El pasado 7 de agosto de 2015, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana encontraron los restos de Liana Hergueta descuartizada en el interior de su automóvil en la calle principal de Los Manolos, Urbanización Las Palmas, en Caracas. Una semana después, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, reveló en una alocución televisada que un hombre, identificado como Carlos Eduardo Trejo Mosquera, había estafado a la dama, razón por la que fue denunciado previamente a través de las redes sociales.
Según la investigación revelada por el Ministro, José Pérez Venta había sido contratado para cometer el crimen, en complicidad con Samuel José Angulo. A pesar que el caso estaba policialmente cerrado, González López mostró imágenes donde aparecen Trejo Mosquera y Pérez Venta con varios líderes políticos de la oposición.
A partir de allí, todo cambió en la vida de Dany Abreu y Andrea González De León. Desde el 17 de agosto se encuentran en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde fueron llamados en un primer momento, a declarar en torno a su vinculación con los homicidas de Liana. Al día siguiente, la tía de Andrea llamó a su otra sobrina, Alejandra, (quien vive en España) para contarle lo que había pasado.
Andrea Susana González De León se graduó de bachiller en Humanidades en Tenerife, Islas Canarias. Estudió idiomas y finalmente optó por dedicarse a la repostería. Dany Gabriel Abreu es de padre canario y madre portuguesa. Se preparaba para presentar su tesis en la UCV y graduarse de ingeniero. Ambos se conocieron hace más de 15 años y, tras un reencuentro en Venezuela, comenzaron una relación.
Liana, Pérez Venta y Trejo
Alejandra González creó el blog Libertadparadanyyandrea.blogspot.com. Allí relatan que a principios de 2014, en un “pancartazo” en San Antonio de los Altos, se conocen Liana y Andrea a través de una amiga en común. El grupo trabajaba en labores sociales como recolección de insumos y juguetes para casas hogares de los Altos Mirandinos. Parte de los donativos de primeros auxilios, Liana los entregaba a los campamentos de jóvenes de las protestas de 2014. Junto con Andrea y otras amistades, van hasta la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes. Ese día, Tugomir Yépez les presenta a José Pérez Venta y Carlos Trejo.
Según cuenta Alejandra en el blog, Tugomir le pide a Andrea que lleve a Trejo hasta su casa para que se quedara unos días, lave la ropa y se bañe, ya que habían ocupado la carpa que él tenía. Pasa el tiempo y al ver que el huésped tenía un comportamiento extraño, Andrea le pide a Tugomir que le busque otra posada a su amigo. Cuando estafan a Liana, las damas contactaron a todas las personas que pensaron podían tener contacto con él, entre esos Perez Venta, quien al conocerlas en la Plaza les manifestó ser “coordinador nacional de juventudes ABP”.González y Hergueta le pidieron a Pérez Venta que las ayudara a localizar a Trejo y éste lo calificó de “quintero y ladrón”.
José Pérez Venta y Carlos Trejo, autores materiales confesos del asesinato de Liana Hergueta en agosto de 2015, se encuentran recluidos en El Helicoide, Caracas. Los detenidos reciben tratos privilegiados y constantes visitas de altos funcionarios del gobierno nacional, como el diputado Diosdado Cabello.
Así lo aseguró a El Nacional Web Pedro González, padre de Andrea González de León, quien se encuentra detenida por el Sebin desde agosto de 2015, junto a Betty Grossi y Alejandro Zerpa, por presuntamente querer ejecutar un plan para asesinar a la hija de Diosdado Cabello, Daniela.
“Él es una especie de detenido preferencial, tiene privilegios y lo visita gente muy importante, como Diosdado Cabello, en muchas oportunidades (…) Incluso se le permitió pintar el interior de su celda”, aseguró.
“Hergueta era amiga de Andrea, vecinas de San Antonio, se veían con frecuencia (…) Ellas se pusieron de acuerdo para advertirle la gente a través de Twitter que Trejo era un estafador”, agregó.
Al igual que Pérez Venta y Carlos Trejo; González de León, Grossi y Zerpa aún no han sido presentados ante ningún tribunal ni se le ha imputado ningún cargo, “el caso quedó congelado”.
Trejo al parecer no fue quien inculpó a los tres jóvenes, sino Pérez Venta, quien dijo haber escuchado a Trejo -quien no confirma ni niega información alguna- hablando sobre el supuesto plan.
Implicación de Andrea González
Según explicó Pedro González, su hija, quien mantenía amistad con Liana Hergueta, se vio involucrada en el caso cuando apoyó a Liana en su denuncia de que Carlos Trejo la había estafado con una transacción de dólares. Liana denunció la estafa a través de redes sociales y Andrea la apoyó retuiteando sus mensajes, fue ahí cuando a través de la misma plataforma digital Andrea fue contactada por Pérez Venta, quien dijo tener el dinero de Liana y le dio su número para entregárselo.
Acto seguido, Liana llamó y se reunió con Pérez Venta, este la secuestró, torturó, asesinó y descuartizó. Después de cometer el crimen, Pedro detalló que el asesinó empezó a llamar a su hija desde el teléfono de Liana, quien ya estaba desaparecida.
Pedro no espera que la Ley de Amnistía resuelva la situación
El presidente de la República, Nicolás Maduro, tendría que revisar el proyecto de Ley de Amnistía, el cual no beneficiaría a quienes están recluidos por acusaciones de terrorismo. Si el presidente rechaza dicho proyecto la propuesta pasaría a manos del TSJ, que en caso de que lo apruebe tendría que esperarse más de seis meses para que se haga efectiva la propuesta, tomando en cuenta las excepciones de los casos que no cumplirían los requisitos para ser beneficiados.
Este martes, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz aseguró que el Ministerio Público acusó a los implicados en el asesinato de Liana Hergueta.
En su programa «Justicia y Valores», Ortega apuntó que José Pérez Venta, Carlos Trejo Mosquera y Samuel Sánchez fueron acusados por su responsabilidad en la muerte de Liana Hergueta, el pasado 7 de agosto en Las Palmas.
Los fiscales nacionales 63 Jimmy Goite y 36 de Caracas, Liduska Aguilera, acusaron a Pérez Venta y Angulo Sánchez por ser coautores del delito de sicariato así como por robo agravado, mientras que Trejo Mosquera fue acusado por determinador en el delito de sicariato.
“A los tres se les acusó además por asociación para delinquir, los fiscales además de pedir la admisión de la acusación pidieron que se mantuviera la privativa de libertad”, comentó.
A un mes del asesinato de la comerciante Liana Hergueta, El Pitazo hace un recuento de los hechos y de sus implicados: José Rafael Pérez Venta, Carlos Eduardo Trejo y Samuel Angulo Sánchez.
La mañana del 7 de agosto, hoy hace justo un mes, en la calle Los Manolos de Las Palmas, fue hallado el cuerpo descuartizado de una mujer en el interior de un vehículo. Cerca de 90 horas después, el asesinato de Liana Hergueta, de 53 años, estaba resuelto policialmente, con la captura de los dos confesos autores materiales y el presunto intelectual, gracias a las evidencias dejadas, entre ellas una maleta azul que fue usada para tratar de ocultar parte del cuerpo de la víctima y que permitió saber quién era uno de los asesinos mucho antes de que lo atraparan muy cerca de la escena del crimen.
José Pérez Venta y Samuel Angulo Sánchez son señalados por las autoridades de asesinar a Hergueta la tarde del jueves 6 de agosto en un apartamento del edificio Isnotú de Candelaria. Este lugar es propiedad de Betty Grossi, una maestra y catequista, quien mantenía una disputa con Pérez Venta, a quien acusaba de invasor. En la actualidad la mujer está detenida pues Pérez Venta aseguró que ella financiaba sus actividades.
El asesinato y descuartizamiento de la mujer, según los organismos policiales, fue coordinado por Pérez Venta con Carlos Trejo, este último acusado en mayo de este año por Hergueta, a través de Twitter, de haberla estafado con la venta de dólares que ella pagó pero nunca recibió. El asesinato habría sido la venganza de Trejo por las acusaciones en su contra. La familia asegura que el joven canceló parte de la deuda con bolívares y un vehículo. Pero fuentes policiales indican que no se han logrado verificar las transacciones bancarias.
Pero llegar al tercero de los presuntos implicados no hubiera sido posible sin una de las evidencias: la maleta azul que usaron para ocultar parte del cadáver de Hergueta.
Los dos hombres que descuartizaron a una mujer y entregaron a las autoridades a Araminta González, formarían parte de una red de delincuencia organizada integrada por más de 6 personas. Entre sus víctimas figuran, al menos, otras siete mujeres, que fueron estafadas, robadas y extorsionadas por estos presuntos infiltrados en partidos de oposición, además de varios dirigentes políticos y estudiantiles que están detenidos o son perseguidos por supuesta vinculación con las protestas de 2014
LIANA HERGUETA, MARÍA GABRIELA LÓPEZ Y ARAMINTA GONZÁLEZ comparten tres historias de terror que tienen los mismos protagonistas: José Rafael Pérez Venta y Carlos Eduardo Trejo. La primera fue estafada y descuartizada, la segunda fue maltratada y robada, y la tercera fue robada y se encuentra en prisión.
Ellas no fueron las únicas víctimas de los dos hombres que militaban, supuestamente como infiltrados, en partidos políticos de oposición. Según fuentes ligadas a la investigación por el asesinato de Hergueta, estos delincuentes confesos también robaron, estafaron, extorsionaron y secuestraron, al menos a otras siete mujeres. Incluso no se descarta que hayan cometido otros homicidios.
El abogado José Vicente Haro, defensor de González, informó que ha sido contactado por al menos siete mujeres que, al igual que su cliente, han sido víctimas de los dos que descuartizaron a Liana Hergueta, de 53 años de edad.
“Todas sus víctimas eran mujeres solteras, divorciadas o viudas. Especialmente vulnerables. Personas ingenuas o confiadas, con algún perfil de oposición. Ellos trataban de intimar con la persona para llegar a una relación o bien hacerse amigos. A esas personas luego le pedían favores o le ofrecían ayudarle ellos en algunos favores. Se ofrecían para conseguirles carros o celulares, o les ofrecían cambiar divisas en montos altos”, explicó Haro.
Algunas de estas víctimas ya concretaron sus denuncias contra estos dos hombres, y otros miembros del grupo delictivo integrado por más de seis personas. Otras mujeres no han acudido a las autoridades por temor, pues fueron amenazadas en reiteradas ocasiones por Pérez Venta y Trejo.
La mujer que se salvó de ser descuartizada por los “patriotas cooperantes”
Con base a los testimonios de algunas de estas víctimas Haro describe la forma en que operaban: “Los dos se acercaban a sus víctimas presentándose como dirigentes de partidos de oposición. Por ejemplo, Pérez Venta se identificaba como coordinador juvenil de ABP. Luego trataban de conocer a toda la familia de estas mujeres que fueron sus víctimas. Trataban de averiguar si tenían mamá, hijos o familia. Se aprendían los nombres de estos parientes y estudiaban bien el entorno de la persona. Esa información era la que posteriormente utilizaban para amenazarlas”.
En un video publicado el jueves 20 agosto en la web de Últimas Noticias, Araminta González, también explicó el modus operandi utilizado por Trejo y Pérez Venta. «Estos muchachos se hacían pasar por perseguidos políticos para obtener beneficios económicos, ganarse la confianza y luego se llevan sus pertenencias».
La intimidación a las víctimas ocurría una vez que estas eran estafadas o robadas por Trejo y Pérez Venta, cuando les advertían que acudirían ante las autoridades a denunciarlos. “Esos datos los usaban para amenazar cuando la persona descubría que era una estafa o que había sido engañada en su buena fe. Así se lucraban”, explicó Haro, quien asegura que estos hombres formaban parte de una estructura de delincuencia organizada.
Las conexiones y los afectados
Una red con cómplices en el exterior
El grupo delictivo, que lideran Carlos Trejo y José Pérez Venta, estaría integrado por al menos otras cuatro personas. Una de ellas sería Tugomir Yépez, otro supuesto dirigente estudiantil, que perteneció a Alianza Bravo Pueblo (ABP) y que en este momento se encuentra en Francia. También se menciona a Humberto Pérez, alias “Tiburón”, quien es mensajero de la Alcaldía Metropolitana.
“Ellos subcontrataban gente o le ofrecían comisiones a terceros a cambio de que los ayudaran a cometer delitos. Entre estas personas hay otros jóvenes y dos mujeres”, dijo una fuente policial.
Haro asegura que desde el 3 de julio de 2015 ha advertido la existencia de esta organización criminal. “Ese día los denuncié ante la Defensoría del Pueblo, y el 31 julio en la Fiscalía. Volví a hacerlo el 6 y el 10 de agosto”, dijo el abogado de Araminta González.
“Esto es lo que se puede denominar técnicamente un grupo de delincuencia organizada transnacional. Recibían financiamiento desde el exterior y decían que estaba destinado a familiares de presos políticos y para ayudar a actividades en las cuales estaban infiltrados. En ese sentido operaba Tugomir (desde Europa). Muchas personas fueron sorprendidas en su buena fe. Son personas particulares, venezolanos residenciados en el exterior, y pequeñas ONG que estaban en permanente contacto con ellos le suministraron alguna cantidad de dinero en divisas”, reveló una fuente ligada a la investigación.
Los montos en divisas que recibían oscilaban entre 100 dólares y 4.000 dólares o euros. Comercializaban el dinero en el mercado negro y así captaban a muchas de sus víctimas. Con esto mantenían un ritmo de vida holgado, también se dice que adquirían armas de fuego y drogas.
Los señalamientos contra Trejo y Pérez Venta, por robo y estafa, circulaban en las redes sociales desde 2012. También había denuncias en algunas delegaciones del Cicpc. Sin embargo, nunca fueron detenidos.
“Se mostraban como personas que trabaja para el movimiento estudiantil. Decían que eran amigos de los líderes y que habían participado en huelgas de hambre. Que eran amigos de los presos políticos y ayudaban a los familiares. Así iban recogiendo plata y ganándose la confianza de la persona”, aseguró Haro.
Pérez Venta y Trejo tendrían vinculación con tres funcionarios de bajo rango (una mujer y dos hombres) en dos cuerpos de seguridad. Ambos también amenazaban a sus víctimas con denunciarlas en el Sebin y acusarlas de terroristas.
José Pérez Venta militó primero en Voluntad Popular y luego en ABP, mientras que Carlos Trejo fue dirigente de Primero Justicia. En una investigación, sobre el caso de Araminta González, que realizó Runrunes durante tres meses se consiguieron algunos indicios sobre las conductas irregulares y sospechosas de ambos jóvenes. Incluso fueron señalados como infiltrados por miembros de algunas organizaciones de oposición.
Imputados por descuartizamiento se infiltraron entre opositores
José Rafael Pérez Venta y Carlos Eduardo Trejo, dos de los imputados por el descuartizamiento de Liana Hergueta, se habrían infiltrado en los círculos de los movimientos estudiantiles y en los partidos políticos de oposición. Muchos de los dirigentes a los que se acercaron fueron posteriormente encarcelados y perseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Simple coincidencia?
El mapa de relaciones de Pérez Venta y Trejo demuestra los movimientos de estos dos presuntos delincuentes que se presentaron como voluntarios, manifestantes y/o dirigentes juveniles de oposición que manifestaban contra el Gobierno. El caso más emblemático es el de Araminta González, la técnica químico que fue detenida por el Cicpc el 24 de julio de 2014, luego de que Carlos Trejo amenazara con delatarla ante el Sebin cuando ella advirtió que habían hurtado pertenencias de su casa, como certifica el intercambio de mensajes de texto entre ambos. Desde entonces está presa en el Inof. En la misma causa de González, hay otras tres personas que también permanecen detenidas.
Se las ingeniaron para figurar en algunos momentos cruciales de los partidos de oposición. Pérez Venta aparece en una fotografía junto a Leopoldo López, justo antes de que el líder de Voluntad Popular (VP) se entregara a las autoridades en la avenida Francisco de Miranda en Caracas el 18 de febrero de 2014. También se dejó fotografiar detrás de la diputada María Corina Machado cuando se presentó en el Ministerio Público, tras su imputación el 3 de diciembre de 2014.
Pérez Venta también se acercó al ahora detenido Antonio Ledezma, alcalde metropolitano y líder de Alianza al Bravo Pueblo (ABP). El presunto infiltrado se hacía llamar director de Derechos Humanos de ese partido. Al día siguiente de la detención de Ledezma, Pérez Venta se encontraba en su oficina de la Torre EXA en El Rosal. Además, se le vio en las audiencias del juicio del líder de ABP así como también en las de Leopoldo López. Incluso se vinculó sentimentalmente con Karen Yépez, quien era abogada de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
Hay 2 “patriotas cooperantes” entre la mujer descuartizada y Araminta González
Dirigentes de VP recuerdan que Pérez Venta comenzó a acercarse al partido naranja en el año 2012 cuando se realizaron las primarias de las Mesa de Unidad Democrática (MUD) para las elecciones presidenciales de ese año. Llegó a relacionarse sentimentalmente con la asistente del dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, quien salió del país luego de una orden de captura.
Los dos imputados se aproximaron al líder de la Operación Libertad y Movimiento JAVU, Lorent Saleh, quien fue acusado de promover protestas violentas en el estado Táchira, fue detenido en Colombia y expulsado, después lo detuvieron en Venezuela, y permanece preso en el Sebin.
El abogado penalista, Luis Izquiel, dijo que es ilegal que el presidente de la república, Nicolás Maduro, mostrara un video del imputado por el crimen de la descuartizada, José Pérez Venta, en el que habla sobre su vinculación partidos de oposición y con paramilitares colombianos. «Es completamente ilegal, el Código Orgánico Procesal Penal establece que la investigación es reservada a terceros, es decir no puede ser mostrada a personas que no sean parte de la investigación”, explicó. El comisario Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios del Cicpc, coincide: “Todo lo que está en el expediente de una investigación penal es secreto para terceros. Sea quien sea que presente al imputado en ese video, está cometiendo un delito”.
En el capítulo III del COPP, el artículo 313 sobre el carácter de las actuaciones reza que todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros.
“Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el proceso y los defensores. No obstante ello, los funcionarios que participen en la investigación y las personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante su curso, están obligados a guardar reserva. El Ministerio Público podrá disponer la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los diez días continuos, siempre que la publicidad entorpezca la investigación. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero, en este caso, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que examine los fundamentos de la resolución y ponga fin a la reserva. No obstante, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla, con mención de los actos a los cuales se refiere, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado, que nunca superará las cuarenta y ocho horas. Los abogados que invoquen un interés legitimo deberán ser informados por el Ministerio Público o por la persona que él designe, acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva.»
De hecho, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en reiteradas oportunidades y cuando le preguntan sobre casos en particular, se niega a dar información alegando que la investigación se lo prohíbe. Esta misma semana, sobre el caso de Adriana Urquiola, dijo que fueron solicitadas dos nuevas órdenes de captura por el asesinato de la intérprete de señas. Sin embargo dijo que no iba a revelar los nombres porque esto podría “poner en riesgo la investigación”.
Uno de los casos más sonados fue el impase entre el periodista de CNN Ismael Cala, y la fiscal venezolana, cuando el entrevistador le preguntó sobre el secuestro de Nairobi Pinto, y la titular del Ministerio Público le dijo que no podía darle información porque podía poner en riesgo la seguridad de la víctima”.
También sobre la muerte de diez personas en los Valles del Tuy, a finales de abril de 2015 en un edificio de la Misión Vivienda, Ortega Díaz, dijo que mientras estaban en la fase de la investigación “no se puede dar mayor información del caso, porque puede poner en riesgo la investigación. Cuando ya se pueda dar la información gustosamente estaremos dando la noticia.”
En el video presentado por Maduro, Pérez Venta nunca habla del asesinato de Hergueta, entonces no queda claro si se le interroga por ese caso o por una supuesta investigación de golpe de Estado o rebelión civil. “Le dan un enfoque político que pierde credibilidad. Si mañana el Ministerio Público imputa a algunas personas por esos delitos, la defensa de esas personas puede usar a su favor la divulgación de ese video, y se cae como prueba”, explica Godoy.
También es ilegal porque el COPP prohíbe mostrar las caras de los detenidos. “Por eso en la mayoría de los casos vemos a los delincuentes con bolsas o algo en la cabeza. Hay una excepción cuando el imputado y su abogado lo autorizan, pero la regla general es ocultar el rostro”, indica Izquiel.
Lo lógico es que una persona imputada por ese crimen sea interrogado por un funcionario del CICPC. Sin embargo, en el video no se le interroga sobre el crimen sino sobre política. “Llama la atención que no se sabe de qué cuerpo de seguridad es la persona que lo interroga. Las preguntas son políticas y más bien deben hablar del hecho delictivo, parece un Sebin”, dice el abogado penalista.
Es importante resaltar que la confesión no hace plena prueba, considera Izquiel. “La confesión tiene que estar concatenada con otros elementos de convicción, no tiene ningún valor por sí sola”. Además en el video que mostró Maduro, Pérez Venta no habla del descuartizamiento, habla como testigo de otros hechos que ni siquiera serían un delito. “Por eso ni siquiera se puede hablar de que es una confesión, porque en el video que mostraron no confiesa el crimen”.
El Gobierno toma como testigo de un hecho criminalístico a una persona que podría padecer problemas mentales. Antes de sacar conclusiones, esta persona debe ser sometida a una serie de exámenes psiquiátricos para determinar si su testimonio es válido o no en la resolución del caso.
Es ilegal que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, enseñara en una rueda de prensa el video de los detenidos por el asesinato de Hergueta, así como la publicación del cuchillo con el que la víctima fue asesinada, observa Godoy. “Es una total irresponsabilidad”, dice.
Tampoco está ajustado a la ley que el Presidente sea quien orqueste la investigación. “El Ejecutivo no puede ser parte del proceso, eso le toca al MP”, dice Godoy. Izquiel coincide: “El Presidente no debería conducir esa investigación, pareciera que lo está llevando el propio Maduro”.
