Iguala

 

Hace un año desaparecieron 43 estudiantes después de ser detenidos y secuestrados por policías en la ciudad de Iguala, en el sur de México. Las autoridades concluyeron que fueron entregados a un grupo criminal que los mató e incineró en un basurero. Las dudas persisten.

 

¿Quiénes eran los estudiantes?

Eran jóvenes de familias pobres que estudiaban en la escuela de Ayotzinapa, una institución con fuerte activismo político, para ser maestros rurales. La mayoría cursaba primer año y llevaba pocos meses en la escuela, situada 125 kilómetros al sur de Iguala, en el estado de Guerrero.

 

¿A qué fueron a Iguala?

Los normalistas de Ayotzinapa acostumbran a secuestrar autobuses en carreteras para usarlos en movilizaciones. Interceptaron uno cerca de Iguala y el conductor acordó con ellos ir antes hacia la terminal a dejar a los pasajeros, según un informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

¿En ese autobús iban los 43?

No, iban menos de diez, y en la terminal el chofer dejó encerrados a los estudiantes, que pidieron por teléfono ayuda a sus compañeros. Llegaron más normalistas en dos autobuses y entre todos secuestraron tres vehículos más y apedrearon otro.

 

¿Y por eso los persiguió la policía?

Las autoridades desde hace años toleran estas tomas de autobuses para evitar violencia. En Iguala hubo una persecución feroz durante tres horas: policías municipales les dispararon, mataron a seis personas, hirieron a 40 y además entregaron a los 43 al cártel Guerreros Unidos. Uno de los lesionados lleva un año en coma.

Sólo tres eran estudiantes. También fue atacado el autobús de un equipo juvenil de fútbol llamado “Los Avispones”. Murieron el chofer, un futbolista de 15 años y una pasajera de un taxi.

 

¿Por qué hubo tanta violencia?

Algunos de los detenidos dijeron que pensaban que entre los estudiantes había infiltrados del grupo criminal rival Los Rojos. Para los expertos de la CIDH, la causa podría ser otra: que en uno de los autobuses hubiera droga o dinero, sin saberlo los jóvenes. Desde Iguala se trafica droga en autobuses a Chicago.

 

¿Y por qué hay dudas sobre la versión del basurero si dos jóvenes ya fueron identificados?

Aunque varios detenidos relataron cómo incineraron a los jóvenes y la fiscalía dice que los restos estaban en una bolsa en un río junto al basurero, peritos argentinos convocados por los familiares no avalan esta versión porque ellos no estaban cuando se encontró la bolsa. Mientras, los expertos de la CIDH descartaron que haya habido una gran incineración en el sitio.

 

¿Alguna vez se podrá identificar todos los restos?

Difícilmente. Se recogieron 60.000 fragmentos calcinados y los 17 con más posibilidades de contener ADN se enviaron a Innsbruck. Hasta ahora sólo se pudo identificar a Alexander Mora con seguridad y a Jhosivani Guerrero con certeza moderada.

 

¿Qué consecuencias tuvo este caso para el gobierno mexicano?

Ayotzinapa significó un fuerte desgaste para el presidente Enrique Peña Nieto. Si bien Iguala era gobernada por un partido opositor, el gobierno ha sido criticado por tardar en atender el caso y por declarar “verdad histórica” que todos fueron incinerados.

 

 

COCULA, México (AP) — El convoy de hombres armados se dispersó por la municipalidad de Cocula, al sur de México, antes del amanecer. Algunos llevaban los nombres e irrumpieron directo en sus casas. Otros sólo se llevaron a quienes se encontraron en su camino.

Diecisiete personas desaparecieron de Cocula en un solo día, el 1 de julio de 2013, más de un año antes de que sucediera lo mismo con 43 estudiantes en la vecina ciudad de Iguala y que dirigiera los reflectores del mundo hacia esta zona del estado de Guerrero.

La desaparición de los estudiantes de la Norma Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 le dio el valor a cientos de otras familias, que también tenían familiares desaparecidos, para salir a la luz pública y, algunos por primera vez, a denunciar los crímenes.

Ellos comenzaron a llamarse «Los otros desaparecidos».

 

Entre ellos se encuentra Rosa Segura Giral, quien esperó más de un año para reportar el secuestro de su hija de 19 años, Berenice Navarijo Segura. Ella desapareció ese día de julio en Cocula, unas horas antes de su fiesta de graduación del bachillerato.

«Yo había dicho que no, que no iba a denunciar», recordó Segura Giral. «Porque yo decía, ‘yo denuncio y que tal si mi hija está cerca, la gente sabe que yo denuncié, le hacen daño’, o sea, pensaba en todo eso».

No fue sino hasta que otras familias de desaparecidos comenzaron a reunirse en una iglesia de Iguala, en otoño pasado, cuando Segura Giral finalmente decidió presentar la denuncia ante las autoridades.

Más de 25.500 personas han desaparecidos en México entre 2007 y el 31 de julio de 2015, según cifras del propio gobierno. En los últimos meses, The Associated Press entrevistó a familiares de 158 de «los otros desaparecidos», que reportaron sus casos en la iglesia, dieron muestras de ADN y subieron a las montañas de los alrededores con machetes y varillas en busca de fosas clandestinas.

Muchos fueron más que reacios para ser entrevistados. Atemorizados y también furiosos, hablaron sobre sus hijos, padres y hermanos que fueron llevados frente a sus ojos, de aquellos que fueron a trabajar o sólo salieron a comprar leche y pareciera que fueron tragados por la tierra.

La gran mayoría de los 158 desaparecidos son hombres o niños, con excepción de 15 mujeres, y su rango de edad va de los 13 a los 60 años. El grueso de ellos son menores de 30 años.

Las familias han encontrado 60 fosas y con la ayuda de las autoridades federales recuperaron los restos de 104 personas. Sólo seis de ellos han sido identificados y entregados a sus familiares.

Hay muchas razones para las desapariciones: el reclutamiento para llenar las filas de un cartel de las drogas con hombres jóvenes. Atacar a competidores. Obtener dinero de rescates o castigar a alguien por no haber pagado una extorsión. Como sea, las desapariciones siembran miedo.

Miedo y silencio que induce a los cárteles a operar sin obstáculos. Su infiltración en la policía era tan evidente que después de la desaparición de los 43 estudiantes, las autoridades federales arrestaron a 66 miembros de las fuerzas policiales de Iguala y Cocula. La investigación oficial señaló que la policía local detuvo ilegalmente a los jóvenes y los entregó al grupo del narcotráfico Guerreros Unidos que los mató.

Iguala, rodeada de montañas, es un lugar desde donde se trafica pasta de opio hacia los Estados Unidos y es un codiciado sitio para los cárteles de las drogas que operan en la región.

La mañana del día de la graduación de Berenice, su familia escuchó el sonido de los disparos de 20, 30 hombres que avanzaban hacia la casa de los hermanos Luis Alberto Albarrán Miranda, de 23 años, y José Daniel, de 14. La policía de Cocula nunca salió de sus instalaciones, ubicadas a sólo escasos 100 metros de la casa, donde los desconocidos irrumpieron entre gritos de que eran policías federales en busca de armas.

Descalzos, los hermanos fueron sacados de ahí.

A menos de un kilómetro al este de la casa de los Albarrán Miranda, sobre una colina al otro lado de un puente, hombres armados llegaron disparando a la casa de su primo, Víctor Albarrán Varela, de 15 años. Algunos familiares se escondieron en el sótano, pero uno de sus hermanos mayores logró saltar una barda y cruzar el arroyo. Le dispararon en un tobillo, pero escapó.

Víctor tuvo la mala suerte de estar en el baño cuando su madre llevó a los otros a esconderse y se encontró de frente con los hombres armados que buscaban a otro de sus hermanos. Cuando no lo encontraron, dijeron que se lo llevarían a él como «una garantía», contó su mamá Maura Varela Damacio.

Berenice Navarijo Seguro desapareció poco después. Ella esperó 20 minutos después de que dejaron de oírse los disparos y subió atrás de la motocicleta de su novio para ir a arreglarse el cabello y maquillarse.

Cuando su madre vio el convoy de camionetas pick-up pasar frente a su casa horas después, nunca imaginó que Berenice y si novio podrían estar en alguna de ellas.

«Nunca pensé que me podía pasar esto, nunca, nunca, nunca en mi vida pensaba en esto. Nunca pensé que la gente te quisiera hacer tanto daño, porque es daño el que te hacen», dijo. «Mucho daño».

 

MEXICO (AP) — Un estudio de un grupo de expertos independientes desacreditó la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y aseguró que la principal hipótesis oficial de que habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó, lo que desató el enojo e indignación de los familiares de los jóvenes por lo que consideran un engaño de la autoridad.

El reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.

Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señaló que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse.

«No tenemos indicios que podamos sustentar de dónde están los desaparecidos», dijo Carlos Beristain, doctor español y uno de los cinco expertos del grupo.

Los expertos refirieron que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre esa localidad del estado sureño de Guerrero y Chicago. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, «el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque».

Los padres de los estudiantes arremetieron contra la autoridad y en particular contra el ex procurador general Jesús Murillo por haberles dado información que según el informe de los expertos independientes no era correcta.

Los familiares pidieron una reunión en persona con el presidente Enrique Peña Nieto y que el grupo de expertos permanezcan en el país de manera indefinida hasta que se dé con el paradero de los alumnos.

«No vamos a aceptar otra mentira del gobierno», dijo Blanca Nava, mamá de Jorge Alvarez.

«Lo del basurero nunca pasó», señaló Mario César González, el papá de César Manuel. «La pregunta es ¿a dónde están nuestros hijos?, ¿para dónde se llevaron a nuestros hijos?», añadió.

A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto señaló que ha dado instrucciones para que se tomen en cuenta los señalamientos del grupo en las investigaciones oficiales de un caso que ha desatado indignación nacional e internacional.

Poco después, la procuradora general Arely Gómez anunció en un mensaje que solicitará un nuevo peritaje que analice lo que sucedió en el basurero y que su oficina estudiará las conclusiones del grupo para valorar si las incorpora a la investigación oficial.

La funcionaria, que no aceptó preguntas de la prensa, también dijo que solicitará una prórroga para que el grupo de expertos continúe sus trabajos sobre el caso. La Comisión Interamericana ya había hecho esa petición al gobierno.

«El informe… es fundamental para la investigación», añadió.

El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la «verdad histórica» de lo sucedido. El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que, el 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.

Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja dudas: «los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula».

Hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, sólo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 alumnos.

«Hoy el teatro montado por el gobierno se ha derrumbado», dijo el vocero de los padres de los estudiantes, Felipe de la Cruz. «La verdad histórica está por los suelos, ahora es la mentira histórica», comentó.

El denominado «Informe Ayotzinapa» documenta cómo policías estatales y federales, además del ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar, fueron atacados en nueve distintos lugares por los agentes municipales, en una jornada que también dejó seis muertos y 40 heridos. Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos dos personas que esperaban ser atendidas.

Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.

La desaparición de los estudiantes ha sido uno de los golpes más fuertes en lo que va del gobierno de Peña Nieto, quien asumió en diciembre de 2012 y ha tenido que reconocer que es una de las causas de la desconfianza social actual hacia su gobierno.

La investigación oficial del caso ha generado indignación entre los padres de los estudiantes y diversas organizaciones que han cuestionado que esté basada sobre todo en testimonios de los detenidos y no en evidencias específicas.

La procuradora dijo que hasta ahora se ha detenido a 110 de 131 personas buscadas. El entonces alcalde Iguala, José Luis Abarca, también está preso y es señalado junto con su esposa como probable autor intelectual.

La organización Human Rights Watch, al conocer el informe, lamentó que pese a la conmoción que suscitó el crimen, las autoridades mexicanas demostraron no poder o no querer hacer una investigación seria, por lo que indicó que la justicia mexicana «necesita escrutinio externo para evitar que se repita esta vergonzosa actuación».

 

Un centenar de alumnos y padres de la escuela rural Ayotzinapa irrumpieron por la fuerza en un cuartel militar de Iguala (sur) y fueron repelidos con gases lacrimógenos, constató el lunes un periodista de AFP.

Los inconformes llegaron a Iguala poco después del mediodía para exigir que se les permitiera entrar a buscar a los estudiantes desaparecidos en el cuartel militar de la zona 27, ubicado en una céntrica calle de la ciudad, a 191 km de la capital mexicana.

Ante la negativa de los uniformados, tomaron por la fuerza un camión de una empresa de refrescos con el que rompieron una de las puertas principales del campo militar e ingresaron unos 20 metros, hasta que soldados y policías les impidieron continuar al usar gases lacrimógenos y extinguidores para contenerlos.

Los padres de los jóvenes desaparecidos «solo venían a solicitar se les permitiera el ingreso a la instalación militar, pero fueron desalojados violentamente», dijo a la prensa local Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas.

En los enfrentamientos, en los que cuatro personas resultaron con heridas no graves, los inconformes se replegaron y tomaron otro vehículo de cerveza cuyos envases vacíos fueron utilizados como proyectiles, mientras gritaban su acostumbrada consigna de «vivos se los llevaron, vivos los queremos».

Después los padres de familia de los estudiantes desaparecidos se trasladadron a Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, donde prendieron fuego una camioneta oficial en el acceso a las instalaciones de la 35 Zona Militar.

A la par, maestros de la radical Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), se manifestaron frente a instalaciones militares y navales en el puerto de Acapulco y en localidades de la costa de Guerrero.

Desde hace unas semanas los padres de los estudiantes presuntamente masacrados han dicho que tienen indicios de que militares, apostados en ese cuartel militar, tuvieron alguna participación durante la fatídica noche del 26 de septiembre en la que los jóvenes fueron brutalmente atacados por policías y entregados a un grupo narcotraficante.

De acuerdo con investigaciones de la fiscalía federal, los jóvenes habrían sido masacrados por integrantes del cartel de Guerreros Unidos e incinerados en el aislado basurero del vecino municipio de Cocula.

Hasta ahora sólo los restos de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, han sido identificados mediante pruebas de ADN.

 

La esposa del exalcalde de Iguala, una ciudad del sur de México donde desaparecieron 43 estudiantes en el pasado mes de septiembre, fue encarcelada tras ser acusada de crimen organizado. La medida se toma luego de que la mujer permaneció dos meses bajo arresto provisional, informó este lunes la fiscalía general del país azteca.

Un juez libró orden de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda «por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (…) y operaciones con recursos de procedencia ilícita», dijo Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía.

La mujer fue trasladada de Ciudad de México a un penal de Nayarit (oeste) junto con diez policías de Iguala, arrestados hace unos días por el caso de los estudiantes, añadió el funcionario.

La noche del 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de la combativa escuela de magisterio de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados a balazos en la cercana Iguala por policías locales coludidos con narcotraficantes.

Tras la balacera, que dejó seis muertos, desaparecieron 43 de estos jóvenes. Según la fiscalía, los policías los entregaron a miembros del cártel local Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado.

Hasta el momento sólo se han podido identificar los restos calcinados de uno de ellos. En total, unas 90 personas han sido detenidas por este caso, entre policías, narcotraficantes y funcionarios.

Con base en confesiones de algunos de los detenidos, la fiscalía había señalado a Pineda, hermana de tres narcotraficantes, como la principal operadora en Iguala del cártel Guerreros Unidos.

Estas confesiones señalan, además, al esposo de Pineda, el exalcalde de Iguala José Luis Abarca, como quien dio la orden de atacar a los estudiantes con el objetivo de evitar que boicotearan un acto público de su mujer.

El matrimonio, conocido en Iguala como «la pareja imperial» por el autoritarismo y la ostentación con que ejercía el poder, huyó de la ciudad varios días después de las desapariciones, pero fueron detenidos el 4 de noviembre en una casa abandonada en un populoso barrio de la capital del país.

El 15 de noviembre, un juez dictó formal prisión para Abarca, acusado de delincuencia organizada, así como de secuestro y homicidio calificado por un caso anterior al de los jóvenes.

El presidente Enrique Peña Nieto enfrenta la peor crisis desde que asumió la presidencia en diciembre del 2012 a raíz de esta masacre, que ha puesto de manifiesto la infiltración del crimen organizado en las instituciones de Estado.

 

ACAPULCO, México (AP) — Autoridades mexicanas localizaron el jueves 11 cuerpos parcialmente quemados y la mayoría decapitados en el estado sureño de Guerrero, que ha estado en el foco de la atención en los últimos dos meses por la desaparición de 43 estudiantes.

Un funcionario de seguridad del estado, no autorizado a ser identificado, dijo a The Associated Press que los cuerpos se encontraron cerca de la ciudad de Chilapa, en un área conocida por la violencia del crimen organizado y el uso de tierras para plantar amapola.

Todos los cuerpos son de hombres y se encontraban tirados al borde de una carretera, añadió el funcionario.

El hallazgo se da horas antes de que el presidente Enrique Peña Nieto anuncie un plan nacional para enfrentar la inseguridad y violencia a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes, también en Guerrero; un caso que mostró las debilidades de las autoridades y sus nexos con el narcotráfico.

Hasta ahora no se han dado detalles del plan, aunque en los últimos años otros gobiernos también han presentado diversos programas con los que han intentado modificar la situación de inseguridad en el país y que han tenido resultados mixtos.

Chilapa se localiza a unos 330 kilómetros al suroeste de la ciudad de México y está a casi 40 kilómetros de distancia de Tixtla, la municipalidad donde se ubica la Normal Rural de Ayotzinapa en la que estudiaban los 43 jóvenes desaparecidos.

Hasta ahora no parece haber vínculos entre el caso de los estudiantes y los cuerpos localizados.

Guerrero es un estado donde las autoridades han informado la presencia de varios grupos del narcotráfico, entre ellos Guerreros Unidos surgido a raíz de divisiones internas del cartel de las drogas de los hermanos Beltrán Leyva.

El grupo Guerreros Unidos ha sido señalado de participar en la desaparición de los estudiantes.

 

 

 

En la trágica noche del 26 de septiembre, en la que desaparecieron 43 estudiantes, algo en México cambió: dos meses después, la indignación no cede en las calles y el gobierno se ve obligado a dar un golpe de timón para enfrentar la impunidad y corrupción.

El presidente Enrique Peña Nieto, en su peor crisis en dos años en el poder, anunciará mañana reformas en la justicia y la creación de una policía única que controle a las policías municipales, infiltradas por el crimen organizado.

“Se deben tomar decisiones donde hay debilidades del Estado mexicano”, adelantó el ministro de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio Chong.

El plan, para cuya ejecución se creará una comisión de todos los poderes del Estado, establecerá filtros para detectar funcionarios en el crimen organizado y reformas legales anticorrupción, que han estado durmiendo en el Congreso.

“Veremos qué profundidad tendrán esas medidas. Hasta ahora, el presidente no ha tenido una respuesta coherente a la crisis y tiene que dar una válvula de escape, ocuparse de lo que no había atendido: la corrupción y la violencia”, declaró el experto en seguridad Alejandro Hope.

La desaparición de los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desnudó la colusión de autoridades y narcotráfico.Enrique Los jóvenes fueron atacados a tiros en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, por policías corruptos bajo órdenes del alcalde vinculado con el cartel Guerreros Unidos.

En tanto, el equipo argentino de Antropología Forense, que participa en las investigaciones a pedido de familiares de los desaparecidos, identificaron los restos de tres personas hallados en fosas del sur de México, aunque ninguno corresponde a alguno de los 43 estudiantes.

El equipo forense no informó la identidad de esas personas y solo mencionó que desaparecieron en los últimos meses en Iguala.

 

Proceso
Investigación

Versión de detenidos
Agentes y sicarios detenidos han declarado que los estudiantes fueron entregados a miembros del grupo del narcotráfico Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y quemado en un basurero de Cocula, cercano a Iguala.

Restos en análisis
Los restos encontrados en el basurero de Cocula y en un río cercano fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria, por recomendación de los forenses argentinos, al tener uno de los laboratorios con mayor capacidad y experiencia reconocida a nivel mundial.

 

Pasó hace más de 20 años. Y está volviendo a pasar. Un joven presidente mexicano sorprende al mundo y, sobre todo, a su país. Propone reformas inéditas que chocan con la ideología de su propio partido, el PRI, y amenazan los intereses de poderosos empresarios, sindicalistas y políticos. Las reformas son aplaudidas por comentaristas internacionales: si se ponen en marcha, dicen, contribuirán a hacer de México un país más próspero, más justo y menos corrupto. Pero muchos mexicanos ven las reformas con desconfianza. Creen que son otra jugada de las élites para obtener aún más privilegios. Otros opinan que los cambios impulsados por el presidente tendrán efectos devastadores en la economía y la sociedad. La izquierda y los nacionalistas consideran las reformas económicas como una entrega al imperialismo yanqui. Y muchos empresarios se oponen a los cambios que atentan contra sus lucrativos monopolios.

Hace 20 años, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari derrotó a los opositores dentro y fuera de su partido y llevó adelante ambiciosas reformas económicas. También firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el famoso TLC. Si bien aún tiene críticos, el TLC ha sido muy positivo. Obviamente, no ha sido la panacea para los problemas de pobreza, desigualdad y mediocre crecimiento económico que afligen a México, pero el comercio internacional se ha duplicado, y la inversión extranjera se ha triplicado.

Sin embargo, quizás lo que más afectó a México hace dos décadas, y que hoy está volviendo a pasar, es que las reformas que el país necesita desesperadamente se ven diluidas o descarriladas por el México malo. Este es el México asesino y criminal, corrupto y abusador, injusto y bárbaro, donde reina la impunidad y el imperio de la ley solo existe para quienes pueden pagarlo.

El TLC entró en vigor en 1994 y ese año estalló una rebelión armada en Chiapas, fueron asesinados tanto el candidato presidencial del PRI como el secretario general del partido y la economía colapsó. Vapuleado por sus correligionarios y la opinión pública, el presidente Salinas se autoexilió, mientras su hermano Raúl, acusado de asesinato, fue encarcelado.

La mezcla de la mala situación económica con la avalancha de escándalos de corrupción envenenó el clima político y truncó reformas. Nadie cree a nadie; nadie confía en nadie. Y el México malo se beneficia.

Dos décadas después, la historia se repite con inusitada precisión. Enrique Peña Nieto deja perplejos a los mexicanos y al mundo con las sorprendentes reformas que impulsa. Sube los impuestos (México es el país de la OCDE que menos recauda), promueve una ley antimonopolio más severa, obliga a que haya más competencia en televisión y telecomunicaciones y permite la entrada de empresas extranjeras de petróleo y energía. También se propone adecentar Pemex, la corrupta petrolera estatal. Sacude el desastroso sistema educativo, al obligar a los maestros a someterse a evaluaciones y al posibilitar su despido si no cumplen con los requisitos. Peña Nieto ha declarado la guerra a muchos y muy variados intereses. Encarceló a Elba Ester Gordillo, la hasta ahora intocable líder del sindicato de maestros, acusándola de malversación y crimen organizado; afectó los intereses, hasta ahora también intocables, del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, así como los de Televisa, el gigantesco conglomerado mediático. Y más.

En cualquier otro país la gente estaría aplaudiendo a un presidente que intenta hacer todo esto. No en México. Los mexicanos no creen que su presidente esté haciendo esto por el bien del país. De nuevo, piensan que las reformas solo beneficiarán a los políticos y a los ricos.

Y algunos hechos recientes parecen confirmar sus peores sospechas. La masacre de Iguala saca a la luz la confabulación del Gobierno local con los narcotraficantes.

La fastuosa mansión privada de la pareja presidencial fue comprada con la ayuda poco transparente de empresas que se beneficiaron de contratos cuando Peña Nieto era gobernador. Y el Gobierno se ve obligado a anular un contrato de 4.800 millones de dólares para un tren de alta velocidad, al destaparse que la compañía china adjudicataria estaba asociada con otras mexicanas vinculadas al PRI.

Estos escándalos han generado un ambiente político tan tóxico como el que se respiraba durante los peores momentos del Gobierno de Salinas.

¿Volverán la corrupción y la criminalidad a hacer naufragar las reformas que México necesita? ¿Podrá el México bueno crear los anticuerpos que neutralicen al México malo? Estos son los momentos en que un presidente puede transformarse en un líder histórico. Hay un México bueno, que es mayoría, y que exige que el México malo sea enfrentado de forma implacable, y derrotado. Pulverizado. Está buscando quien lo haga.

¿Podrá Enrique Peña Nieto convertirse en el líder del México bueno?

@MoisesNaim

El País