos contra dedazo? …
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina OFAC, sancionó a Diosdado Cabello por a su hermano José David Cabello, a su esposa Marleny Contreras y a Rafael Sarria.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense designó al segundo del chavismo por sus explotar sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de drogas, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas, señaló el Secretario de Tesoro, Steven T. Mnuchin.
El Departamento de Tesoro acusa a Diosdado detalla que Cabello ha abusado de las posiciones de influencia que ha ocupado dentro del gobierno para fomentar sus actividades ilícitas y corruptas, para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Entre las acusaciones que el Tesoro publicó sobre Cabello están sus actividades de narcotráfico. De acuerdo a la nota de prensa que publicó la institución en su portal web, Cabello trabajó con el vicepresidente Tareck El Aissami, sancionado por la OFAC en la ley Kingpin, para organizar envíos de droga desde Venezuela a través de República Dominicana con destino a Europa. También indica que trasladó dinero ilíticito a Panamá, República Dominicana y las Bahamas junto a Pedro Luis Martin Olivares, sancionado bajo la Ley Kingpin.
Igualmente detalla que «Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos».
Entre otras denuncias acusa a Cabello de afianzar «una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos», declaró el Tesoro.
La nota de prensa detalla que Cabello habría llevado a cabo una serie de negocios ilícitos con otros, especialmente con el sancionado Francisco Rangel Gómez. «Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y de su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales».
También acusa a Cabello y Rangel Gómez de «acceder ilegalmente y explotar minas». Detalla que los individuos exrtrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco, que a pesar de ser una empresa legal, usó personal de la empresa para la extracción y exportación ilegal de hierro.
«A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia».
A continuación la nota de prensa traducida:
El Tesoro sanciona a influyente ex funcionario venezolano y su red de corrupción
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó al venezolano Diosdado Cabello Rondón (Cabello) de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. La OFAC también designó a otras tres personas por ser funcionarios actuales o anteriores, o por actuar en nombre de personas designadas como figuras clave en la red de corrupción de Cabello. Esos individuos son José David Cabello Rondón, hermano de Cabello, designado para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; Marleny Josefina Contreras Hernández, esposa de Cabello, designada para ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; y Rafael Alfredo Sarria Díaz, frontman de Cabello («testaferro»), designado para actuar en representación de Cabello. Además, OFAC bloqueó tres compañías que son propiedad o están bajo el control de Sarria en Florida: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp. OFAC bloquearon aún más 14 propiedades en Florida y Nueva York, propiedad de Sarria directamente o a través de sus compañías.
«El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas», dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Esta Administración está comprometida a responsabilizar a aquellos que violan la confianza del pueblo venezolano, y continuaremos bloqueando los intentos de abusar del sistema financiero de los EE. UU.»
Estas designaciones reflejan el compromiso de los Estados Unidos de utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para responsabilizar a los funcionarios corruptos y apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia. Estados Unidos continuará tomando las medidas apropiadas, incluida la designación de personas para sanciones, para responder a la situación en Venezuela a medida que se desarrolla. Las sanciones de EE. UU. No necesitan ser permanentes; están destinados a cambiar el comportamiento. Sin embargo, consideraríamos levantar sanciones para las personas sancionadas bajo E.O. 13692 que tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a tomar parte en abusos contra los derechos humanos y denuncien los abusos cometidos por el gobierno, y combatan la corrupción en Venezuela.
Diosdado Cabello Rondón
Cabello es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, o el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido político del presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros (Maduro), a quien la OFAC designó de conformidad con E.O. 13692 el 31 de julio de 2017. Cabello es un ex teniente del ejército que forjó un estrecho vínculo en la academia militar venezolana con el ex presidente venezolano, ahora fallecido, Hugo Chávez (Chávez). Cabello es también ex presidente y diputado de la Asamblea Nacional venezolana, el cuerpo legislativo venezolano, y permaneció como diputado de la Asamblea Nacional hasta que el régimen de Maduro usurpó los poderes de la Asamblea Nacional y creó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de la cual Cabello es actualmente un miembro. Cabello ha ocupado numerosos cargos dentro del gobierno venezolano, habiéndose desempeñado previamente como Ministro de Obras Públicas y Vivienda, Ministro del Interior y Justicia, Ministro de Infraestructura, Director de la Comisión Nacional Venezolana de Telecomunicaciones (CONATEL) y Gobernador del estado de Miranda.
A menudo se lo menciona como el segundo hombre más poderoso en Venezuela, después de que Maduro-Cabello ha mantenido importantes posiciones de liderazgo en el gobierno venezolano desde que Chávez lo elevó a la posición de Ministro de Interior y Justicia. Cabello ha abusado de estas posiciones influyentes en el fomento de sus actividades ilícitas y corruptas para controlar y dirigir agencias gubernamentales y oficiales militares en Venezuela como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC ), y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el servicio de inteligencia nacional venezolano. Cabello ha afianzado una red de seguidores al decidir quién es promovido dentro de agencias como el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas. Cabello a su vez utilizó esa esfera de influencia para beneficiarse personalmente de la extorsión, el lavado de dinero y la malversación de fondos.
A mayo de 2017, Cabello había llevado a cabo una cantidad significativa de negocios ilícitos con otros, incluido Francisco José Rangel Gómez (Rangel Gómez), que informó a Cabello. Rangel Gómez fue designado por la OFAC de conformidad con E.O 13692 el 5 de enero de 2018 como funcionario actual o ex funcionario del Gobierno de Venezuela. Cabello, Rangel Gómez y sus asociados lavaron dinero de la malversación de fondos estatales venezolanos y su trato con narcotraficantes a través de una serie de edificios de departamentos y centros comerciales. Además, Cabello, Rangel Gomez y sus asociados trabajaron juntos para acceder ilegalmente y explotar minas. En particular, extrajeron y extrajeron hierro y lo exportaron a través de Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano de propiedad estatal, Corporación Venezolana de Guyana; aunque FdO era un negocio legítimo, Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación de hierro. A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas han utilizado empresas estatales, Venezolana de Aluminio (Venalum) y Aluminos Nacionales S.A. (Alunasa), para lavar dinero a Costa Rica y Rusia. El presidente de Venalum, así como otra persona que realmente dirigía la compañía, se dedicaron al tráfico de drogas y al lavado de dinero, y utilizaron Venalum como cobertura para estas operaciones. Bajo la dirección de Rangel Gómez, en su calidad de gobernador del estado de Bolívar, Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá a la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al ejército venezolano que colocara a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum a Rusia.
Además del lavado de dinero y las exportaciones ilegales de minerales, Cabello también está directamente involucrado en actividades de narcotráfico. Trabajando con el actual vicepresidente ejecutivo venezolano Tareck El Aissami (El Aissami), a quien la OFAC designó de conformidad con la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, Cabello organiza los envíos de droga que se trasladan desde Venezuela a través de la República Dominicana y luego a Europa. Cabello también dirige a Pedro Luis Martin Olivares, quien fue designado de conformidad con la Ley Kingpin el 7 de mayo de 2018, en actividades ilícitas. A fines de 2016, Cabello y Martin trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas. A partir de marzo de 2017, Cabello incautó cargas de drogas de traficantes de drogas en pequeña escala, y las combinó y exportó a través de un aeropuerto propiedad del gobierno venezolano. Cabello, junto con el presidente Maduro y otros, dividieron las ganancias de estos envíos de narcóticos. También a partir de principios de 2017, Cabello exigió información de la burocracia del gobierno venezolano sobre personas adineradas que habían realizado grandes compras, que pueden haberlo ayudado a identificar otras drogas.
José David Cabello Rondón
José David Cabello Rondón (José David) es el actual Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, o la Administración Nacional Integrada de Aduanas e Impuestos (SENIAT). Anteriormente se desempeñó como Ministro de Infraestructura y Ministro del Poder Popular para las Industrias. José David ha utilizado su acceso como el jefe de la agencia venezolana de impuestos y aduanas para extorsionar dinero para beneficio personal de los venezolanos. A fines de 2017, Cabello, en su rol de Primer Vicepresidente Ejecutivo del PSUV, y José David como Jefe del SENIAT, fueron los principales beneficiarios de los esquemas de extorsión contra empresas privadas nacionales y extranjeras. Los hermanos compartieron un porcentaje de las ganancias de extorsión con otros ministros y funcionarios en el círculo interno de Maduro. Un esquema típico de extorsión involucraba a funcionarios del SENIAT que auditaban un negocio e identificaban irregularidades tanto reales como falsas. Los funcionarios del SENIAT le darían a la empresa la opción de pagar una sola multa grande al SENIAT o una multa más pequeña al SENIAT con una comisión menor a los funcionarios. Las compañías registrarían los sobornos como transacciones comerciales. Los funcionarios del SENIAT reciben cada vez más los sobornos pagados a cuentas bancarias venezolanas temporales establecidas específicamente por temor a las sanciones financieras de los Estados Unidos contra altos funcionarios y para evitar un mayor escrutinio de las cuentas bancarias extranjeras.
Más allá de extorsionar las ganancias de la Administración de Aduanas e Impuestos de Venezuela, en septiembre de 2017, los hermanos Cabello, actuando en calidad de altos funcionarios del gobierno venezolano, aprobaron un plan de lavado de dinero basado en actividades financieras ilícitas dirigidas a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Rafael Alfredo Sarria Diaz
Rafael Alfredo Sarria Díaz (Sarria) ha lavado dinero para funcionarios venezolanos mediante la compra de bienes inmuebles desde 2010. Sarria actúa en nombre o representación de Cabello como su principal líder, o «testaferro», asesorándolo, ayudándolo y beneficiándose a sí mismo de Cabello. ganancias corruptas y ganancias ilegales. Los dos han mantenido una relación comercial ilícita desde al menos 2010, cuando Sarria y Cabello tenían sociedades y corporaciones en Panamá, y Sarria poseía varias propiedades inmobiliarias en Florida que se registraron con su propio nombre. En realidad, Sarria actuó como el representante nombrado de Cabello en la propiedad de estas propiedades. A partir de 2015, Sarria continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016, estuvo involucrado en actividades de narcotráfico en nombre de Cabello. A partir de 2018, Sarria asesora y asesora a Cabello, y se beneficia de la inversión de la riqueza corrupta de Cabello.
Simultáneamente con la designación de Sarria, OFAC bloqueó tres compañías en Florida que son propiedad o están bajo el control de Sarria: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp., a través de las cuales Sarria posee 12 propiedades en Florida. Sarria posee una propiedad adicional en Florida y otra propiedad en Nueva York a su nombre.
Marleny Josefina Contreras Hernández
Marleny Josefina Contreras Hernández está casada con Cabello y es la Ministra del Poder Popular para el Turismo, así como la Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. Deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las relaciones entre personas de los EE. UU. O dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de personas designadas.
El 16 de abril de 2015, la presidencia de Inparques emitió la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15, la cual otorgó, “en combo”, los siguientes permisos: la Autorización para la Ocupación del Territorio y la Afectación de Recursos Naturales para la remodelación del teleférico Mukumbarí
Dos aspectos vician este doble permiso: que los mismos deben obtenerse de manera separada y que la obra tenía cuatro años de adelanto para esa fecha. Se trata, en la práctica, de un acto administrativo a posteriori para remediar una violación a la Constitución y a las leyes ambientales
Documentos recientes intercambiados entre Inparques y Venezolana de Teleférico demuestran que las violaciones a las leyes ambientales siguen caracterizando el desarrollo de la remodelación del teleférico de Mérida. El informe 2015 de Provea constata que lo que ocurre en Mukumbarí se repite en el teleférico de Macuto
“LEGALMENTE, NO PODÍAN MOVER NI UNA PIEDRA”, sentencia un miembro del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques quien pide mantener su nombre en resguardo. No obstante, las movieron. Esa era “la orden de Caracas”. Para cuando la presidencia de Inparques finalmente emitió los permisos, la remodelación que comenzó en 2011 tenía 96% de adelanto. “Hoy lo que queda es hacer un post mortem de una obra que realizó una empresa del Estado al margen de la ley”, lamenta el trabajador.
Esa empresa es Venezolana de Teleférico C.A., creada en 2008 mediante el decreto presidencial N. 6.031 para desarrollar actividades relacionadas con la administración de los sistemas teleféricos propiedad del Estado. La preside desde junio de 2015 el general de división José Gregorio Rojas Sarubbi; quien sucedió a Lorena Lisset Parada Medina, en el cargo desde octubre de 2014, que a su vez relevó a José Gregorio Martínez Dávalos, ingeniero que estuvo al frente de Ventel desde su creación y que en 2014 pasó a ser el gerente general del Sistema Teleférico Mukumbarí.
Fue justamente Martínez Dávalos quien el 8 de julio de 2015 les notificó al director regional Mérida-Trujillo-Barinas (Inparques) y al superintendente del Parque Sierra Nevada, que desde Caracas había llegado la aprobación ambiental que la obra debió recibir antes de levantar la primera piedra.
“Reciba un cordial y caluroso saludo del equipo de trabajo que conforma el Sistema Teleférico de Mérida, deseándole el mejor de los éxitos en el cumplimiento de sus funciones”, se lee en el encabezado de la comunicación.
Martínez Dávalos aludía a la Providencia Administrativa Aprobatoria N. 66/15 que emitió la entonces presidenta de Inparques, María Isabella Godoy Peña, el 16 de abril de 2015. En el documento de 21 páginas se otorgan, por partida doble y por vía de excepción, tanto la Autorización para la Ocupación del Territorio (AOT) como la Autorización para la Afectación de los Recursos Naturales (AARN) para la ejecución del Proyecto “Mukumbarí Sistema Teleférico de Mérida”.
La doble aprobación que otorgó la funcionaria, quien actualmente se desempeña como viceministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, no solo contraviene el artículo 129 de la Constitución, el cual señala que: “Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural”; y la disposición legal prevista en el Decreto 1.257 del año 1996, norma que describe los pasos administrativos para llevar a cabo una obra susceptible de degradar el ambiente, sino que además carece de sentido al estar redactada en futuro, como si el documento no tuviera cuatro años de retraso y la obra no llevara, para ese entonces, 96% de avance.
Entre el deber ser y lo que fue
“¿Con qué seriedad se puede considerar el trabajo de un organismo público que después de cuatro años de estar desarrollándose un proyecto que está bajo su jurisdicción, viene y autoriza a posteriori lo que ya está hecho. Es tratar de legalizar algo que es ilegal”, afirma el representante del Sunep-Inparques.
El funcionario agrega que “la aprobación la mandaron desde Caracas porque dijeron que en Mérida había muchos obstáculos”. Describe que entre esos “obstáculos” estaban las reiteradas observaciones que los miembros regionales del Instituto ambiental hicieron a los documentos que presentó Ventel para solicitar las aprobaciones correspondientes.
El primero de esos documentos es el denominado “Términos de Referencia”, el cual precede a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Tiene fecha del 22 de febrero de 2011 y recibió respuesta por parte de Inparques el 30 de marzo del mismo año.
Los funcionarios adscritos a la región Mérida-Barinas-Trujillo de Inparques que analizaron la descripción del proyecto; los objetivos; la justificación y el alcance del mismo, llegaron a la conclusión de que el documento “no ofrecía suficiente información para decidir acertadamente la aprobación de los Términos de Referencia propuestos”. Hicieron, además, 30 observaciones y notaron diversas inconsistencias en torno a la escala final del proyecto.
El documento de Términos de Referencia fue eventualmente aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente el 10 de agosto de 2011. El siguiente paso, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizada originalmente por Ventel en septiembre de 2011, recibió 25 observaciones por parte del equipo regional de Inparques debido, nuevamente, a la poca información suministrada por la empresa estatal.
Sin la aprobación del EIA Ventel no podía dar inicio a la obra, sin embargo, a finales de 2011 la Agencia Venezolana de Noticias refirió que la remodelación tenía 40% de adelanto.
De acuerdo con la Providencia Aprobatoria, Ventel remitió a Inparques los siete tomos del EIA definitivo el 8 de septiembre de 2014. Para entonces, la obra había alcanzado 90% de avance, según AVN. La carencia de los permisos que requiere la ley no les impidió avanzar en la remodelación, en parte por la importancia que el presidente Chávez le había conferido al proyecto y, por otro lado, debido a la cantidad de empresas involucradas en el mismo.
Si bien la obra estaba en manos de Ventel y el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cartera que pasó durante la ejecución del proyecto de manos de Alejandro Fleming a Andrés Izarra y finalmente a Marleny Contreras, la empresa estatal no era la única involucrada en la remodelación.
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El proyecto requirió el concurso de la empresa austríaca Doppelmayr Seilbahnen GMBH, que ya ha desarrollado varias obras en Venezuela como el Cabletren Bolivariano de Petare; el Metrocable de San Agustín y de Mariche; el Trolcable de Mérida, y actualmente trabaja en el Teleférico de Macuto; y el de al menos otras 13 empresas, entre ellas, Petróleos de Venezuela Ingeniería y Construcción C.A., Pentech Ingenieros 05, C.A. Metallizing C.A., PDI Gerencia e Ingeniería, S.A.; y las agrupadas en torno al Consorcio de Altura: Pial, C.A., Capi, C.A., Constructora Biankini, C.A., Briroca Inversiones, C.A., Celectran, C.A., Taller Chama y Mantenimiento Industrial C.A.
Un experto ambiental que trabajó durante cuatro años en el proyecto y declara bajo condición de anonimato, describe que el mismo mutó sobre la marcha y las obras tuvieron dos momentos: el primero fue la modernización y el otro la construcción del nuevo sistema: “Ventel migró de una remodelación más bien cosmética a un nuevo sistema; cuando se cambió de un proyecto a otro debió cambiar el Estudio de Impacto Ambiental ya que en el primer caso se afectaban solo 98 hectáreas y en el segundo 237. En esa fase se incluyeron muchos emprendimientos asociados al teleférico que no estaban planificados originalmente”.
Al preguntarle acerca del rol que jugaron el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente e Inparques, dijo que después de que el Ministerio aprobó los Términos de Referencia delegó todo en manos de Inparques; “pero Inparques levantaba documentos para notificar las irregularidades ambientales y no pasaba nada”.
El experto relata que debido a la envergadura de la obra se conformaron varios equipos ambientales. “El líder era el equipo de Pdvsa-Pentech, pero la gerencia de Ventel también tenía gente a cargo; además estaba el equipo ambiental del Consorcio de Altura y el de Inparques. Aquello eran órdenes y contraórdenes, cada equipo levantaba sus informes para cubrirse las espaldas, otros simplemente miraban para otro lado”, dijo.
“¿Quién mandaba?, me da pena decirlo, pero no mandaba nadie. Yo trataba de hacer mi trabajo y cada profesional que trabajó allí trató de salvar su propia responsabilidad pero pasaban tantas cosas; quien tenía que dar la pauta era la gente de Pdvsa porque a ellos los contrataron para supervisar toda la obra; ellos supervisaban pero eso parecía más bien como la policía: llegaban y decían muéstrame qué has hecho; dónde está el equipo; etc; pero cuando les hacías las observaciones las ignoraban; a los técnicos ambientales les impedían subir en el teleférico para hacer las inspecciones, nos decían que no teníamos prioridad. Así era como se trabajaba”, dijo.
“¿Parar la obra? Ni hablar. Decían que se trataba de un proyecto del Estado que ya tenía dinero asignado y por ende no se podía parar. Cuando señalabas algo te decían que ese era un proyecto que no tenía enemigos ni detractores; que nadie los iba a estar molestando. El detalle está en que como el proyecto mutaba a cada rato, el EIA no tenía sentido. El Estudio tenía que ser aprobado previamente; ese es el deber ser: primero se elabora el proyecto y con esa base se realiza el EIA; el Estudio lo hicieron de manera paralela y por eso tardaron tanto (3 años) en presentarlo”, agregó el ambientalista.
Y aun así, el EIA definitivo no contempló algunos trabajos que se están acometiendo en la actualidad, situación que viola nuevamente las disposiciones legales ya que no es posible realizar acciones cuyo impacto no haya sido previsto en el Estudio. Ese es el caso del déficit en el suministro eléctrico. En la página 78 del Estudio de Impacto Ambiental que elaboró la empresa Proconsult se especifica que: “Se ha considerado innecesaria la incorporación de nuevas fuentes de energía, por lo que se continuará con las fuentes actuales provenientes de la subestación Mérida I”.
Las fallas en el suministro eléctrico han sido reiteradas y el 27 de noviembre de 2016 fue titular de prensa que el vagón en el que viajaba un equipo de reporteros de medios comunitarios y del portal Aporrea, quedó suspendido en pleno descenso desde la estación Pico Espejo por aproximadamente 1 hora, tras presentarse una interrupción en el servicio eléctrico. La nota de Aporrea reseñó que no era la primera vez que ocurría un evento similar.
Igualmente, en el EIA se previó que el sistema de aguas servidas fuera completamente autónomo, y en la actualidad, fuentes cercanas a la obra confirman que las plantas de tratamiento no están funcionando, situación cuyas consecuencias a nivel de contaminación ambiental son de especial consideración debido a que el Parque Nacional Sierra Nevada y el Parque Nacional Páramo de la Culata son áreas protegidas que proveen de servicios ambientales, fundamentalmente agua, a la población de Mérida.
Otro experto ambientalista que trabajó en la obra, quien pide mantener su nombre en reserva, describe que durante el proceso constructivo se montó un campamento para alojar más de 240 obreros en las inmediaciones de la Estación La Aguada. “Allí se instaló el restaurante que brindaba la comida a todos los obreros del Consorcio de Altura y Doppelmayr. Para manejar los efluentes de aguas grises y negras se instaló una planta de tratamiento que funcionó muy mal durante casi dos años, generando un gran impacto sobre un área de dos hectáreas”.
Efectos de las aguas servidas sobre la vegetación: «Mataba lo que tocaba»
“La imagen con la manguera muestra lo que los vertidos de la planta de tratamiento le hacían a la vegetación, en clara demostración de que esta no depuraba las aguas negras. Mataba lo que tocaba. Fue en el tercer año cuando hicieron 4 pozos sépticos en serie y redirigieron hacia ellos las aguas servidas, en una zona donde hay varios manantiales que tributan aguas abajo en dirección a la quebrada La Fría”, explica el experto.
Posteriormente se adquirió una nueva planta de tratamiento que se apoyó en los mismos pozos sépticos para verter los efluentes, supuestamente ya tratados. Sin embargo, el ambientalista apunta que “no valoraron que estos ya habían saturado el subsuelo y la absorción sería muy lenta, ya que los suelos de páramo son muy densos para que el agua de lluvia se retenga y baje lentamente, nutriendo a las selvas nubladas durante el verano y alimentando con regularidad las nacientes de agua que emanan de los páramos. Inparques, ciertamente, protestó a nivel de funcionarios locales, pero nada se solventó en su momento y todo aguardó a la instalación de las nuevas plantas de tratamiento que presentan fallas en todas las estaciones y no aguantarían una inspección ni una auditoría ambiental”.
Legalizando lo ilegal
El abogado ambientalista Lucas Riestra explica que “las leyes y la Constitución no hacen excepciones; las leyes son iguales para todos, indistintamente de si es el Estado el que ejecuta la obra. No tiene ningún sentido otorgar un permiso cuatro años tarde cuando el mal ya está hecho; con ese acto administrativo buscaron legalizar lo ilegal ya que la obra no había cumplido con los trámites; si el EIA no estaba aprobado no le podían haber dado la Autorización para la Ocupación del Territorio; tampoco podían otorgarle la Afectación de los Recursos Naturales, mucho menos conceder ambos permisos en un mismo acto y tratar de legalizar las dos faltas como quien mata dos pájaros con un solo tiro”.
La Ley Penal del Ambiente, vigente desde 2012, detalla cuáles son las responsabilidades que enfrentan las personas naturales y jurídicas que cometan delitos ambientales.
Asimismo, la Ley Orgánica del Ambiente, vigente desde 2006, indica en sus artículos 109 y 125 que los actos administrativos contrarios a la ley son nulos y que los funcionarios públicos a cargo del control ambiental que estén involucrados enfrentarán responsabilidades civiles, penales y administrativas por dichos actos.
“¿Qué queda por hacer? El proceso natural en vista de que se ha cometido un ilícito ambiental que puede rayar en las características de delito, es enviar el expediente a la Fiscalía, eso lo puede hacer desde un particular afectado hasta los miembros de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional”, explica al abogado ambientalista.
De los ilícitos existentes, a los que vienen en camino
A más de seis meses de la inauguración de la obra y a dos de su puesta en marcha, ambientalistas que trabajaron en el proyecto coinciden en que pese al cúmulo de irregularidades ambientales identificadas, las mismas no constituyen un caso de catástrofe ambiental. No obstante, confirman que los técnicos ambientales no han podido acceder al terreno para levantar los informes finales que den cuenta de las “no conformidades”, es decir, elaborar un listado detallado con todas las violaciones ambientales y las medidas mitigantes que no se implementaron.
Otro de los técnicos ambientales que trabajó en la remodelación agrega que “lo más nocivo es lo que no se hizo, las medidas que no se tomaron. Había un conjunto de medidas mitigantes y compensatorias que no se cumplieron: donde había que sembrar vegetación, la maleza creció y lo tapó todo; en los paisajismos sembraron un tipo de grama que no tiene vinculación con la vegetación específica de la zona y en áreas boscosas talaron árboles ilegalmente; la chatarra que había que recoger quedó escondida dentro del monte y eso generará daños a largo plazo; toda esa basura que quedó por la zona y que la vegetación cubrió aún se puede recoger pero no lo han hecho; la situación del impacto vial en los alrededores de la estación Barinitas es grave y no han implementado las medidas que propusieron en el EIA. Casi todas las medidas para mitigar o corregir los impactos ambientales implicaban la paralización de la obra, por eso muy pocas se aplicaron”.
Nieve cubre desechos tras remodelación del teleférico de Mérida
Las denuncias sobre los ilícitos ambientales no son nuevas. El grupo ecologista Ecotatuy, con base en Mérida, ha realizado un seguimiento sistemático al avance de la obra y ha denunciado en su portal numerosas irregularidades cometidas durante la remodelación.
Imágenes recopiladas por el grupo Ecotatuy
Y los ilícitos siguen. Un oficio que suscribe la Dirección General Sectorial de Parques Nacional, a cargo de la funcionaria Elitany Raga, enviado al presidente de Ventel el 10 de agosto de 2016, da cuenta de un total de 21 adecuaciones y ampliaciones de la oferta turística que se ofrece en Mukumbarí, y de la “incorporación de nuevos emprendimientos” que está impulsando Ventel. El documento confirma que ya hay “compromisos suscritos en diversas mesas técnicas sostenidas entre ambas instituciones” para llevar a cabo las propuestas, alguna de las cuales violan las normativas ambientales existentes.
Un experto ambiental que analizó el documento dijo: “¿Cómo es posible que Inparques llegue a acuerdos sobre actividades ilegales; hasta dónde puede llegar la impunidad y el desprecio por las normas?”. El ambientalista se refiere específicamente a propuestas como la “1c” para crear una ruta de bicicletas hacia el bosque de Los Coloraditos y La Pueblita, punto en el que Inparques nota: “Se requiere el aval de la comunidad”.
“En el primer caso se trata de un camino de recuas o de herradura que comunica con la población de Los Nevados; en el segundo, desde hace muchos años solo se usa con fines de excursionismo y uso peatonal. Ninguno tiene características de caminos carreteros por lo que autorizar esas rutas entrarían en contradicción con el artículo 46, numeral 5, del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Sierra Nevada”.
Dicha norma regula específicamente el uso de bicicletas: “a) El uso de las bicicletas estará restringido a los caminos carreteros, exclusivamente”. En el caso del camino que va desde la estación Loma Redonda a La Pueblita, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso establece en el artículo 39, que “solo se permite el paso sin posibilidades de acampamiento por estar parcialmente dentro de la Zona de Protección Integral”, que es la categoría de zonificación más restrictiva.
Respecto al hecho de querer incorporar a la comunidad en la aprobación de una actividad ilegal, el ambientalista se pregunta: “Ante un posible procedimiento sancionatorio, ¿buscan blindar con un manto de interés social y de desarrollo comunitario lo que saben que está en contravención a las normas?; ¿están haciendo cómplice a la comunidad?”.
El abogado ambientalista Lucas Riestra, quien además se desempeña como profesor universitario, no puede evitar contrastar la actuación actual de las autoridades ambientales con el desempeño que solían demostrar los funcionarios del Ministerio del Ambiente e Inparques: “No eran perfectos, de acuerdo, pero eran mucho más exigentes y preparados; claro que se cometieron irregularidades pero también es cierto que los funcionarios eran más celosos en el cumplimiento de su deber; la prioridad no estaba en la obra sino en cumplir con el deber como funcionario y no otorgar autorizaciones que no cumplieran con los requisitos”.
“Este y muchos otros casos demuestran que no solo se permitió la degradación del ambiente sino que se horadó el respeto a la ley, y eso que la mayoría de las leyes ambientales vigentes fueron creadas en este régimen. Queda claro que la norma está bien hasta el punto en que obstaculiza los planes del Estado; el objetivo era remodelar el teleférico e hicieron lo que hizo falta a nivel administrativo para lograrlo”, concluye el abogado.
Al final del post mortem, solo queda una pregunta por responder: ¿Cubrirá el manto de la impunidad los ilícitos ambientales cometidos en la remodelación del Teleférico de Mérida, tal y como la maleza cubrió los desechos que dejaron desperdigados?
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Provea, en su informe 2015 sobre el Derecho a un Ambiente Sano (avalado en el artículo 127 de la Constitución), permite constatar que el caso del teleférico de Mérida no es una excepción. “El decaimiento absoluto de la gestión ambiental caracterizó 2015, evidenciando una gestión con poca sensibilidad por la protección del medio ambiente (…); se han promovido distintos proyectos de infraestructura u obras civiles tales como ampliaciones de tramos de autopistas, teleféricos, parques temáticos, que aún no se esclarecen sus propósitos; para citar algunos ejemplos: el Parque Chávez, el puente entre La Carlota y el Parque del Este, en Caracas, entre otros, sin los debidos estudios de impacto”, dice la ONG. El informe de Provea evalúa la construcción del Teleférico de Macuto cuya ejecución está a cargo de la señalada empresa austríaca y parece adolecer de los mismos males que signaron la remodelación del teleférico de Mérida: “Importantes impactos ambientales se producen en el proceso de construcción del teleférico Macuto dentro del Parque Nacional Waraira Repano. Se viene ejecutando sin Autorización de Afectación de Recursos Naturales, sin Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado y sin supervisión de los funcionarios de Inparques, a quienes sus jefes no les permiten hacer presencia. La obra que debe ser sometida a investigación penal ambiental está bajo responsabilidad del Ministerio de Turismo (Mintur), institución que contrató a la empresa europea Doppelmayr (…). Hasta la fecha el impacto, sin que se tengan las autorizaciones, incluye incendios forestales, tala de árboles y modificación de la topografía con maquinarias, generación de altos volúmenes de material y sedimentación en las cuencas de cursos de agua que drenan hacia la costa del estado Vargas, como el río San José”.
(*) Para la realización de este reportaje, Runrun.es solicitó por escrito entrevistas al ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva; a la actual presidenta de Inparques, Angélica Romero; y su predecesora en el cargo y actual viceministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, María Isabella Godoy. Al momento de la publicación de este reportaje ninguno de los funcionarios había respondido.
La ministra afirma que cadenas hoteleras están interesadas en desarrollar infraestructuras en el país
La ministra para el Turismo, Marleny Contreras, señaló este lunes que las puertas están abiertas para todos aquellos emprendedores que quieran invertir en Venezuela.
«Hemos venido demostrando todo el potencial para la inversión, y buscamos abrir las puertas para todo el que quiera invertir en Venezuela”, expresó.
En este sentido, señaló que en la Feria Internacional de Turismo, a realizarse del 24 al 27 de noviembre en la Isla de Margarita, será la ocasión propicia para mostrar las potencialidades que tiene el país en materia turística.
Asimismo, informó que importantes cadenas hoteleras tiene interés en desarrollar todo lo referente a la infraestructura.
Por su parte, dijo que va a ser inaugurada la primera Universidad de Turismo para fortalecer la formación en esta área en el país.
La ministra para el Turismo, Marleny Contreras, indicó este martes que ya está activado el Convenio Cambiario Nº 36 en la isla de Margarita y se realizan operaciones de menudeo en la región insular.
«Ya estamos implementando el convenido 35 en Margarita. Lo que permite tramitar el pago en divisas en hoteles y prestadores de servicios»
Con ayuda de la banca pública, en varios puntos de la isla se está realizando el menudeo, lo que permite al país tener acceso a las divisas y al turista, contar con un monto manejable para adquirir bienes, explicó Contreras.
Según la ministra se pueden realizar las transacciones a través de tarjetas de crédito, debito y transferencias.
«Hemos dado diferentes charlas para que conozcan el alcance del convenio 36 y sobre todo en el área de incentivar la inversión, ya que saldrá pronto un convenio que va a permitir que también el 100% de la inversión se recupere y luego vamos con el 60-40 como la exportación”.El Ejecutivo implementó este mecanismo como parte de la celebración de la Cumbre de Países No Alineados.
La periodista Valentina Quintero, a través de su cuenta en Twitter envió una serie de mensaje a la ministra de Turismo, Marleny Contreras, denunciando que el «gobierno acabó con el turismo en Venezuela».
«Recorra Venezuela ministra @Marlenycdc para que vea lo que veo yo. Posadas vacías, posaderos llenos de desesperanza. Asuma su responsabilidad». Dijo la comunicadora.
A juicio de Quintero, las posadas en Venezuela continuan abiertas «porque los posaderos son unos tercos admirables».
Quien fuera conductora del programa “Bitácora” de Rctv y autora de varias guías de posadas turísticas exhortó a la funcionaria a que cumpla con sus obligaciones. «Defienda nuestra naturaleza, de eso vive el turismo. Dígale no al arco minero».
Aquí los tuits de Valentina Quintero:
En plena temporada alta las posadas de Morrocoy y Paraguaná están vacías. Su gobierno acabó con el turismo ministra @Marlenycdc
Luego de 8 años de mantenimiento y reparaciones, fue reinaugurado el Teleférico de Mérida este viernes 29 de abril según informó la ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, a través de su cuenta en Twitter.
El Sistema Teleférico Mukumbarí es el más largo y alto. Tiene longitud de 12,5 kilómetros y comprende cinco estaciones: Barinitas, La Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo.
La titular del despacho de Turismo afirmó que el arranque de operaciones controladas será de promoción, dirigidas a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En esa fase pre comercial controlada se efectuará un proceso de chequeo, verificación, y ajustes pertinentes para comenzar a recibir a turistas nacionales e internacionales, durante el segundo semestre de 2016.
Yo rechazo la pita a la que fueron sometidas la gobernadora del estado Falcón y la en Cayo Sal.
Junto con mi inveterado rechazo a la cobardía oculta en los linchamientos, con agravante de la feminidad de las agraviadas, así me mate Gisela Kosack, está el terrible mensaje que de lo ocurrido se desprende. Esto le abre paso es una forma detestable y polarizada de hacer política, basada en la venganza, que en nada ayuda a crear nuevas mayorías.
La política económica de este régimen, cada vez más militar, militarista y militarizado; nos somete a presiones innecesarias e insoportables. Un panda de dirigentes jactanciosos de su riqueza, ofenden con su opulencia al preterido ciudadano de a pie, ese que consume su tiempo en interminables colas para conseguir productos de la vida cotidiana, ahora con el añadido de la humillación y el maltrato de los empleados de los supermercados, amparados por la GNB.
El cinismo como política comunicacional oficial insulta nuestra inteligencia. Muestran groseramente su desprecio hacia la opinión pública con esas acusaciones destempladas y selectivas de culpabilidad de los sectores opositores en crímenes horrendos, callando descaradamente otros parecidos porque no pueden sacarle provecho político.
Un hecho delictivo, ni novedoso ni peor que otros, es usado para decretar un estado de excepción por 60 días en el Táchira que incluye prohibir manifestaciones, léase campaña electoral, en el estado más opositor del país; sin detenerse en los dramas que en salud, educación y formas de mantenerse de la población fronteriza este disparate electorero ocasiona al cerrar la frontera más activa del continente. El gobierno está tan desesperado que incriminó a 5 jóvenes por pitar a esas dos señoras, añadiendo otra causa a su expediente de violaciones del estado de derecho.
El pueblo está muy molesto, el gobierno miente sin concierto, no tiene política y juega con la histeria informativa, exagerando cualquier caso que le pueda ayudar a frenar la barrena electoral. El pánico los hace pensar en caos para promover el miedo a las elecciones parlamentarias. Pasan de la invasión de USA a la guerra con Guyana si pararse en mientes. Insultan a la oposición por el apoyo unánime al reclamo en la Guayana Esequiba porque le frustró su campaña publicitaria.
El descontento crece por días. Es para que este pueblo no sufra más que yo deseo que se dé un cambio de régimen económico. Merecemos vivir en paz dentro de nuestra variada complejidad. Es para acompañar esa justa rabia que todos hemos tragado sapos crudos en pro del esfuerzo unitario. La ruta escogida es democrática, electoral, pacífica y constitucional. Nuestros esfuerzos van dirigidos a ganar para representar a todos y enterrar la exclusión. La consigna fundamental de la Unidad es la conciliación nacional para la reconstrucción del país. Los que estén afilando cuchillos para ejecutar venganzas, que vayan preparando sus temibles twits porque nos vamos a enfrentar. Vamos bien.
