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Johan Petrica

El Tren de Aragua: de Tocorón al Arco Minero con oro, drogas y violencia
Aunque la sede principal del poder de la organización delincuencial residía en la desalojada cárcel de Tocorón, la banda armada tiene presencia desde hace años en otras zonas estratégicas de Venezuela, como el Arco Minero del Orinoco, el enclave decretado desde el gobierno para la explotación y comercio de metales y piedras preciosas en el estado Bolívar, al sur del país. En su libro, la periodista de investigación Ronna Rísquez, siguió los pasos de la megabanda y estos la llevaron hasta el pueblo de Las Claritas, donde el grupo impuso su sistema de gobernanza criminal y controla cada aspecto de la vida de la comunidad

 

@ronnarisquez

 

Eran cerca de las 11:00 de la mañana cuando íbamos por el kilómetro 27 de la Troncal 10, la vía que conecta los pueblos mineros más importantes del sur del estado Bolívar con la Gran Sabana y Santa Elena de Uairén, en la frontera entre Venezuela y Brasil. Habíamos pasado Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Dorado, y nos dirigíamos a Las Claritas, en el Kilómetro 88.

—¡Para ese carro ahí, para ese carro ahí! —gritó un hombre con violencia y determinación hacia el vehículo donde viajaba junto a otra colega periodista y el transportista.

El hombre usaba una camiseta manga larga, tipo sudadera, con estampado selvático. Llevaba un radio en la cintura y un pequeño bolso terciado en el pecho.

—¡Baja el vidrio, baja el vidrio! Me dicen que están tomando fotos de aquí, de este carro –repite mientras escucha las indicaciones que le dan por el radiotransmisor.

Todos quedamos paralizados. Era verdad, desde el vehículo en marcha mi compañera había tomado algunas fotos de las empresas mineras que están ubicadas al borde de la carretera. ¿Pero cómo lo sabía este hombre? ¿Cómo se dio cuenta?

El hombre era un garitero, como se denomina en Venezuela a las personas que cumplen funciones de vigilancia y seguridad para los grupos armados, como los de la megabanda de El Koki que vi en la Cota 905, en Caracas, o los que rodeaban la cárcel de Tocorón, que comandaba el Tren de Aragua. El que le hablaba por radio era otro garitero apostado en otro punto de la carretera, quien nos había visto tomar las fotos.

Recordé que había hecho un par de fotos también, pero del paisaje de la zona, con mi teléfono. Y eran justamente las últimas imágenes que tenía archivadas.

—¡No! Nosotros las fotos que hicimos son estas del paisaje. Toma, aquí están −le dije con miedo, mientras le extendía mi celular para que lo agarrara.

Él no tomó el teléfono, se conformó con mirar las últimas fotos que yo le mostré desde el carro.

—Está bien. No se asusten. Pueden seguir −dijo, antes de dejarnos continuar.

Estuvimos en silencio durante los siguientes cinco minutos del viaje. Logramos recuperarnos del susto unos kilómetros más adelante, cuando nos sorprendió una valla gigante que anunciaba la llegada al “Kilómetro 88-Las Claritas”.

La valla mostraba los rostros de las figuras más importantes y simbólicas de la revolución bolivariana. De izquierda a derecha aparecían Simón Bolívar, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez (vicepresidenta de la República), Tareck El Aissami (exministro de Petróleo), Iris Varela (diputada del PSUV y exministra de prisiones), Tarek Williams Saab (Fiscal General), Vladimir Padrino López (ministro de la Defensa), Ángel Marcano (gobernador de Bolívar) y Vicente Rojas (alcalde del municipio Sifontes). Además de las fotos, se expresaba el apoyo “siempre a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros”.

 

 

 

El cuarto yacimiento de oro del mundo

Las Claritas es un lugar polvoriento, con calles cubiertas por una arena amarilla que al juntarse con el agua de lluvia se convierte en barro. En eso se parece a los otros pueblos mineros que habíamos visto en el camino. Pero aquí había más movimiento, más comercios, más gente, más vida.

La razón es que no se trata de cualquier pueblo minero. Este es el corazón, la capital de la zona donde está el yacimiento de oro más grande de Venezuela, y el cuarto más importante del mundo, con reservas por el orden de 1 millón 480 mil kilos. Tiene una ubicación estratégica entre la zona minera y el parque nacional Canaima. Es también el centro de las operaciones comerciales de un territorio de más de 74 kilómetros cuadrados de actividad minera, donde además hay otros minerales y piedras preciosas, como diamantes. Y está en la vía hacia Brasil.

Al recorrer el pueblo llama la atención la cantidad y variedad de comercios. Las tiendas que ofrecían material para minería tenían nombres como Valle del Cauca (un departamento colombiano), La Costeña (como se llama en Colombia a una mujer que venga de la costa atlántica) y La Azulita (un pueblo del estado Mérida en la frontera con Zulia), que daban idea del origen de algunas de las personas que se instalaron allí.

También había un local comercial similar a uno que vimos dentro de la prisión Tocorón, con los logos de Balenciaga, Gucci y Nike en las vitrinas, y muchos hombres con camisetas iguales a la del garitero que nos había parado en la Troncal 10. Andaban en motos y se juntaban en las esquinas para ofrecer servicios como mototaxistas. Luego supimos que también eran gariteros que vigilaban todo el pueblo y usaban el trabajo de mototaxi para disimular su verdadera función. Un par de ellos permanecieron afuera del local donde nos detuvimos para conversar con un comerciante durante el tiempo que duró la entrevista. No hacían nada, solo estaban allí.

Durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei, entre 1958 y 1993, se entregaron concesiones a las empresas canadienses Crystallex y Gold Reserve para la explotación de las minas Las Cristinas y Las Brisas, las dos más importantes de Las Claritas, con reservas potenciales de 7 mil toneladas de oro según estudios hechos entonces por ambas transnacionales. Después de varias modificaciones en las condiciones, en 2008 el gobierno de Hugo Chávez rescindió arbitrariamente los permisos a ambas empresas. Las compañías demandaron al Estado venezolano, y en 2017 se anunció que habían ganado la disputa en una corte internacional, por lo que ya hay indicios de su regreso al país, específicamente a la zona de Las Claritas.

 

Oro de sangre

Otro hito importante para entender la explotación minera es el decreto de nacionalización de la minería y la comercialización del oro en 2011. Para entonces, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, ya había permitido la instalación de estructuras armadas no estatales para que controlaran la explotación minera, según han revelado investigaciones de Transparencia Internacional Venezuela. Fue de allí de donde salió la banda de “El Topo”, delincuente que cobró fama en 2016 con la llamada masacre de Tumeremo, cuando ordenó el asesinato de 17 mineros. El gobernador Rangel Silva intentó minimizar el hecho para que no fuera investigado, porque al parecer “El Topo” era uno de los hombres que él había puesto al frente del control de unas minas.

Desde entonces las noticias y denuncias sobre masacres y desapariciones son una constante en el sur de Bolívar. La violencia forma parte de la cotidianidad, es la base de las relaciones, se usa para resolver las disputas y para desplazar y sacar del camino a los adversarios. De allí la etiqueta de oro de sangre que se ha asociado al oro venezolano.

El desborde de la violencia también coincide con otro hito histórico: la publicación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016.

 

 

Un informe publicado en 2020 por la Oficina de la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que aborda el tema del Arco Minero del Orinoco, identificó al menos 16 incidentes violentos o “disputas” ocurridas en cuatro años −entre 2016 y 2020− que dejaron 149 personas muertas. Presuntamente los cuerpos de seguridad participaron en algunos de estos hechos.

“Las personas que trabajan en la región del Arco Minero del Orinoco en Venezuela están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área”, dice el documento. Agrega que los grupos armados, conocidos como sindicatos, “deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, dice el documento.

Desde la publicación de ese informe y el paréntesis de la pandemia, la situación no ha cambiado. El más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU (una instancia independiente que investiga el caso de Venezuela por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU), publicado en septiembre de 2022, ratifica las denuncias y habla de violaciones a los derechos humanos.

“Estas violaciones y delitos son perpetrados tanto por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera, así como por actores no estatales. Estos actores no estatales incluyen grupos criminales (conocidos como sindicatos y pranatos) y grupos guerrilleros de Colombia. La investigación se centra, aun cuando no exclusivamente, en el período posterior a 2016, fecha formal de creación del Arco Minero del Orinoco”, concluye la investigación.

 

Un «papá» en las minas

Actualmente cada pueblo minero importante del sur de Bolívar es controlado por un grupo armado: en Guasipati manda el Tren de Guayana; en El Callao está el sindicato El Perú; en Tumeremo domina la Organización R; en El Dorado gobierna el sindicato del “Negro Fabio”; y en Las Claritas había un cogobierno a cargo Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, y Yohan José Romero (Johan Petrica), uno de los tres papás del Tren de Aragua.

 

 

“Juancho” tomó el control del Kilómetro 88 en 2009, de la mano del exgobernador Rangel Gómez y de su secretario de Seguridad, el general del Ejército Julio César Fuentes Manzulli, según denuncian investigaciones de Transparencia Internacional Venezuela. Este delincuente reinó solo en ese importante territorio, con la simpatía y complacencia de funcionarios del Estado hasta finales de 2015 aproximadamente, cuando llegó Johan Petrica a hacerle compañía.

Johan Petrica llegó a la zona poco antes del anuncio de la creación del Arco Minero. Al principio no usaba su nombre, se camufló bajo el alias de “El viejo” y más adelante fue conocido como “El viejo Darwing”. Se corría el rumor de que venía de Tocorón, y también se hablaba de sus nexos con los grupos de Valles del Tuy, los dos lugares de donde provenían la mayoría de las personas que comenzaron a llegar para trabajar en las minas de Las Claritas.

Por varios años ambos jefes criminales compartieron el gobierno en Las Claritas con armonía. Pero con la salida de Rangel Gómez de la gobernación en 2017 y la llegada de Justo Noguera Pietri al cargo, el pran de Tocorón se fue fortaleciendo y el equilibrio de poder cambió. Para 2022, Johan Petrica había logrado finalmente quedarse con todo el control de las minas del Kilómetro 88 y el pueblo de Las Claritas, luego de desplazar a Juancho hacia otras minas cercanas. La conquista no fue poca cosa, considerando la tradición, el liderazgo y las conexiones de las que gozaba Juancho. Este “cambio de gobierno” criminal coincidió con la llegada del nuevo gobernador, electo en noviembre de 2021, Ángel Bautista Marcano Castillo.

El aterrizaje de Johan Petrica en el Kilómetro 88 también coincide con el nacimiento de la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera S.A. (Mindeminec), en 2016, que es el resultado de una alianza entre la Corporación Venezolana de Minería (en representación del Estado Venezolano), con 55 por ciento de las acciones, y GR Mining Inc (de Barbados), con 45 por ciento. Esta última accionista en realidad sería una filial de la canadiense Gold Reserve, la misma a la que Chávez le revocó los permisos y que luego le ganó la demanda al Estado venezolano, por lo que conoce bien el valor de explotar las minas Las Brisas y Las Cristinas.

“Aquí todo funciona bajo la figura de las alianzas. Alianzas entre entes gubernamentales, empresas privadas, instituciones y delincuentes. Esas alianzas que se forman con compañías legalmente constituidas, y tienen vínculos con la Corporación Venezolana de Minería (CVM)”, explicó Pablo Morales, comerciante del pueblo, para describir el tipo de empresas similares a Siembra Minera.

Otra de las figuras jurídicas que se repiten en Las Claritas es la de las fundaciones. A través de estas se gestionan no solo obras sociales, sino diversos tipos de actividades. Incluso delitos, como extorsiones. “Ahora aquí sobran las fundaciones, todo se maneja a través de ellas”, dijo Morales, quien aseguró que son administradas por los pranes que controlan las minas y el pueblo.

“Manejan el combustible, y ahora implementaron algo como un seguro médico. El ambulatorio del pueblo es público, pero hay que pagar en oro allí para que te atiendan y te den las medicinas. Usted va ahorita al ambulatorio y están todos esos gariteros allí cuidando sus espacios”. El comerciante insistió en que pese a ser una instancia del gobierno, la controla el grupo de Johan Petrica, asistido por otro de los líderes de Tocorón, alias “La Fresa”, cercano a Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, otrora jefe del Tren de Aragua en la prisión de Tocorón, y quien también frecuenta el pueblo de Las Claritas.

 

 

El sistema de Las Claritas

En esta zona minera, aunque todos saben que la organización criminal pertenece al Tren de Aragua, la gente no habla de la megabanda. La estructura delincuencial es conocida como “el sistema”. Porque lo es todo. También controla el suministro y abastecimiento de comida. “Todo; aquí nadie puede traer ni queso ni huevos ni nada. Ellos tienen su negocio donde toda la gente tiene que comprarles, ellos ponen los precios, ellos manejan un tabulador, nadie puede vender ni por debajo ni por encima”, explicó Francisco, habitante del pueblo que ha trabajado en las minas.

También manejan el acceso a las minas: quién trabaja, quién no trabaja, qué porcentaje se paga en los molinos y en todas las etapas del proceso. “Ellos son los dueños de las minas y de las máquinas. Imagínate, tienen las mejores minas. Sacan entre 30 y 50 kilos de oro diarios. Kilos de oro, no de arena”, aseguró Francisco.

En promedio, el kilo de oro en los mercados internacionales se cotiza en 57 mil dólares. Según ese precio, si sacan 30 kilos diarios, eso equivale a 1 millón 710 mil dólares por día, más de 51 millones de dólares al mes. 

A ese ingreso se suman otra serie de rentas que el grupo armado obtiene de la actividad minera. “Si tú tienes una moto, tienes que comprar un ticket mensual para circular. También los taxistas. Eso es lo que llaman aquí el ‘mecate’, que es como la cuerda que levantan para dejarte pasar”, contó Francisco. 

Otras personas entrevistadas para la investigación precisaron que, en realidad, los grupos armados no son los dueños de las minas. Su función es prestar seguridad a la mina, ocuparse de la logística para su funcionamiento, controlar el pueblo y administrar los negocios que se generan de la actividad minera. 

La prostitución también es controlada por el “sistema”, pero la dinámica es muy particular, dijo el comerciante Morales. “Eso es algo que no tiene lógica. Funciona así: las niñas llegan regularmente a vender café, y son las cafeteras, y como venden café quién les va a prohibir. Sin embargo, ellos tienen prohibido que las menores de edad estén en la calle a altas horas de la noche, pero son niñas de 16, 17 y 18 años, que simulan y de alguna forma empiezan por la cafetería, vendiendo café y después cuando ellas deciden entran a lo que llaman la plaza (donde se ejerce la prostitución)», según explicó el comerciante.

 

 

Vicio y lujo

El otro negocio conexo es la venta de drogas. “No sé hasta qué punto el sistema controla eso. Pero sí sé que hay sitios de venta y quienes los cuidan son ellos, entonces tienen que ser ellos mismos. La mayoría de los mineros consumen. Por ejemplo, los “bateros” (que trabajan con bateas pescando el oro), que no comen en todo el día y sobreviven gracias a las drogas”, dijo el minero Francisco.

Por otra parte, el sistema que dirige Johan Petrica, por la fuerza y sembrando el miedo, ha comenzado a instalar “casas de vicio”, donde los usuarios pueden consumir drogas. Allí tienen televisión y duermen.

Lo que pasa es que la droga, el licor y eso de las ropas de marca son un negocio aquí. Si el minero te saca un punto (medida de oro) o te saca un kilo hoy, piensa: ‘mañana consigo más’. Y ese kilo de oro se puede gastar el mismo día. Entonces compra una moto, compra un carro. Lo que yo siempre soñé, me compro unos audífonos, me compro unas Jordan (calzado deportivo). Eso es lo que compran. Además, son puras baratijas, porque aquí lo que te venden es zapatos doble A (imitación) y triple A Nike, ni siquiera son originales y te lo venden en el triple de lo que cuesta un zapato original y la gente lo compra mientras diga Tommy, mientras diga Nike, mientras diga la marca”, contó Francisco.

Pero esos son los mineros de abajo. Porque las personas que trabajan en torno a este sistema suelen viajar a Boa Vista y Paracaima, en Brasil para hacer compras. “Entonces ves a los delincuentes aquí que usan Balenciaga, Gucci, pura ropa original”, precisó el minero.

Estos jefes del sistema solo utilizan camionetas Toyota de alta gama, y viajan sin placas por toda la región. Muchos son vehículos robados en el centro del país, repotenciados y modificados en talleres mecánicos de miembros del Tren de Aragua, para luego ser comercializados en Guayana, donde además de un símbolo de estatus son una necesidad y una especie de señal para no ser detenidos por las autoridades. “Uno como policía ve una camioneta de esas y no la para, así cometa una infracción o venga sin placas. Porque uno ya sabe que los que andan en esos carros son gente del gobierno, enchufados o delincuentes. Entonces, si la paras te metes en un problema”, dijo el comisionado de la Policía de Aragua, Marcos Pérez.

Sobre la figura de Johan Petrica, tanto el comerciante como el minero de inmediato lo identificaron como “El viejo” al ver una foto. “Claro que es él”, indicó Morales. “Lo he visto muchas veces. Tiene un poder enorme y aquí se hace lo que él diga. La gente tiembla. Pero también hay quienes dicen que es bueno, que ayuda a la gente porque hace ollas de sopa y la reparte”. Una práctica similar a las que se ven en San Vicente, como las jornadas para repartir arepas. En el Kilómetro 88, como en San Vicente, las escuelas son controladas por el sistema. Como una especie de bono adicional, hacen un pago semanal de un punto de oro a los maestros, cuyo ingreso formal (pagado por el Estado venezolano) es inferior a un salario mínimo (unos siete dólares).

También organizan actividades deportivas y presentaciones con artistas internacionales. “Los muchachos de la selección de fútbol sala vienen siempre para acá. El sistema los trae, y a reguetoneros famosos. A los cantantes les pagan con oro”, dijo Francisco.

Aquí las fundaciones también son utilizadas para cobrar las extorsiones de manera disimulada. Ese dinero lo usan para arreglar las vías y para el ornato del pueblo, lo que publicitan como obras del sistema. “Si compran equipos de rayos X para el ambulatorio o quieren abrir nuevos laboratorios, piden una colaboración de 10 gramas (medida para el oro) a los comerciantes. De esta manera ellos quedan bien, pero los comerciantes estamos ahorcados y no podemos negarnos. La opción es cerrar e irnos”, explicó Morales.

Se calcula que al menos 5 mil personas trabajan para “el sistema” en Las Claritas. Casi el 20 por ciento del pueblo. Son su ejército. “La mayoría es gente que no es de aquí. Vienen de otros estados, pero también vienen de Tocorón”, aseguró el comerciante Morales. Hay códigos de castigo para los que violen las reglas. Primero reciben advertencias, pero si reinciden son llevados con las manos esposadas hacia atrás a una zona montañosa de donde no regresan. Los desaparecen. La gente del pueblo cree que es un lugar donde hay fosas comunes.

El arsenal del Tren de Aragua en Las Claritas es de grandes dimensiones: pistolas, fusiles de distintos tipos y granadas principalmente. “La cantidad de armamento que hay aquí es una locura”, dijo Francisco.

Pero Johan Petrica no pierde de vista el horizonte. Aunque tiene bajo su poder las minas Los Rojas, Marruecos y Cuatro Muertos, entre otras, se ha dedicado a comprar inmuebles para acondicionarlos y convertirlos en hoteles, para prestar servicio en caso de que las empresas canadienses o iraníes se instalen en la zona. 

 

*Este texto es parte del capítulo 6 del libro El Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina, escrito por la periodista de investigación Ronna Rísquez y publicado en 2023 con Editorial Dahbar y Editorial Planeta

 

Ago 07, 2015 | Actualizado hace 3 años
En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar
El penal de Tocorón, popular por su famosa discoteca, Disco Tokio, ofrece nuevas “amenidades” a los presos que allí cumplen condena. El centro de reclusión, ubicado en Aragua, ahora también cuenta con un “banco”, una piscina, un centro hípico, un gimnasio, un zoológico y una variedad de restaurantes

 

EL CENTRO PENITENCIARIO DE ARAGUA, conocido como Tocorón, se mantiene como territorio independiente, donde prevalecen los privilegios para los presos que cumplen su condena allí. Los líderes o “pranes” manejan sus negocios sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, y han logrado levantar una infraestructura recreativa que podría ser envidiada por cualquier resort vacacional.

Captura de pantalla 2015-08-05 a la(s) 17.08.45En el penal, que se hizo popular por tener una de las “mejores” discotecas del país, Disco Tokio —recien remodelada— también tiene vende-paga (centro hípico), banco, piscina, gallera, restaurantes, campo de béisbol, bodegas, gimnasio, tiendas de ropa, cancha de futbolito y baloncesto, y hasta un zoológico de contacto -que entre sus animales más preciados tiene dos ponies-.

Aunque no es ni la primera o ni única cárcel que cuenta con una piscina para sus internos —la cárcel de San Antonio en Margarita también tiene la suya—, lo que sí es cierto es que la de Tocorón es de las más recientes y fue concluida y puesta en funcionamiento hace pocos meses. La falta de cemento y cloro, el costo de las baldosas y otros insumos no fue impedimento para que trompos y otras maquinarias de construcción trabajarán al ritmo que marca el dinero que mueven los “pranes”.

Después de pasar dos puestos de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y recorrer parte de la calle principal, que da acceso al penal, los visitantes de Tocorón también consiguen tiendas de ropa y bodegas en las que no hay colas ni escasez de productos, como en los abastos Bicentenario. “Aquí adentro se pueden comprar compotas, pañales, toallas sanitarias, champú, detergente, jabón de baño o lo que quiera”, dijo el familiar de un recluso, que prefirió no dar su nombre.

En el estadio con frecuencia se realizan campeonatos de softbol y béisbol, con la participación de equipos externos femeninos y masculinos. No se sabe quién autoriza el ingreso. Pero estos visitantes reciben un trato especial. No son requisados y solo les piden mostrar las cédulas de identidad. Luego son escoltados por presos armados hasta al final de las extensas instalaciones del penal, reveló un visitante, que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.

En los restaurantes, como El Sazón del Hampa, la visita puede comer desde un sancocho hasta una paella y una parrilla a precios similares a los de la calle.

“En el lugar hay niños y mujeres casi permanentemente. Allí se sigue manteniendo la pernocta de familiares y los presos hasta tienen mascotas”, contó la mujer que frecuenta el penal para visitar a su hijo.

Aunque no existe un inventario del “parque” de armas que tienen los reclusos del penal, un sencillo ejercicio de observación permite hacer un balance del arsenal: armas largas, granadas, revólveres y pistolas automática. El 12 de julio, una comisión de la Policía de Aragua que patrullaba la carretera San Francisco-Tocorón, sintió en vivo el poder de fuego que tienen los presos de Tocorón. La unidad fue atacada a tiros desde la azotea del penal, resultando herido por bala de fusil un funcionario policial.

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Bancarización penitenciaria

Como si se tratara de un juego de monopolio, donde cualquiera puede hacer realidad la fantasía de tener su propio banco, los «pranes» de Tocorón crearon uno a su medida. La piscina, el zoológico o la discoteca no son lo que más impresiona ahora a los visitantes del penal. “Lo que más llama la atención es una especie de banco que opera en las instalaciones. Sí, un banco”, repite el familiar de un recluso, como queriendo convencerse de que era verdad lo que había visto.

Este establecimiento financiero, de reciente funcionamiento, opera en una casita de tablas. Está custodiada por dos hombres que portan armas largas. En la puerta hay un aviso, hecho en papel bond blanco, en el que claramente se leen los números de cuentas de varios bancos.

“Las cuentas que aparecen en la puerta del banco pertenecen a familiares del ‘pran’ de la cárcel y en éstas los presos (en realidad su familia) deben depositar semanalmente ´la causa´ —una cuota fija que cada recluso debe pagar solo para tener derecho a estar en el penal—”, según explicó el familiar de un preso, que declaró bajo la condición de anonimato por temor a represalias en contra de su pariente.

Este “servicio bancario” lo usan principalmente los familiares de los presos que están fuera del estado Aragua y que no pueden trasladarse semanalmente al penal. El dinero es movilizado a través de transferencias electrónicas. A falta de cajeros automáticos, los parientes depositan en las cuentas de los “pranes”.

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Adicionalmente el banco de Tocorón presta dinero a los privados de libertad con un cobro de intereses semanales que oscila entre 10% y 20%, dependiendo del monto y del lapso de pago del total recibido.

Desde hace varios años, Tocorón está bajo control del “pran” Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, quien se dio a conocer en 2012, cuando se fugó supuestamente con la ayuda de su novia de entonces Jimena Araya, conocida como “Rosita”. Un año después fue recapturado. Actualmente hay versiones de que la administración de Tocorón está en manos de tres reclusos o ex reclusos, cuyas identidades se mantienen en secreto. Durante la toma militar del sector San Vicente se vinculó con el control del penal a un hombre llamado Johan José Romero, apodado «Johan El Petrica», quien también sería líder de una organización delictiva denominada “tren de Aragua”.

En la cárcel de Tocorón hay aproximadamente 7.000 reclusos, entre hombres y mujeres.  No se conocen con exactitud los ingresos y la cantidad de dinero que manejan los pranes de ese penal. Pero al multiplicar la cifra de 7.000 internos por los 500 bolívares que cada uno debe cancelar semanalmente -por concepto de “la causa”-, el resultado es que los «pranes» reciben 3 millones 350 mil bolívares cada semana. Esto representa 14 millones de bolívares mensuales, monto que alcanza para comprar un apartamento de dos habitaciones en zonas como La Candelaria o Los Chaguaramos, en Caracas.

Además de “la causa”, los «pranes» de Tocorón tienen otros ingresos significativos producto de distintos negocios lucrativos asociados a actividades delictivas como venta de droga, extorsión, robo de vehículos y secuestro, entre otros.

Foto-0079En el caso del negocio de los restaurantes, quienes los regentan deben pagar a los «pranes» un monto semanal dependiendo de las ventas. Algunos de los restaurantes tienen aire acondicionado y otros están al aire libre; los mesoneros suelen ser los presos “evangélicos”.

Otras fuentes de ingreso para los «pranes» son las famosas fiestas y los conciertos, con artistas nacionales e internacionales, que se llevan a cabo dentro del penal para celebrar fechas especiales, como el día de la madre, del padre, del niño o navidad y año nuevo. Estos eventos aportan recursos por venta de licores y drogas.

Recientemente un funcionario del Gobierno reveló que 21% del Producto Interno Bruto en Venezuela proviene de la industria del crimen.

Ingresos sobre ruedas

En Aragua es un secreto a voces que desde la cárcel de Tocorón se planifican robos de carros y secuestros. Fuentes policiales aseguran que 90% del hurto y robo de vehículos en la región está dirigido desde la cárcel.

Aunque las autoridades policiales se niegan a hablar oficialmente de este tema, todo el mundo conoce el modus operandi. Los presos tienen bandas que actúan fuera de la cárcel. Ordenan el robo del carro a un ciudadano, le quitan el celular y grabar el número. Luego le regresan el teléfono inmediatamente al dueño con la advertencia de que no debe denunciar ante la policía, pues será contactado para negociar la devolución del vehículo.

Transcurridas dos o tres horas del robo del automóvil, el dueño es contactado y conminado a pagar una suma que varía de acuerdo al tipo de carro. El monto exigido como rescate va desde 70 mil bolívares por carros muy viejos hasta 700 mil en el caso de las camionetas.

“El dueño, si quiere recuperar su carro debe acudir al penal de Tocorón con el dinero en efectivo. Allí lo dejarán pasar sin revisarle el bolso en el que lleva la plata para el rescate. Otra fórmula consiste en que si la persona no quiere entrar, un tercero (por lo general un ex preso) lo espera en la puerta de la cárcel, donde recibe el dinero, y es el encargado de entregarlo al ‘pran”, explica una de las víctimas.

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Una vez verificado el monto, el dueño del vehículo recibe las llaves y las instrucciones que lo llevan al lugar donde el auto se encuentra estacionado. Algunas personas han tenido que retirar sus carros en centros comerciales (en Maracay, La Encrucijada y hasta en La Victoria) y otros en alguna avenida o calle poco concurrida.

A Marcos, quien vive en La Victoria, estado Aragua, le robaron su camioneta hace dos semanas. “Me interceptaron dos parejas de motorizados cuando salía de una pequeña parcela que tengo en Zuata. Me apuntaron con una pistola, me hicieron abrir la puerta de la casa y de allí se llevaron dos televisores LCD y tres aires acondicionados que fueron cargados en la camioneta. Después me pidieron mi número de teléfono y me dijeron que no denunciara”, relató.

Pero antes de marcharse los delincuentes hicieron una advertencia aterradora: “Sabemos dónde vives. Sabemos en qué colegio estudia tu hijo. Más tarde te llamamos para negociar. Tranquilo que te vamos a devolver la camioneta”, dijeron, deslizando el nombre del plantel.

Cuando iba camino a su casa, Marcos recibió una llamada de un número restringido y le pidieron 700 mil bolívares si quería volver a ver su vehículo. El dinero debía entregarlo personalmente en Tocorón en tres días. El agricultor pidió que le bajaran el monto del rescate, pues no disponía de esa cantidad. “No estaban de acuerdo y dijeron que me volverían a llamar”. Pero antes le recomendaron que vendiera “alguna vaina” para pagarles.

Finalmente los delincuentes aceptaron bajar el rescate a 500 mil bolívares. “Me dieron un nombre que tenía que decir en la entrada cuando me preguntarán a quién iba a visitar. Pasé sin que la Guardia Nacional me revisara el bolso donde llevaba el dinero. En la entrada me esperaban dos hombres, que me llevaron con otro a quien le di el bolso con la plata”, contó Francisco.

El hombre le dijo que confiaba en que el dinero estuviera completo y ni siquiera abrió el bolso. Le devolvió la llave y le dijo: “tu camioneta está en la vía Cagua-La Villa”. Y efectivamente el vehículo estaba en el estacionamiento de un conocido establecimiento de esa carretera.

Casi 100% de las víctimas de esta modalidad delictiva acuden al penal para pagar el recate por su vehículo y al hacerlo los recuperan en perfecto estado. Los que se han negado a pagar son amenazados con ser secuestrados o con que será asesinado algún familiar.

Fuentes policiales señalaron que algunos carros son retirados en el mismo penal, sin embargo no fue posible contactar a alguna víctima que pudiera confirmar que su vehículo estuvo dentro de la cárcel.

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, señaló recientemente que 90% de los privados de libertad del país están bajo el nuevo régimen penitenciario en cárceles en las que el Gobierno tiene el control. Pero éste no es el caso del penal de Tocorón, donde mandan los “pranes”.

¿Cuál régimen, Iris?

-En las cárceles que están bajo régimen penitenciario oficial (usan uniforme y son obligados a practicar el orden cerrado) al menos una vez al día los custodios cuentan a los privados de libertad. Sin embargo, en el penal de Tocorón esto no se hace porque los pranes no lo permiten.

-El número exacto de personas dentro del penal, que fue construido por albergar a 900 privados de libertad, no se conoce con exactitud.

-A las 7.000 personas, aproximadamente, que cumplen condenas en ese recinto debe agregarse la población flotante (esposas, hijos y otros familiares) que pernoctan cada fin de semana.

-Detrás del estadio de béisbol hay unas “casitas” de tablas donde viven los “pranes”. Les llamar booguies y se dice que están totalmente equipadas. Tienen cocina empotrada, aire acondicionado, televisores pantalla plana y otras comodidades.

-El área donde viven los pranes, está cerca de uno de los límites de la prisión y es custodiada permanentemente por presos con armas largas, que cumplen funciones de vigilancia.

-De lo que sí se tienen cuentas exactas es del número de presos que fueron trasladados desde El Rodeo. De un total de 400 que fueron llevados allí en 2011 (luego de un motín), solamente quedan 182 en un anexo que denominan Rodeíto y que está bajo el nuevo régimen.

-También se conoce el número de mujeres en el anexo femenino, pues también están bajo nuevo régimen. En total 121 mujeres purgan condena en Tocorón. Rumores entre los presos indican que las autoridades están próximas a cerrar ese anexo.

Jesús Yajure Jun 05, 2015 | Actualizado hace 9 años
La guerra sin cuartel declarada en Aragua

La toma del barrio San Vicente de Maracay por cuerpos de seguridad el 13 de mayo de 2015 puso de manifiesto la batalla campal entre policías y bandas armadas en la entidad. Vecinos y líderes comunales de este sector acusan a la Policía de Aragua de arremeter con violencia contra inocentes y de “robar” en las viviendas

 

Jesús Alberto Yajure
Laudelyn Sequera

 

“Dígame usted, ¿Qué barrio de este país no tiene madres con hijos presos o delincuentes? Pero no todos aquí somos malandros. Lo que hicieron no tiene nombre. La Guardia y el Cicpc se portaron a la altura. Pero Poliaragua fue un desastre. Insultaron, golpearon, maltrataron a todo el mundo. Se metieron a robar. Por eso es que no los queremos”, relata una vecina del barrio San Vicente, en Maracay.

“Aquí se quería gobierno, pero no policías”, agrega rodeada de familiares. Luce indignada, molesta. Accede a hablar dentro de su casa. No quiere que la vean conversando con periodistas, menos que se publique su nombre.

Su relato es apenas uno de los testimonios recogidos en este enorme barrio al suroeste de Maracay, tras la toma del pasado 13 de mayo por más de 1.500 funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Situado junto a una zona industrial otrora pujante de Aragua, hay lotes abandonados entre los 22 sectores en los que está dividido, donde familias construyen ranchos de madera y lata. Se respira desempleo, pobreza. Las aguas negras corren por las calles.

En un rancho de lata y madera, un hombre con acento andino relata junto a su esposa cómo fue aquella toma. Muestra una herida en la cabeza: “Me dieron un cachazo. Preguntaban por pranes, que dónde estaban. No conozco a ningún pran, y como no les daba nombres, me golpeaban”. Se sube la camisa y deja ver moretones en la espalda. “Se llevaron los teléfonos y cinco mil bolívares que tenía ahorrados. Hasta se robaron la canaimita de la niña”.

Las autoridades no lo decían, pero buscaban a tres presuntos delincuentes a los que asocian con Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, el pran de Tocorón. Los objetivos eran Johan José Romero, apodado “Johan Petrica”; y Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”. Los tres tienen prontuario y han estado en la cárcel de Tocorón. Según las autoridades, controlaban una banda conocida como “Tren de Aragua”, a la que organismos de seguridad habían plantado una guerra sin cuartel.

Otra vecina —piel morena, baja estatura― muestra la puerta de su casa, rota a patadas: “No dejaron ni que abriera. Le dije a la oficial ‘¿qué vaina es, qué te pasa? Aquí vive gente decente’. Yo trabajo cuidando niños, ¿quién me va a pagar mi puerta?”.

Desde enero hasta mayo de 2015 fueron asesinados 24 funcionarios de Aragua. Una sede policial en El Mácaro fue atacada con granadas en abril. Luego en mayo, delincuentes atacaron otras dos estaciones en Villa de Cura y Turmero. La reacción se aceleró durante abril, cuando murieron 33 presuntos delincuentes durante procedimientos policiales. Los delincuentes daban un golpe, la policía lo devolvía. Siempre con muertos de por medio.

En un rancho de lata del sector El Infiernito, junto a un vertedero de basura, una mujer relata: “Nos golpearon delante de los niños. Me sacaron de mi casa desnuda. Se llevaron los teléfonos, nos reseñaron como si fuéramos unos delincuentes”.

El rechazo a la Policía de Aragua es latente y reconocido por las autoridades. José Sosa, supervisor jefe de la Comisaría de San Vicente, afirmó a Runrunes: “Cuando yo llegué aquí, el 19 de enero, ya había un choque entre la comunidad y la Policía. La gente no entiende muy bien el trabajo policial. Se molestan cuando se detiene a gente que anda con delincuentes”. Y agrega: “Esto nunca ha sido zona de paz, eso es mentira… Si alguien sustrajo alguna cosa de una vivienda, los vecinos debieron haber venido a poner la denuncia”.

A toda ¿vida?

En julio de 2014, el Gobierno de Aragua, a través de la Misión A Toda Vida Venezuela anunció la puesta en marcha de una fábrica de bloques en San Vicente. El proyecto preveía la inclusión de “jóvenes que han tenido la difícil experiencia de transitar por el sistema penitenciario y la pena de privativa de libertad”, expresó Reinaldo Hidalgo, encargado del programa en la entidad.

El proyecto de la bloquera —con un desembolso de Bs. 500 millones— fue el primer acercamiento entre autoridades e integrantes de una organización que luego se conocería como “Tren de Aragua”, acusada por el gobierno y cuerpos de seguridad de ejecutar asesinatos, ataques con granadas a comisarías, cobrar vacuna e instaurar el caos en la entidad.

Vecinos de San Vicente protestaron el 23 de abril contra el patrullaje y la presencia de la Policía de Aragua. Incluso, fueron más lejos y pidieron el cese del supuesto “acoso” contra Johan Petrica. El general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) para el centro del país, replicó al día siguiente que no permitirán que grupos hamponiles impongan sus reglas.

El golpe de las autoridades se selló con el procedimiento en San Vicente. Las autoridades allanaron cientos de viviendas, asesinaron a tres presuntos delincuentes y detuvieron a más de 800 hombres, 16 de ellos con prontuario: 11 por presunto tráfico de droga; 3 solicitados por homicidio; uno por robo y otra por incumplimiento de medidas cautelares.

En este amplio despliegue se incautaron una escopeta, una pistola, un revólver, una granada y dos envoltorios de droga, según informó el general Jesús Suárez Chourio, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en una rueda de prensa el día después del procedimiento.

Algunos vecinos ya habían denunciado el cobro, por parte de delincuentes, de 500 bolívares como pago de vacunas y cuotas a cambio de la garantía de que no habría robos ni otros delitos. Ese  sería el trato que aparentemente impusieron las organizaciones criminales tras lograr sacar a los policías bajo amenaza y con el argumento de que San Vicente era “zona de paz”.

“Tren de Aragua”

Los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento en San Vicente fueron: Edgar Alexander Valderrama Ayala, a quien se le incautó una pistola; y Carlos Eduardo Ribas Rodríguez, atrapado con una granada y una escopeta supuestamente perteneciente al “Tren de Aragua”; Johan José Cárdenas Leal, conocido como “Johan Maleta”, quien tenía un revólver y lo ejecutaron en la sala de su casa, en la calle 1ero de Mayo, según reveló Contrapunto.

Al día siguiente, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, afirmó que el estado sería “zona de paz y de vida”. También aseguró que en el procedimiento en San Vicente se garantizó “el derecho colectivo a la paz”.

Los delincuentes, algunos de los cuales participaban en proyectos de la Misión A Toda Vida Venezuela, se convirtieron de pronto en “cazapolicías” que atacaban y disparaban a uniformados. El blanco de las balas siempre es la cabeza, en la mayoría de los casos registrados. La guerra obligó a los cuerpos de seguridad a patrullar las calles en grupos de más de ocho funcionarios para poder repeler cualquier ataque, según indicó un oficial activo de Poliaragua a la periodista Laudelyn Sequera.

Los escoltas de altos funcionarios del gobierno no han escapado de estos ataques en Aragua, a pesar que el gobernador El Aissami  afirmó que la entidad era “potencia en seguridad” y que incluso formó parte de su propuesta de campaña electoral en 2012. Días después del operativo en San Vicente aparecieron fotografías de “Larry Changa” junto con el hoy exministro de Deporte, Antonio “El Potro” Álvarez.

Fani Moreno y Sonia Herrera, líderes militantes del PSUV en San Vicente, cuestionan todo el operativo en la comunidad: “Si el gobierno les tendió la mano, ¿Por qué ahora los traiciona? ¿Por qué buscaban a esos pranes aquí, cuando ellos salían en fotos con funcionarios del Gobierno?” 

 

 

 

 

“Las zonas de paz no han dado los resultados esperados”

nelsonfreitez

El sociólogo Nelson Fréitez estima que los programas para la reinserción de personas vinculadas a actividades criminales deben emprenderse desde el diseño de políticas integrales que incluyan, en principio, mejoras en las condiciones socioeconómicas, pero sin descuidar el acompañamiento del Estado en materia educativa, cultural y preventiva.

Cree que el deterioro de las condiciones de la vida en comunidades y barrios cercanos a centros industriales donde la crisis económica ha obligado al cierre de empresas y la pérdida de empleos constituye un cóctel para el auge delictivo.

“Hay estudios que prueban esto en zonas residenciales, de trabajadores, aledañas a zonas industriales, que se cierran por razones de crisis económicas. Es allí cuando se expulsa a los trabajadores de los procesos productivos, se pierde el empleo y ocurre un proceso que es común, que consiste en la precarización de la vida, por el desempleo, por la informalidad, por la carencia de ingresos de las familias. Pudiera haber procesos de degeneración y delincuencia, actividades ilícitas”.

Pero también hace un balance de los resultados de las políticas implementadas por el Gobierno; y lo que califica como el fracaso de las llamadas “zonas de paz”, decretadas muchas veces por grupos y bandas armadas.

“El gobierno ha adelantado una política —no muy pública por cierto— de las zonas de paz. En la experiencia que tenemos, esto no ha dado muchos resultados. Se han convertido en zonas en guerra por el poder y el control territorial. En el caso de San Vicente, un elemento que podría explicar la magnitud de la violencia es la presencia de bandas armadas que tienen gran poder de fuego, recursos importantes y un nivel de organización que no suelen tener las bandas, sobre todo por el tipo de armamento: fusiles, armas largas, granadas. Esto puede indicar que existan conexiones con centros de poder”.

Fréitez contrasta estas iniciativas con otras implementadas en Latinoamérica, como en Quito (Ecuador) y Medellín (Colombia). Pero también cita resultados positivos de planes privados, como el Proyecto Alcatraz, implementado por la Fundación Santa Teresa en el municipio José Rafael Revenga, en Aragua, y que “ha logrado la regeneración” de jóvenes con un pasado delincuencial a través de estrategias socioeducativas, de adiestramiento, empleo y participación en actividades deportivas coordinadas y con el acompañamiento de un equipo profesional multidisciplinario.

“En Venezuela lo que ha sucedido es que hay todo un problema de poder, de control territorial, por personas que vienen de la exclusión y la pobreza y encuentran en las armas una fuente de poder y reconocimiento. En Quito, por ejemplo, las bandas se desarmaron luego de un trabajo sociocultural, en el que participó la Iglesia católica y hubo todo un trabajo multidisciplinario allí. Las bandas criminales entregaron las armas a la Iglesia y luego el Estado consiguió financiamiento para insertar e incluir a estas personas a través del trabajo y la productividad”.

Vecinos del barrio San Vicente habían protestado para rechazar el patrullaje policial. Otros incluso concedieron que desde hace meses el “Tren de Aragua” había tomado el barrio y ofrecido condiciones para evitar los robos y asesinatos, como el pago de vacunas y la expulsión de la zona de la Policía de Aragua. Fréitez considera que este tipo de dinámicas ocurren cuando el Estado negocia y cede sus espacios, o incluso cuando los ciudadanos no creen en las instituciones.

“Es lo que los sociólogos llamamos “la anomia”, que es como un mundo al revés. La gente no confía en la institucionalidad del Estado. Y el Estado delega y cede espacios y control. Se le da poder a los delincuentes, se les transfiere recursos. Pero estas políticas fracasan sino vienen antecedidas de procesos socioculturales. Cuando no funciona, ocurre lo de San Vicente. Se va de un extremo a otro, se da al traste con todo y se practica un operativo en el que se violan los derechos de los ciudadanos. En este caso, la comunidad es la víctima”.

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