Según una nota de prensa, la campaña recurre a la «falacia argumentativa» que busca «desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje»
Recientemente, desde un medio de comunicación de la Alcaldía de Caracas, Ciudad Caracas, se ha iniciado una campaña de estigmatización contra el profesor Keymer Ávila, con acusaciones infundadas que pretenden desacreditar y criminalizar los resultados de investigaciones independientes sobre temáticas de altísima importancia para los países latinoamericanos. Esta situación también ha sucedido en ocasiones anteriores con organizaciones que vienen denunciando la sistemática violación del Derecho a la Vida y a la Integridad Personal en los sectores populares.
Estas campañas recurren a la falacia argumentativa más elemental: buscar desprestigiar al mensajero para evadir el debate sobre asuntos fundamentales e intentar oscurecer la verdad contundente que trae el mensaje.
Frente a este ataque, nosotros, investigadores y académicos de diversas áreas, reivindicamos y defendemos el resguardo de uno de los fundamentos de nuestra vocación y oficio: la construcción científica de datos, insumos y evidencias que contribuyan con debates para la construcción del bien común. Destacamos la reconocida trayectoria profesional del profesor Keymer Ávila y nos unimos al clamor de las diferentes organizaciones de diversas tendencias políticas que denuncian los sistemáticos abusos de la fuerza letal de la cual vienen siendo víctimas los sectores populares durante los últimos años.
Apuntamos:
En esta campaña nada se dice sobre el hecho que desde el año 2015, cuando se iniciaron los operativos militarizados conocidos como las “Operaciones de Liberación del Pueblo” –OLP– seguidos por la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional –FAES-, el gobierno ha desplegado una política de matanza hacia los sectores más empobrecidos y vulnerables del país.
Las mismas cifras oficiales publicadas por el ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, revelan el significativo incremento de los casos de muertes violentas registradas bajo la categoría Resistencia a la Autoridad, que desde el año 2016 se ubican en más de cuatro mil novecientos casos anuales. La magnitud del aumento, y la investigación de campo realizada por diferentes organizaciones e investigadores, ha servido de base para evidenciar que la ejecución extrajudicial se ha convertido en una práctica de Estado dirigida hacia la población pobre y, especialmente, hacia los jóvenes varones de los barrios.
En la vivencia de quienes han sido víctimas de los operativos policiales destaca la desmesurada violencia a la que son expuestas las comunidades, familias, madres, hijas e hijos de los jóvenes asesinados. A esto se suma el hecho de que el Estado venezolano se ha encargado de desmentir esta realidad y, con ello, no ha asumido la reparación y restitución de derechos de los afectados por las políticas de “mano dura”.
El informe del “Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina”, que forma parte de los objetivos atacados por la campaña que denunciamos, es una iniciativa de reconocidos investigadores y académicos de México, Colombia, El Salvador, Brasil y Venezuela. El capítulo sobre este último país estuvo a cargo del profesor Keymer Ávila. En la referida investigación se elaboran un conjunto de indicadores provenientes de dos fuentes: la primera, está constituida por los datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior que permiten estimar las magnitudes del fenómeno investigado. La segunda está constituida por un levantamiento sistemático realizado por el investigador, de un corpus de casos a partir de fuentes secundarias, el cual -tanto por su tamaño como por su consistencia con las fuentes oficiales- se encuentra dentro de los parámetros metodológicos estándar empleados en las ciencias sociales para la estimación de las diferentes proporcionalidades que se presentan en los indicadores. De allí que su validez científica sea más que probada.
Keymer Ávila es profesor de pre y posgrado de la UCV e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la misma casa de estudios. Posee numerosas publicaciones, tanto en revistas científicas como en medios de divulgación para el público general. También, ha sido asesor del Ministerio Público y del Consejo General de la Policía, así como de diversas ONG nacionales e internacionales, en el área de derechos humanos.
Consideramos que la producción de conocimiento basado en evidencia, así como su divulgación, resultan indispensables para afrontar las amenazas que hoy confronta el contexto latinoamericano actual, donde los pueblos exigen una transformación sustancial de sus sistemas políticos e institucionales, que redunde en mayor democracia y en el ejercicio efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Sirva este comunicado para mostrar el respaldo con el que cuenta el trabajo del profesor Ávila, que hacemos extensivo a todos los sectores sociales que quieran hacerlo suyo. Los que tratan de atacar los hallazgos que derivan de su investigación no le hacen daño a la universidad o a las organizaciones sociales que coinciden en visibilizar la atrocidad institucional, le hacen un grave daño al país, al pueblo pobre, a todas las personas y comunidades que han sido víctimas de las prácticas de exterminio ejecutadas por los cuerpos represivos del Estado. Más que “defender” un proyecto de país, estos ataques no hacen sino legitimar, fortalecer y hacerse cómplices con la producción masiva de muertes violentas en Venezuela, así como con el profundo dolor y cadena de duelos a la que son sometidos miles de venezolanos.
Urgimos el establecimiento de un debate serio y profundo sobre las muertes perpetradas por el Estado así como la perentoria necesidad de establecer mecanismos para el acceso a la verdad y a la reparación de las víctimas. Vaya nuestro respaldo a todos aquellos que trabajan y luchan para registrar, denunciar y resistir la ola de violencia institucional de carácter letal. Finalmente, toda nuestra solidaridad y acompañamiento especial a los sobrevivientes, a las madres y familiares de las víctimas cuyas vidas han sido segadas por la maquinaria estatal.
Latinoamérica concentra una parte muy pequeña de la población mundial pero es una de las regiones más violentas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de homicidios a escala mundial es de 6,4 personas por cada 100.000 habitantes, y en Latinoamérica, dicha cifra es tres veces más alta: 18,6 por cada 100.000 personas. Para poner esto en perspectiva, a pesar de solo tener 8% de los habitantes del mundo, en Latinoamérica ocurre 38% de los homicidios del planeta.
De acuerdo con los datos del Instituto brasileño Igarapé, catorce de los veinte países del mundo con las más altas tasas de homicidios están ubicados en América Latina y el Caribe. Destacan los casos de Brasil, Colombia o Venezuela, donde muere una de cada cinco personas víctimas de homicidios en Latinoamérica.
Los homicidios en Venezuela se han ido incrementando durante las últimas décadas. A finales de los años 80 se dispararon los índices de muertes violentas en el país. En el año 1999 el registro fue 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en el 2016 fue de 70 por cada 100.000, volviendo a Venezuela el segundo país con la mayor tasa en el continente americano después de El Salvador.
Un patrón que se repite
Sin embargo, estas cifras no son únicamente por acciones de grupos violentos armados. De acuerdo con las cifras oficiales, 21,4% de las muertes violentas del país fueron producto del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en 2016. Los investigadores Andrés Antillano y Keymer Ávila, del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, explican que en los últimos años se han afianzado las intervenciones policiales donde se repite el mismo patrón: incursiones violentas, saturación policial, detenciones masivas y arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza. En la mayoría de los casos estas acciones se llevan a cabo en zonas populares y en poblaciones en situación de pobreza.
Este tipo de operativos se enmarcan en las políticas de “mano dura”, las cuales pueden entenderse como un conjunto de legislaciones, políticas, prácticas estatales y discursos, que coinciden en definir el delito como acciones llevadas a cabo por enemigos del país y justifican el uso de la fuerza. Estas políticas están claramente perfiladas como acciones militares adoptando sus prácticas y estilos.
Estos operativos concentran formas y métodos agresivos en grupos vulnerables social y económicamente. En general, implican la disminución de las garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de los Derechos Humanos.
Operativos violentos
Datos de asociaciones civiles señalan que en Venezuela se ha promovido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Esto se comenzó a reflejar en el aumento de detenciones arbitrarias y en el incremento de la población carcelaria en el país. Entre 2009 y 2011, el número de presos pasó de 30.000 a 50.000 privados de libertad, alcanzándose la población carcelaria más grande de la historia del país. Este aumento saturó el sistema de cárceles, fomentando las prácticas delictivas y la articulación de los grupos criminales dentro de las prisiones.
Otra de los resultados de estos operativos es el aumento de la violencia por parte de quienes representan las instituciones de seguridad, lo que se da en forma de maltrato físico, extorsiones, robos y ejecuciones. Los planes más recientes llevados a cabo por el Estado venezolano han sido el Plan Patria Segura (2013-2015) y las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015. Desde su implementación, los índices de muertes causadas por las autoridades policiales y militares se han incrementado cada año.
Es necesario destacar que la mayor parte de las muertes por fuerzas públicas entre el 2015 y el 2016 no son atribuidas directamente a los operativos realizados en estos planes. La mayoría de los casos se produjeron con organismos policiales que no participaron en los operativos. ¿Por qué? La tesis de Andrés Antillano y Keymer Ávila es que este comportamiento tiene un efecto de “cascada” que recae en el resto de los funcionarios, dándole carta blanca para abusar de la fuerza incluso fuera de los operativos militarizados.
Urge una reforma
La violencia policial era un problema al iniciar el milenio. En el 2006 se formó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), creada por el Ministerio de Interior y Justicia, la cual propuso algunas reformas que no se llevaron a cabo, entre estas: el entrenamiento en el tema de los Derechos Humanos, la consolidación de los datos a escala nacional y el registro e inventario de las armas en el país.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha señalado que en Latinoamérica las reformas policiales y del sistema de justicia penal que han tenido mayor éxito es donde prevalece el Estado de Derecho; en cambio, los sistemas de elevada impunidad y de falta de control estimulan el incremento de la violencia y dificultan su ejecución. Tal parece que este es el caso de Venezuela, donde los intentos de formar un cuerpo policial respetuoso de los Derechos Humanos han fracasado.
En vista del hermetismo del Estado en cuanto a las cifras oficiales acerca de la violencia, la organización Caracas Mi Convive y el medio digital Runrunes crearon el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, que combina periodismo de datos e investigación con participación ciudadana. Mediante la recolección de datos y el análisis de los insumos estadísticos, se busca identificar patrones que contribuyan con políticas públicas útiles ante los hechos delictivos.
Monitor de Víctimas registra el número de homicidios dentro del Área Metropolitana de Caracas desde hace más de año, y las cifras de la capital no escapan del escenario que presenta el resto del país: 36% de las muertes violentas en Caracas se le atribuyen a las fuerzas públicas del Estado.
En Latinoamérica y en otros países la violencia policial ha constituido un problema, sin embargo, se han implementado soluciones viables que han disminuido la impunidad y la delincuencia. El diagnóstico actual acerca de las cifras extraoficiales demuestra que es urgente un cambio significativo en el manejo de los cuerpos de seguridad del Estado y sus estrategias. Desde Caracas Mi Convive y el Monitor de Víctimas trabajamos para aportar y crear soluciones posibles al problema. Para ello, en los próximos artículos presentaremos algunas experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica que pueden servir de ejemplo en la elaboración de políticas públicas innovadoras para dar solución a un problema tan dramático como la violencia en Venezuela.
Este 13 de julio la OLP cumple dos años. ¿Qué nos ha dejado esta política? ¿Cómo podríamos evaluarla? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Ha mejorado nuestra seguridad? ¿Nuestras vidas se encuentran ahora más protegidas?
Comencemos por lo más básico. ¿Qué son las OLP?
Desde que se iniciaron no se ha publicado documento oficial alguno que definan claramente sus objetivos, alcances y protocolos de actuación. Hasta ahora lo que existen son múltiples declaraciones y videos propagandísticos. Según este discurso oficial, ¿cómo pudiera definirse las OLP?
Las OLP son, como la primera palabra lo indica, operaciones, procedimientos llevados a cabo por distintos cuerpos de seguridad que actúan de manera conjunta –es de destacar que las actuaciones conjuntas dificultan la adjudicación posterior de responsabilidades–. Su objetivo inicial era “liberar” “áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales, quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”. Este fue el discurso con el que fueron presentadas las OLP, que fue variando y no siempre fue coherente.
Es de advertir que este tipo de operativos no son novedosos en el país. La profesora Tosca Hernández hace unas tres décadas estudió este fenómeno desde el año 1958 a 1986. La OLP es, entonces, la continuidad de una lógica y praxis represiva de antaño, que los actuales gobernantes habían prometido no se repetiría en el país y que posiblemente se esté manifestando de una manera más letal y generalizada.
Un indicio de esto se puede apreciar al analizar las fuentes disponibles, tanto de registros criminales oficiales como de la mayoría de los datos no oficiales, que coinciden en una tendencia al aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.Los últimos dos años son emblemáticos por el aumento abrupto de estas muertes. En 2015 aumentaron 70% respecto al año anterior, y en 2016 el incremento fue de 163% respecto a 2015 y de 344% con relación al año 2014.
El Ministerio Público en su informe anual de 2015 registró unas 245 personas fallecidas en el marco de las OLP durante sus primeros cinco meses, estas apenas representaron, aproximadamente, 14% de las muertes totales en manos de los cuerpos de seguridad durante ese año. Lo mismo ocurrió el año 2016 en el que los fallecidos por las OLP apenas llegaron a 5%. Por ello es importante tener en cuenta que más que las OLP como campaña es fundamental develar el impacto que una política de esta naturaleza, con independencia de sus siglas coyunturales[1], tiene en la práctica cotidiana de los organismos de seguridad del Estado que los convierte en agencias violadoras de derechos fundamentales. Puede afirmarse que la política de respaldar este tipo de operativos militarizados, sin controles legales ni institucionales, impactó directamente en el incremento abrupto de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado en todo el país.
Al concentrarnos solo en las OLP, sin ver al resto de los operativos como una totalidad, pudiéramos estar invisibilizando inadvertidamente la gravedad real de la violencia policial y militar.
La violencia institucional también tiene un impacto directo sobre la violencia social y delictiva. El aumento abrupto de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado también influye en el comportamiento de los homicidios; ambos fenómenos tienen, en Venezuela, una tendencia al aumento. Así por ejemplo, en el año 2015 mientras las muertes en manos de las policías aumentaron un 70%, los homicidios lo hicieron un 20%, creciendo 9 puntos la tasa de homicidios por cien mil habitantes, se pasó de 49 a 58, la más alta hasta ese momento.
Para el año siguiente las muertes en manos de las policías aumentaron un 163%, los homicidios lo hicieron en un 22%. La tasa aumentó 12 puntos, se pasó así de una tasa de 58 a 71, la más alta de la historia del país, al menos de los registros de los últimas 5 décadas.
El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado dentro del total de los homicidios generales del país también se viene incrementando. En 2015 ocuparon el 10% y en 2016 creció 12 puntos para llegar a un 22%.
Estos operativos son poco eficaces para la reducción de la violencia delictiva, por el contrario contribuyeron a su aumento. Y así se pudo observar con las OLP, no solamente por el incremento de los homicidios ya descritos, sino también por el aumento de los secuestros, extorsiones, robos y hurtos; de la misma manera aún se mantienen enfrentamientos armados con grupos delictivos con posterioridad a la implementación de las OLP. Adicionalmente, como muestra de la dificultad de su sostenibilidad, en la medida que pasaba el tiempo cada vez se informaban de menores incautaciones de armas y recuperación de vehículos.
¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Para qué ha servido entonces la OLP?
Tomando las categorías de funciones manifiestas y latentes de Merton, pudiera afirmarse que las funciones manifiestas de las OLP son “combatir el crimen”, “ir contra los malos”, “defender a la gente decente de la escoria de la sociedad”, etc., y así como la inquisición luchaba contra el diablo que es la encarnación del mal mismo, las OLP luchan contra el mal en términos absolutos, sin ningún tipo de límite. El problema radica cuando los que combaten a ese mal terminan haciendo mucho más daño que el mal que adversan.
Las funciones latentes son varias, entre ellas pueden destacarse las siguientes:
1) Medio para legitimarse: en 2015 en el contexto de un año electoral sumergido en crisis de diversa índole, se opta por el camino aparentemente más sencillo, tomar la seguridad como bandera de la campaña electoral y a través de ella tratar de mostrar eficiencia ¿Cómo? Siguiendo las lógicas de la macdonalización, confundiendo cantidad con calidad. De allí el empeño de mostrar grandes cifras de detenidos y de “abatidos”, con independencia que se trate realmente de delincuentes actuando en flagrancia o no, así como de la proporcionalidad y legalidad de la actuación de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, esta función en 2015 no se cumplió porque los promotores de las OLP perdieron las elecciones legislativas. No obstante, ante la dificultad de asumir las otras crisis, como la económica o la política, durante 2016 el comodín de la inseguridad se mantuvo como el más accesible para el gobierno.
2) Rentabilidad política para los que ejecutan la política: con las OLP el aparato militar y policial no solamente gana poder bélico y señorío en la calle, sino que además se posicionan políticamente dentro de los espacios de toma de decisiones, teniendo cada vez más autonomía, discrecionalidad y recursos.
3) Mensaje autoritario: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al poder policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifestaciones extremas de poder como disponer de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia.
Esta forma política, represiva y autoritaria, trasciende a la “lucha contra el delito” y se expande como gestión generalizada de la conflictividad por parte del poder. Parece estar llegando ya a otros espacios y sectores sociales e institucionales, lo ocurrido en diversas zonas residenciales, cuyo caso más emblemático es el de las Residencias conocidas como “Los Verdes”, el ataque sistemático contra el Ministerio Público y la imposición inconsulta e inconstitucional de la constituyente, promovida a través de amenazas, pudieran ser nuevas expresiones de esta misma racionalidad.
El problema no son sólo las OLP, estas siglas son circunstanciales y serán otras el día de mañana. Esto no tiene que ver sólo con el actual gobierno, como se ha señalado, estos dispositivos no son una novedad, no tienen que ver ni con izquierdas ni con derechas, sino con una racionalidad bélica que se encuentra subyacente en el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder militar, policial y punitivo del Estado, que una vez que se legitima es difícil que sea reversible y en ese escenario perdemos todos.
Los discursos polarizantes y de unidad nacional suelen ser útiles para generar cohesión social y consensos. Así, por ejemplo, durante el mes de julio de 2015 de manera simultánea a las OLP se emprendió la campaña por la defensa del Esequibo contra la amenaza externa; mientras que hacia adentro el país se defendía del enemigo interno: el delincuente.
En el caso de las OLP los bandos político-partidistas (gobierno y oposición) -aparentemente confrontados y polarizados- optaron por reproducir un discurso muy similar, tanto en sus formas como en sus contenidos ideológicos. La polarización entre bandos político-partidistas, que domina la escena nacional, fue sustituida por una polarización del Nosotros (la ciudadanía, la clase política y los medios de comunicación) y Ellos (los supuestos delincuentes) (Van Dijk, 1996, 1999), propia de la lógica bélica y de la construcción del enemigo social. Los primeros deben resguardarse de los segundos, a los primeros hay que protegerles y respetarles sus vidas, a los segundos no. En estos últimos casos se trataría de vidas que no son dignas de duelo (Butler, 2010), por el contrario, sus muertes estarían justificadas política, social y mediáticamente. Las vidas de los primeros se lloran, las muertes de los segundos se aplauden.
Este proceso de criminalización y estigmatización ha sido acompañado de un discurso políticamente peligroso, que hace uso de términos que evocan al exterminio y la aniquilación, comparando a los presuntos infractores con “plagas” a las que hay que “tratar” como tales. En estos procesos los medios de comunicación son fundamentales.
El marco de referencia es la guerra y la aniquilación del “otro”. Es precisamente en esta lógica bélica que opera el periodismo incorporado.
Judith Butler, en su obra “Marcos de guerra. Las vidas lloradas”, explica el periodismo incorporado como la aceptación por parte de los medios de “informar sólo desde la perspectiva establecida por los militares y las autoridades gubernamentales”, “el que se atiene a las exigencias del Estado y del Departamento de Defensa”, lo que les asegura “el acceso al teatro de operaciones de la guerra”. Los medios terminan entonces siendo el aparato de propaganda de este tipo de políticas. El contexto en el que la autora hace el planteamiento es la invasión norteamericana a Irak.
Pero como las élites políticas insisten en mezclar y confundir el escenario de la guerra con el de la seguridad ciudadana, entonces el traslado del análisis crítico del primer escenario al segundo es útil. ¿Este fenómeno de periodismo incorporado no ocurrirá también en el ámbito de la seguridad ciudadana? ¿Esto no será lo que sucede en ocasiones con el llamado periodismo de sucesos? ¿Hasta qué punto algunos periodistas de sucesos no terminan siendo rehenes de los policías y militares, para ser instrumentalizados como sus aparatos de propaganda y legitimación? ¿El periodismo de sucesos no se convierte en ocasiones en un reproductor del discurso y de la lógica policial y militar? ¿El periodista de sucesos a veces no necesita quedar bien con quienes le filtran alguna foto sangrienta, una información que le asegure muchos clics, o llevarlos a un operativo para que tengan la mejor cobertura? ¿Algunos periodistas de sucesos no terminan legitimando las arbitrariedades y excesos policiales y militares? ¿Por qué priorizar el relato policial y militar sobre otros como el de los familiares, vecinos y testigos?
Sirvan estas preguntas para problematizar y contextualizar la discusión en torno al uso de las máscaras de la muerte que utilizaron los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el Valle el pasado viernes, donde hubo al menos 9 personas fallecidas en el marco de las OLP, ahora con “H” -¿“H” de humanismo o de homicidios?-. ¿Estas fotos cómo fueron tomadas? ¿Es una nueva línea propagandística de los cuerpos de seguridad o es el producto de un trabajo periodístico independiente? ¿Son un encargo institucional? ¿Los funcionarios posaron para las mismas? En algunas fotos da esa impresión. ¿Cuál es el contenido que acompaña a estas fotografías? ¿Cuál es el mensaje a pie de página y el titular? ¿Cuáles son los marcos y los contextos de estas imágenes?
A todo evento, lo más importante es analizar y cuestionar la masacre por goteo que resulta de este tipo de intervenciones. Si se cometen homicidios impunemente, si no hay ningún tipo de rendición de cuentas de cómo ocurren las muertes en el marco de operativos policiales -¿son efectivamente enfrentamientos o ejecuciones extrajudiciales?-, si son militares los que dirigen y ejecutan este tipo de procedimientos, que no se respete la normativa de los uniformes parece ser algo de menor importancia.
Todos discuten la máscara, la apariencia, pero no que hubo 9 muertos, incluso se presentan como algo natural, positivo y apriorísticamente como productos de un “enfrentamiento”. Nadie discute que según diversas fuentes (OVV, Antillano) hubo más de 5.000 personas fallecidas en manos de los cuerpos de seguridad del Estado el año pasado, esto significaría que este tipo de muertes aumentó más de un 100%. Pero no, lo importante es la máscara y lo que comunica, como si el mensaje no estuviese claro desde hace rato.
Una de mis líneas de trabajo ha sido analizar cómo los medios de comunicación, muchas veces, terminan definiendo las decisiones en materia de política criminal, mi objeto de estudio casi siempre es el Sistema Penal, del cual, sin duda, los medios de comunicación forman parte. Así como se analiza a la delincuencia y sus actores, al Sistema Penal y sus operadores, el periodismo de sucesos y el tratamiento mediático que se le da a las actuaciones de los policías y militares, en el marco de políticas de seguridad ciudadana, también deben ser objeto de estudio, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir.
En un video exclusivo para Runrun.es, una residente de Ciudad Caribia contó detalles de la OLP que se realizó en pasado 30 de junio en ese urbanismo. Revela que colectivos de Pérez Bonalde coordinaron la operación de intervención “policial”. Marcaron a sus víctimas días antes, usando como excusa los Clap. Luego entraron a sus viviendas y las ejecutaron
Para la elaboración de este reportaje se evaluó el comportamiento del delito durante un año de OLP en la Cota 905, El Cementerio y El Valle. Se contabilizaron los homicidios ocurridos entre el 13 de julio de 2015 y el 13 de julio de 2016. Las estadísticas muestran que 62,9% de las muertes se atribuyen a casos de violencia policial (ejecuciones extrajudiciales, presuntos enfrentamientos con delincuentes y OLP)
El análisis con expertos y la información sobre otros delitos permitió concluir que estos operativos no redujeron la criminalidad en estas tres “zonas de paz”. Un estudio elaborado por la ONG Provea muestra cómo la OLP en su nueva fase cambió su objetivo, que era el abordaje del problema de la inseguridad, y se convirtió en un “ejército de ocupación”, con la finalidad de recuperar territorios, mantener un control social y reprimir
@ronnarisquez @loremelendez @Angelicalugob
Infografía: Jessica Aharonov
Videos: Orlando Zamora
LAS GOTAS DE SANGRE DERRAMADA por Johan Pérez todavía se ven secas en el suelo de uno de los pasillos del edificio 12, de la Terraza C de Ciudad Caribia. En el número 14, la entrada de la residencia donde vivió y murió Joel Pérez, exhibe los signos de haber sido forzada. En el edificio 25 de la Terraza B, la puerta de la casa donde cayeron los hermanos Anthony y Julio López tiene las marcas de tres disparos. Son rastros de que en el urbanismo hubo una Operación de Liberación del Pueblo Nueva Fase (OLP-NF) el pasado 30 de junio que dejó siete muertos y 10 detenidos.
La historia de estas muertes no comenzó aquella madrugada sino cinco días antes, el sábado 25 de junio. A las 2:00 de la tarde se resquebrajó el silencio de la ciudad socialista que Hugo Chávez ideó en el Camino de los Indios, a 2,5 kilómetros de la autopista Caracas-La Guaira. Decenas de motocicletas y camiones con más de 100 hombres y mujeres armados, con camisetas oscuras y pantalones militares arribaron al terreno, que el fallecido presidente quiso convertir en “comuna” luego de verlo desde un helicóptero. Eran los miembros de varios colectivos que hacen vida en Catia, específicamente en las adyacencias de la estación de Metro de Pérez Bonalde.La visita había llegado con tres anuncios.
El primero fue recibido con aplausos: Proponían organizar los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP), creados recientemente por el Gobierno, para distribuir las bolsas de alimentos de la cesta básica en la zona. “La gente salió mayormente a apoyar eso, porque hablaban siempre de la comida y la comida”, contó un testigo que pidió la protección de su identidad. Ante la escasez de alimentos, cualquier método de abastecimiento es popular.
El segundo propósito vociferado era vengar la muerte de su camarada, miembro del colectivo, Omar José Molina Marín, de 38 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en abril pasado en una zona boscosa en la entrada de Ciudad Caribia. Molina era coordinador local y operador del Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), presidente del Colectivo Lautaro y vocero comunal. Había sido precandidato del PSUV a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Distrito Capital.
Honor y gloria a Omar Molina, joven dirigente del PSUV en Ciudad Caribia, asesinado hoy. Justicia! pic.twitter.com/M1nTNvjntO
Con el tercer anuncio se silenciaron los apoyos efusivos: los colectivos querían acabar con “los sindicalistas” que tenían bajo su control las obras de construcción del sector. Pero esos “sindicalistas” también son habitantes de Ciudad Caribia y de pronto los rostros de varios vecinos, supuestamente vinculados a actividades delictivas, fueron mostrados a todos los presentes través de una proyección con video beam en la plaza Hugo Chávez del complejo.
Los señalaban como paramilitares, vendedores de droga, gariteros, y en el mismo grupo metieron a Ana Cedeño, sub-directora de la escuela Bicentenaria Samuel Robinson y vocera del consejo comunal “Un sueño en revolución”, y a Margarita Fórnica, otra vocera comunal y trabajadora del Liceo Gran Cacique Guaicaipuro. “Cuando comenzaron con eso, la gente se fue retirando poco a poco”, aseguró la fuente. Los colectivos permanecieron allí hasta después de las 8:00 pm.
El domingo, 26 de junio, otro grupo de hombres armados, con uniforme militar, visitó el lugar. Eran funcionarios de la GNB. Dicen que fue Fórnica, quien mantiene contactos con el gobierno, la que pidió el apoyo de la Guardia Nacional para que hiciera requisas ese domingo y, a su vez, protegiera a los vecinos que no tenían nada que ver con los del sindicato. “Ellos (la GNB) tenían frenados a los colectivos ese día, porque querían subir otra vez pero no los dejaron”, apuntó el testigo.Muchos de los señalados en la proyección se fueron de Ciudad Caribia esa misma noche. Otros se quedaron porque no tenían nada que temer.
El lunes todo volvió a la “normalidad”, aunque comenzaron a correr rumores y la versión de que alias “Pata’e clavo”, uno de lo líderes del colectivo Pérez Bonalde en Ciudad caribia, había jurado que la OLP colocaría en sus pies las cabezas de los supuestos delincuentes
“Llegó la muerte mamá, esos colectivos son la muerte”
Pero la tranquilidad se esfumó en la madrugada del jueves 30 de junio, cuando grupos armados irrumpieron a las 4:00 am en el urbanismo y tomaron los edificios construidos por la Misión Vivienda. “Todo eso se veía negrito. Tenían sueter y chalecos negros, pantalones militares camuflados, guantes y la cara tapadas con pasamontañas. Venían en esos jeep blancos como los que tiene el Cicpc y camionetas oscuras, de esas destapadas atrás. También había motos de la Guardia Nacional y otras camionetas que decían Sebin”, contó una de las vecinas que observaba escondida desde su ventana.
Foto: MRIJP
Su hijo adolescente le advirtió aterrorizado: “¡Llegó la muerte mamá! Esos colectivos son la muerte”. Casi de inmediato los vecinos reconocieron, en el grupo de hombres armados y encapuchados, a varios de los miembros de los colectivos de Pérez Bonalde que habían estado el sábado en el urbanismo.
Con la advertencia de que se trataba de una OLP, estos hombres armados encabezaron el recorrido y la revisión de todas las terrazas del complejo, en compañía de funcionarios de los cuerpos de seguridad que ejecutan la OLP -Policía Nacional (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y Guardia Nacional (GNB)-.Nadie podía salir ni entrar del sitio. Los relatos de los habitantes del urbanismo reconstruyen escenas en donde se combinan los allanamientos ilegales “por orden de Nicolás Maduro”, los maltratos y abusos policiales, las amenazas y las ejecuciones extrajudiciales.
Una testigo cuenta en exclusiva para Runrun.es cómo los colectivos actuaron los colectivos con el apoyo de la OLP.
Alrededor de las 5:00 am, uniformados y colectivos estaban en la Terraza B, donde murieron Rodolfo Manrique y los hermanos Julio César y Anthony López. En la casa del primero, detalló un vecino, golpearon la puerta asegurando que se trataba de una OLP. Cuando la familia abrió, los encapuchados ingresaron y sacaron de su cuarto a Manrique, obrero de la construcción, quien estaba dormido. “Nos dijeron que se lo iban a llevar al Helicoide, pero cuando lo buscamos ahí, nos informaron que nunca había ingresado”, contó un pariente del hombre. En horas de la tarde, hallaron su cuerpo en la morgue del Hospital Periférico de Catia con un disparo en el pecho.
“Ahora uno siente miedo de cualquier uniformado, nos da terror que vuelvan a Ciudad Caribia, porque además de policías había colectivos y malandros”, aseveró otro testigo que declaró con la condición de que no se revelara su identidad. Aunque la mayoría lo vivió, prefieren decir que ese día no estaban allí. Nadie quiere hablar de ello y quien lo hace, lo hace con miedo.
El caso de los hermanos López es uno de los más comentados. “A esa mamá le mataron a sus dos hijos en su propia casa. Imagínese eso, ella no tiene a más nadie”, comentó un vecino. Anthony, de 25 años de edad, trabajaba como buhonero en Catia, mientras que Julio César, de 19 años, estudiaba bachillerato por parasistemas. Fue su madre quien abrió la puerta a las 5:00 am tras el anuncio de una OLP. La apuntaron con un arma. Al cabo de un rato, la sacaron de casa y la alejaron del sitio. Minutos más tarde, se escucharon varias detonaciones. El charco de sangre quedó en la sala. Los cuerpos de los muchachos los envolvieron en sábanas y lo tiraron en una camioneta pick up, que fue de parcela en parcela recogiendo los cadáveres. “Esa gente disparó hasta después de matarlos. Se pusieron a echarle tiros a la pared y a la puerta para que pareciera un enfrentamiento”, comentó un conocido de la familia.
Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comisiones del Cicpc llegaron al lugar para realizar las experticias de rigor. En la Terraza C cayeron Joel Pérez y Johan Pérez, quien es señalado como líder de la banda “Los sindicalistas”. La entrada del edificio 14, donde vivía el primero, fue violentada. El portón de rejas rojas por el que se accede a este, descansaba días después sobre una pared luego de haber sido arrancado. Vecinos afirmaron que llegaron directamente a su casa a buscarlo. Allí adentro lo mataron.Johan Pérez trató de escapar de los hombres armados, pero no lo logró. A escasos metros de la entrada de su casa se veían, días después, las gotas de sangre que derramó en la huida infructuosa.
“Si tú ves que viene un encapuchado, entra a una casa y mata a una persona, tú no puedes estar tranquilo”, indicó un habitante de Ciudad Caribia a quien le revisaron la vivienda. “Me dijeron que me quedara tranquilo y que tenía que colaborar. Yo estaba desayunando y esa gente entró a todos los cuartos y al ratico salió. Estaban buscando a Johan”, acotó un testigo.La lista de decesos difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz incluye a Jordán Pérez Castillo y Ricardo Fabián Cruz Cardona, pero no a Julio César López. Las fotos de todos los que murieron habían salido en la proyección hecha por los colectivos el sábado anterior.
En la Terraza B también hubo varias detenciones. En el edificio 11 sacaron de la casa a todos los hombres y los arrodillaron en los pasillos. A varios los golpearon y los llevaron en un camión al Sebin. “A mi nieto de 14 años, que es un menor de edad, lo levantaron de su cama y lo apresaron con la excusa de que era un vendedor de droga y que tenía una pistola. ¡Cómo van a hacer eso! Yo vi lo que pasó y él no tenía nada de eso. Todo fue un abuso, Maduro va a terminar matando a los hijos de uno”, contó indignado un habitante de Ciudad Caribia. A su nieto lo liberaron al día siguiente.
Con esa misma suerte no corrió Italiani Muzzo, un chófer que fue detenido en el procedimiento. Luego de haber sido llevado a El Helicoide, permaneció encerrado en un camión en La Yaguara, «secuestrado» por funcionarios policiales que le exigían a su familia el pago de un rescate para dejarlo en libertad. Ahora está en los calabozos de la PNB en San Agustín. Su rostro, aseguró un testigo, fue mostrado en la proyección de video beam. “A ese no lo mataron porque la familia no lo dejó y porque tenía a su hija cargada. Ahora, los policías le están pidiendo 400 mil bolívares para liberarlo y le aseguraron que en cualquier momento regresaban para hacerle daño a la esposa y a los niños si no les pagaba. Pero esa gente no tiene nada”, relató.
Un gringo en manos de paramilitares de Pérez Bonalde
En el edificio 12 fue detenido Jhosua Anthony Hold (24) y su esposa Tamara Belén Caleño (25). El primero, es un ciudadano estadounidense que había venido al país para casarse, tenía menos de un mes en Venezuela. Esperaba que a Caleño, recepcionista del Centro de Diagnóstico Integral (CDI), le entregaran los documentos necesarios para que se residenciara con él en Estados Unidos.
Una nota de prensa del Ministerio Público señala que el día de la OLP, los funcionarios ingresaron a su casa tras observar una “actitud sospechosa”. En el apartamento supuestamente consiguieron un fusil AK-47 y un facsímil de granada. A ambos los dejaron detenidos en el Sebin de El Helicoide por porte ilícito de armas de guerra.“Eso se lo sembraron, estoy segura. Conozco a Tamara y ella no tenía eso en su casa”, sentenció una vecina de la Terraza A que conocía a la joven detenida.
Tanto Hold como Caleño pertenecen a la iglesia mormona de los Santos de los Últimos Días. Aunque fueron detenidos el jueves 30 de junio, no fue sino hasta el viernes 8 de julio -una semana después- cuando se conoció la noticia de que habían sido imputados y privados de libertad. Versiones extraoficiales señalan que el estadounidense permaneció en Sebin sin ser presentado en tribunales, mientras era extorsionado. Como no pagó por su libertad, lo dejaron preso.
Foto: MRIJP
Dos semanas después de aquella OLP, pocos quieren hablar de lo sucedido. Los familiares de muchas de las víctimas trabajan en instituciones del Gobierno establecidas en el mismo urbanismo, y en estos tiempos es mejor cerrar la boca y aguantar el llanto para no perder el empleo.
Además en Ciudad Caribia viven ahora varios miembros de los colectivos que ese 30 de junio estaban junto a los policías. Uno de ellos, descrito como un hombre lleno de tatuajes, se mudó dos semanas antes de los hechos a un apartamento que le quitaron a una pareja con cuatro niñas en una OLP anterior. El nuevo «propietario» entró y se apoderó del lugar supuestamente con una “orden presidencial”, afirmó un vecino.
“Ahorita está tranquilo, pero en las noches esto es horrible porque esta gente sale (los colectivos) y se pone a merodear por ahí. Son esa gente que vive así, por vivir, y viven feo. Entonces, lo que uno hace es encerrarse. Esa gente lo que quiere es apropiarse de las construcciones, de las obras”, apuntó un habitante.
Dos hombres que esperan al autobús de la única ruta que los saca de Ciudad Caribia, añaden que la mayoría de los muertos eran “los malandros del sindicato”, quienes cometían secuestros, robos y controlaban no sólo las obras, sino también la venta de estupefacientes. “Pero las cosas no se hacen así. No pueden venir aquí a matar a la gente, porque ellos tenían derecho a defenderse. Esos son los derechos humanos. Además, ahí también murieron inocentes. Y fueron muchos más de los que dicen los periódicos, porque ahí murieron más de 20 personas y otras están desaparecidas”, recalcó uno de los habitantes de la que sería la “comuna” soñada por Chávez.
En Ciudad Caribia también queda una dependencia del Ministerio Público. Una inscripción en la fachada dice: Fiscalía 162° de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Unidad de Atención a la Víctima. El equipo de Runrun.es, que visitó el urbanismo, intentó conversar con los fiscales de esa oficina acerca de las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos sin orden judicial y la participación de colectivos en la OLP-NF del 30 de junio. Pero uno de los funcionarios dijo que allí “no trataban esos casos” y se negó a responder qué tipo de casos trabajaban entonces. En la parte baja de la puerta del edificio también se lee la consigna: “¡No a la impunidad!”…
… Esta historia continuó y el jueves 14 de julio, una OLP sorprendió a los habitantes del Observatorio en el 23 de Enero. Según testigos, también allí los colectivos dirigieron a los cuerpos policiales en el procedimiento que acabó con la vida de 5 presuntos delincuentes.
A un año de la OLP, la actividad del crimen organizado sigue casi intacta en la Cota 905, El Valle y El Cementerio. El tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros y los homicidios no solo se mantiene en esta “zona de paz”, sino que algunos de estos delitos han evolucionado hacia sofisticadas prácticas.
En el caso de los homicidios,Runrun.es recopiló la data de un año de asesinatos -desde que inició la OLP- en los tres sectores y la violencia policial domina las estadísticas. Más de 62,9% de las víctimas son presuntos delincuentes que murieron a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: en supuestos enfrentamientos con las autoridades, ejecuciones extrajudiciales y en el marco de la OLP.
Las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y simulación de enfrentamientos por parte de funcionarios policiales fueron comunes en muchas de las muertes, especialmente a las cometidas dentro de la OLP. Sobre este punto el abogado y criminólogo, Keymer Ávila afirma: “El efecto de toda esa violencia institucional es el aumento de la violencia social general e incluso la que opera en contra de los propios funcionarios de las fuerzas de seguridad. Así podemos apreciar como las muertes de policías no disminuyeron”.
Ávila está convencido de que los resultados de la OLP no son exitosos. “Ante la pregunta sencilla: ‘¿Disminuyó la violencia delictiva en el país?’. Lamentablemente la respuesta es no. Las OLP solo contribuyeron a su aumento. Este tipo de operativos incrementa tanto los delitos violentos cometidos por los propios cuerpos de seguridad, así como los de la sociedad en general. En 2015 aumentaron 53% las muertes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, en comparación con 2014”.
La data trabajada por Runrun.es tmabién refleja que 19% de las personas murieron a manos del hampa y 5% de los fallecidos son funcionarios policiales. Además el mes de abril de 2016 fue el más violento de la medición, con 32 casos; seguido por diciembre de 2015, con 26 casos y septiembre de 2015, con 24 muertes violentas. Si bien no hay una comparación con los homicidios ocurridos antes de la OLP de julio de 2015, sí se puede establecer que desde ese mes, solo junio de este año, con 9 casos, muestra una reducción significativa en las cifras. Contradictoriamente ha sido el mes con más homicidios este año en Caracas: 500 casos.
No solo se mantiene una escandalosa cantidad de homicidios, más allá de los números están las características de muchos de estos crímenes. Cuando se trata de una venganza, las bandas se ensañan con sus víctimas. No basta con darle varios tiros, quemar, descuartizar y torturar forman parte del nuevo ritual del asesinato.Cuando el objetivo es funcionario de los cuerpos de seguridad, y específicamente policía, la crueldad es aún mayor. Y en ocasiones la sangre del policía no es suficiente, así que los delincuentes van por sus hijos o por sus familiares. En marzo de este año se reportó el asesinato del jefe de la brigada Motorizada de Policaracas, Larry Morillo, junto a su hijo Yonaiker Morillo. Ambos cuerpos fueron quemados por sus victimarios.
También en marzo alias “El Lucifer” y “Cabeza de Bruja”, muertos posteriormente en supuestos enfrentamientos con la policía, armaron un ejército de más de 150 hombres y atacaron a los líderes de una banda rival en El Valle. Este hecho dejó 9 muertos, y dio inicio a un “toque de queda” impuesto por el hampa a los habitantes de las 3 zonas y la avenida Nueva Granada.
Pero el homicidio no es el único que delito que sirve como indicador de que no hubo una reducción de la criminalidad en la zona donde nació la OLP. Se calcula, con base a cifras extraoficiales del Cicpc, que 25% de los secuestro denunciados en Caracas en 2015 fueron cometidos por bandas que operan en el eje Cota 905-El Cementerio-El Valle-La Vega. Esto equivale a 58 plagios conocidos por las autoridades, pues solo uno de cada 10 secuestros es denunciado en el país. El mismo registro indica que entre agosto y noviembre -inmediatamente después del inicio de la OLP- se conocieron 12 casos de víctimas que estuvieron en cautiverio en esas zonas, entre ellas la hijastra del jefe de Interpol Venezuela, comisario Ramón Silva Torcat.
Este año, si bien las bandas de la zona han estado de bajo perfil, se afianzó el cobro de rescates en dólares, que iniciaron las organizaciones de plagiarios de la zona el año pasado. En un operativo “que se llevó a cabo en la Cota 905 desde la madrugada del martes 3 de abril… los funcionarios incautaron 5 armas, 80 gramos de drogas y 250 mil dólares en efectivo”, refiere una información difundida por el Ministerio de Relaciones Interiores.
Las bandas de la Cota 905 y El Cementerio también son las creadoras de la “tercerización del secuestro”. Estos grupos de delincuencia organizada contratan personas solo para que se ocupen de capturar a las víctimas. “Forman diariamente tres o cuatro grupos de secuestradores, integrados por 4 o 5 personas cada uno. Todas estas personas reciben 1.000 dólares de pago. Cada grupo asume el compromiso de llevar entre 3 y 5 secuestrados por día”, explica un experto en la investigación de secuestros. Posteriormente las víctimas son entregadas a la organización delictiva que se encarga de cobrar el rescate, con montos que van desde los 5.000 dólares.
El experto asegura que a pesar de la muerte de “El Lucifer” -quien lideraba una de las bandas más poderosas de la zona- los secuestros en se han incrementado en ese eje, así como también crecieron en el país 166% en el primer semestre de 2016, según cifras extraoficiales del Cicpc. Afirma que, al menos, hasta junio continuaba operando un grupo de secuestradores en El Cementerio.
El cobro de vacuna o extorsión es otro de los delitos que se ha consolidado en esta zonas. Los comerciantes y transportistas son obligados por los delincuentes a pagar un peaje para poder ejercer su actividad. “Los gariteros son quienes cobran las vacunas en El Valle, Cota 905 y El Cementerio. Por lo general lo hacen los viernes en la mañana. Por ejemplo, a una panadería en El Cementerio le cobran 40 mil bolívares semanales. A un comercio pequeño le cobran 5 mil bolívares semanales y en otros establecimientos la vacuna oscila entre 10 y 15 mil bolívares”, detalló un vecino del sector.
También se mantienen operando las bandas de robo de vehículo y el principal negocio de estas organizaciones criminales sigue siendo el tráfico de drogas. En opinión del ex director del Cicpc, “las medidas coyunturales y puntuales como las OLP no son suficiente para combatir la criminalidad. No se puede combatir la violencia con violencia. Son necesarias políticas que educativas y de atención social”.
En una intervención reciente en un foro sobre inseguridad organizado por el grupo Últimas Noticias, el psicólogo y jefe de la Cátedra de Criminología de la UCV, Andrés Antillano, aseguró que durante la implementación de OLP aumentó la violencia policial y aumentó la violencia social en el país. “Estas prácticas incrementan la violencia y en particular las violencia contra los más pobres. Mientras más abatidos, pareciera ser el mensaje, mejor”.
Afirmó, con base a las cifras oficiales de homicidios clasificados como resistencia a la autoridad y presunta averiguación muerte, que “se trata de una lógica bélica de exterminio. Solo en la guerra un objetivo puede ser puede ser la muerte de un adversario. No es la seguridad ciudadana el mejor escenario para pensar en términos bélicos”.
El experto agregó que: “Estas políticas de mano dura lejos de reducir los homicidios los han aumentado. Se relaciona el aumento de los homicidios con el aumento de la violencia policial”. Y señaló que en 2015, 15% de los homicidios están atribuidos a la intervención de policías o militares.
“Sensación de seguridad” en el corredor de la muerte
El legado de los difuntos ex cabecillas de las bandas que operan en el eje Cota 905, El Valle y El Cementerio se mantiene sigiloso en los barrios de los tres sectores populares, que a inicios de 2015 se consolidaron como “zona de paz”, gracias a la intervención del ex viceministro de Relaciones Interiores, José Vicente Rangel Ávalos,y luego de un pacto de no agresión que hicieron los delincuentes para enfrentar a la policía, desplazarse por sus territorios con libertad y proteger su negocio: el comercio de droga.
Pero el acuerdo de “paz” empezó a debilitarse en marzo de este año. Una guerra entre delincuentes dejó 9 muertos, entre ellos “Franklin el menor”, uno de los cabecillas del grupo del barrio El 70 en El Valle. Posteriormente sus verdugos y adversarios, “El Lucifer” y “Cabeza de Bruja”, cayeron en procedimientos policiales. Con la desaparición física de los principales jefes de bandas de la zona y la llegada de la OLP-NF, el 10 de mayo, comenzó a cambiar la rutina el en “corredor de la muerte”, como bautizó el ex diputado oficialista Freddy Bernal a este eje.
Los grupos delictivos han asumido una conducta bajo perfil para resguardarse. Dejaron de comunicarse a través de los radios portátiles -que siempre llevaban consigo- poco después de la primera OLP. Suponían que la policía los escuchaba por una de las frecuencias y así los ubicaba. Con la nueva fase del operativo, los vecinos aseguran que no se ha visto más a los jóvenes “gariteros”, que por lo general pasaban el tiempo en cibers y en puntos estratégicos para informarle a los líderes de las bandas cómo es el movimiento en la zona.
Los cambios de luces que debían hacer los conductores de jeeps y vecinos con sus vehículos, para identificarse cuando subían al barrio, ya no son necesarios. Los recorridos en motos por las noches, tampoco se han repetido. Estas “normas” impuestas por las bandas, al menos por ahora, dejaron de ser rutina en el barrio. Los vecinos se sienten más tranquilos porque los policías en esta nueva etapa están de manera permanente en la zona.
Una mujer que administra una Bodeguita de La Patria en la misma zona, relató que desde que inició la segunda fase de la OLP, los miembros de las bandas ya no se desplazan libremente por el barrio. “Como la policía ahora está aquí, ya no se ve a los malandros por ahí”, dijo. Pero como los delincuentes también comen, la condición de resguardo no les impide acceder a los “beneficios” de los Clap. “Ahora encargan sus bolsas y las mandan a buscar”, con el respectivo pago, aclara la dependiente.
“Sentimos temor, no lo podemos negar, de que se sigan desarrollando enfrentamientos entre delincuentes y policías. Pero estamos más tranquilos. Por primera vez sentimos que hay ley en el barrio. Ya no se escuchan tantos tiroteos y los delincuentes no se muestran sobrados al frente de nuestras narices”, explicó un vecino de la calle 2 de Los Jardines de El Valle.
Una residente del sector Los Laureles de la Cota 905 que dice sentirse más tranquila explicó: “Los policías han instalado unas especies de comisarías en algunas viviendas que fueron abandonadas por familias desplazadas por el hampa, como por ejemplo, casas en las que vivían funcionarios policiales amenazados por delincuentes. En estos espacios los policías hacen sus guardias y a las 6:00 de la mañana cambian el turno con otros compañeros”.
Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, explica que con la OLP se han dado tres tipos de desplazamientos urbanos: Familias desplazadas por delincuentes, familias desplazadas por policías y policías desplazados por delincuentes. «Ha sido un fenómeno silencioso y no atendido por el Estado. En este momento conocemos 12 casos», dijo.
Aunque “Lucifer” -delincuente que impuso el toque de queda a comerciantes y vecinos del eje Cota 905, El Valle y El Cementerio- está muerto, su “ley” sigue viva: desde las 7:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana el tránsito por las calles de estos sectores es prácticamente nulo. No es fácil vencer el miedo.
Una pareja de esposos que vive en el barrio Primero de Mayo de El Cementerio también confirma que el barrio está más tranquilo. Sin embargo, ambos tienen claro cómo se ha consolidado la nueva fase de la OLP. Explican que los funcionarios de los cuerpos de seguridad se apoyan en información que les dan algunos vecinos para identificar a los delincuentes. Pero además advierten la presencia de nuevos actores: los colectivos.
Estas organizaciones paramilitares -que operaban en algunas parroquias del oeste de Caracas- ahora apoyan, participan y hasta lideran en el plan de seguridad ciudadana. “Estos grupos están volviendo a tener control, luego de la segunda fase de la OLP, pues en 2015 tanto ellos (los colectivos) como la policía habían perdido terreno debido al pacto de paz entre las bandas”, dijo un vecino de El Cementerio.
El lunes 11 de julio a las 11:30 de la noche vecinos del sector vieron cómo seis hombres encapuchados, con armas largas se llevaron a la fuerza a dos adolescentes, que supuestamente tienen vínculos con bandas del sector. Un tercer joven logró escapar porque los hombres le dijeron que corriera por su vida. Una versión extraoficial refiere que quienes se llevaron a los menores de edad son integrantes del colectivo Divino Niño, que opera en el barrio Los Sin Techo.
Además de la llegada de los colectivos, el “fantasma” de las bandas sigue en el sector. Testimonios de vecinos refieren que está circulando un mensaje amenazante de los nuevos líderes de grupos delictivos: “Las familias sapas que nos han vendido con la policía nos la van a pagar”. La advertencia ha sido difundida en cadenas enviadas por mensajes de texto y de whatsapp, pero también de boca en boca entre los lugareños.
El asesinato de la líder de la UBCH, Elizabeth Aguilera, de 43 años de edad, el 28 de junio confirmó que los delincuentes “no están jugando carrito”. La mujer fue atacada a tiros y posteriormente quemaron su cadáver, en venganza por presuntamente darle información a la policía. La OLP-NF en esta “zona de paz” parece ser solo una “sensación de seguridad”.
El sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, considera que las OLP no son una política acertada para pacificar a la sociedad. “violencia trae violencia”, precisa al referirse a la segunda fase de este plan de seguridad: “Era evidente que los delincuentes iban a tomar represalias con los vecinos porque los funcionarios están incursionando en los barrios como los militares, en una acción de invasión sin una previa labor de inteligencia en la zona y, ¿quiénes les dan información de los grupos criminales?, los habitantes del barrio”.
El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, no tiene la menor duda de que las OLP tienen aceptación en la sociedad, incluso aún más en los sectores populares en donde los cuerpos de seguridad las aplican.
“Este operativo tiene aceptación porque la gente en medio de la desesperación pide a gritos a la policía en el barrio y lo están cumpliendo. Eso es popular, pero muchos de estos funcionarios no tienen formación en Derechos Humanos y en muchos procedimientos han muerto inocentes. En Venezuela no hay pena de muerte”, advierte Cedeño.
Para el desarrollo de la segunda fase de la OLP, a juicio de Briceño León, es necesario que las autoridades ejecuten un programa de restauración social en la zona que baje el tono de violencia y de confrontación. “Por más que estos grupos de funcionarios, que por lo general no tienen la preparación para este tipo de operativos, se instalen en las zonas, no van a tener la capacidad para frenar la venganza de los grupos delictivos en contra de los vecinos”, precisó el sociólogo, quien considera que los ataques y asesinatos a policías por parte de criminales son una respuesta a operativos como las OLP.
Así mutó la OLP en su nueva fase: Represión y control social
Cuando se cumple un año de implementación, ¿qué impacto ha tenido el llamado Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) en Venezuela? Esa es la pregunta que responde Keymer Ávila para Humano Derecho, profesor de criminología de la UCV e investigador del Instituto de Ciencias Penales. Para Ávila las OLP lejos de reducir la inseguridad han aumentado los delitos violentos en el país, generando una serie de violaciones de derechos humanos contra las comunidades populares del país. El criminólogo describe cómo debería ser una buena política en materia de seguridad ciudadana, para lo cual «no hay recetas mágicas».
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