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Lorena Meléndez

Familiares de víctimas de enfrentamientos extrajudiciales cobran espacios y piden justicia

EL FORO DEL MONITOR DE VÍCTIMAS LLAMADO ¿Qué derechos? Una aproximación a la violencia policial en Caracas” tuvo lugar la tarde de este jueves 19 de julio de 2018, en las instalaciones del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. de la UCAB (sede Montalbán). Todo en el marco de la inauguración de la exposición fotográfica “Código 62: Retratos contra la impunidad”, a cargo del fotoperiodista Gabriel Osorio.

Código 62 muestra los efectos “desgarradores e irreverentes de las políticas de mano dura sobre las familias venezolanas, en su mayoría de los sectores más vulnerables y excluidos. A través de retratos y relatos, esta exposición habla de una realidad que pretende ser ocultada por el mismo Estado responsable, pero también… es un homenaje a la valentía de Orfavideh –Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos-”.

La actividad, en consecuencia, responde a la iniciativa de Caracas Mi Convive, movimiento socio-cultural que busca generar y articular organización comunitaria para prevenir la violencia y construir una ciudad de convivencia. Todo bajo la dirección de Roberto Patiño —su cofundador, además miembro del partido Primero Justicia— en alianza con Orfavideh.

El evento contó con las intervenciones de Santiago García, coordinador de los proyectos “Vamos, Convive” y “Monitor de Víctimas”; Juan Francisco Mejías también de “Monitor de Víctimas”;  Verónica Zubillaga, socióloga experta en temas de violencia; y Lorena Meléndez, periodista de investigación de Runrunes.

La  profesora Zubillaga dio a conocer el estatus más reciente de los operativos militarizados en la era post Chávez; gracias a un trabajo de investigación que la ONG Reacin (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), donde ella funge como principal vocera, ha estado llevando a cabo de la mano con Caracas Mi Convive.

Los cimientos de este sondeo, según la profesora Zubillaga, datan del año 2017, cuando la entonces Fiscal General de la República (Luisa Ortega Diaz) denunció la ruptura del hilo constitucional; alegando que solo en el 2016 alrededor de 21 752 personas murieron de manera violenta. Y, de esa cifra, 4 667 cayeron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Lo que indica que este último, el Estado, fue responsable del 21% de las muertes, en un escenario donde los asesinatos se comenten, en 87% de los casos, con armas de fuego. Una de las proporciones más elevadas en América Latina, después de Puerto Rico.

Con relación a la actuación de la Policía Nacional Bolivariana, la especialista expresó que, en principio, con la Comisión Nacional de la Reforma Policial lo que se buscaba era crear un cuerpo de seguridad que respetase los derechos humanos y se abstuviese al uso progresivo de la fuerza.

Sin embargo, y así lo hizo saber la socióloga, lo que se observa hoy es un cambio si se quiere hasta simbólico; porque pasaron de tener un uniforme beige a una vestimenta gris, de camuflaje, que deja entrever un conjunto de acciones criminales, de guerra. Esto, de acuerdo a lo dicho por la experta, está relacionado con un desplazamiento de la seguridad ciudadana por la imposición de un paradigma de la seguridad militar; donde precisamente los militares tienen un papel fundamental.

La profesora Zubillaga aclaró, además, que para comprender la violencia que se vive hoy es necesario señalar al Estado como un actor protagónico causante, por supuesto, del proceso de militarización de la seguridad ciudadana que se exacerbó con la llegada al poder del actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

La militarización es pues un mecanismo que garantiza la soberanía estatal en un contexto donde la escasez, la hiperinflación, la baja de los precios petroleros y un sinfín de precariedades están a la orden del día; sin dejar por fuera las históricas redadas policiales en los barrios, sucesos que se pueden comprender mejor si se clasifican en dos fases.

La primera puede denominarse “Punitivismo carcelario”, que inicia a partir del año 2010 con una nueva ronda de operativos militarizados que le dieron pie a las operaciones “Madrugonazo al Hampa” y “Patria Segura”. Y la segunda se cataloga “Matanza Sistemática”, que junto a data dura e información compilada de discursos que han dado funcionarios, así como estadísticas arrojadas por el Ministerio público y visitas a las comunidades afectadas por los operativos policiales, ha permitido entender la dinámica que rige el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Lorena Meléndez, por su parte, presentó el estudio “OLP: La Máscara del Terror en Venezuela”, que se alzó con el premio del Concurso de Periodismo de Investigación de IPYS Venezuela; y así explicó cómo funcionaban los operativos que contaban con la participación de policías y militares, quienes poseían en su haber carros blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y “máscaras de la muerte”.

La investigación, en ese sentido, arrojó que los “colectivos” eran quienes ejecutaban a los presuntos delincuentes, para tomar el control de determinados territorios. Y de esta manera, según Santiago García, liberarlos. “Se trata de una lógica muy básica: si los criminales están armados, nosotros tenemos que amarnos. Si los criminales son violentos, nosotros tenemos que ser violentos… Es la típica frase ´plomo al hampa´”, agregó García en aras de contextualizar a la audiencia presente.

Meléndez mencionó que las OLP actuaban de madrugada, en medio de la oscuridad; ingresaban forzosamente a la propiedad privada; sometían y aterrorizaban a los habitantes, con tratos crueles y degradantes; maltrataban a los familiares de las víctimas; y hasta robaban y destruían propiedades e inmuebles.

¿Pero cuál eran los objetivos de las OLP que la propaganda gubernamental difundió? La periodista señaló que, para el Estado, estas operaciones no solo tenían el fin último de combatir la delincuencia, sino también las acciones de aquellas organizaciones paramilitares que ellos relacionan con la oposición y —por extensión— vincularon con delitos que iban desde la extorsión hasta el contrabando de extracción.

Mélendez, así mismo, indicó que —por ejemplo— en algunos de estos operativos realizados en las Misiones Vivienda se llegaron a incautar alimentos; porque se consideraba que si una familia tenía más de cierto número de productos, incurría en actos contrabandistas. Es decir, eran unos “bachaqueros”.

Por lo que “estas operaciones lo que buscaban eran sembrar el terror en los ciudadanos de las zonas más pobres, porque eran operativos que se daban dentro de las zonas populares… de cada Estado”, acotó Meléndez. Además afirmó que en dos años las consecuencias de estos hechos se pueden traducir en 44 masacres, de las cuales solo se han registrado 4 funcionarios fallecidos. Lo que ha abierto, a la fecha, 1 074 investigaciones contra oficiales de seguridad.

La exposición fotográfica, valga acotar, permanecerá en el piso 3 del Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza s.j. hasta el 30 de septiembre de este año; y Caracas Mi Convive continuará organizando actividades que no buscan más que una denuncia clara a la impunidad y a la violencia.

Runrunes Radio | El

Todos los miércoles de 01:30 p.m. a 02:20 p.m. el equipo de Runrun.es toma el espacio de Portales en Fedecámaras Radio, un programa diario que diversas páginas digitales toman un día a la semana, y que puede escucharse a través de SoundCloud.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución, mejor conocidos por su acrónimo CLAP, y el caso de corrupción más grande que ha afectado a políticos de muchos países latinoamericanos, incluyendo a Venezuela, fueron los temas que trataron Ronna Risquez junto a las periodistas de investigación de Runrun.es, Lisseth Boon y Lorena Meléndez.

Las bolsas entregadas por los Clap, que ahora vienen en cajas ensambladas en Panamá, tienen un costo de producción muy distinto al que el gobierno cobra por ellas, haciendo un “guiso verde” que deja muchas preguntas.

En el otro lado de la corrupción está el caso Odebrecht, por el cual han abierto varios expedientes a expresidentes y altos funcionarios de gobiernos latinoamericanos. Se conoce que en Venezuela la constructora pagó cerca de 98 millones de dólares en sobornos para la adjudicación de obras a su favor. Lisseth Boon explica como a nivel internacional los políticos se han visto afectados y qué ha pasado con el caso en el país.

ESPECIAL Los trabajos sobre la masacre de los Mineros de Tumeremo, nominados al Premio Gabriel García Márquez 2016

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La cobertura de la Masacre de Tumeremo fue realizada a raíz de las denuncias sobre la desaparición de 17 mineros de Tumeremo, una población al sur del estado Bolívar en Venezuela, cuando se dirigían a cumplir con su jornada laboral.

El 5 de marzo de 2016 familiares de los desaparecidos iniciaron una protesta que cerró durante una semana una importante carretera nacional que comunica a Venezuela con el norte de Brasil y el resto del país, para exigir que se investigara lo ocurrido y se diera con el paradero de los trabajadores de la minería ilegal.

Aunque los habitantes de la zona convivían a diario entre asesinatos y desapariciones, los conflictos en este territorio anárquico –donde las bandas armadas se pelean el control de los yacimientos de oro bajo el consentimiento del Estado venezolano y trafican el mineral– nunca antes habían cobrado tantas vidas en un solo hecho.

El reclamo del pueblo de Tumeremo fue ignorado por el Gobernador del estado Bolívar, un militar vinculado al partido de Hugo Chávez, quien se limitó a negar el hecho y a vincular la denuncia a intereses políticos. Las investigaciones policiales no comenzaron sino 48 horas después de lo ocurrido, término en el que el Ministerio Público designó fiscales para iniciar las averiguaciones.

Cuatro días después de la “Masacre de Tumeremo”, como fue llamada por los habitantes de la zona desde el principio, las pesquisas habían obviado uno de los sitios claves del crimen: un espacio ubicado en las cercanías del fundo El Peregrino, a 20 minutos de Tumeremo, a donde los reporteros de la alianza de medios conformada por El Correo del Caroní, RunRunes y El Pitazo –Lorena Meléndez y Germán Dam– llegaron antes que la policía. Allí encontraron rastros de sangre, restos de ropa y documentos de identidad de algunas víctimas. Un par de días después, el mismo equipo reporteril se le volvió a adelantar a los investigadores y llegó primero al lugar donde habían sido enterrados los 17 mineros.

Periodistas de Runrun.es ganadores del premio IPYS 2016 revelan detalles de sus investigaciones

ESTA CASA ESTÁ DE FIESTA. Tres periodistas de la Unidad de Investigación de Runrun.es fueron galardonados en la edición 2016 de los premios de periodismo de investigación que otorga el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela. Lorena Meléndez, Lisseth Boon y Jesús Alberto Yajure cuentan cómo llevaron a cabo sus reportajes y hablan sobre el valor del periodismo de investigación en el contexto nacional actual.

 

Lorena

Lorena Meléndez: “Vivimos en un país en donde a cada paso te encuentras con una irregularidad”

Poner la lupa sobre el desarrollo de la Misión Vivienda les valió a los periodistas Lorena Meléndez, Vanessa Moreno, Valentina Oropeza y Yorman Guerrero, el primer lugar del VII Concurso de Periodismo de Investigación 2016, reconocimiento que concede el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela.

La serie de ocho reportajes publicada en el portal Contrapunto: Biografía Misión Vivienda: testimonios, cifras y desafíos, fue desarrollada por los periodistas a partir de las observaciones realizadas durante la reportería diaria. La limitación de tiempo y la dificultad para obtener datos oficiales no les impidió desarrollar una investigación que tomó más de dos meses completar. 

Meléndez, quien desde octubre de 2015 forma parte del equipo de investigación de Runrun.es, cuenta cómo surgió el trabajo galardonado y habla sobre el valor del periodismo de investigación en el contexto venezolano actual.

-¿Cómo surge la investigación?

Valentina Oropeza, quien era la coordinadora de investigación del grupo, tenía la inquietud de hacer un reportaje sobre la Misión Vivienda (MV) enfocado hacia el área de infraestructura, pero a medida que ahondamos en la reportería fuimos identificando irregularidades y el trabajo cobró un peso mayor. Al final tomó dos meses y medio culminar la investigación. En cuanto al tema de infraestructura, identificamos la precariedad de los servicios públicos y las deficiencias en la construcción y planificación de los urbanismos. También abordamos el tema de la inseguridad, de hecho, dos semanas después de que sale publicado el último reportaje de la serie se llevaron a cabo las primeras OLP en urbanismos de la MV; descubrimos problemas de convivencia e incluso que existía sesgo hacia los residentes colombianos; e identificamos que las personas que habían invadido no tenían derecho a una adjudicación en los urbanismos.

-¿Es incompatible el diarismo con la investigación?

-Mira, ninguno de los reporteros del equipo formaba parte de la unidad de investigación, lo que demuestra que desde el diarismo sí es posible profundizar. El tiempo siempre es limitado pero el diarismo no es incompatible con la investigación, nosotros teníamos el afán de ahondar en las historias con las que nos topamos en la reportería diaria y además contamos con jefes como Valentina y Héctor Bujanda, quienes nos dieron el tiempo para realizar el trabajo.  

-¿Cómo sortearon la dificultad en el acceso a los datos?

Todo se apoyó en una base de datos que fuimos alimentando durante el proceso de investigación, no puedes esperar que te llegue la tablita de excel hecha. A medida que avanzamos vimos las incongruencias en las cifras que reportaban sobre la MV. A mí me tocó revisar las notas de prensa de las construcciones en Trujillo, las cuales un mes decían un número y al mes siguiente otro; nada cuadraba y así identificamos las inconsistencias. Los datos que usamos dentro de las infografías que acompañan cada reportaje fueron tomados de fuentes oficiales públicas, por ejemplo, las Memoria y Cuenta; también de notas de prensa publicadas por el Ministerio de Vivienda. Claro que hay obstáculos porque muchos datos están dispersos y hay que recogerlos de forma manual, por eso es importante tener paciencia, persistencia y entrega; al final te terminas enamorando de tu investigación.

-La entrega de premios de 2016 demostró que la investigación se mudó a los medios digitales ¿Por qué es importante el periodismo de investigación?

-En primer lugar porque vivimos en un país en donde a cada paso te encuentras con una irregularidad y es tu deber investigar, y en segundo lugar porque los trabajos de investigación son los que perduran. Vivimos rodeados de información en redes sociales, pero para ahondar en los temas hay que investigar, no solo le debemos al lector un titular, sino un trabajo que aporte valor y lo ayude a conocer la realidad del país.

 

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Lisseth Boon: “Investigamos para conocer la parte de la historia que el poder no quiere que se sepa”

Lisseth Boon no es ajena a los reconocimientos a su labor periodística. Con la obtención del segundo lugar en el VII Concurso de Periodismo de Investigación del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela 2016, la periodista que forma parte del equipo de investigación de Runrun.es suma cinco galardones. En 2012, su trabajo sobre la construcción del Mausoleo de Simón Bolívar derivó en que el presidente Chávez le pidiera la renuncia al ministro Farruco Sexto.

Seis meses le tomó a Boon completar el trabajo premiado en esta edición: Familia zuliana guisó $455 millones “preferenciales” en contratos a dedo con el Seguro Social. Hasta ahora, ninguno de los denunciados ha sido investigado por el Gobierno, sin embargo, los datos presentados tampoco han sido desmentidos. Quedó el registro, la justicia, se dice, siempre tarda en llegar.

-¿Cómo arrancó el trabajo?

-Todo comenzó cuando la fuente me dio un nombre: Continental Medica. Me dijo que esa empresa estaba muy ligada a la importación de insumos médicos a través del Seguro Social. Claro, con un simple nombre uno no llega a ningún lado. A partir de ese nombre comencé a indagar y aparecieron otras empresas, otros RIF de contratistas del Estado; así fui tejiendo una enorme red para llegar a la conclusión de que de Continental Medica era la matriz de una red que manejaba una familia de origen zuliano, la Rangel Baron.

-El mérito del periodismo de investigación está en las pruebas que demuestran la denuncia. ¿Cómo llevaste a cabo ese proceso de búsqueda de datos?

– Estaba el cuento de que esta familia tenía contratos asignados a dedo, pero el reto era demostrarlo. Consulté varios registros para sustentar este trabajo pero a lo largo de la investigación tuve que construir mis propias bases de datos basadas en la información que iba recogiendo. Fue muy valioso revisar el registro de importaciones a través de movimientos portuarios que revelaron que estas empresas habían traído insumos médicos por un valor de US$ 455 millones; esos datos los crucé con Cadivi y así pude construir toda esta historia. También implicó un trabajo de campo en Maracaibo para verificar toda la información, ahí me di cuenta de que se trataba de empresas fantasma, no existían. Todos los días escuchamos cuentos de gente que se enriqueció a través de importaciones hechas con el control de cambio, valiéndose de ese esquema de comisiones y sobre facturación que sabemos que existe; pero demostrarlo es lo difícil. Para mí este trabajo fue un gran entrenamiento y hasta ahora nadie ha rebatido los hallazgos. Todo está sustentado con cifras oficiales.

-Al principio sólo tenías un dato, pero ¿qué más hizo falta para arrancar la investigación?

– Indignación, este caso me indignó mucho por tratarse de insumos médicos. Esa indignación es el principal motor, querer saber qué estaba pasando; no tenía sentido que se aprobara esa millonada para la importación de insumos médicos mientras crecía el nivel de escasez de insumos. Por qué hay tanta escasez; por qué hay tanta gente sufriendo. Dar respuesta a esas preguntas fue una de las principales motivaciones, sabía que ahí había una parte de la historia que no se estaba contando. El periodismo de investigación sirve no sólo para denunciar un caso, sino para evidenciar que hay un responsable; esa es la historia que el poder no quiere que se sepa. El otro requisito para realizar este tipo de trabajos es la pasión. Fueron seis meses trabajando, dedicándole fines de semana y eso sólo lo haces si el tema te apasiona. Los periodistas de investigación tienen un perfil especial, no sé si mejor o peor, pero se apasionan por un tema y persisten hasta completar la historia. No les importa dedicarle tiempo extra.

-Los tres trabajos galardonados por el IPYS fueron publicados en medios digitales. ¿Se mudó la investigación a los portales?

– No es gratuito que los últimos premios del IPYS pertenezcan a medios digitales, en Venezuela pasa un fenómeno muy particular: en su proyecto de hegemonía comunicacional, el Gobierno ha comprado muchos medios y ejerce censura sobre otros; eso hizo que muchos periodistas que estaban en medios impresos migraran a medios digitales. Estos trabajos han sido posibles porque hay editores que creen en la investigación y han abierto estos espacios; además te dan tiempo, que es un recurso valiosísimo para hacer investigación. También hay que decir que yo no estaba dedicada exclusivamente a este trabajo, lo llevaba en paralelo a otras pautas. Ese periodismo de investigación que se refleja en la película ganadora del Oscar, Spotlight, es la referencia soñada; pero eso ya no existe ni existirá, es imposible para una redacción soportar el costo de una unidad exclusiva de investigación. Esos periodistas se dedicaron por dos años únicamente a esa investigación, eso ahora es inviable para cualquier medio. De hecho, en Venezuela se están desmantelando las unidades de investigación.

-El IPYS reconoció tu trayectoria en el periodismo de investigación. ¿Cómo haces para no desanimarte cuando los hallazgos no logran cambiar la realidad que denuncias?

– A veces puede ser muy frustrante. El primer trabajo con el que gané en 2012, el del Mausoleo de Simón Bolívar, impactó porque a los cuatro días el presidente Chávez le pidió la renuncia al ministro Farruco Sexto, pero no todos consiguen repercutir de esa manera. En otro contexto, las autoridades del IVSS habrían sido llamadas a responder por esas denuncias. Creo que es importantísimo en este país saber que los trabajos de investigación no siempre tendrán el impacto deseado. Dicho sea de paso, nosotros no somos jueces ni policías, no vamos a meter presos a los responsables, nosotros somos periodistas y nuestro trabajo es presentar las denuncias sustentadas. Además, hay una labor súper importante que estamos haciendo los periodistas: dejar el registro de todos los abusos de poder, de todas las injusticias que se están cometiendo. Eso me motiva a seguir trabajando, saber que en unos años se leerán estos trabajos y la gente sabrá qué pasaba en Venezuela en 2016 y quiénes fueron los responsables de los casos de corrupción, con nombre y apellido. El que se haga justicia no depende de mí, a mí me tocó registrar la historia de los abusos de poder.

 

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Jesús Alberto Yajure: “Para investigar hay que ver con ojos nuevos situaciones que creemos trilladas”

Nos vigilan. La investigación que mereció el tercer lugar del VII Concurso de Periodismo de Investigación 2016 del Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela, demostró mediante documentos oficiales, la connivencia entre el organismo rector de las telecomunicaciones y el servicio de inteligencia venezolano.

Al periodista de la unidad de investigación de Runrun.es, Jesús Alberto Yajure, le llevó dos meses completar la historia que describe el estado de vigilancia gubernamental al que son sometidos los usuarios de las redes sociales, en particular Twitter.

El galardón del IPYS a @Conatel elaboró informes para el @Sebin_oficial sobre tuiteros detenidos fue compartido con el reportaje de la periodista Katherine Pennacchio, del portal Armando.Info.

-¿Cómo desarrollaste la investigación?

-El tema de los tuiteros ya se había tratado de alguna manera, había notas sueltas, pero queríamos hacer un abordaje más profundo e indagar por qué estaban detenidos y cuáles eran los cargos que les imputaron. El hecho de que se trataba de un tema nuevo para mí, ya que en 2014 estuve fuera del país, quizás me ayudó a profundizar. Yo veía como nuevas situaciones que otros daban por conocidas. Para investigar hay que ver con ojos nuevos situaciones que creemos trilladas. Lo primero que hice fue sistematizar la data y construir una base de datos completa de los tuiteros. En el transcurso de ese proceso surgió la mediación para tener acceso al informe de Conatel, ya que esa era una pieza clave para demostrar que el organismo efectivamente había colaborado con los servicios de inteligencia y había levantado unos análisis técnicos de las cuentas de Twitter de esos ciudadanos.

-¿En qué medida es importante para el oficio periodístico mantener la capacidad de asombro?

-El equipo de Runrun.es se distingue porque hacemos esfuerzos por contar historias. Cuando lees relatos periodísticos desprovistos de testimonios solo quedan los datos, pero cuando ves a la persona la historia es distinta. Este trabajo muestra cómo el aparato del Estado ha triturado personas y ha acabado con familias; ha apresado a gente con cargos fabricados por represalias políticas. Si como periodista eso no te asombra o no consideras que ahí hay una historia que merezca la pena ser contada y conocida por los venezolanos, creo que quizás el sentido de la profesión está perdido. Toma el tema de las protestas, en las regiones hay cinco o seis protestas diarias por el mismo tema, digamos, el acceso a gas doméstico; no se puede decir que el pesar de esas personas no merece atención, lo que hay que buscar es un ángulo nuevo que permita contar una historia que parece trillada bajo una perspectiva distinta, más amplia.

-¿Cuál fue el ángulo de la historia que te llamó la atención?

-El trabajo evidenció el rol penoso que cumple Conatel en la vigilancia de los ciudadanos; vimos cómo se usó una institución del Estado para hacer un análisis de métricas sobre lo que las personas comentan en las redes sociales. Esto contrasta con la afirmación de los funcionarios frente a organismos internacionales cuando dicen que en Venezuela hay libertad de expresión y que no se castiga a la gente por opinar. El argumento que usan es la existencia de “supuestos de delito”, pero eso hay que probarlo en un tribunal, no se puede acusar a la gente en un programa de televisión. Otro aspecto fue el uso de las instituciones del Estado con fines de persecución política. El papel del Ministerio Público en presionar a los imputados para que se declaran culpables aunque no había pruebas contra ellos; como el caso de Daniely Benítez, quien fue señalada por Diosdado Cabello en su programa de televisión y luego se demostró en los tribunales que ella era inocente. Al final fue absuelta pero cómo se resarcen los daños morales cuando los funcionarios emiten juicios públicos sin respeto a la presunción de inocencia.

-¿Qué se necesita para hacer periodismo de investigación?

-Ahorita es muy complejo hacer investigación. Muchas personas tienen miedo de hablar y es difícil que cuenten sus historias. La investigación es un ejercicio de voluntad periodística, de persistir. La gente tiene que saber que su historia tiene que ser contada. El periodismo de investigación persiste y está vivo en el país porque hay profesionales con voluntad, con ganas de trabajar, con equipos de reporteros que buscan la verdad y gracias a gente que apuesta, que abre espacios, que confía en el periodismo libre como condición indispensable de la democracia. Y el equipo de Runrun.es es un gran ejemplo de esto: con gente joven, con disposición, con ganas de trabajar por el país y para los venezolanos. Yo agradezco mucho la oportunidad de ser parte de ese equipo y agradezco también todo el respaldo y el apoyo del medio.