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EE.UU. cerca a Maduro y a Cilia a través de Saab y

ALEX NAÍN SAAB MORÁN, empresario colombiano, representante legal del Fondo Global de Construcciones y de un entramado de empresas dedicadas a la importación y exportación, es probablemente un hombre clave para la pareja presidencial formada entre Nicolás Maduro y Cilia Flores: las sanciones del Departamento del Tesoro de EE UU dejan en evidencia este vínculo al agrupar a Saab y sus socios con los hijos del primer matrimonio de Flores en un mismo lote.

Este 25 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al colombiano Saab Morán, sus socios, hijos y empresas así como los hijos de Flores y el exfuncionario psuvista Walter Gavidia.

Las empresas de Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas son las principales beneficiarias del programa de alimentos subsidiados conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). El empresario colombiano posee varios contratos  con el gobierno de Nicolás Maduro y ha sido señalado como su testaferro, por supuesta financiación al grupo terrorista Hezbollah.

El perfil que de él hace el Departamento del Tesoro de EE UU dice: es un colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de compañías fantasmas que solían adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela para respaldar los contratos CLAP, todo a la tasa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos CLAP para sobornar a los funcionarios del Gobierno y mantener su acceso a los contratos públicos. Saab sobornó a varias personas, entre ellas a José Vielma Mora -exmilitar, exgobernador chavista, exdirector del SENIAT y exministro de Comercio Exterior- y Rodolfo Marco Torres -exministro de Alimentación y gobernador de Aragua-. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, conocidos en el entorno judicial estadounidense como “Los Chamos”.

“Alex Saab se involucró con miembros del entorno de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a los que están detrás de los esquemas sofisticados de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del ex régimen”, dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

“La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y sus familiares robar a los venezolanos. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de planes fraudulentos “, expresó Mnuchin.

El portal venezolano de investigación Armando.info develó hace varios años quiénes estaban detrás del negocio de los CLAP. Por estos reportajes cuatro de sus periodistas debieron abandonar del país después de una demanda. Según el periodista de Armando.info, Roberto Deniz -que hoy vive en Colombia-, Saab no era un empresario relevante hasta que logró hacer negocios con el gobierno de Maduro a través de Piedad Córdoba, exsenadora colombiana muy cercana a Hugo Chávez.

El Espectador de Colombia publicó que la base de las operaciones ilegales del clan Saab es una empresa llamada Shatex S.A., dedicada a la exportación de textiles y materiales de construcción.

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Saab ha sido investigado por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Colombia. Las autoridades judiciales colombianas iniciaron una investigación en contra del empresario por el lavado de miles de millones de pesos por medio de exportaciones e importaciones ficticias. 

Transparencia Venezuela recopiló en su informe de corrupción de 2018 que el monto total del lavado de dinero en el caso investigado por las autoridades colombianas fue de $6.471.375.000.

Runrun.es reseñó que las autoridades determinaron que entre las empresas del clan Saab se movieron cerca de 135 millones de dólares en supuestas mercancías que salían e ingresaban a Colombia, lo que les permitía obtener beneficios tributarios y no reportar recursos que sacaban irregularmente a cuentas del exterior.

 

El comienzo de una relación corrupta

De acuerdo con el texto del Departamento del Tesoro, desde 2009, Saab explotó sus lazos corruptos con los miembros del régimen de Maduro, con frecuencia pagando sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela para obtener contratos gubernamentales sobrevaluados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas, crearon una empresa en 2009 para presentar una oferta por un contrato de vivienda del Gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el gobierno de Venezuela otorgó un contrato de vivienda a la compañía de Saab y Pulido para construir 25.000 casas en Venezuela. El contrato pagó a Saab y Pulido de tres a cuatro veces el costo real de construir cada vivienda de bajos ingresos, que estaba destinada a las poblaciones más vulnerables de Venezuela.

 
Saab se reúne con “Los Chamos”

El gobierno de Estados Unidos revela que en 2011, Saab le dio a los tres hijos de Cilia Flores de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, también conocidos como “Los Chamos”, y a su primo, Carlos Erick Malpica Flores -extesorero de la Nación y exdirector de Finanzas de PDVSA- un contrato para despejar el terreno para la construcción de viviendas en el estado venezolano de Vargas. La relación de Saab con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del Gobierno de Venezuela, permitiéndoles pagar los sobornos necesarios para obtener contratos gubernamentales. 

Los Chamos también recibieron sobornos de las compañías de Saab a cambio de contratos gubernamentales, según la OFAC. Los Chamos tuvieron acceso frecuente a Maduro y Tareck El Aissami, quien fue sancionado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Números Extranjeros por su importancia en el tráfico internacional de narcóticos. El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los beneficiarios de los contratos gubernamentales, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano.

 

Aprovechando el hambre

Dice el documento de las sanciones, que el antiguo régimen de Maduro -previo al interinato del diputado Juan Guaidó- creó el programa CLAP en 2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos subsidiados a los venezolanos pobres. En lugar de garantizar que esta población vulnerable reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen anterior puede mantener su influencia porque muchos ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y, por lo tanto, dependen de las raciones que CLAP proporciona para sobrevivir.

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La participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la vigilancia de Maduro, Saab cosechó ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.

 La “precuela” de los CLAP también fue negocio para Saab y Pulido 

Según la OFAC, en el esquema de corrupción Saab y Pulido utilizaron negocios en México, confiando en compañías que ya controlaban, como Group Grand Limited (que tiene su sede en Hong Kong y también está registrada en México para operar en la industria alimentaria). En México, Group Grand Limited, S.A. es propiedad o está controlada por el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González.Para maximizar las ganancias, Saab intentó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos de importación.

El Departamento del Tesoro aseguró que Saab utilizó algunas de sus ganancias de los contratos corruptos de alimentos para pagar sobornos a funcionarios del Gobierno para realizar la importación de alimentos a través del estado de Táchira. Dentro de los sobornados estaban José Gregorio Vielma Mora, quien era el gobernador del estado Táchira en el Tiempo, ya Rodolfo Clemente Marco Torres, quien fue el Ministro de Alimentos en Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener ofertas ganadoras para los contratos de alimentos CLAP. 

Varias empresas de Saab y Pulido de propiedad o control fueron utilizadas en el esquema de corrupción de alimentos de Saab y Pulido, incluyendo Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y las compañías del Grupo Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para hablar sobre la importación de alimentos en nombre del Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han recaudado cientos de millones de dólares de los beneficios de este esquema corrupto.

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En muchos casos, las compañías de fachada recibían un prepago del gobierno de Venezuela, luego de lo cual distribuían los fondos como sobornos a los funcionarios del gobierno que eran parte en el esquema corrupto. Para hacer esto, las compañías fantasmas contratadas por CLAP desviaban los fondos de sobornos y restaban las comisiones a cuentas corporativas que controlaban a través de su propiedad y el control de otras compañías fantasmas.

Para ocultar aún más el origen del dinero, estas compañías enviaron una parte del dinero robado a las cuentas comerciales de empresas relacionadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, utilizando estas cuentas, los co-conspiradores enviaron una parte del dinero robado para corromper a las figuras políticas de alto rango de Venezuela, a los miembros de su familia o asociados.

 

Operaciones ilícitas en el sector del oro venezolano

Desde principios de 2018, a medida que la escasez de divisas del gobierno de Venezuela se hizo cada vez más aguda, el Gobierno comenzó a utilizar recursos de oro para pagar algunos contratos, para incluir contratos de alimentos CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simón Alejandro Zerpa Delgado, ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas para ayudar al gobierno a liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en moneda extranjera. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluido El Aissami, el actual ministro de Industrias y Producción Nacional y ex vicepresidente Ejecutivo, para crear una estructura para que el gobierno de Venezuela venda oro a Turquía. Como resultado de las operaciones corruptas del gobierno de Venezuela en el sector del oro, y para evitar que Maduro y sus asociados corruptos exploten aún más a las personas y los recursos de Venezuela, el sector del oro de la economía venezolana fue identificado como sujeto a sanciones por el Secretario Mnuchin en noviembre de 2018.

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Las empresas Salva Food y Mezedes Holdings, a través de las cuales se crearon las Tiendas CLAP -una opción de lujo que lleva el mismo nombre que el sistema de comida subsidiada- quedaron fuera de sanciones por esta vez.

 

*Con información del Departamento del Tesoro de EE.UU.
José Miguel Domínguez ha sido vinculado a varios delitos, incluyendo homicidio calificado. Sus cargos y ascensos apunta a que siempre ha sido una especie de “protegido” de Freddy Bernal, a quien le sirvió como escolta

@loremelendez

 

EL NOMBRE DEL NUEVO JEFE de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), José Miguel Domínguez Ramírez, es el mismo que salió a relucir por primera vez cuando se supo que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) eran los responsables del asesinato de Bassil Da Costa, el joven manifestante que mataron en la esquina de Tracabordo de la parroquia Candelaria, en el centro de Caracas, durante la protesta del 12 de febrero de 2014. Allí, en medio de los uniformados que disparaban, se le vio vestido con una camisa caqui, bluejeans y casco de motorizado. Estaba adscrito en la Dirección de Inteligencia del cuerpo de seguridad mencionado y también había sido acreditado como comisario por la Policía Municipal de Libertador.

Pese a que Domínguez no fue inculpado por el caso, su nombre e imagen quedaron en los videos en los que se registró la emboscada a quienes protestaban aquella tarde. Jamás se presentó ante tribunales por lo sucedido, de acuerdo con una investigación de Runrun.es de 2015. Sin embargo, fue sobreseído por el Ministerio Público, institución que determinó que no tenía ninguna responsabilidad en el asesinato, según declaraciones recogidas por El Pitazo.

En aquel entonces, el funcionario ya era conocido por el mote que ha llevado durante años: “Miguelito”, y era escolta de Freddy Bernal, ex alcalde del municipio Libertador de Caracas y hoy jefe nacional de los Comités Locales de Administración y Producción (Clap), quien ha sido el responsable de que siga enroscado en cargos públicos.

A raíz de su actuación en el caso de Bassil Da Costa, en cuyo expediente se cita su nombre, se conoció que “Miguelito” tenía antecedentes de homicidio calificado desde el año 2000. También se le ha relacionado con otros delitos, como el asesinato en 2008 del detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Edison José Flores Padrón.

Además, para ese entonces en zonas del oeste de la ciudad se le conocía como líder del colectivo “revolucionario” Continente que operaba en Catia y 23 de Enero, al oeste de Caracas, y estaba formado por ex funcionarios policiales de distintas instituciones. A ese grupo armado también pertenecían Giovanni Valladares y Melvin Collazos, dos de los hombres que también estuvieron involucrados en la muerte de Bassil Da Costa y nunca fueron procesados por el hecho.

No es la primera vez que se descubre que un colectivo es miembro de las FAES, el cuerpo policial que hoy se considera el grupo de extermino de la PNB. Durante la “Operación Gedeón” de 2018, que terminó con la muerte del piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros presuntamente ejecutados, cayó también Heyker Vásquez, cabeza del colectivo Tres Raíces, el mismo que dio origen al colectivo Continente al cual pertenecía “Miguelito”. Vásquez era supervisor jefe de la Policía Nacional.

Pero la historia del nuevo jefe de las FAES no quedó allí. Un año después, continuó como escolta de Bernal y hasta se dejó ver en medio de una rueda de prensa cuando el ex alcalde de Libertador era el Comisionado Presidencial para la Transformación del Sistema Policial. En 2018, cuando a Bernal se le otorgó el cargo de “protector” del Táchira, “Miguelito” volvió a la palestra pública: fue nombrado jefe de las FAES en la entidad andina.

Fue así como el antiguo guardaespaldas entró en la lista negra de la Oficina del Tesoro de Estado Unidos para el Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés), institución que lo sancionó mediante la orden ejecutiva 13692 por encabezar uno de los cuerpos de seguridad venezolanos que bloqueó la entrada de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero en la frontera con Colombia. En esa fecha, los colectivos actuaron con total impunidad al disparar y amedrentar contra los manifestantes que exigían frente al puente Simón Bolívar de San Antonio, en la frontera de Táchira, el ingreso de camiones con alimentos y medicinas.

Domínguez y Bernal en Táchira

En el documento con el que se sancionó a “Miguelito”, se reseñó que antes de ser jefe de las FAES en Táchira fue director de operaciones del mismo grupo y que había declarado que el propósito de ese cuerpo era “erradicar las bandas criminales organizadas culpables de secuestro y extorsión”.

“Lo primordial es combatir a los grupos paramilitares que quieren hacer su agosto en la frontera, atacando a la población e incentivando la guerra económica por medio de sus prácticas ilegales”, expresó en junio del año pasado en una entrevista a YVKE Mundial en Táchira.

A Domínguez Ramírez también se le ha asociado con la explosión de una bomba en Fedecámaras en 2008, hecho que dejó un muerto.

EE.UU. agrega a la lista OFAC a cuatro gobernadores oficialistas

 

 

 

EL DEPARTAMENTO DE TEROSO DE EE.UU. AGREGÓ ESTE LUNES a cuatro gobernadores oficialistas a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, por estar relacionados en “corrupción endémica y bloquear la entrega de ayuda humanitaria critica, exacerbando así la crisis humanitaria”.

Los señalados son: Ramón Carrizales, Gobernador de Apure; Jorge Luis García Carneiro, Gobernador de Vargas; Rafael Lacava, Gobernador de Carabobo; y Omar Prieto, Gobernador de Zulia.

“Es vergonzoso el esfuerzo del régimen ilegítimo de Maduro por bloquear la ayuda internacional para los venezolanos. Las medidas del Departamento del Tesoro están dirigidas a cuatro gobernadores alineados con el ex presidente Maduro, por bloquear la extremadamente necesaria ayuda humanitaria y prolongar así el sufrimiento de los venezolanos”, indicó el Secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

Esto significa que ninguna persona o entidad americana podrá tener relación con los individuos señalados y si tienen bienes o activos en suelo estadounidense serán congelado.

Justo Noriega, gobernador del estado Bolívar, fue uno de los primeros sancionados, en 2015, bajo la administración del Barack Obama.

A principio de este mes, el Departamento de Tesoso sancionó a cuatro funcionarios de SEBIN, Faes y Dgcim y al presidente de presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo. Con estos nuevos nombres, ya sería al menos 74 los funcionariso venezolanos sancionados por el gobierno estadounidense.

Rubio: Arabia Saudita vendió diluyentes a Maduro para mantener operaciones petroleras

EL SENADOR ESTADOUNIDENSE MARCO RUBIO denunció este sábado que el ministerio de Exteriores de Arabia Saudita había acordado con el gobierno de Nicolás Maduro la venta de diluyentes para la industria petrolera venezolana.

“Un buque desde Arabia Saudita llegará el lunes a Venezuela para vender a Maduro diluyentes que él usará para bombear y vender crudo y generar ingresos para su régimen corrupto”, escribió Rubio en un tuit luego de reclamarle al reino saudí que con esta acción minaba los esfuerzos de Washington para apoyar al pueblo de Venezuela.

La transacción ocurre semanas después de que Estados Unidos sancionara a Pdvsa y la incluyera en la lista OFAC del Departamento del Tesoro americano, con lo que impidió que cualquier empresa o aliado de ese país ejecutara algún negocio con la petrolera venezolana.

Detrás de las sanciones | El ojo de la comunidad internacional está en 92 funcionarios venezolanos
Tibisay Lucena, Maikel Moreno y Tarek William Saab, líderes de tres de los cinco poderes públicos en Venezuela, están sancionados por 40 países de todo el mundo
Además, 31 militares de alto rango, presidentes y ex presidentes de compañías estatales, han sido incorporados a las listas de restricciones

 

Luisana Solano | @LuisiSolano

María Paola Martínez | @Mpaolams

LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA de Venezuela ha llevado a Estados Unidos, Canadá, los países miembros de la Unión Europea y Panamá a tomar medidas que desde hace años no se veían en la región: sancionar a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, la prohibición de negociar nueva deuda emitida por el Estado e incluso aplicar un embargo de armas.

En el caso de Estados Unidos, estas medidas se empezaron a tomar hace cuatro años y la lista asciende a 66 nombres. Todas sus acciones, incluso las sanciones a nueva deuda, están basadas en una Ley que aprobó el congreso llamada “Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014” (Ley de 2014 en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela).

Por su parte, Canadá comenzó con la aplicación de medidas restrictivas individuales en septiembre de 2017 y ya llevan 69 oficiales señalados. La cara más visible de estas políticas es la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, y se logran a través de la autorización de un “Special Economic Measures (Venezuela) Regulation” (Regulación de Medidas Económicas Especiales (Venezuela)”.

En el caso de la Unión Europea, son 18 los funcionarios venezolanos sancionados desde enero de 2018, cuando la coalición de países decidió sancionar individualmente a siete funcionarios venezolanos. La medida fue adoptada incluso por 10 países candidatos a la UE. Además, en noviembre de 2017 se aplicara además un embargo de armas, municiones, vehículos y equipos militares y paramilitares, incluyendo artefactos que pudiesen ser utilizados para reprimir o perseguir a la disidencia. 

Por su parte, Panamá sancionó a 56 funcionarios del gobierno en marzo de 2018 por considerarlos “de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Estar en algunas de estas “listas negras” significa que la persona, y en algunos casos sus familiares y socios, no podrán tener relación con empresas o ciudadanos del país que imponga las sanciones. Además de que sus activos y bienes que estén en ese territorio son confiscados y sus visas son revocadas.

Algunas diferencias

En total son 92 los funcionarios venezolanos que han sido señalados por la comunidad internacional. Sin embargo, las distinciones entre las sanciones estadounidenses, canadienses, panameñas y europeas van más allá de los números.

Una de ellas es la manera de adoptar estas regulaciones. Estados Unidos ha estado designando funcionarios venezolanos desde 2015 y hasta el momento han agregado nombres en siete oportunidades. La primera fue durante la administración de Barack Obama en 2015. La siguiente se dio apenas un mes después de la toma de posesión de Donald Trump, en febrero de 2017. Este mismo año se agregaron más nombres en mayo, durante las protestas antigobierno en Venezuela; en julio, antes y después de la elección de la asamblea constituyente; en agosto, después de la juramentación de los constituyentistas y en noviembre, después de las elecciones a gobernadores. Los primeros días de enero del 2018 un nuevo lote estuvo enfocado en el sector militar.

Por su parte, Canadá se unió a las acciones internacionales en búsqueda de un cambio en Venezuela dos años después. Sin embargo, en un solo año ha sancionado en dos grandes lotes. En septiembre 2017, después de cuatro meses de protesta y la instalación de la anc, arrancó con los primeros 40 funcionarios, y luego en noviembre del mismo año, agregó otros 16.

En el caso de la Unión Europea, por tratarse de una comunidad de 28 países miembros, los protocolos y tiempos son más largos. Primero debió obtener la aprobación de todos los miembros que la integran, y luego decidió aplicar un embargo de armas. Meses después publicó una primera lista de funcionarios sancionados

Otro singularidad son los nombres. Tanto en la lista estadounidense como en la canadiense se encuentran los representantes del Poder Ejecutivo, con Nicolás Maduro y Tareck El-Aissami; el Poder Electoral, con su presidenta Tibisay Lucena y otras tres rectoras principales; el Poder Judicial, con su presidente Maikel Moreno y un grupo de magistrados; y el Poder Ciudadano con el fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab.

El único poder que no ha sido incluido en ninguna lista es el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional electa en 2015 con mayoría opositora.

En comparación a la lista canadiense, el listado estadounidense tiene 22 individuos distintos. Entre los nombres faltantes está el de Diosdado Cabello y su hermano Jesús David Cabellos, la presidenta de la constituyente Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez, algunas ministros como Vladimir Padrino López y Luis Motta Dominguez;  e incluso el ex presidente de Pdvsa y ministro Rafael Ramírez, entre otros.

Por otro lado, la lista canadiense se diferencia de la estadounidense en 18 nombres. Algunos de los más resaltantes son el de Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, y los ministros Erika Farías y Elías Jaua.

Sin embargo, Estados, Canadá y la Unión Europea concuerdan en seis sancionados. Entre esas similitudes está el jefe de Gobierno del Distrito Capital, el general Antonio Benavides; el director del del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López: y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

A ellos se les une los ya mencionados miembros de poderes públicos: el fiscal general designado por la anc, Tarek William Saab; la presidenta del CNE, Tibisay Lucena y el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

¿Quiénes son los sancionados por Estados Unidos?

El 9 de marzo de 2015, el presidente Barack Obama sancionó a 7 venezolanos por ser responsables o corresponsables de violencia contra manifestantes y graves abusos contra derechos humanos de personas arrestadas o enjuiciadas por ejercer su derecho a manifestar. En esta oportunidad, Obama declaró una “emergencia nacional” con respecto a Venezuela por tales violaciones de derechos.

  • Antonio José Benavides Torres: Mayor General y comandante del Región Estratégica para la Defensa Integral (Redi) para la zona central; Director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana.
  • Manuel Gregorio Bernal Martínez: General de Brigada, comandante de la 31st Brigada Armada del Ejército Bolivariano; Exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
  • Gustavo Enrique González López: Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN); Mayor General, presidente del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA).
  • Katherine Nayarith Haringhton Padrón: Fiscal con competencia nacional del Ministerio Público.
  • Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); Ex comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela.
  • Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana.
  • Miguel Alcides Vivas Landino: Mayor General; Inspector General de la FANB; Excomandante REDI de la zona andina. ​

El 13 de febrero de 2017 la nueva administración estadounidense a cargo del presidente Donald Trump sancionó al vicepresidente Tareck El Aissami por “tener un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos”. El Aissami no entra en la misma lista en la que están los funcionarios anteriormente mencionados, sino bajo la “Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras para Narcóticos”, también conocida como “lista Kingpin”. Este señalamiento, entre otras cosas, le prohíben al negociar y firmar tratados con personas que mantengan relaciones con EEUU.

Tres meses después, el 19 de mayo, durante las protestas contra el gobierno por la usurpación de los poderes de la Asamblea Nacional y la ruptura del hilo constitucional, Estados Unidos sancionó a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre ellos el presidente y siete magistrados de la Sala Constitucional, por “haber usurpado las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y de haber permitido al gobierno del presidente Nicolás Maduro gobernar a través de un decreto de emergencia”, entre otras razones.

  • Maikel José Moreno Pérez: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Juan José Mendoza Jover: Segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala Constitucional.
  • Arcadio de Jesús Delgado Rosales: Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Gladys Maria Gutierrez Alvarado: Magistrada y antigua presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán: Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Luis Fernando Damiani Bustillos: Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Lourdes Benicia Suárez Anderson: Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
  • Calixto Antonio Ortega Ríos: Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

El próximo lote de sanciones tuvo lugar el 26 de julio de 2017. En esta oportunidad, fueron 13 los funcionarios señalados. Entre las razones está el debilitamiento de la democracia con la amenaza de llevar a cabo una asamblea constituyente que viola la Constitución, la represión del gobierno y cuerpos de seguridad a los manifestantes y los hechos de corrupción de altos funcionarios en medio de una crisis humanitaria.

  1. Por impulsar activamente las elecciones de la asamblea constituyente, o de alguna manera socavar la democracia o los derechos humanos, OFAC sancionó a cuatro funcionarios:
  • Tibisay Lucena Ramírez: presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro, y presidenta de la Junta Nacional Electoral de Venezuela.
  • Elías José Jaua Milano: presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de formar y operar el proceso de la ANC. También ministro de Educación, vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, y ex-vicepresidente Ejecutivo de Venezuela.
  • Tarek William Saab Halabi: Defensor del Pueblo de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano de Venezuela. Como “Defensor del Pueblo”, su papel es presumiblemente defender los derechos humanos en Venezuela.
  • María Iris Varela Rangel: integrante de la Comisión Presidencial de Venezuela para la Asamblea Nacional Constituyente y ex-ministra del Servicio Penitenciario.
  1. Por su responsabilidad en actos de violencia y represión a manifestantes, en una serie de protestas donde proliferaron detenciones arbitrarias, abusos físicos a detenidos, presuntos casos de tortura y demás violaciones a derechos humanos por parte de la GNB, PNB y demás cuerpos del estado, OFAC sancionó a cinco funcionarios:
  • Néstor Luis Reverol Torres: ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela. También ex-comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y ex-director de la Agencia Anti-Narcóticos de Venezuela.
  • Carlos Alfredo Pérez Ampueda: director nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela y ex-comandante de la Zona Carabobo de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.
  • Sergio José Rivero Marcano: comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y ex-comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral del Este de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
  • Jesús Rafael Suárez Chourio: comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela y ex-comandante de la Región de Defensa Estratégica Integral Central de Venezuela de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Además, Suárez fue anteriormente líder de la Unidad de Protección y Seguridad del Presidente de Venezuela.
  • Franklin Horacio García Duque: ex-director de la Policía Nacional Bolivariana y ex-comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela.
  1. Por corrupción en dos entidades gubernamentales, Petróleos de Venezuela(PDVSA) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) –la primera apuntada por desaparecer US$ 11 mil millones entre 2004 y 2014 y la segunda por ser un motor de la corrupción ante el mercado negro que rodea al régimen oficial de tipos de cambio– fueron sancionados cuatro funcionarios:
  • Rocco Albisinni Serrano: presidente del CENCOEX.
  • Alejandro Antonio Fleming Cabrera: viceministro para Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y ex-presidente del CENCOEX.
  • Simón Alejandro Zerpa Delgado: vicepresidente de finanzas de PDVSA y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), y presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de Venezuela (FONDEN). Es el ex-viceministro de Inversiones para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela y ex-comisionado presidencial del Fondo Conjunto Chino-Venezolano.
  • Carlos Erik Malpica Flores: ex-tesorero Nacional y ex-vicepresidente de Finanzas de PDVSA.

El 30 de julio ocurrió la elección de la asamblea constituyente, la misma que gran parte de la comunidad internacional e instituciones democráticas de todo el mundo aconsejaron no realizar, y por la cual el gobierno estadounidense advirtió que, si llegaba a ser realizada, aumentaría las sanciones al oficialismo.

Según el gobierno, ese día participaron más de 8 millones de venezolanos. Pocos días después, la empresa encargada de los sistemas y la dotación de máquinas para votar en Venezuela, Smartmatic, aseguraron que las elecciones habían sido manipuladas y que esa no era la cifra real.

El día siguiente fue el mismo Nicolás Maduro el sancionado por el Departamento del Tesoro. “Por ilegítimamente usurpar el rol constitucional de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario al pueblo venezolano. Así, representa una ruptura en el orden constitucional y democrático de Venezuela”, declaró Estados Unidos.

La imposición de la medida, entre otras cosas, le impide a Maduro firmar acuerdos y negocios con personas del país americano, lo que afecta directamente su rol como presidente. Además, se unió al club de “dictadores” de la lista OFAC: Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte; Bashar Al Assad, presidente de Siria y Robert Mugabe, anterior presidente de Zimbabue.

Las sanciones continuaron el 9 de agosto de 2017, cuatro días después de la juramentación de la ANC, esta vez, para incluir a seis individuos que jugaron roles significativos en la Comisión Presidencial para la Constituyente, en el Comando Constituyente Zamora 200 y como constituyentistas.

OFAC también aprovechó la oportunidad para incluir a dos funcionarios del gobierno de Maduro por apoyar a la ANC y por violación de derechos humanos, específicamente a rectora del ente electoral, Tania D’Amelio, y el comandante Bladimir Lugo, a quien se le señala de permitir ataques a la Asamblea Nacional.

  • Francisco José Ameliach Orta: miembro de la Comisión Presidencial para la ANC.  Constituyente por Valencia, edo. Carabobo. Antiguo gobernador de ese estado.
  • Adán Coromoto Chávez Frías: secretario de la Comisión Presidencial para la ANC. Constituyente por Barinas. Antiguo ministro de Cultura y gobernador de Barinas. Es hermano del fallecido Hugo Chávez.
  • Erika del Valle Farias Peña: encargada de la estructura y mecánica electoral del Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Ezequiel Zamora, edo. Cojedes. Anterior ministra de Agricultura Urbana.
  • Carmen Teresa Meléndez Rivas: coordinadora del comando del Gobierno de Calle Constituyente para el Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Iribarren, edo. Lara. Ex vicepresidenta sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz.
  • Ramón Darío Vivas Velasco: coordinador de movilización permanente del Comando Constituyente Zamora 200. Constituyente por Vargas, edo. Vargas. Ex diputado en la Asamblea Nacional.
  • Hermann Eduardo Escarrá Malavé: miembro de la Comisión Presidencial para la ANC. Constituyente por Zamora, edo. Miranda.
  • Tania D’Amelio Cardiet: rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.
  • Bladimir Humberto Lugo Armas: comandante de la Unidad Especial del Palacio Federal Legislativo de la GNB.

Tres meses después, el 9 de noviembre, el Departamento del Tesoro sancionó a tres rectores del CNE por permitir modificaciones de último minuto a los centros electorales dispuestos para elecciones gubernamentales. También fueron sancionados dos miembros de la constituyente por exigir a los gobernadores opositores juramentarse ante ellos, lo cual contradice la legislación venezolana. A la lista también fueron añadidos tres funcionarios que permitieron la censura de medios de comunicación, así como dos funcionarios a cargo de programas de comida que se han visto envueltos en corrupción.

  • Sandra Oblitas Ruzza: vicepresidenta y rectora del CNE. Presidenta de la Comisión del Registro Civil y Electoral que mantiene el CNE.
  • Socorro Elizabeth Hernández de Hernández: rectora del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela
  • Carlos Enrique Quintero Cuevas: rector suplente del CNE y miembro de la Junta Nacional Electoral de Venezuela
  • Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso: segundo vicepresidente de la ANC y anteriormente primer vicepresidente de la ANC. Ex director general de Consultoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, ex diputado de la Asamblea Nacional
  • Julián Isaías Rodríguez Díaz: embajador venezolano en Italia y anteriormente segundo vicepresidente de la ANC.
  • Ernesto Emilio Villegas Poljak: Ministro de Cultura de Venezuela y ex Ministro de Comunicación e Información. Ocupó el cargo de presidente de Venezolana de Televisión (VTV), un canal de televisión estatal.
  • Jorge Elieser Márquez Monsalve: Ministro del Despacho de la Presidencia de Venezuela y ex director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), una institución pública venezolana.
  • Manuel Ángel Fernández Meléndez: presidente de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y presidente de Movilnet, C.A., una subsidiaria de CANTV.
  • Carlos Alberto Osorio Zambrano: presidente del Órgano Superior de la Misión Transporte de Venezuela. Anteriormente Ministro del Despacho de la Presidencia, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Ministro de Alimentación.
  • Freddy Alirio Bernal Rosales: Ministro de Agricultura Urbana de Venezuela y dirige el Centro Nacional de Mando y Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de distribución de alimentos administrado por el gobierno de Venezuela. Bernal Rosales fue designado previamente por la OFAC como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico el 8 de septiembre de 2011, por actuar en nombre o en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las sanciones volvieron el 5 de enero de 2018 dirigidas a cuatro militares señalados por cometer corrupción y represión. Sobre estos efectivos el Departamento del Tesoro consideró que “han abandonado la misión profesional republicana de la institución militar la cual, en el marco de la Constitución de 1999, es ‘sin militancia política… está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna’”.

  • Rodolfo Clemente Marco Torres: gobernador del estado Aragua y director externo de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA). Fue ministro de Economía y Finanzas, presidente del Banco de Venezuela y ministro de Alimentación. Es un general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Marco Torres habría sido presuntamente vinculado con tramas de corrupción en la importación de alimentos, que son controlados por las fuerzas militares venezolanas.
  • Francisco José Rangel Gómez: exgobernador del estado Bolívar y miembro retirado del Ejército Nacional, con rango de general de División. Durante su gestión como gobernador, Rangel Gómez ha sido vinculado con actividades de corrupción, como el fortalecimiento de bandas armadas que operan en Bolívar y presiones a tribunales para que liberen a miembros de bandas que son detenidos. Rangel Gómez también ha sido vinculado con redes de militares presuntamente corruptas.
  • Fabio Enrique Zavarse Pabón: general de División de la Guardia Nacional Bolivariana, es comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital de la Fuerza Armada Nacional y estuvo además al frente de la Guardia Nacional Bolivariana en el Distrito Capital de Venezuela. Zavarse Pabón es presuntamente responsable de actos de represión perpetrados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana contra personas que se manifestaron en las calles de Venezuela.
  • Gerardo José Izquierdo Torres: mayor general del Ejército, es ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos. Presuntamente habría usado sus cargos para beneficiarse mediante corrupción a expensas del pueblo venezolano.

El lote de sanciones más reciente es el del lunes 9 de marzo, cuando el Departamento de Tesoro decide sancionar a cuatro oficialistas por la mala gestión económica y la corrupción “endémica que tienen sido las características definitorias del régimen de Maduro”, aseguran en la nota de prensa. En esta oportunidad especifican que “las acciones del gobierno venezolano han hecho que la moneda venezolana carezca de valor a través de la hiperinflación, convirtieron alimentos y medicinas en productos raros a través de controles de precios y desencadenaron una crisis humanitaria”.

  • Américo Alex Mata García, Director Suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH). Como coordinador de la campaña de Maduro en 2013, es señalado de pedir y recibir pagos de la constructora brasileña Odebrecht. Presuntamente habría recibido 50 millones de dólares en nombre del gobierno venezolano, simultáneamente ofreciéndole contratos para futuras construcciones.
  • Willian Antonio Contreras, Superintendente Nacional de la SUNDDE y vicepresidente de Comercio Interno. Debido al continuo control de precios impuesto por la SUNDDE a desde supermercados hasta compañías multinacionales, los negocios han bajado su producción o han parado su operación. En cambio a  continuado  importando materia prima para ser incorporada a los productos que ellos han ordenado vender a un precio significativamente menor a los precios que originalmente se conseguían en los supermercados.
  • Nelson Reinaldo Lepaje Salazar, Jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. En su rol dentro del Tesoro Nacional, Lepaje ha sido el encargado de supervisar procedimientos administrativos y la firma de documentos oficiales, incluyendo acuerdos financieros entre el Ministerio, el Banco Central de Venezuela, y entidades financieras nacionales o internacionales que funcionan como entidades auxiliares al Tesoro Nacional.
  • Carlos Alberto Rotondaro Cova, expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS). Como resultado del colapso económico bajo el régimen de Maduro, el país no compra suficiente medicina importada o produce suficiente medicamento. En parte, debido a la falta de vacunas y antibióticos, enfermedades ya controladas como la difteria o sarampión han regresado, mientras los venezolanos sufren enfermedades crónicas como cáncer o diabetes han tenido que abstenerse de seguir con su tratamiento.
Sanciones de Estados Unidos a funcionarios venezolanos se montaron en la quinta ola este año

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Desde que Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, cinco olas de sanciones se han producido contra funcionarios venezolanos. La más reciente se levantó este miércoles y sus víctimas, en su mayoría pertenecen a la asamblea nacional constituyente, instalada pese a no contar con el respaldo mayoritario de la población y a denuncias de presunta manipulación del resultado de las elecciones efectuadas el pasado 30 de julio.

Los subordinados de Maduro no podrán ingresar a territorio norteamericano y además sus bienes y propiedades en la tierra del Tío Sam serán congelados, aunado a eso la Casa Blanca le prohibe a cualquier ciudadano estadounidense hacer negocios con los amonestados.

A continuación la cronología de los sancionados en este año:

13 de febrero: El vicepresidente Tareck El Aissami y su supuesto testaferro Samark López Bello fueron incluidos en lista OFAC por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Según el informe del Departamento de Estado la gran mayoría de bienes respondían a propiedades inmobiliarias en el área de Miami, que incluían un avión privado, además de las empresas Yakima Trading Corp, Yakima Oil Trading, MFAA Holdings Limited, entre otras. “El Aissami y su colaborador Samark López tenían mucho más dinero de lo que anticipábamos”, dijo a periodistas un alto funcionario del gobierno de Trump, que pidió el anonimato. “Son cientos de millones de dólares”, expuso.

5 de mayo: Luego que emitieran las sentencias 155 y 156 y a los pocos días que “recularan”, ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron el blanco de la llamada “Lista Clinton”. Al presidente de la institución Maikel Moreno, le acompañaron el mandamás de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, quien se ha convertido en el “Robespierre” de los alcaldes de oposición; Luis Damiani; Arcadio Delgado, el ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, Calixto Ortega; Lourdes Suarez Anderson; Carmen Zuleta de Merchán y la expresidente del TSJ, Gladys Gutiérrez.

27 de julio: Fue la más gruesa de este año y la lista de 13 incluyó tanto a presuntos violadores de derechos humanos en el marco de las protestas como a funcionarios acusados de socavar la democracia en el país a través de la promoción y ejecución de una inconsulta asamblea nacional constituyente, así como a eventuales corruptos, responsables del desangramiento económico de la nación. Por la ANC incluyeron a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena; al ministro de Educación, Elías Jaua; al fiscal nombrado por los constituyentistas, Tarek William Saab y a la ex ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Por uso excesivo de la fuerza y atropellos a convenios internacionales sobre DDHH señalaron al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; al director de la PNB, Carlos Pérez Ampueda; al comandante de la Guardia Nacional, Sergio Rivero Marcano; al comandante general del Ejército, Jesús Suárez Chourio y al ex director de la PNB y la Redi, Franklin García Duque. También castigaron al presidente de Cencoex, Rocco Albisinni Serrano; al viceministro para Europa y Norte América, Alejandro Fleming; al presidente del BANDES y del FONDEN, Simón Zerpa Delgado y al ex Tesorero Nacional, Carlos Malpica Flores.

31 de julio: Un día después de efectuada la elección de la constituyente, Nicolás Maduro fue incluido en la lista OFAC. “Las sanciones a Maduro, dejan claras las políticas de Estados Unidos hacia su régimen y muestra el apoyo a quienes buscan recobrar la democracia y la prosperidad del país”, señaló el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin. Maduro solo podrá ingresar a territorio americano cuando vaya a la sede de la ONU en Nueva York y por supuesto sus bienes y cuentas en bancos fueron congeladas. El “hijo de Chávez” se convirtió en el primer presidente en ejercicio de Latinoamérica en ser incluido en la lista negra “gringa”. Además pasó a formar parte de la selecto club de mandatarios en ejercicio castigados junto a Robert Mugabe (Zimbabwe), Bashar Al Assad (Siria) y Kim Jong-Un (Corea del Norte).

9 de agosto: El Departamento del Tesoro sancionó  a ocho funcionarios que apoyaron y participan en la asamblea nacional constituyente. Los flamantes nuevos miembros de este roster son el ex gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach; el hermano del extinto líder de la revolución y ex gobernador de Barinas, Adan Chávez; la ex gobernadora de Cojedes, Erika Farías; la ex ministra de la Defensa, Carmen Meléndez Rivas; el ex diputado Darío Vívas; el abogado constitucionalista, Hermann Escarrá; la rectora del CNE, Tania D’Amelio y el coronel de la GNB, responsable de la seguridad en la Asamblea Nacional, Bladimir Lugo.

 

 

 

EEUU sanciona a otros ocho funcionarios de Maduro por participar en la Constituyente

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó este miércoles a ocho funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que apoyaron y participan en la asamblea nacional constituyente.

Los ocho funcionarios pasan a ser parte de la Lista OFAC, conocida como la lista Clinton, junto con otros 15 funcionarios sancionados bajo la administración del presidente americano Donald Trump.

Las consecuencias para los funcionarios son la revocación de visa, prohibición de entrada a Estados Unidos, la congelación de todas sus cuentas y bienes en dicho país. Asimismo, la Casa Blanca previene a cualquier ciudadano estadounidense o empresa hacer negocios con los individuos.

De los ocho sancionados, seis son participantes de la asamblea nacional constituyente, una es rectora del Consejo Nacional Electoral y el último es un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Estos son: Francisco Ameliach, Adán Chávez, Tania D’Amelio, Hermann Escarrá, Erika Farías, Bladimir Lugo, Carmen Meléndez y Ramón Dario Vivas.

  • Francisco Jose Ameliach Orta: ex gobernador del estado Carabobo. Fue nombrado miembro de la Comisión Presidencial para la Constituyente y es actualmente constituyentista.
  • Adan Coromoto Chávez Frías: era el secretario de la Comisión Presidencial de la ANC. También es constituyentista. Previamente era ministro de Cultura y gobernador de Barinas. Es el hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.
  • Erika del Valle Farías Peña: lidera la Organización de la Estructura y Maquinaria Política y Electoral de la ANC dentro del Comando Zamora 200. Es constituyentista por el estado Cojedes. Anteriormente fue ministra de Agricultura Urbana.
  • Carmen Teresa Meléndez Rivas: es responsable de coordinar el Gobierno de Calle Constituyente del Comando Zamora 200. Es constituyentista por el estado Lara. Fue viceministra para la presidencia.
  • Ramon Darío Vívas Velasco: está a cargo del Frente de la Movilización Permanente por la ANC del Comando Zamora 200. Es Constituyentista por el estado Vargas. Anteriormente era diputado a la Asamblea Nacional.
  • Hermann Eduardo Escarrá Malave: formó parte de la Comisión Presidencial de la ANC y actualmente es constituyentista por el estado Miranda.
  • Tania D’Amelio Cardiet: es rectora del Consejo Nacional Electoral. Ha defendido públicamente la ANC y está entre las funcionarias investigadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por la posible comisión de fraude electoral.
  • Bladimir Humberto Lugo Armas: el coronel de la GNB es comandante de la Unidad Especial asignada al Palacio Legislativo de Venezuela, por lo que es el responsable de la seguridad de la Asamblea Nacional, la cual se ha visto violada en diversas oportunidades los pasados meses. Lugo Armas ha participado en actos de violencia contra miembros del Parlamento opositor, incluyendo al presidente de la AN, Julio Borges. En julio, fue imputado por la Fiscal General Ortega Díaz por violar derechos humanos.

 

Colombia se une a Estados Unidos y México en sanciones a funcionarios de Maduro

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El Gobierno colombiano aseguró hoy que apoya las decisiones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela y en ese sentido investiga si las 13 personas sancionadas por la Casa Blanca tienen negocios en el país o cuentas en el sistema financiero para bloquearlas.

“En el momento en que ellos incluyen personas en la Lista Clinton, como acaba de ocurrir con 13 ciudadanos venezolanos, automáticamente nosotros en Colombia tomamos medidas para apoyar las decisiones de Estados Unidos”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en declaraciones a Caracol Radio.

Estados Unidos aumentó en los últimos días la presión contra el Gobierno venezolano ante su insistencia en celebrar el próximo domingo elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

De los 13 sancionados por el Departamento del Tesoro, cuatro son castigados por haber promovido la Constituyente o por “socavar la democracia o los derechos humanos en Venezuela”.

Entre los funcionarios afectados están el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami; el presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

También fueron sancionados María Iris Varela, integrante de la comisión que dirige Jaua, y el defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, por considerar que no está cumpliendo su cometido de “defender los derechos humanos” en el país.

Cárdenas explicó que si alguno de ellos llega a tener activos en el país, incluyendo cuentas en el sistema financiero, “inmediatamente nosotros lo reportaremos a los Estados Unidos para que se bloqueen esas actividades y esas cuentas”.

“Entonces nosotros apoyamos decididamente las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el marco de nuestros acuerdos de cooperación”, puntualizó Cárdenas.