Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui

La jueza Yenni García se niega a otorgarle un beneficio

La privada de libertad, Yoselin Bejarano, quien aún se encuentra recluida en la Policía de Anzoátegui en Cantaura junto a su bebé nacido el pasado 25 de mayo, solicitó nuevamente a las autoridades judiciales que se le otorgue el beneficio de apostamiento policial, ya que teme por la vida de su neonato.  

Mediante un video relató que pese a las gestiones realizadas por parte de la fiscal penitenciaria, la Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui (FDDHHANZ) y la defensa pública, la jueza Yenni García se niega a otorgarle el beneficio. 

«Estoy en un sitio que es muy húmedo y temo por la vida de mi bebe, que se me vaya a enfermar. De verdad pido que se revise mi caso», mencionó Bejarano. 

Hasta este viernes 18 de junio de 2021 han transcurrido 22 días desde que dio a luz a su bebé mediante una cesárea. Relató que durante estas semanas ha tenido fiebre y que se le infectó la herida de la intervención.  

Por otra parte comentó que en días anteriores fue trasladada a la medicatura forense, donde le hicieron una prueba de embarazo, le propusieron ponerle la vacuna contra el covid-19 pero es imposible por ahora ya que amamanta. Asimismo detalló que la reseñaron con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Anaco.

Medida de amparo

En busca de la justicia, el pasado 15 de junio, la defensa pública de Yoselin Bejarano introdujo una medida de amparo solicitando que se proteja y vele por los derechos constitucionales que le prevalecen al niño. Sin embargo, hasta el momento esperan la respuesta de la corte.

Los fallecidos son todos hombres con edades comprendidas entre los 24 y 45 años

Al menos 14 ciudadanos han muerto en el estado Sucre a manos de funcionarios de seguridad, entre el 15 de marzo y el 20 de mayo de 2021, informó el director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui (FDDHHANZ) con extensión en los estados Sucre, Monagas y Nueva Esparta, Alcides Magallanes, quien comentó que los fallecidos son todos hombres con edades comprendidas entre los 24 y 45 años.  

Aseguró que estos casos tan lamentables en los que se vulneró el derecho a la vida de más de una decena de personas se registraron en distintos municipios de la entidad: cuatro de ellos en zonas humildes de Cumaná (Municipio Sucre), tres en Güiria, municipio Valdez. 

Mientras que en el municipio Bermúdez fueron víctimas de la letalidad policial tres ciudadanos, dos en Cajigal, y en Montes y Cruz Salmerón Acosta se contabilizaron dos fallecidos. 

El representante de la ONG detalló que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es el organismo responsable del mayor número de casos en el periodo mencionado, con tres presuntas ejecuciones extrajudiciales. 

Seguida de la participación de una comisión mixta integrada por la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) y la Brigada de Infantería de Marina (BRIM) con 2 casos. Asimismo dio a conocer que la Policía Nacional Bolivariana (PNB) segó la vida de dos personas, al igual que el Instituto Autónomo Policía del estado Sucre (Iapes) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Posteriormente Magallanes recalcó que el deber de los cuerpos de seguridad es proteger a la población, y que su accionar debe estar siempre orientado a salvaguardar el derecho a la vida y lo consagrado en la Ley. Por lo tanto deben evitarse este tipo de acciones que van contra la institucionalidad. Mencionó que siempre debe prevalecer la justicia y por lo tanto ser investigados los funcionarios involucrados en estos hechos.

Sitios de reclusión presentan falta de higiene, baños dañados y humedad

Privadas de libertad embarazadas del estado Anzoátegui corren peligro debido a la falta de respuesta de los tribunales en las solicitudes de detención domiciliaria con apostamiento policial, por lo cual no se les está garantizando la salud de la madre ni la del niño; invocando el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 44 de la Ley Orgánica Para La Protección Del Niño, Niña Y Adolescente.

Así lo denunció Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ), quien mencionó que algunos ejemplos se han observado en los calabozos del Centro de Coordinación de Cantaura de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), donde los sitios de reclusión presentan falta de higiene, baños dañados y humedad que como consecuencias producen infecciones urinarias, amenazas de aborto y otros tipos de afecciones que atentan la salud de las detenidas.

“El mes pasado, una de las privadas de libertad inició labores de parto mientras esperaba el apostamiento en los calabozos. Luego de dar a luz en un centro hospitalario, fue devuelta al sitio de reclusión junto a su bebé, pese a que las áreas no están en condiciones para la madre y el niño”, resaltó.

 Asimismo, dijo que hay detenidas con más de ocho meses de gestación que no han recibido respuestas de los tribunales desde que emitieron sus solicitudes de medidas cautelares a principios de año, por lo que esta falta de actuación viola el principio de la maternidad.

“Pese a que el gobierno nacional ha decretado la operatividad completa del sistema judicial, lamentablemente se complica más el acceso a la justicia en el país, tomando a la pandemia como excusa en lugar de crear otras alternativas de atención al ciudadano”, expresó el representante de la Organización No Gubernamental. 

Aseguró que estos casos fueron reportados ante los representantes en Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

LA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG) Fundación de los Derechos Humanos solicita al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, investigar cuatro casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en la parroquia San Pablo del municipio Cajigal del estado Anzoátegui.

La información la dio a conocer el abogado y especialista en derechos humanos Alcides Magallanes, director institucional de la referida institución de carácter humanitario.

Magallanes refirió los casos de César Rafael Vivas Matute, Javier Vivas Matute, Anni Domingo Paraqueimo Ruiz y un adolescente de nombre José Gregorio Caraballo, todos murieron en supuestos enfrentamientos con funcionarios del Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística (Cicpc), subdelegación Peñalver.

Según, esta versión es rechazada por los familiares de las víctimas y testigos, quienes informaron que sus parientes no se enfrentaron con ninguna comisión policial y algunos murieron mientras dormían en sus residencias, en horas de la madrugada.

El director Institucional de la fundación resaltó que en Anzoátegui en lo que va de semestre de año, han duplicado los casos de presuntas ejecuciones sumarias, en los cuales de manera significativa están involucrados funcionarios del órgano científico.

Por eso, hace un llamado al fiscal constituyente Tarek William Saab y al defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, puesto que las instituciones que ellos dirigen son las encargadas constitucional y legalmente de garantizar el derecho a la vida.