Luis Alberto Lacalle

Fotos: EFE

Los expresidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle alertaron hoy del «autoritarismo peligroso» y de la «beligerancia» de Venezuela, cuya justicia consideraron no es independiente y confiaron en que las elecciones de diciembre puedan dar un giro a la situación del país.

Ambos exlíderes, pertenecientes a los opositores Partido Colorado y Partido Nacional, respectivamente, se encuentran entre los 31 exmandatarios iberoamericanos que denunciaron hoy el deterioro de las garantías democráticas en el país caribeño a través de un nueva Declaración conjunta, según informó la fundación española FAES, vinculada al ex jefe de Gobierno español José María Aznar.

En una entrevista con Efe, Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) dijo que Venezuela «sigue en una situación de autoritarismo peligrosa» y «realmente dramática» desde el punto de vista de los derechos humanos, políticos y electorales de los candidatos y desde el punto de vista general «de una sociedad que está desquiciada».

Además, el exgobernante hizo referencia a los problemas fronterizos que Venezuela mantiene con Colombia y Guyana.

«Le tememos a estos episodios internacionales, como fue el de Guyana o es el de Colombia, que puedan servir de pretexto para una movilización militar que de algún modo pretenda postergar las elecciones parlamentarias, que seguramente el Gobierno perderá», confesó.

Sin embargo, Sanguinetti dijo ver «con expectativa y esperanza» la reunión el pasado lunes en Quito de los presidentes colombiano, Juan Manuel Santos, y venezolano, Nicolás Maduro, para tratar de solucionar la crisis bilateral, y «que ha sido solo un comienzo de lo que debe ser la normalización de sus relaciones».

«Confiamos en que el camino de la paz se consolide», matizó el exjefe de Estado uruguayo.

En ese encuentro participaron el actual mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el ecuatoriano, Rafael Correa, como presidentes de turno, respectivamente, de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), organismos en nombre de los cuales mediaron para lograr el acercamiento bilateral.

Por su parte, Luis Alberto Lacalle (1990-1995) contó a Efe que dicha reunión le resultó «una decepción».

«Yo diría que es hasta poco serio que se reúnan los presidentes con gran expectativa y lo único que se haya resuelto es que van a seguir conversando y no se ha modificado ni siquiera en forma simbólica la situación actual, en la que notoriamente ya es prácticamente un agresor el Estado venezolano», dijo Lacalle.

«Si el régimen venezolano mantiene esa beligerancia, que la ha usado como una táctica para juntar la gente de su país, no me deja muy tranquilo», agregó.

A su juicio, Maduro «colecciona problemas» y parte de los mismos «los genera él mismo».

Por otro lado, los dos exgobernantes coincidieron en la falta de independencia de la Justicia venezolana al opinar sobre la condena a casi 14 años de prisión al opositor Leopoldo López por incitar a la violencia durante una marcha antigubernamental en 2014.

«No sé si ahí se puede decir que uno confía en el Poder Judicial, porque notoriamente está influenciado», expresó Lacalle.

En este sentido, Sanguinetti recordó la condena a dos años de cárcel al fallecido exmandatario venezolano Hugo Chávez, quien en 1992, siendo teniente coronel, encabezó una fallida intentona golpista contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, que ocasionó 17 soldados muertos y 50 heridos.

«Al coronel Chávez en su tiempo le dieron 2 años de prisión por un golpe de Estado sangriento. A López, candidato de un partido democrático, le aplican 14 años por una presunta incitación a la violencia que no existió. Eso mide de qué manera hoy no hay Justicia independiente en Venezuela», expresó el primer presidente de la actual democracia uruguaya.

También reprochó la actitud de «la mayoría» de los Gobiernos y Parlamentos latinoamericanos, de los que dijo «ni siquiera han expresado preocupación sobre el tema».

Lacalle confesó que «de la misma manera» que tenerlo detenido (a López) «es un acto político notorio usando al Poder Judicial, lo que uno puede esperar es que pase algo políticamente que determinara una orden en contrario».

Es en este sentido que confió en las próximas elecciones parlamentarias, previstas para finales de año.

«Que primero se haga la elección, segundo se vote correctamente, tercero se cuenten los votos honestamente y cuarto una victoria importante de la oposición para que el pobre Leopoldo pueda tener una esperanza que un acto político lo saque de la cárcel», opinó Lacalle.

Para Sanguinetti, si la elección es «honesta» va a marcar un «cambio muy importante».

Entre otros aspectos, en el documento divulgado hoy por FAES, los expresidentes reclamaron «una observación internacional imparcial y técnicamente calificada por parte de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la UE (Unión Europea)».

La defensa judicial del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, asegura que es legal la actuación del español, Felipe González, quien ha aglutinado a su alrededor a importantes ex jefes de Estado para interceder por la liberación de los diferentes presos políticos en Venezuela.

A juicio de Omar Estacio, José Fernando Núñez y Antonio Sierralta Quintero, defensores de Ledezma, son incomprensibles las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno venezolano por la incorporación del ex presidente de España y abogado, Felipe González, al equipo de la defensa del Alcalde Metropolitano, indica nota de prensa de la Alcaldía Metropolitana.

Aseguran que “hay varias vías, todas legales”, que respaldan la actuación de González. En las leyes venezolanas se prevé que letrados extranjeros puedan ejercer en el país sin necesidad de reválida. De igual manera sostienen que está la figura de consultores técnicos, abogados o no, para asistir a cualquiera de las partes en los procesos judiciales. Además, está la defensa ante organismos internacionales, que posibilita, por ejemplo, que un nacional de España pueda ser asistido por abogado venezolano o viceversa. En tales supuestos consideran que «no hay violación a ninguna soberanía como se quiere hacer ver por funcionarios del Gobierno».

Ante el intento de criminalizar la incorporación de Felipe González al grupo de representantes de los presos políticos, Estacio, Núñez y Sierralta Quintero dicen estar preparados para activar los parámetros que sean necesarios de acuerdo a las circunstancias y aseguran que serán anunciados en su momento.

“Emplear epítetos contra el señor González, insultarlo, intentar vejarlo o intimidarlo, por el solo hecho de haber expresado su disposición a defender, con apego a la ley venezolana, a un grupo de presos políticos, expone a nuestro país, a sanciones de Naciones Unidas, situación que la defensa de Antonio Ledezma sería la primera en lamentar”, finalizaron.

Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados en el marco de las Naciones Unidas (A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118, 1990), establecen que “los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar sus funciones profesionales, sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”.

Cabe destacar que hasta la fecha, el grupo de ex jefes de Estado que acordó defender a Antonio Ledezma y a los presos políticos ya suma nueve exmandatarios: Felipe González y José María Aznar (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Felipe Calderón (México), Alan García y Alejandro Toledo (Perú).

El expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle (1990-1995) confirmó hoy a Efe su intención de adherirse al grupo de exjefes de Estado que acordaron defender a los encarcelados líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma.

«Yo soy muy agradecido y cuando yo estaba preso, perseguido y proscrito, cada cosa que se hacía por nosotros fuera del país (durante la dictadura cívico-militar uruguaya) la apreciábamos mucho y a mí me parece que en la vida ser agradecido es una ley y la mejor manera de agradecer es hacer por otros lo que otros hicieron por mí», explicó Lacalle.

El expresidente español Felipe González (1982-1996) anunció recientemente que se sumaría a la defensa de los dirigentes opositores encarcelados, una iniciativa a la que luego se adhirieron el exgobernante brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y el abogado canadiense Irwin Cotler.

Además, afirmó que había contactado con diferentes políticos latinoamericanos para crear un frente de líderes internacionales que trabaje para conseguir la liberación de ambos venezolanos.

«Todavía no entré en contacto con Felipe, que es mano en el juego. Me voy a dirigir a él. Él manda la orquesta. Las líneas generales son preocuparnos por la situación personal de dirigentes políticos, colegas de profesión. Lo cual no implica introducirnos en nada interno de Venezuela, pero sí que se respete el derecho a disentir y opinar», añadió el exmandatario uruguayo.

López, encarcelado desde hace más de un año, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido el pasado 20 de febrero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), están acusados por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro de formar parte de grupos radicales con planes violentos para desestabilizar el país.

Lacalle quiso destacar el caso de López, al asegurar tener noticias de que «está pasando una circunstancia de arresto muy rigurosa en un lugar muy pequeño».

«Nuestros colegas Andrés Pastrana y Jorge Quiroga (expresidentes de Colombia y Bolivia, respectivamente) hace un par de meses no lo pudieron ver porque la autoridad no se lo permitió y estoy esperando el contacto con mis colegas para ver cómo vamos a actuar».

El exgobernante de Uruguay señaló que ayer habló con Pastrana y ya «hay varias cosas en trámite».

«Desde el punto de vista jurídico yo soy abogado también pero no de nota. Agregaremos el hecho de nuestras circunstancias de colegas y solidaridad profesional con dirigentes políticos democráticos. Lo que voten después los venezolanos es tema de los venezolanos», matizó el exgobernante, perteneciente al Partido Nacional.

Además, tildó de «una bestialidad» que Maduro haya obtenido poderes especiales que le permiten gobernar por decreto para encarar lo que el gobernante venezolano considera amenazas de su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, quien a su vez afirmó que Venezuela supone una amenaza «extraordinaria» para la seguridad del país norteamericano y su política exterior.

«La cáscara de la democracia venezolana cada vez es más tenue», concluyó Lacalle, quien fue opositor al régimen dictatorial uruguayo (1973-1985), sufrió persecución y en 1978 sobrevivió a un atentado, conocido como el «complot del vino envenenado», que no se llegó a esclarecer.

Esta semana, se produjo un anuncio tan inusual, como valioso.  El expresidente del Gobierno español, Felipe González, aceptó hacerse cargo de la defensa de, Leopoldo López y Antonio Ledezma, los dos principales presos políticos de la dictadura chavista de Maduro.

Al origen de la decisión, del ex presidente español, está una petición hecha por los familiares de los presos políticos, a la cual también se han adherido los expresidentes; Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Alejandro Toledo (Perú), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Óscar Arias (Costa Rica), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia) y Osvaldo Hurtado (Ecuador).

Lo más probable es, que éste grupo de personalidades intenten participar en los procesos judiciales de López y Ledezma, bajo la figura del amicus curiae.

Introducida en la ley internacional, particularmente en la temática de los Derechos Humanos, en el presente, la técnica del amicus curiae, es utilizada por la Corte Europea de Derechos Humanos, por la CIDH y por la Corte de Justicia de la Unión Europea.

El origen de dicha figura, está en el derecho anglosajón del siglo XVII. En el presente, ha finalmente sido integrada en la mayoría de los sistemas legales, de donde sobresalen Argentina y Honduras.

Las condiciones esenciales de la amicus curiae son la independencia, la competencia y la representatividad. Teniendo como principal objetivo cubrir las debilidades de la instrucción de los expedientes, principalmente respecto a testimonios y experticias, carencias éstas que son paradójicamente el centro de gravedad del juicio que se le sigue a Leopoldo López. Puede también, la amicus curiae, aportarle luces a los tribunales sobre cuestiones de hecho y de derecho.

La tipificación de los llamados “delitos políticos” tiene diversas y múltiples incompatibilidades con el derecho internacional, convencional y consuetudinario. No existe una definición consensuada acerca de lo que se entiende por delitos políticos en el derecho internacional.

Convencer a la dictadura de Maduro y su TSJ rojo rojito, de abrir los procesos de López y Ledezma, a otros actores no será una tarea sencilla.

El  muy vilipendiado, lobbying judicial, podría convertirse en el caso venezolano en generador de una reacción política, que tanto le ha costado desarrollar a las fuerzas democráticas.

Sin hacerme mayores ilusiones en lo jurídico, pienso que en lo político, es probable que éste inusual gesto de los expresidentes, termine creando un precedente que sirva para establecer un mínimo de vigilancia regional, ante los múltiples atropellos, de la dictadura chavista.

Vía El Nuevo Herald 

La caída de los precios del petróleo, la muerte del carismático Hugo Chávez y la feroz represión emprendida por el régimen de Nicolás Maduro han deteriorado la influencia que el chavismo llegó a tener en América Latina, dijo el ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle.

Pero las fuerzas democráticas de Venezuela deben organizarse y emprender una ofensiva diplomática para explicar con detalles lo que está sucediendo en el país, añadió el ex presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo.

Los ex mandatarios, que participaron junto con la periodista independiente cubana Yoani Sánchez en un foro realizado en Miami sobre las amenazas a las democracias latinoamericanas, resaltaron que la crisis venezolana avanza hacia un punto de definición y que la oposición debe seguir organizándose.

Una de las cosas que la oposición tiene a su favor es que el chavismo ya no es visto de la misma manera en América Latina, dijo Lacalle, en un encuentro con periodistas realizado en el marco del foro “Democracia en las Américas 2014”, realizado el jueves y el viernes en el Miami Dade College y presentado por la Fundación Zambrano.

“Ya estamos en la caricatura del chavismo. Primero, porque esa persona [Maduro] no da la distancia. Pero además, el petróleo vale ahora $80 el barril, y con Chávez valía $120”, resaltó el ex mandatario uruguayo.

“Y entones, nos encontramos con más de 60 por ciento de inflación, hambre, represión, carestía y encarcelamiento de los opositores. Ha sido tan rápida la caída hacia el modelo clásico de la dictadura, que yo creo que hoy se vuelve muy difícil” el sostenimiento del chavismo en el poder, agregó.

Según Lacalle, Venezuela marcha aceleradamente hacía una definición que podría tornarse muy violenta a menos que un sector del chavismo decida ponerle fin al proceso de colapso generalizado que está en marcha, llegando a algún tipo de entendimiento con los sectores de la oposición.

“Salvo que la cosa económica apriete lo suficiente como para que a dentro del Socialismo del Siglo XXI aparezca alguien que diga, bueno, vamos a terminarlo todo y a hacer las paces con los del otro lado, o el derrumbe será total, y allí habría sacrificios y costos humanos que nadie desea”, advirtió Lacalle.

Pero esto no significa que las fuerzas democráticas de Venezuela deben mantenerse de brazos cruzados mientras esperan a que el régimen de Maduro se desplome.

Entre las múltiples cosas por hacer, “hay que convencer a las personas intelectuales, a los que tienen un planteamiento democrático, político y a los gobiernos […], hay que explicarles hacia dónde podría ir el proceso venezolano”, dijo Cerezo.

Esas explicaciones son necesarias porque las autoridades de América Latina suelen cerrar filas automáticamente alrededor de un gobierno cuando enfrenta alguna situación que luzca como un rompimiento del hilo constitucional.