DURANTE LOS CASI VEINTE AÑOS del chavismo en Venezuela el desmantelamiento institucional ha sido progresivo. Actualmente la situación es tan precaria que el Estado además de ostentar importantes falencias en todos sus órganos, ha incurrido en actuaciones en las que el Estado de derecho no sólo no se aplica, sino que además ha sido envilecido, especialmente por el Ejecutivo, al incurrir en omisión y permitir abusos y violaciones contra los derechos humanos sin consecuencia alguna.
Los hechos ocurridos en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el pasado 16 de mayo, son el ejemplo idóneo para ilustrar estas desviaciones en los órganos de seguridad, inteligencia y de justicia venezolanos. Ese día, un numeroso grupo de reclusos –entre presos políticos y reos comunes– tomaron los calabozos de este organismo para exigir justicia: la mayoría es víctima de irregularidades procesales y, además, se les violan sus derechos humanos, pues se les ha sometido a condiciones de reclusión infrahumanas y son torturados.
Para esa fecha, las cifras del Foro Penal arrojaban que en el Sebin –en todas sus sedes– había 256 detenidos, de los cuales 59 presos políticos estaban en El Helicoide.
De acuerdo al relato de los propios presos y familiares, la toma del Sebin inició tras la golpiza que recibiera el dirigente estudiantil tachirense y preso político para el momento Gregory Sanabria, quien resultó afectado por una riña que surgió debido a la cohabitación de detenidos políticos con reclusos por delitos comunes.
El altercado provocó que alrededor de veinticinco presos ocuparan las instalaciones de El Helicoide, y mediante las redes sociales y videos –como los de Daniel Ceballos, Villca Fernández, y Joshua Holt, todos presos políticos para la fecha– hicieron demandas que evidenciaron las graves violaciones cometidas por este cuerpo de inteligencia.
Ceballos informó –mediante su cuenta de Twitter– que había veinte personas con boleta de excarcelación –entre presos políticos y por delitos comunes, nueve de ellas por libertad condicional que incluían a cuatro menores de edad(fianza), así como cuarenta y seis disposiciones de traslado sin ejecutar, principalmente asociadas a disidentes políticos.
También denunció la permanencia en el Sebin de cuatro reclusos nunca presentados ante los tribunales, cuatro más en espera de examen psicosocial, cincuenta y nueve presos políticos sin juicio y traslado, y al menos tres detenidos con orden de extradición.
En todos estos casos, el Sebin actuó de espaldas al texto constitucional y las leyes, al negar el debido proceso –consagrado en el artículo 49 de la Constitución– ya que la persona que no es liberada pasa a estar recluida de manera ilegal, así como quien no es escuchado con garantías y en un plazo razonable por un tribunal independiente se le viola su derecho a la defensa.
Además, el artículo 44 de la Carta Magna establece que “la libertad personal es inviolable”, y se señala expresamente que “ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta” (numeral 5).
La peor cara
En paralelo a las demandas judiciales, el motín del Sebin permitió romper el hermetismo con el que este organismo se viene escudando para actuar contrariando la ley. La opacidad es uno de los elementos clave en los abusos de esta instancia, que incluso ha impedido a los abogados interactuar con sus defendidos.
Uno de los casos que salió a la luz fue el de para esa fecha preso político Juan Lares (veinticinco años), hijo del alcalde de Campo Elías (Mérida), Omar Lares, quien fue detenido por el Sebin en julio de 2017 ante la ausencia de su progenitor. Lares fue encarcelado sin una orden y nunca fue judicializado, por lo que el Foro Penal señala que técnicamente representó una desaparición forzada.
La protesta además se extendió a un grupo de diecinueve mujeres –otras versiones indican que treinta–, quienes ante las malas condiciones de reclusión y vicios procesales realizaron una huelga de hambre.
A las actuaciones contra el debido proceso (detenciones arbitrarias, retardo procesal, no presentación a tribunales, entre otros), también se suman las numerosas denuncias sobre robos a los detenidos, privación de agua y medicinas, alimentación precaria, y diversidad de casos de tortura y tratos vejatorios.
Carlos Nieto, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, presentó el año pasado un estudio donde expone la peor cara del Sebin. Este defensor de derechos humanos asegura que los detenidos en este cuerpo de seguridad tienen “el riesgo de ser objeto de tratos vejatorios o crueles, y en ocasiones torturas”, como “ahogamiento con bolsa impregnada con alguna sustancia química o con un balde de agua o un paño húmedo”.
Para no dejar duda, el abogado José Vicente Haro detalla que en esas instalaciones hay “cuartos” que se usan únicamente para torturar, mientras que existen “torturadores entrenados” que usan métodos como el de las descargas eléctricas, asfixia, aplicación de insecticidas, amenaza de taladrar algún órgano del cuerpo, todo para conseguir confesiones o declaraciones que se acoplen a los deseos del régimen.
Cambio de seña
Para tratar de sortear la presión que puso el motín y los reclamos internacionales ante los evidentes abusos y violaciones constitucionales, e incluso para matizar el silencio cómplice en el que incurrieron instancias como el Ministerio Para el Servicio Penitenciario y la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo inició un proceso de excarcelaciones de presos políticos –la mayoría bajo libertad condicional– el 1 de junio.
Más allá de que la salida de los injustamente detenidos debe ser reconocida, es innegable que el Gobierno actuó de manera fraudulenta en estos casos. De acuerdo al registro del Foro Penal, de los setenta y nueve excarcelados, más de la mitad no era presos políticos, ya que sólo treinta y nueve lo eran.
Conocido el balance, la acción engañosa de excarcelar entre detenidos por razones políticas a colectivos y estafadores, así como las numerosas violaciones a las leyes y la Constitución ya descritas, dejan patente cómo el Poder Ejecutivo promueve la impunidad y la violación al estado de derecho en oposición a la normativa existente, ya que, por ejemplo, permite a un organismo subalterno como el Sebin, erigirse como un poder y desoír las sentencias de los tribunales para favorecer sus intereses.
Gustavo González López, quien actualmente dirige esa instancia, nunca ha comparecido ante los medios de comunicación o los familiares de personas recluidas ilegalmente, para explicar por qué las mantiene privadas de libertad de manera inconstitucional.
Es tan reiterada esta forma de actuar que en diciembre pasado el máximo tribunal ordenó al cuerpo de inteligencia informar el estatus del caso de un ciudadano detenido que no había sido liberado, aunque existía una boleta que le otorgaba su libertad, y le advirtió a González López que sería multado de no cumplir con la petición del TSJ. Pasados los meses, se desconoce el efecto de esa sentencia, pero sí se sabe que el director del Sebin sigue en su cargo.
No fue sino hasta hace unos días que se revirtieron algunas de las arbitrariedades con las excarcelaciones parciales, sin embargo, la inobservancia de las decisiones del Poder Judicial continúa, mientras que la separación de poderes, principio clave del estado de derecho y equilibrio democrático, sigue siendo vulnerado.
La fundadora y directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, ha sostenido que “el Poder Judicial está presionado por un órgano, que al final del día es parte del Gobierno: el Sebin”, lo que a su juicio evidencia “que aquí quien manda realmente es el Gobierno”.
Esto queda demostrado además porque ni los tribunales, ni el Ministerio Público, ni el TSJ se han pronunciado o tomado decisiones que permitan revertir la práctica ilegal del Sebin de aplicar arrestos arbitrarios e incluso desapariciones forzadas, y de no atender las decisiones judiciales, todo porque al Gobierno le conviene mantener detenido a algún dirigente político, líder comunitario o a un ciudadano.
Otra forma de sometimiento ocurrió durante la toma del Sebin. Uno de los abogados defensores de los menores que fueron liberados, Joel García, denunció que fue suspendida de su cargo la juez primero de control en responsabilidad penal del niño, niña y adolescente que acordó las boletas de excarcelación de tres de los cuatro menores recluidos.
Esto es una muestra de lo que el también director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, considera que es una prueba del comportamiento complaciente del Poder Judicial para con el Ejecutivo. “Ante la falta de legitimidad, se recurre a cualquier elemento para mantenerse en el poder”, denuncia.
Con información de Acceso a la Justicia
