La ONG Acceso a la Justicia denuncia que detrás de esta iniciativa podría haber una intención manipuladora de cara a los comicios de 2024
En 2012, el fallecido presidente Hugo Chávez anunció la creación de las casas de Justicia Penal o casas de Justicia y Paz como se les conoce hoy en día.
La iniciativa sería parte de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela y fue presentada como la primera política integral de Estado en materia de seguridad ciudadana.
“En estas casas funcionarán, de manera articulada: Fiscalías Municipales (que procesan faltas y delitos con sanciones menores a ocho años); tribunales penales itinerantes y la Defensa Pública, garantizando la coordinación entre los órganos para lograr mayor nivel de esclarecimiento, celeridad y sanción en los procesos penales”, se desprende del documento original.
Once años después el Estado venezolano hizo mención a esta figura en el Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas como la panacea para resolver los problemas de justicia en Venezuela.
Previamente, a la salida de una reunión celebrada con autoridades del Ministerio Público, la Defensa Pública y del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, sostuvo: “Lo más novedoso es que a las casas de Justicia y Paz tipo I le seguirán las de tipo II y III”.
La funcionaria explicó que las tipo I son aquellas “donde desde las comunidades se activan los mecanismos alternos de resolución de conflictos (mediación y conciliación) y de esta manera los problemas no escalan (ni degeneran) en delitos que requieran poner en marcha todo el aparato de justicia”.
Por su parte las tipo II y III estarán habilitadas para conocer delitos y podrán celebrar audiencias para combatir el retardo procesal.
“La idea es que, en los centros de detención preventiva, no de manera circunstancial, accidental o espasmódica, sino permanentemente haya audiencias”, indicó el fiscal general impuesta por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
Algunos de los asuntos que deberían terminar en manos de estas instancias son hurtos, lesiones y casos de violencia intrafamiliar según la reforma que sufrió el Código Orgánico Procesal Penal en 2012.
Ni se sabe cuántas casas de Justicia y Paz hay
La ONG Acceso a la Justicia expuso que tras revisar la información pública se desconoce cuántas casas de la Justicia están operando en todo el país.
La ONG solo precisó que para 2018 la meta original de 79 en igual número de municipios no se había cumplido.
Hace cinco años, el entonces viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Hanthony Coello, dijo que en los siguientes meses serían inaugurados este tipo de recintos en los municipios seleccionados por la Gran Misión A Toda Vida.
De acuerdo con el gobernador chavista de Miranda, Hector Rodríguez, 21 de estos centros operaban en el estado Miranda. Posteriormente el TSJ anunció la apertura de 21 casas en 20 estados del país.
El TSJ no ha informado cuántas de estas instancias funcionan actualmente y tampoco cuántos casos han tramitado desde que la primera fuera inaugurada hace diez años.
Para Acceso a la Justicia, causa suspicacia que el relanzamiento de estas casas surja a la espera de una elección presidencial.
“Las autoridades parecen insistir en su estrategia de utilizar el tema de los problemas de justicia y la seguridad ciudadana con fines electorales. No se puede olvidar que la Gran Misión A Toda Vida Venezuela fue puesta en marcha justo en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012”, reza una nota de prensa de la ONG.
Un total de 249 funcionarios de distintos organismos de seguridad se desplegaron en el estado Miranda para el resguardo de los ciudadanos, como parte del dispositivo del plan Navidades Seguras, informo el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, José Humberto Ramírez.
Ramírez señaló que en este operativo participa el Cuerpo de Investigación Científica Penales y Criminalística (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana, efectivos policiales del municipio Chacao y Sucre y el cuerpo de bomberos y Protección Civil de la entidad.
Los distintos funcionarios cuentan con 55 patrullas y 33 vehículos motos. Esta acción tiene como finalidad “realizar un despliegue especial de navidad dentro del marco del dispositivo especial de Navidades Seguras 2016″.
Recordó que para cualquier emergencia la población cuenta con el número de atención 0800 732-83-78.
Estos operativos se enmarcan en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela en su vértice uno, que estipula la prevención integral del delito y convivencia ciudadana.
La inseguridad conjuntamente con la falta de alimentos son las principales preocupaciones de los venezolanos según datos que constantemente aportan expertos en el tema. El Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental que rigurosa y académicamente realiza estudios sobre la violencia en Venezuela reporto en el año 2014 veinticinco mil muertes aproximadamente producto de la inseguridad en nuestro país.
Según cifras de la Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO) hasta el 25 de junio de este año se han registrado el asesinato de 120 policías, durante el año 2014 la cifra suma 268 agentes de cuerpos de seguridad, en la mayoría de los casos estas muertes han ocurrido para robarles el arma, venganza o tiroteos mientras perseguían a sospechosos. Según la misma ONG además de los policías han sido asesinados en lo que va del año hay que sumarle 35 militares y 11 escoltas o guardaespaldas.
Hay que recordar que en los 16 años de la llamada “Revolución”, desde el Poder Ejecutivo se han elaborado 23 planes de seguridad, el último “Patria Segura” que forma parte de la “Gran Misión A Toda Vida Venezuela” y que fue iniciada su ejecución en mayo de 2013 por el presidente Nicolás Maduro quien anuncio la seguridad como su principal prioridad en el gobierno. Las principales áreas de atención de este plan “Patria Segura” son: Desarme, Delincuencia organizada, Violencia de género, Micrográfico, Alcohol y sustancias estupefacientes y psicotrópicas y Control vial. Este plan tiene priorizados 79 municipios en todo el país que considera son los más inseguros del país.
Como parte de este plan “Patria Segura” el presidente Maduro en febrero de 2014 anuncio la creación del Plan Nacional de Paz y Convivencia donde se planteó que tendría como objetivo establecer “zonas de paz” para permitir que las personas que participan en actos delictivos iniciaran su proceso de “regeneración” para desarrollar actividades legales. Como parte de las estrategias centrales en estas “zonas de paz” se prohibió la presencia de organismos de seguridad del Estado en estas zonas permitiendo tácitamente que el control estuviera en manos de los grupos delictivos que operan en estos sitios.
En un trabajo de la periodista Ronna Risquez para el portal web “Runrunes” se establece que actualmente hay zonas de paz en seis entidades del país: Miranda (Valles del Tuy y Barlovento), Aragua (San Vicente), Guárico (centro y sur del estado), Zulia, Táchira y Caracas (Cota 905, El Cementerio, El Guarataro, Petare, Antímano y La Pastora). Están en procesos las zonas de paz de San Agustín del Sur y El Valle. En el mismo reportaje un funcionario del gobierno que accedió a informar sin que se revelara su identidad dice:“Las zonas de paz se concibieron como una medida altruista para que fueran espacios para que las bandas se desmovilizaran y hubiera un desarme voluntario. Pero se convirtieron en un espacio de impunidad absoluta y paraestatal, utilizado para delinquir a sus anchas. Las zonas de paz funcionan como guetos en los cuales las autoridades policiales terminan siendo empleados y subalternos de los líderes de esas bandas”
Es claro el fracaso total del plan “Patria Segura”, hoy más que nunca Venezuela se ha convertido en un territorio inseguro, el Estado ha cedido el control de la seguridad a las bandas delictivas, cosa similar a la que ya desde hace varios años se hizo con las cárceles donde el poder total de estas lo tienen los reclusos.
Basta con ver los hechos recientes en la capital, específicamente en una de las zonas de paz la Cota 905, donde se efectuó un enfrentamiento entre policías y los grupos delictivos que manejan esta zona que dejo un saldo de varios policías heridos, un vehículo quemado al igual que varias motos de los efectivos, para tener claro que quien manda dentro de esta zona son las bandas delictivas, quienes imponen la ley y operan a sus anchas con total impunidad.
La inseguridad no es una sensación, como nos la quieren vender, sino algo real y que día a día vivimos todos los venezolanos, sin distinción de ningún tipo, como muestra basta ver como en días recientes fueron asesinados los escoltas de los diputados Freddy Bernal y Blanca Eckout en manos del hampa.
El plan “Patria Segura” ha sido un fracaso y sus resultados así lo demuestran, los venezolanos nos hemos fijado nuestro propio toque de queda por miedo a la inseguridad en que vivimos, antes de que el sol se oculte ya estamos en nuestras casas evitando exponernos al hampa que anda desatada a lo largo y ancho del país, mientras tanto el gobierno nacional se hace la vista gorda y deja en manos de las bandas criminales la seguridad de todos.
La toma del barrio San Vicente de Maracay por cuerpos de seguridad el 13 de mayo de 2015 puso de manifiesto la batalla campal entre policías y bandas armadas en la entidad. Vecinos y líderes comunales de este sector acusan a la Policía de Aragua de arremeter con violencia contra inocentes y de “robar” en las viviendas
Jesús Alberto Yajure Laudelyn Sequera
“Dígame usted, ¿Qué barrio de este país no tiene madres con hijos presos o delincuentes? Pero no todos aquí somos malandros. Lo que hicieron no tiene nombre. La Guardia y el Cicpc se portaron a la altura. Pero Poliaragua fue un desastre. Insultaron, golpearon, maltrataron a todo el mundo. Se metieron a robar. Por eso es que no los queremos”, relata una vecina del barrio San Vicente, en Maracay.
“Aquí se quería gobierno, pero no policías”, agrega rodeada de familiares. Luce indignada, molesta. Accede a hablar dentro de su casa. No quiere que la vean conversando con periodistas, menos que se publique su nombre.
Su relato es apenas uno de los testimonios recogidos en este enorme barrio al suroeste de Maracay, tras la toma del pasado 13 de mayo por más de 1.500 funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Situado junto a una zona industrial otrora pujante de Aragua, hay lotes abandonados entre los 22 sectores en los que está dividido, donde familias construyen ranchos de madera y lata. Se respira desempleo, pobreza. Las aguas negras corren por las calles.
En un rancho de lata y madera, un hombre con acento andino relata junto a su esposa cómo fue aquella toma. Muestra una herida en la cabeza: “Me dieron un cachazo. Preguntaban por pranes, que dónde estaban. No conozco a ningún pran, y como no les daba nombres, me golpeaban”. Se sube la camisa y deja ver moretones en la espalda. “Se llevaron los teléfonos y cinco mil bolívares que tenía ahorrados. Hasta se robaron la canaimita de la niña”.
Las autoridades no lo decían, pero buscaban a tres presuntos delincuentes a los que asocian con Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, el pran de Tocorón. Los objetivos eran Johan José Romero, apodado “Johan Petrica”; y Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”. Los tres tienen prontuario y han estado en la cárcel de Tocorón. Según las autoridades, controlaban una banda conocida como “Tren de Aragua”, a la que organismos de seguridad habían plantado una guerra sin cuartel.
Otra vecina —piel morena, baja estatura― muestra la puerta de su casa, rota a patadas: “No dejaron ni que abriera. Le dije a la oficial ‘¿qué vaina es, qué te pasa? Aquí vive gente decente’. Yo trabajo cuidando niños, ¿quién me va a pagar mi puerta?”.
Desde enero hasta mayo de 2015 fueron asesinados 24 funcionarios de Aragua. Una sede policial en El Mácaro fue atacada con granadas en abril. Luego en mayo, delincuentes atacaron otras dos estaciones en Villa de Cura y Turmero. La reacción se aceleró durante abril, cuando murieron 33 presuntos delincuentes durante procedimientos policiales. Los delincuentes daban un golpe, la policía lo devolvía. Siempre con muertos de por medio.
En un rancho de lata del sector El Infiernito, junto a un vertedero de basura, una mujer relata: “Nos golpearon delante de los niños. Me sacaron de mi casa desnuda. Se llevaron los teléfonos, nos reseñaron como si fuéramos unos delincuentes”.
El rechazo a la Policía de Aragua es latente y reconocido por las autoridades. José Sosa, supervisor jefe de la Comisaría de San Vicente, afirmó a Runrunes: “Cuando yo llegué aquí, el 19 de enero, ya había un choque entre la comunidad y la Policía. La gente no entiende muy bien el trabajo policial. Se molestan cuando se detiene a gente que anda con delincuentes”. Y agrega: “Esto nunca ha sido zona de paz, eso es mentira… Si alguien sustrajo alguna cosa de una vivienda, los vecinos debieron haber venido a poner la denuncia”.
A toda ¿vida?
En julio de 2014, el Gobierno de Aragua, a través de la Misión A Toda Vida Venezuela anunció la puesta en marcha de una fábrica de bloques en San Vicente. El proyecto preveía la inclusión de “jóvenes que han tenido la difícil experiencia de transitar por el sistema penitenciario y la pena de privativa de libertad”, expresó Reinaldo Hidalgo, encargado del programa en la entidad.
El proyecto de la bloquera —con un desembolso de Bs. 500 millones— fue el primer acercamiento entre autoridades e integrantes de una organización que luego se conocería como “Tren de Aragua”, acusada por el gobierno y cuerpos de seguridad de ejecutar asesinatos, ataques con granadas a comisarías, cobrar vacuna e instaurar el caos en la entidad.
Vecinos de San Vicente protestaron el 23 de abril contra el patrullaje y la presencia de la Policía de Aragua. Incluso, fueron más lejos y pidieron el cese del supuesto “acoso” contra Johan Petrica. El general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) para el centro del país, replicó al día siguiente que no permitirán que grupos hamponiles impongan sus reglas.
El golpe de las autoridades se selló con el procedimiento en San Vicente. Las autoridades allanaron cientos de viviendas, asesinaron a tres presuntos delincuentes y detuvieron a más de 800 hombres, 16 de ellos con prontuario: 11 por presunto tráfico de droga; 3 solicitados por homicidio; uno por robo y otra por incumplimiento de medidas cautelares.
En este amplio despliegue se incautaron una escopeta, una pistola, un revólver, una granada y dos envoltorios de droga, según informó el general Jesús Suárez Chourio, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en una rueda de prensa el día después del procedimiento.
Algunos vecinos ya habían denunciado el cobro, por parte de delincuentes, de 500 bolívares como pago de vacunas y cuotas a cambio de la garantía de que no habría robos ni otros delitos. Ese sería el trato que aparentemente impusieron las organizaciones criminales tras lograr sacar a los policías bajo amenaza y con el argumento de que San Vicente era “zona de paz”.
“Tren de Aragua”
Los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento en San Vicente fueron: Edgar Alexander Valderrama Ayala, a quien se le incautó una pistola; y Carlos Eduardo Ribas Rodríguez, atrapado con una granada y una escopeta supuestamente perteneciente al “Tren de Aragua”; Johan José Cárdenas Leal, conocido como “Johan Maleta”, quien tenía un revólver y lo ejecutaron en la sala de su casa, en la calle 1ero de Mayo, según reveló Contrapunto.
Al día siguiente, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, afirmó que el estado sería “zona de paz y de vida”. También aseguró que en el procedimiento en San Vicente se garantizó “el derecho colectivo a la paz”.
Los delincuentes, algunos de los cuales participaban en proyectos de la Misión A Toda Vida Venezuela, se convirtieron de pronto en “cazapolicías” que atacaban y disparaban a uniformados. El blanco de las balas siempre es la cabeza, en la mayoría de los casos registrados. La guerra obligó a los cuerpos de seguridad a patrullar las calles en grupos de más de ocho funcionarios para poder repeler cualquier ataque, según indicó un oficial activo de Poliaragua a la periodista Laudelyn Sequera.
Los escoltas de altos funcionarios del gobierno no han escapado de estos ataques en Aragua, a pesar que el gobernador El Aissami afirmó que la entidad era “potencia en seguridad” y que incluso formó parte de su propuesta de campaña electoral en 2012. Días después del operativo en San Vicente aparecieron fotografías de “Larry Changa” junto con el hoy exministro de Deporte, Antonio “El Potro” Álvarez.
Fani Moreno y Sonia Herrera, líderes militantes del PSUV en San Vicente, cuestionan todo el operativo en la comunidad: “Si el gobierno les tendió la mano, ¿Por qué ahora los traiciona? ¿Por qué buscaban a esos pranes aquí, cuando ellos salían en fotos con funcionarios del Gobierno?”
“Las zonas de paz no han dado los resultados esperados”
El sociólogo Nelson Fréitez estima que los programas para la reinserción de personas vinculadas a actividades criminales deben emprenderse desde el diseño de políticas integrales que incluyan, en principio, mejoras en las condiciones socioeconómicas, pero sin descuidar el acompañamiento del Estado en materia educativa, cultural y preventiva.
Cree que el deterioro de las condiciones de la vida en comunidades y barrios cercanos a centros industriales donde la crisis económica ha obligado al cierre de empresas y la pérdida de empleos constituye un cóctel para el auge delictivo.
“Hay estudios que prueban esto en zonas residenciales, de trabajadores, aledañas a zonas industriales, que se cierran por razones de crisis económicas. Es allí cuando se expulsa a los trabajadores de los procesos productivos, se pierde el empleo y ocurre un proceso que es común, que consiste en la precarización de la vida, por el desempleo, por la informalidad, por la carencia de ingresos de las familias. Pudiera haber procesos de degeneración y delincuencia, actividades ilícitas”.
Pero también hace un balance de los resultados de las políticas implementadas por el Gobierno; y lo que califica como el fracaso de las llamadas “zonas de paz”, decretadas muchas veces por grupos y bandas armadas.
“El gobierno ha adelantado una política —no muy pública por cierto— de las zonas de paz. En la experiencia que tenemos, esto no ha dado muchos resultados. Se han convertido en zonas en guerra por el poder y el control territorial. En el caso de San Vicente, un elemento que podría explicar la magnitud de la violencia es la presencia de bandas armadas que tienen gran poder de fuego, recursos importantes y un nivel de organización que no suelen tener las bandas, sobre todo por el tipo de armamento: fusiles, armas largas, granadas. Esto puede indicar que existan conexiones con centros de poder”.
Fréitez contrasta estas iniciativas con otras implementadas en Latinoamérica, como en Quito (Ecuador) y Medellín (Colombia). Pero también cita resultados positivos de planes privados, como el Proyecto Alcatraz, implementado por la Fundación Santa Teresa en el municipio José Rafael Revenga, en Aragua, y que “ha logrado la regeneración” de jóvenes con un pasado delincuencial a través de estrategias socioeducativas, de adiestramiento, empleo y participación en actividades deportivas coordinadas y con el acompañamiento de un equipo profesional multidisciplinario.
“En Venezuela lo que ha sucedido es que hay todo un problema de poder, de control territorial, por personas que vienen de la exclusión y la pobreza y encuentran en las armas una fuente de poder y reconocimiento. En Quito, por ejemplo, las bandas se desarmaron luego de un trabajo sociocultural, en el que participó la Iglesia católica y hubo todo un trabajo multidisciplinario allí. Las bandas criminales entregaron las armas a la Iglesia y luego el Estado consiguió financiamiento para insertar e incluir a estas personas a través del trabajo y la productividad”.
Vecinos del barrio San Vicente habían protestado para rechazar el patrullaje policial. Otros incluso concedieron que desde hace meses el “Tren de Aragua” había tomado el barrio y ofrecido condiciones para evitar los robos y asesinatos, como el pago de vacunas y la expulsión de la zona de la Policía de Aragua. Fréitez considera que este tipo de dinámicas ocurren cuando el Estado negocia y cede sus espacios, o incluso cuando los ciudadanos no creen en las instituciones.
“Es lo que los sociólogos llamamos “la anomia”, que es como un mundo al revés. La gente no confía en la institucionalidad del Estado. Y el Estado delega y cede espacios y control. Se le da poder a los delincuentes, se les transfiere recursos. Pero estas políticas fracasan sino vienen antecedidas de procesos socioculturales. Cuando no funciona, ocurre lo de San Vicente. Se va de un extremo a otro, se da al traste con todo y se practica un operativo en el que se violan los derechos de los ciudadanos. En este caso, la comunidad es la víctima”.
