El Gobierno colombiano aseguró hoy que apoya las decisiones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela y en ese sentido investiga si las 13 personas sancionadas por la Casa Blanca tienen negocios en el país o cuentas en el sistema financiero para bloquearlas.
“En el momento en que ellos incluyen personas en la Lista Clinton, como acaba de ocurrir con 13 ciudadanos venezolanos, automáticamente nosotros en Colombia tomamos medidas para apoyar las decisiones de Estados Unidos”, dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en declaraciones a Caracol Radio.
Estados Unidos aumentó en los últimos días la presión contra el Gobierno venezolano ante su insistencia en celebrar el próximo domingo elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
De los 13 sancionados por el Departamento del Tesoro, cuatro son castigados por haber promovido la Constituyente o por “socavar la democracia o los derechos humanos en Venezuela”.
Entre los funcionarios afectados están el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami; el presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, Elías Jaua, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.
También fueron sancionados María Iris Varela, integrante de la comisión que dirige Jaua, y el defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, por considerar que no está cumpliendo su cometido de “defender los derechos humanos” en el país.
Cárdenas explicó que si alguno de ellos llega a tener activos en el país, incluyendo cuentas en el sistema financiero, “inmediatamente nosotros lo reportaremos a los Estados Unidos para que se bloqueen esas actividades y esas cuentas”.
“Entonces nosotros apoyamos decididamente las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el marco de nuestros acuerdos de cooperación”, puntualizó Cárdenas.
El abogado panameño y ex embajador de la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez, denunció al Vicepresidente de Panamá ante la Procuraduría General de la Nación por blanqueo de capitales cometido por una de sus empresas que opera en Panamá, de acuerdo a las pruebas mostradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la lista OFAC.
El diario Critica de Panamáreseña que este martes Cochez solicitó a los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría la investigación del actual vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami y su socio Samark López por la posible comisión de delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Código Penal de la República de Panamá.
La acción penal se enfocaría en la sociedad llamada “Yakima Trading, CORP.”, constituida bajo la legislación panameña, con domicilio en P.H. Ocean Business Plaza, mejor conocido como Edificio Banesco, Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-8, Calle Aquilino de la Guardia, y Calle 47, Ciudad de Panamá, la cual forma parte de las treces empresas incluidas en la lista de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC), también conocida como la Lista Clinton, que recopila las personas y empresas implicadas en narcotráfico y lavado de dinero.
El diario Crítica señala además que la denuncia del diplomático indica que El Aissami y López pudieron atentar contra la seguridad colectiva, infracción tipificada en las leyes panameñas bajo la categoría “Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo”. Más grave aún, el jurista cree que también es posible que ellos directamente o alguno de sus empleados estén “ofreciendo promesa de dinero o entregando beneficios a funcionarios panameños para evadir las alarmas financieras”. Por eso, la acción penal incluye la solicitud de investigar la posible comisión de delito contra la administración pública, bajo la categoría “Corrupción de Servidores Públicos”.
Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami y el empresaro Samark López, aunque son de carácter individual, tienen ingredientes políticos que comprometen al Gobierno en Venezuela y en el exterior
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la incorporación del vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami en la lista de supuestos jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Esta es definitivamente una decisión de alto calibre. Otros funcionarios del régimen habían sido colocados en esta lista, por diversas razones. Entre ellos están, por ejemplo, Freddy Bernal, coordinador nacional de los Clap, y el actual gobernador de Trujillo y exministro de la Defensa general en jefe Henry Rangel Silva, ambos por una supuesta cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Antes señalaron a ministros y funcionarios de jerarquía. Ahora, a la segunda figura del Ejecutivo. Eso no había ocurrido en ningún país de las américas.
Las sanciones del Tesoro no son el producto de acusaciones judiciales. Por eso no están sometidas a los requisitos de la justicia penal estadounidense. No requieren pruebas avaladas por un fiscal y sometidas a la consideración de un gran jurado. Aún así son apelables. El Aissami y López podrían solicitar visas especiales para ir a EEUU y exigir una reconsideración.
No creo que lo hagan. Posiblemente actuarán a través de abogados, que suelen ser personas egresadas de las propias instituciones que imponen las medidas, y cobran jugosos honorarios por ese conocimiento.
Hay además algunos detalles a tomar en cuenta. La medida fue impuesta en forma simultánea contra El Aissami y López, puesto que según el Tesoro el empresario actuaría como “hombre de fachada” del actual vicepresidente. Entonces, en lo atinente a estas sanciones, ambos son vistos como una sola entidad. En otras palabras, desde la lógica del Tesoro, a Samark López le congelan sus cuentas, apartamentos y demás bienes en EEUU porque de esa forma afectan los intereses de El Aissami.
El Aissami responde a las características de una persona “políticamente expuesta”, o PEP. Por ende los bancos nacionales y extranjeros están obligados a vigilar muy de cerca todos sus movimientos financieros, así como los de quienes estén en su círculo íntimo, y los de las personas que se relacionan con él desde el punto de vista económico. De lo contrario, estos bancos correrán el riesgo de sanciones por omisión. Y ahora mucho más pues El Aissami y López han sido mencionados en forma explícita.
En este sentido, está por verse cómo afectará esta sanción del Tesoro el ejercicio de la atribución recientemente conferida a El Aissami por el presidente Nicolás Maduro, en el sentido de “ aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta (…) para la solicitud de adquisición de divisas relacionadas con operaciones del sector público ante el Banco Central de Venezuela”. La pregunta en este caso es cómo reaccionarán los bancos que poseen cuentas en divisas del estado venezolano cuando vean que las operaciones fueron autorizadas con la firma de un funcionario que figura en la famosa lista Clinton.
Está claro que esta decisión, así como la divulgación que se dio de ella a través de los canales del Departamento de Estado, constituyen un mensaje directo a El Aissami y, más allá, al régimen de Nicolás Maduro. EEUU, ahora con el republicano Donald Trump a la cabeza, no sólo ha mantenido en vigencia el famoso decreto de Obama, que declara “amenaza para la seguridad” de ese país al régimen venezolano, sino que ahora parece profundizar en sus argumentos. Cabe destacar que la decisión del Tesoro no invocó el tema de los pasaportes vendidos a extremistas sino la supuesta relación con traficantes de drogas. Pero no se puede descartar que en un futuro el punto del terrorismo salga a relucir como sustento de una nueva sanción.
Breves
*Hay grupos de delincuencia organizada que están intentando reinsertar en la economía el país los billetes que anteriormente habían sacado, y que llegaron a acumular en pilas de hasta 30 toneladas, tal y como se vio en el caso del comerciante paraguayo Leandro da Costa y su familia. El 20 de febrero a las 7 pm, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al brasileño Ubiraja Moura de Oliveira, cuando se detectó que tenía cinco millones de bolívares en efectivo guardados en sus dos maletas. El hombre había salido desde Sao Paulo en un vuelo de Avianca que hizo escala en Lima. Esta cantidad estaba conformada en su totalidad por billetes de cien bolívares. Fue puesto a las órdenes del fiscal 12 del Ministerio Público en Vargas. Pero las cosas no son tan sencillas como parece. El problema con esto es que semejante cantidad no equivale ni siquiera a mil dólares americanos si hacemos la conversión al cambio libre, y a la tasa Dicom tampoco rebasa una cantidad equivalente a diez mil dólares. De haber sido más alta hubiese tenido la obligación de declarar lo que llevaba. Por otro lado, el traslado de moneda no es un delito. Incluso, de acuerdo con abogados que han estudiado el tema como Fernando Fernández, el envío a otros países de papel moneda venezolano tampoco infringe ninguna norma.
*El 16 de febrero, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada envió una comunicación a las grandes unidades militares del centro y de los llanos para recordar el “estricto cumplimiento” de una directiva emitida en 2015, relacionada con las “Normas y procedimientos para el control y la seguridad del armamento, las municiones, explosivos, el material de guerra y orden público, almacenados en parques, almacenes (sic) y depósitos”. Según esta directiva, todas las unidades castrenses deben tener al día 16 libros con informaciones relativas a los distintos tipos de armas manipuladas en esas instalaciones, sus usos, traslados e igualmente quiénes son las personas que los efectúan. Los arsenales militares se han convertido en un botín codiciado por criminales de todo tipo. El fin de semana pasado, cuatro fusiles AK103 fueron robados durante el asalto a una unidad fronteriza de la Guardia Nacional en Amazonas. Los primeros partes indicaron que los perpetradores pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque hay dudas al respecto. En Vargas y Apure se han reportado deserciones de soldados que se llevan los fusiles con el supuesto propósito de venderlos en el mercado negro. En Guárico, han simulado hurtos.
*Hay en los cuerpos policiales la convicción de que las bandas criminales han dado un paso más en el ejercicio de la violencia. “Ahora van por las familias”, advirtió un funcionario de la Policía de Miranda. El oficial hizo alusión al caso del agente de la Policía del Municipio Sucre Carlos Martínez, quien murió el martes 20 de febrero al recibir cinco disparos mientras estaba con su hermana y sobrinas en la Cota 905. Los antisociales supuestamente habían advertido a la familia de Martínez que no admitirían su permanencia en el barrio. Este crimen ocurrió una semana después de la muerte de dos adolescentes, hijos de una oficial de la Policía del municipio Zamora (Guatire), aunque en este caso no está claro si los asesinatos se produjeron debido a la profesión de la mujer. Aún así, este se está convirtiendo en un elemento adicional en la violencia venezolana.
*Extraño cruce de informaciones a propósito del episodio sobre el atentado en Margarita contra Wilmer Brizuela, mejor conocido com Wilmito, sentenciado por una cadena de delitos que van dede el robo de blindados hasta el sicariato. A Brizuela se le atribuye haber ordenado en 2010 la muerte de la presidenta del circuito judicial de Bolívar, Mariela Casado. Pero los ejecutores del contrato se equivocaron y mataron a la hermana Maria Gabriela Casado. Por este caso el hombre fue condenado en agosto de 2012 a 16 años 20 días de prisión. En diciembre de 2016 el ministerio para Servicio Penitenciario le otorgó un beneficio denominado “confianza tutelada”, que no existía hasta la implantación del Código Orgánico Penitenciario. Se establecen allí un conjunto de requisitos para ser elegible, como haber sido condenado por un delito con pena menor que ocho años de prisión. Además, este régimen debe aplicarse en locales del mismo internado judicial donde se encuentra el penado. Para ese momento, Brizuela estaba en Tocorón, estado Aragua. Pero la titular de Servicio Penitenciario ordenó su traslado a un centro erigido donde anteriormente estaba el retén La Planta, en El Paraíso. El atentado en Margarita, entonces, puso en evidencia un conjunto de irregularidades que nuevamente hacen pensar sobre la veracidad de denuncias previas, como por ejemplo, las supuestas salidas intempestivas de Johnny Bolívar, el homicida de Adriana Urquiola, y de otros presos de renombre.
«Nadie sabía muy bien qué esperar de aquel encuentro; sólo que los narcos se habían infiltrado en el Gobierno, que la vida pública que conocían había sido desafiada abiertamente, y que habría algún tipo de ‘duelo al sol'».
Mark Bowden, Matar a Pablo Escobar (Killing Pablo)
EL DIBUJO DE LA CORTE dio la vuelta al mundo. Dos jóvenes barbados, de cabello negro y ropa oscura, estaban en el estrado. Frente a ellos, un juez estadounidense, trajeado con su toga, leía los cargos que les imputaba el país norteamericano. “Conspiración para llevar cocaína a los Estados Unidos” dictaba su señoría en aquella primera audiencia a la que se sometían Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, luego de que funcionarios de la Drug Enforcement Administration (DEA) los detuvieran, presuntamente, en un aeropuerto de Haití.
El arresto de los sobrinos marcó un hito en la historia de Venezuela. Por primera vez, familiares del Presidente se veían envueltos en un caso de narcotráfico que era, además, llevado por la justicia internacional.
Lo sucedido se suma a una serie de hechos, registrados en los últimos diez años, que muestran cómo figuras pertenecientes a los poderes públicos, al ala militar y a los cuerpos de seguridad del Estado se han involucrado de una u otra manera en el flagelo del tráfico de drogas. Un repaso a estos eventos lleva a preguntar si a Venezuela le cabe ya el epíteto de “narcoestado”.
El parecido
La palabra narcoestado no aparece en los diccionarios de lengua española. Su definición es, en realidad, una concepción difusa. Sin embargo, ha sido este el término con el que se ha «calificado» informalmente a los países en donde el tráfico de drogas se ha infiltrado dentro de las estructuras de gobierno y demás instituciones públicas, como ocurrió en Colombia en la década de los ochenta, cuando el poder de Pablo Escobar alcanzó a Medellín y al Congreso colombiano; como sucede actualmente en México, donde militares, legisladores y gobernadores se han visto vinculados a los cárteles que operan en la nación; o como pasa hoy día en Guinea Bissau, el país africano que no ha podido frenar el tráfico de drogas por carecer de un entramado institucional que lo permita. A Venezuela también se le ha señalado varias veces con este vocablo.
De acuerdo con el informe 2010 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), una de las características del narcoestado que impera en Guinea Bissau, a donde por cierto arriban aeronaves cargadas de droga desde Venezuela, es la nulidad de sus esfuerzos por evitar el narcotráfico. Se trata de una administración que ignora la magnitud del problema y luce fácilmente abatible por el poder que pueden acumular los narcos o sus colaboradores.
Bajo esta luz, Venezuela podría considerarse un prospecto de narcoestado. La eliminación en agosto de 2005 del acuerdo con la DEA para frenar esta actividad -luego de que el presidente Hugo Chávez afirmara que los agentes de la organización que estaban en el país pretendían espiarlo- puso en entredicho la lucha de la nación contra el tráfico de estupefacientes.
Mapa incluido en el Informe 2010 sobre contrabando de cocaína
El paso de los años no ha hecho más que acrecentar las dudas sobre Venezuela y su posición frente al flagelo. La consolidación e incremento de rutas aéreas que parten desde el país para transportar drogas hacia Centroamérica, el Caribe y África, hace pensar que el número de incautaciones, así como la eliminación de pistas clandestinas o la captura de miembros o cabecillas de importantes carteles internacionales -todos presentados como logros en los informes anuales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA)- son insuficientes al momento de mostrar cifras irrefutables sobre el combate al narcotráfico.
El más reciente Informe Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que Venezuela es uno de los países con mayor de tráfico de droga debido a su «porosa frontera oeste con Colombia, su débil poder judicial, su esporádica cooperación internacional en la lucha contra en narcotráfico y su ambiente permisivo y corrupto».
El documento también critica los escasos esfuerzos que ha hecho el gobierno para depurar y castigar a quienes se involucran en esta actividad. «El gobierno venezolano volvió a fallar al no tomar medidas contra funcionarios de su gobierno y militares de su país que sabe que están vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ) y otras organizaciones de tráfico de drogas», dice el documento.
Hay otras consideraciones sobre el narcoestado. La Unodc apunta, de acuerdo a las declaraciones de uno de sus funcionarios en Perú, que este término se aplica también a aquel territorio con instituciones débiles que promueven la impunidad y que, de paso, se compromete con el narcotráfico.
Esta característica también podría atribuírsele a Venezuela si se toma en cuenta que varios uniformados del país han sido incluidos en la “Lista Clinton”, nombre que se le da al documento que agrupa a empresas y personas vinculadas al tráfico de drogas y al terrorismo, elaborada y publicada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar y actual candidato a la Asamblea Nacional en Monagas; Henry Rangel Silva, exdirector de la DISIP y ahora gobernador de Trujillo; y Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Relaciones Interiores y Justicia y actual gobernador de Guárico, destacan entre los mencionados.
Pero además de los miembros de esta lista negra, están aquellos que se han visto salpicados por sus lazos con Walid Makled, alias “El Turco”, el narcotraficante que operaba desde Puerto Cabello. Los nombres de Luis Felipe Acosta Carlez, quien fue gobernador de Carabobo cuando surgieron las denuncias contra “El Turco”, del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, el del actual gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y de varios jefes militares quedaron involucrados en sus negocios luego de que fuesen mencionados en varias entrevistas y declaraciones ante tribunales.
2015 y los últimos casos
Entre los nombres mencionados por Makled está el de Néstor Reverol, el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana que protagoniza el último gran escándalo de droga y Estado. El 15 de diciembre, Reuters y The New York Times confirmaron que el general es investigado en Estados Unidos por su vínculo con el tráfico de estupefacientes. Aunque aún se desconocen los cargos, su nombre aparece en una imputación que debe ser revisada por una Corte de Nueva York.
El hecho ha desatado una serie de declaraciones en favor del uniformado. Desde la Presidencia de la República, pasando por el Ministerio de la Defensa, hasta llegar a los cuerpos de seguridad del Estado, se ha dicho que Reverol es el objetivo de una «campaña de descrédito» contra las Fuerzas Armadas venezolanas y sus líderes.
La relación de Reverol con este delito no es casual. Desde su posición, es él el encargado de salvaguardar la «porosa frontera» por donde pasan, según Washington, toneladas de drogas desde Colombia hacia Venezuela. Además, los medios estadounidenses indicaron que, en lugar de combatir el narcotráfico, el militar ha recibido pagos de organizaciones criminales que debería perseguir, ha alertado a los capos sobre «cuándo y dónde se iban a llevar a cabo» operativos en su contra y presuntamente ha impedido que varias investigaciones continúen su curso regular.
Cuando Makled mencionó a Reverol, este era el presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, cargo que también ocupaba cuando Aponte Aponte lo calificó como uno de los «zares» de la droga en Venezuela junto a Clíver Alcalá Cordones, actual jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército.
Pero allí no termina la polémica. Durante este año se conoció, a través de medios internacionales, que El Aissami y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, también eran investigados en Estados Unidos por sus presuntas relaciones con el tráfico de drogas. Leamsy Salazar, antiguo escolta de Chávez y Cabello, denunció al gobernador y al parlamentario luego de haberse convertido en un testigo protegido de la DEA.
El último caso que mezcla droga y poder es el del holandés Jeroen van den Elshout, -señalado por la DEA por narcoterrorismo, tráfico de drogas y financiamiento a las FARC-quien fue apresado este 16 de diciembre por la policía judicial de Turnhout, en Bélgica. Se trata del esposo de Samantha Hazell, quien es a su vez hermana del conocido animador Winston Vallenilla, actual presidente de la televisora estatal Tves. De acuerdo con medios de Países Bajos, el detenido preparaba un cargamento de miles de kilos de cocaína que terminarían en este territorio.
¿Narcoestado, narcorégimen o Estado delincuente?
A pesar de la cantidad de nombres de funcionarios públicos envueltos en casos de narcotráfico, los expertos en el área descartan que Venezuela pueda ser definida como un narcoestado. Para ellos, el problema da pie a otras concepciones sobre lo que ocurre en el país.
“Hablar de un narcoestado para caracterizar lo que está pasando en Venezuela puede ser un error. Hay un problema de Estado fallido porque no se satisfacen las necesidades mínimas de la población. Hay un Estado forajido porque no se cumplen las leyes ni los tratados internacionales, y el Poder Judicial se ha convertido en una maquinaria de corrupción. Todos los fiscales facilitan la impunidad de la delincuencia organizada en Venezuela, todas forman parte de ese entramado corrupto. El Estado de Derecho ha sido sustituido por un Estado delincuente”, señala Carlos Tablante, exparlamentario, exgobernador de Aragua y exministro antidrogas.
Para Tablante, el tráfico de drogas se ha visto fortalecido por estar enlazado con la corrupción, la cual se ha insertado en todas las instituciones para proteger a los verdaderos delincuentes. “Hay una estructura delictiva tan fuerte que el tema de las drogas quedó con unos operadores que se fueron moviendo en el entramado del Estado (…) El dinero de la corrupción se ha mezclado con el de la droga, en el Estado delincuente todo termina en una gran licuadora”, asegura.
A esta apreciación se suma la del sacerdote y sociólogo Alejandro Moreno. “No tenemos un estado criminal, tenemos el crimen que se ha convertido en un Estado”, comentó en un reportaje publicado por el Financial Times.
La exjuex y expresidenta del Consejo Nacional contra el Consumo y Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), Mildred Camero, tampoco tilda a Venezuela de ser un narcoestado. Prefiere añadirle el adjetivo de narcorégimen.
En una entrevista publicada el año pasado, Camero afirmaba que en el narcorégimen son “los funcionarios públicos los que utilizan las instituciones del Estado para hacer negocios en materia de drogas”, mientras que en el narcoestado, el “Estado vive para la droga y su vida política y social” depende de esta actividad. Colombia y México, a pesar de los señalamientos, aún no han sido considerados como tal por las autoridades.
“Si se llega a determinar que el gobierno venezolano ha pactado con las FARC para obtener ganancias del negocio de la droga sería lo más grave y bajo que ha pasado en el país”, comentó en aquella entrevista.
