Investigar

El Ministerio Público anunció este jueves la designación de dos fiscales para investigar a los “traidores a la patria” que respaldaron las sanciones económicas contra el país caribeño adoptadas por Estados Unidos el viernes pasado, que fueron aplaudidas por la oposición venezolana.

“Hemos designado en este caso también, dos fiscales del MP que van a investigar estos hechos y sepan ustedes algo (…) qué interesante que prácticamente el primer artículo (del Código Penal) cuando usted comienza a leer te habla de estos supuestos que usted ha señalado, de traición a la patria”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

Dos días después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobara iniciar un “juicio histórico” contra los “traidores a la patria” que pidieron y apoyaron las sanciones, el fiscal explicó que la investigación se centrará en quienes hicieron un “escandaloso llamado a intervención militar, no solo a bloqueo económico”.

Saab hizo este anuncio en una rueda de prensa en la sede del MP en Caracas, en la que resaltó la gravedad de la postura de la que el oficialismo acusa a la oposición, que sí ha respaldado las sanciones pero rechazó la “opción militar” para Venezuela que dijo contemplar el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Sanciones de quien sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo, en ausencia de una justicia imparcial de Venezuela”, declaró la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en un comunicado emitido el domingo.

“Se ha llamado al ahogo económico del país. Eso perjudica desde el empresario emprendedor que quiere producir puestos de trabajo, generar una riqueza sana y lícita, darle a Venezuela los bienes que necesita, hasta al más humilde campesino”, afirmó Saab, que fue nombrado el 5 de agosto fiscal por la ANC.

Una orden ejecutiva de la Administración estadounidense prohibió específicamente las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”, así como las “negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, y pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela”.

EE.UU. aplicó estas medidas contra el Gobierno de Nicolás Maduro tras instaurar este la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano plenipotenciario para refundar el Estado que está integrado únicamente por oficialistas y ha sido denunciado por sus detractores como un instrumento para consolidar una dictadura en el país. EFE

El Ministerio Público designó a los fiscales 34º nacional y 126º del Área Metropolitana de Caracas, ambos con competencia en materia de derechos fundamentales, Ramón Diamont y Luis Dordelly, respectivamente, para investigar las agresiones cometidas contra la periodista Eliangélica González, corresponsal de Caracol Radio en Venezuela.

El hecho ocurrió el pasado viernes 31 de marzo en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los fiscales entrevistaron a la profesional de la comunicación, quien narró que acudió al TSJ a cubrir una protesta estudiantil y una rueda de prensa para la cual fue convocada por la cancillería venezolana.

En este caso, el Ministerio Público, a través de los expertos de la División  de Medicina Forense, practicaron el reconocimiento médico forense a la periodista.

Adicionalmente, para apoyar dicha investigación, el Ministerio Público también comisionó a la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales.

El Ministerio Público comisionó al fiscal 38° nacional, Vladimir Ángel, para que investigue las lesiones ocasionadas a los diputados a la Asamblea Nacional Juan Requesens y José Brito luego de que un grupo de personas los atacara este lunes 03 de abril, en las adyacencias de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la plaza Morelos, avenida México de Caracas.

En ese sentido, el fiscal coordina las actuaciones que practican los funcionarios adscritos a la Dirección de Laboratorios Criminalísticos del Ministerio Público, a fin de esclarecer este hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Según información preliminar, en horas de la tarde de este lunes los diputados se encontraban junto a otro grupo de parlamentarios en la referida zona, cuando varias personas arremetieron contra ellos. Requesens resultó lesionado en la parte superior del rostro, y Brito, en el arco costal derecho.

El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y diputado  por el estado Vargas Juan Guaidó, sostuvo que continuarán las investigación a la empresa Odebrecht en Venezuela, sobre el pago de “sobornos” a funcionarios venezolanos.

Guaidó reiteró que también está el tema de los “sobornos” a los funcionarios para recibir contratos  “porque hay 26 obras de 31 inconclusas; hay obras concluidas como el segundo puente sobre el Río Orinoco que tiene sobreprecio de hasta 300% según estándares internacionales, entonces la investigación debe apuntar no solamente a los funcionarios que recibieron los sobornos, sino también a las obras inconclusas como las que tienen sobreprecio”.

En el programa A Tiempo de Unión Radio, el parlamentario recordó que dichas obras inconclusas son “la línea 5 del Metro de Caracas, la línea del Metro Caracas-Guatire, el segundo puente sobre El Lago, el tercer puente sobre El Orinoco, solamente en estas obras son 16 mil millones de dólares invertidos, no se aprovechó para mejorar, tienen entre 5 y 7 años de retraso”.

Ingenieros de Venezuela piden al gobierno información sobre caso Odebrecht

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt indicó que el caso de Odebrecht Venezuela tiene muchas aristas “una de las principales no es dar una declaración sino ver detalladamente la situación país, particularmente como representante gremial la primera arista es ‘que se debe hacer en función del país’; porque nos incluye a todos los venezolanos”.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela sentenció que se debe realizar una investigación desde el Gobierno Nacional, porque es la institución contratante por medio de ‘el Metro de Caracas, CVG, PDVSA, ministerio de Transporte; “todos los entes que estuvieron involucrados en la contratación de las obras de Odebrecht son los primeros que deben informarle al país de la investigación y lo que arroje desde el punto de vista profesional y técnico”.

Betancourt destacó que se debe investigar también la parte financiera “cuánto gastó el Gobierno Nacional para ejecutar esas obras y si ese gasto en dólares o en bolívares se ajusta a lo que realmente fue la obra ejecutada, para mí esa es la primera arista”.

Betancourt indicó que cuando se ven las obras que estaba realizando Odebrecht como Tocoma, algunas líneas del Metro de Caracas, el Metro Guarenas- Guatire, el Metro hacia los Teques, el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, el puente sobre el Río Orinoco “no deben paralizarse, son obras de mucha envergadura y que traerán desarrollo al país, por lo tanto esas obras no deberían pararse, solamente deberían pararse por la nueva licitación  para contratar empresas venezolanas y extranjeras; es conveniente para el Estado contratar nuevas empresas para la culminación de dichas obras, en un corto tiempo”.

El diputado a la Asamblea Nacional, Ismael García, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia TSJ, investigar al Gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, por complicidad al callar los presuntos hechos de corrupción cometidos por el ex gobernador de esa entidad, Rafael Isea.

García en compañía de los diputados, Iván Colmenares, Ángel Medina, Hermes García y Fernando Peña,  se refirió a las acusaciones  realizadas por  El Aissami,  en contra de Isea, quien informó que esté se acogió al programa de testigos protegidos de Estados Unidos para «aportar información sobre Venezuela» y en donde sostuvo que el ex gobernador es un «traidor a la revolución”.

En este sentido el parlamentario, recordó el artículo 269 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal que establece que es obligatoria la denuncia de los funcionarios públicos cuando tengan conocimiento de hechos y acción pública relacionada con la corrupción.

“El señor El Aissami hoy se convierte en cómplice, porque permitió y  tapó un delito. En el  tema de la corrupción en Venezuela pareciera que quienes están en el gobierno y son cómplices o corruptos son unos próceres, pero si entre ellos ocurren ajustes de cuentas frente a hechos que solo ellos conocen, pasan a ser  delincuentes o traidores como ocurre en este caso”.

El parlamentario recordó que en el año 2009,  solicitó a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que  abriera una investigación a Rafael Isea,  para ese momento ex ministro de finanzas, por  ilícitos relacionados con las llamadas  notas estructuradas y nunca se investigó.

De igual forma destacó que solicitaron a la presidenta del Consejo Moral Republicano, para ese momento,  Adelina González, que investigará a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, porque después de varios años no había abierto  una investigación sobre estos  hechos de corrupción.

“Si el Gobierno nacional como dice Tareck El Aissami, sabía que Isea había incurrido en hechos delictivos en sus funciones como gobernador y estaba denunciado, cómo es que en una gaceta aparece designado por Nicolás Maduro,  como director del Banco del Alba en el año  2013”.

Aseveró que este Gobierno está al descubierto por  los graves hechos de corrupción y destacó el caso de el mayor general y ex ministro, Hebert García Plaza, quien fue imputado por el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas por el delito de peculado doloso, cometido en la compra de tres Ferrys.

“Recordemos que hace pocos días este señor era un prócer en el país, aparecía como uno de los jefes de la lucha contra la supuesta guerra económica y la corrupción.  Venezuela está ante una profunda crisis moral de un Gobierno forajido que no respeta los Derechos Humanos,  sino que además el dinero para resolver los problemas de los venezolanos se lo han robado”:

Finalmente destacó que  todo será distinto en Venezuela con una nueva mayoría en la próxima AN que si investigue todos los casos  de corrupción y encubrimiento por parte de los corruptos de este Gobierno.

La “reingeniería” de la policía judicial llegó a un punto culminante. El nuevo organigrama del organismo, elaborado en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, orienta la mayoría de los recursos a la investigación de los llamados “delitos graves”, los que tienen penas superiores a 8 años de prisión, propuesta que ya había realizado el comisionado Freddy Bernal, quien señaló que la PNB se encargaría de los «delitos menores».

El esquema impone además cambios en la nomenclatura de la superioridad jerárquica. En el tope de la pirámide ahora figura un consejo directivo o junta superior. En el nivel inmediato inferior, el “presidente”, figura que en la actualidad equivale al director general. Se dedicará casi con exclusividad a la “gerencia integral” de la policía. Por tanto, ya no se involucrará directamente en la instrucción de los expedientes. No estará en las actuaciones de campo.

El subdirector se llamará vicepresidente. Será un ejecutor de los grandes lineamientos operativos, tácticos y criminalísticos. También podrá “intervenir y supervisar en el sitio del suceso la investigación penal en casos relevantes”.

El organigrama propuesto para el nuevo Cicpc tiene otros tres niveles: el sustantivo, el desconcentrado territorial y el de apoyo. En el nivel sustantivo serán creadas cuatro direcciones generales. La referida a las delegaciones estatales, a través de la cual se manejarán todas las sucursales de la policía judicial en el interior del país.

Cada delegación deberá reproducir el mismo esquema en cuanto a los ámbitos de actuación: homicidios, robo y hurto de vehículos, extorsión y secuestros, manejo de materiales estratégicos, laboratorio criminalístico, y búsqueda y captura. Se trata, por tanto, de los delitos considerados de “alto impacto” cuyas penas son superiores a los ocho años de prisión.

Los casos de violencia intrafamiliar y los referidos al tráfico de drogas no tienen direcciones o divisiones específicas.

Por otra parte, se plantearía una expansión de despachos como Antiextorsión y Secuestros, que actualmente solo disponen de siete brigadas. Otras dos direcciones generales de la nueva estructura serían Criminalística e Investigaciones Penales. En esta última se incorporan importantes despachos como Interpol, Inteligencia, Delitos contra la Propiedad, Crimen Organizado y la Brigada de Acciones Especiales (BAE) cuya disolución se discutió a propósito de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Finalmente, en el nivel de las direcciones generales se crea una instancia totalmente nueva llamada “del Poder Popular”. Su finalidad sería impulsar la participación ciudadana y la articulación de la policía con los consejos comunales.

En esta estructura se plantea la creación de una división que mantendrá relaciones con esas entidades y las “redes de inteligencia social”, en las que el gobierno ha incorporado a los llamados “patriotas cooperantes”.

Más operativa. El exdirector del Cicpc, comisario Miguel Dao, indicó que el esquema propuesto le da mayor importancia a las cuestiones operativas que a las de investigación criminal. “En el orden de los cuadros la parte operativa está al nivel más alto en la línea de mando. No debe ser. Pareciera que le están dando mayor énfasis a la represión con peinilla que a la investigación criminal”, afirmó.

Expresó su acuerdo con quitarle a este cuerpo policial las competencias de investigación de delitos menos graves y menores. Indicó que el organigrama dibuja una etapa de transición en el Cicpc hacia la “ocupación total” por parte del Ministerio Público, que ha desarrollado unidades que duplican las funciones de la policía judicial. “Por el COPP deberían sincerarse. La dirección funcional de la institución ahora compete al Ministerio Público. Pero ese tránsito completo no lo aprecio, aun cuando es ley”, señaló.

El Dato
En agosto de 2013 se ordenó por decreto presidencial la reestructuración del Cicpc para lo que se creó una comisión. El proceso duraría un año; sin embargo, la revisión del organismo ha demorado más tiempo. En noviembre de 2014 se creó otra comisión de reforma de todo el sistema policial que aún está en funciones

En un intento por romper el cerco al caso Jaua-niñera-Brasil, Primero Justicia, Acción Democrática y La Causa R se unirán para iniciar a partir de esta semana visitas a instancias clave, en las que solicitarán material que dejaría al descubierto el presunto peculado de uso cometido por el ministro de las Comunas, Elías Jaua, con aviones del Estado.

La diputada de PJ Dinorah Figuera precisó que preparan una agenda para dirigirse el viernes próximo, de manera formal, a la Embajada de Brasil, donde consignarán una comunicación en la que pedirán un informe del viaje del vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial a Sao Paulo en octubre.

“Queremos saber en qué unidad aérea entró el funcionario y la familia porque eso constituye peculado de uso, pues la flota de aviones del Estado debe estar al servicio de autoridades pero no de familias de ministros o directores públicos”, manifestó la parlamentaria.

Figuera y sus homólogos Ángel Medina (PJ) y William Dávila (AD) también programaron visitas a la Fiscalía y a Petróleo de Venezuela la semana próxima.

“Vamos a ir a Pdvsa, independientemente de que el gobierno pretenda callar las colitas, porque es obligación nuestra como parlamentarios ejercer el control en el uso de los fondos públicos, así que esperamos un cambio de política y que el pueblo pueda conocer lo que pasó y pasa con la flota de aviones. Hay un despilfarro de los fondos públicos, pero el gobierno pretende silenciar la situación”, dijo la legisladora.

Avión bajo sospecha. Los diputados Ángel Medina (PJ) y Andrés Velásquez (LCR) fueron ayer a la Contraloría General, donde presentaron un documento en el que solicitan que se averigüe el uso de aviones por Jaua.

“Hay una práctica indebida; peculado de uso, según las leyes, por lo que el Estado debe investigar y determinar las responsabilidades. Nuestra preocupación es que el gobierno quiere echarle tierrita a este caso, que es relevante por las implicaciones internacionales”, expresó Medina.

Velásquez solicitó a la Comisión de Contraloría del Parlamento que el asunto se incluya en la agenda y espera que hoy se debata y se decida.

En los documentos entregados en el Legislativo y en la Contraloría se exige precisar el itinerario de vuelos del avión YV2627, propiedad de Pdvsa, durante los últimos cinco meses, así como la lista de pasajeros.

Medina señaló que las autoridades deben responder por la seguridad, porque no entiende cómo la niñera de la familia Jaua salió del país con un arma sin que fuera detectada por los sistemas en Maiquetía o de aeropuertos auxiliares: “¿Por dónde salió? ¿Por qué la seguridad no funcionó? Ni Jaua ni sus familiares o empleados gozan de inmunidad diplomática; él la perdió cuando dejó de ser canciller”.

El Dato
Diputados de oposición acudirán también a la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, donde pedirán investigar la denuncia surgida en Brasil contra Elías Jaua por el supuesto traslado de niños de esa nación con el propósito de adoctrinarlos en el oriente de Venezuela.