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Ferrominera Orinoco

Más de 100 ONG rechazan condena contra dirigente sindical Rubén González

Más de cien organizaciones no gubernamentales suscribieron un documento donde repudian la sentencia por medio de un tribunal militar al sindicalista Rubén González.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y Provea junto a otras 99 organizaciones denunciaron que con esta acción, el gobierno persigue y criminaliza a los trabajadores.

González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, fue condenado el pasado 13 de agosto por el Tribunal Militar 5to de Control en Maturín en el estado Monagas a 5 años y 9 meses de prisión por los delitos de ultraje a la Fuerza Armada y ultraje al centinela.

“La jurisdicción militar no es aplicable para el caso de González por su condición de civil, lo que vulnera el principio de juez natural; además se trató de una detención arbitraria realizada sin una orden judicial y sin la comisión flagrante de un delito, destacando que Rubén se encontraba en el ejercicio de su libertad sindical”, enfatizó la organización. (Prensa Codehciu)

Comunicado

El martes, 13 de agosto de 2019, el Tribunal Militar 5to. de Control, con sede en Maturín, condenó al sindicalista Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco y coordinador de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, a cumplir una pena de prisión de 5 años y 9 meses. Los delitos por los que se le condenó fueron ultraje a la Fuerza Armada y ultraje al centinela. Las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado denunciamos que la condena a González constituye un ejemplo de la ausencia de democracia en Venezuela, donde se ha implantado una política de Estado para criminalizar la protesta y callar tanto la disidencia como la exigencia de derechos.

Rubén González fue detenido el jueves 29 de noviembre de 2018 luego de los hechos ocurridos el 12 de agosto de ese año cuando el líder sindical hablaba durante una asamblea de trabajadores. En esa ocasión, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron detenerlo siendo protegido por trabajadores quienes evitaron el arresto. Posteriormente, la Fiscalía Militar 43, con competencia en el estado Bolívar, presentó cargos por delitos militares contra el defensor de derechos laborales.

La condena contra el líder obrero González intenta silenciar el justo reclamo de las organizaciones sindicales por los derechos de los trabajadores, en crisis como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja y el retroceso de los salarios y las convenciones colectivas.

Entre 2009 y 2010, Rubén González fue encarcelado por 14 meses, luego de liderar una huelga por las condiciones laborales de los trabajadores de Ferrominera Orinoco. Tras la denuncia y movilización popular fue declarado inocente. Organizaciones de derechos humanos han recibido información que asegura que el sindicalista ha recibido tratos crueles e inhumanos durante este último encarcelamiento, una práctica corroborada por el reciente informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Del 2012 al 2019 seis sindicalistas han sido procesados en la justicia militar por defender derechos. Por otra parte, según cifras del Foro Penal, existen 528 presos políticos en Venezuela. Ambas situaciones evidencian la ausencia de estado de derecho, la vulneración recurrente de la Constitución y la repetición de violación de derechos humanos de manera sistemática.

Reiteramos, una vez más, que la aplicación de la justicia militar contra civiles constituye una violación a los derechos humanos y refleja el proceso creciente de la militarización en las labores de vigilancia, hostigamiento y persecución a la disidencia política y luchadores sociales en Venezuela. Recordamos que, por reiteradas violaciones a la libertad sindical, la OIT activó su máximo mecanismo de investigación: la Comisión de Encuesta, emprendida solo en 13 ocasiones en los 100 años de dicha organización.

Las organizaciones que suscribimos este documento exigimos la liberación de Rubén González y otros sindicalistas procesados por justicia militar, así como al resto de los presos por razones políticas. Así mismo, reafirmamos que nos mantendremos movilizados por el rescate de la institucionalidad democrática en el país.

Suscribimos:

A.C. Radar de los Barrios

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

Alfa Ciudadana

Alianza por el Referendo Consultivo

Apudo Monagas

Aquí Cabemos Todos

Asamblea Nacional

Asociación Civil Saber es Poder – AsoSaber

Asutraipc

Aula Abierta

Baruta En Movimiento

Caleidoscopio Humano

Central de Trabajadores/as ASI Venezuela

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos – Cadef

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana

Centro de investigación y formación obrera (CIFO)

Civilis – Derechos Humanos

Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

Codehciu

Coalición Siderúrgica 40 de Guayana

Colegio de Enfermería del Distrito Capital

Colegio de Licenciados en Educación, Trujillo

Comisión de DD HH de la Federación de Colegios de Abogados del estado Táchira

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia

Comisión Nacional de DD HH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Mérida

Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez)

Comité en Defensa de la Contratación Colectiva Docente

Comunidad en Movimiento A.C.

Conciencia Ciudadana A.C

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

Convite A.C.

Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (Ccura)

Creemos Alianza Ciudadana

Defensa en Acción

Defiende Venezuela

Educadores Con Su Gente

Encuentro Ciudadano

Escuela de Comunicación Social UCAB Guayana

Espacio Público

Excubitus – Derechos Humanos en Educación.

Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv)

Federación Única de Trabajadores y Trabajadoras del estado Anzoátegui (Fetranzoategui)

Fetrabanca

Fundación Aguaclara

Fundación Incide

Fundaval

Gobiernatec

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la ULA

Instituto Fundatrabajo

Instituto Mead de Venezuela A.C.

Instituto Progresista

La Organización Nelson Garrido (ONG)

Labo Ciudadano

Laboratorio de Paz

Laguarura.org

Trabajadores Metro de Caracas

Monitor de Derechos Humanos

Monitor Social A.C.

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Movimiento Por la Democracia (MPD)

Movimiento Vinotinto

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes

Observatorio Global de Comunicación y Democracia

Organización Indígena Intercultural Wainjirawa

Piloneras

Plataforma contra el Arco Minero

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)

Promoción Educación y Defensa en DD HH – Promedehum

Proyecta Ciudadanía A.C.

Razón y Revolución

Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin)

Red de DD HH del estado Lara

Redes Ayuda Humano Derecho Radio Estación

Revista SIC del Centro Gumilla

Sindicato Nacional Socialista de Trabajadores Ferroviarios de Venezuela (Sinstrafeve)

Sindicato Único de Telecomunicaciones del estado Anzoátegui (Sutea)

Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Alcaldía del municipio Guanta,
estado Anzoátegui (Suttamguanta)

Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Solidaridad Docente

Sunep – Inparques

Sunepsas

TalCual

Tendencia Clasista

Trabajadores en Lucha

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad

Universidad Simón Bolívar (USB)

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.

Universitas Fundación

 

 

 

 

 

 
Tribunal Militar fija para febrero audiencia preliminar de Rubén González

EL CAPITÁN HEIXON RAFAEL PULIDO, juez del Tribunal Militar Décimo Quinto de Control en Maturín, estado Monagas, fijó para el 20 de febrero la audiencia preliminar del dirigente Rubén González, secretario general del Sindicato de Ferrominera, quien lleva 52 días privado de libertad en la cárcel La Pica y ahora el gobierno le extiende el encarcelamiento por 31 días más.

“Eso es una injusticia más de lo que hace este gobierno con respecto a los retardos procesales, le hacen antejuicio a aquellos dirigentes obreros que levanten su voz de protesta. Lo único que exigimos es que cumplan con la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo. Es algo típico de este gobierno dirigido por ex dirigentes sindicales. Desde la Intersectorial de Trabajadores de Guayana rechazamos la represión que tienen con nosotros”, expresó Degraín Marichales, delegado del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco. Relató que el viernes fue al centro de reclusión y vio que pese al tratamiento persisten los malestares renales que ha sufrido González desde diciembre.

El jueves 29 de noviembre en la madrugada detuvieron al dirigente sindical después de que en Anaco retuvieron a 60 trabajadores de empresas básicas de Guayana, entre ellos a González, que regresaban de una protesta realizada el miércoles en Caracas. El viernes en la noche un tribunal militar de Maturín, Monagas, le dictó privativa de libertad y ordenó su reclusión en La Pica. Le imputaron tres cargos militares: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la FANB.

Más información en El Nacional.

Comisión de Contraloría de la AN realizará inspección a Ferrominera Orinoco

franciscosucre

 

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) está por definir la fecha en la que realizará una inspección a Ferrominera Orinoco. Esto por las investigaciones que se le siguen por las irregularidades en el contrato que suscribió la empresa con la compañía americana Triorient y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

El diputado del estado Bolívar al Parlamento por Voluntad Popular, Francisco Sucre, quien indicó que la comisión aprobó por unanimidad la denuncia y desde entonces se ha profundizado en el tema.

Sucre, explicó que en la estatal del hierro se firmó un convenio, el 25 de abril de 2014, por el entonces presidente de CVG, Carlos Osorio Zambrano y Triorient, en el que se acordó el intercambio de 604.500 toneladas métricas de pellas canadienses, por 1.632.150 toneladas métricas de mineral de hierro, que fueron cotizadas a 86,98 dólares por toneladas métricas.

El diputado señaló que la irregularidad viene con el monto asignado para las pellas que no fue determinado desde un principio en el contrato. Además mencionó que el costo precisado por la industria del hierro para la pella “era exagerado”, ya que el indicador Platts que establece el valor mundial de las materias primas, tenía fijado el precio en $104 por toneladas. “ Ya ahí se demuestra que se infló el precio en el momento que se firmó el contrato”, sostuvo.

Aunque aclaró que esto fue un “trueque”, destacó que FMO entregó $141.964.907 de mineral de hierro y recibió $70.726.500 por las pellas, “ocasionando un daño patrimonial por un monto sobrepagado de $71.237.207 que entregaron de más en mineral de hierro. Esa es la pérdida financiera”.

Estimó que la inspección de la AN se pudiera estar haciendo en el mes de abril y, de comprobarse los hechos, el informe será pasado a la Fiscalía de la República, “donde imaginamos va adormir el sueño de los justos, porque todos los casos de corrupción que investigamos, que son múltiples, no han recibido ningún pronunciamiento por parte de la institución. Pero los casos de corrupción no prescriben”, añadió.

Más casos de corrupción

Para Sucre, el caso de FMO se suma a otra gran cantidad de hechos de corrupción que hay en el parque industrial guayanés, “que han tenido en los últimos años el peor desempeño de su historia en materia de producción”.

Manifestó que “este saqueo que se le ha hecho a las industrias se refleja en el desmejoramiento significativo de la calidad de vida de los trabajadores y desdibuja cada día más la posibilidad de que Guayana sea la alternativa no petrolera de Venezuela”.

A su juicio, la caída de la producción se debe “a la corrupción desatada y a la incompetencia de una casta militar que se ha encargado de la gerencia de estas empresas en los últimos 17 años”.

 

A primera discusión

El parlamentario también anunció que la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN, de la cual es miembro, hará la presentación en los próximos meses del proyecto de ley de Recuperación del Parque Industrial de Guayana.

Aclaró que para la normativa ya se hizo el estudio de impacto económico y que está a la espera del informe definitivo, “para presentarlo como iniciativa parlamentaria de la comisión”.

 

* Con información de Nota de Prensa

Corte de Apelaciones ratifica sentencia contra Correo del Caroní

CorreodelCaroní

 

La Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar ratificó la condena a cuatro años de cárcel contra el director del periódico, David Natera Febres, emitida en marzo por el Tribunal Penal Sexto de Juicio de Puerto Ordaz. La decisión de la corte añade la sujeción a vigilancia del condenado durante una quinta parte de la sentencia por divulgar. Correo del Caroní informó en 2013 los pormenores de las investigaciones sobre irregularidades en el tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco, afectando intereses políticos y económicos de la región.

En todos sus puntos y con otros añadidos, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar declaró sin lugar la apelación de la sentencia contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres, a raíz de la cobertura informativa que hizo este medio en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.

Fue el 11 de marzo cuando el Tribunal Penal Sexto de Juicio, encabezado por Beltrán Javier Lira, sentenció a Natera a cuatro años de cárcel por difamación e injuria continuada.

Tal difamación y tal injuria se remontan a 2013, cuando Correo del Caroní informó sobre un caso de corrupción en Ferrominera Orinoco en la que estuvo involucrado, entre otros, Yamal Mustafá, empresario y dueño del diario Primicia, de Puerto Ordaz. Mustafá goza de libertad plena tras el sobreseimiento de la causa en su contra por el Tribunal Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas, en diciembre de 2015.

Unos días antes de su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Mustafá introdujo la demanda. Poco importó que su nombre volara de las altas esferas económicas locales a los listados de ese desfalco. Y que, además, no solo fuese Correo del Caroní el medio que publicara el caso.

Tampoco importó que el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, mencionara el caso y a sus implicados, o que el ministro de Industrias de entonces, Ricardo Menéndez, pidiera el saneamiento estructural de la empresa. Para nada. El empresario, una de las fichas de la red de sobornos que se tejió en el negoción de tráfico de mineral de hierro, demandó igualmente.

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Puedes leer la nota completa de Marcos David Valverde para Correo de Caroní AQUÍ

Gremio, ONGs y AN rechazan sentencia contra el Correo del Caroní

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Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), Expresión Libre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Asamblea Nacional se pronunciaron a favor del Correo del Caroní tras conocerse  la sentencia condenatoria contra el director del diario, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.

En el caso de Espacio Público, la ONG rechazó la sentencia por considerar que se usó el sistema judicial del país para impedir el derecho a la información y violentar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Afirmaron que el juicio sirvió como «mecanismos de coerción institucionalizada» y buscaba generar un efecto de autocensura e inhibición.

Pidieron el cese del hostigamiento judicial contra medios de línea editorial crítica e independiente y la derogación de las disposiciones sobre el desacato, vilipendio e injuria por considerar que son contrarias a los parámetros establecidos por los sistemas internacionales.

Por su parte, IPYS aseguró que el caso marca un «mal precedente» para la libertad de expresión en el país. Recordaron que siguen el juicio desde sus inicios y que desde entonces lo consideraron «abusivo» y un riesgo para el periodismo. Explicaron que la sentencia también podría derivar en la prohibición de cobertura para otros medios.

En el caso de Expresión Libre, aseguraron que se utilizó una «legislación diseñada» para castigar la verdad informativa y silenciar a periodistas y medios de comunicación. Calificaron como «detalle insólito» que a pesar de que tras la publicación varias personas resultaron presas y se comprobó el delito, el juez todavía considerara que el diario incurrió en difamación e injuria.

Exhortaron a periodistas, gremios y medios a rechazar toda medida que criminalice el derecho de expresión y niegue el derecho a la información.

Otros en pronunciarse fue el SNTP, que rechazó y aseguró que la medida no era solo el diario, sino contra el periodismo independiente, crítico y de investigación.  Considera que esta decisión no busca sino inhibir al medio regional de informar oportunamente a los ciudadanos de esa región sobre los hechos que acontecen.

“Es una condena que no dudamos en calificar como una condenan al periodismo crítico y de investigación y que se conoce a tres años después solo con el objetivo de oscurecer los hechos que hoy ocurren en Bolívar”, dijo el secretario general del SNTP, Marco Ruiz.

 

Por la Asamblea Nacional fue el diputado Tomás Guanipa, presidente de la Comisión permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, quien se pronunció y calificó la condena como un acto desesperado del gobierno para tapar los hechos de corrupción en el país.

“Nuevamente el Poder Judicial se pone de espaldas al pueblo (…) no sólo es un gravísimo golpe a la libertad de expresión e información en el país, además deja en evidencia la desesperación del Gobierno Nicolás Maduro que usa a la justicia para tapar los hechos de corrupción de su administración y trata de amedrentar así a la población”, puntualizó Tomás Guanipa.

Guanipa señaló además que “este nuevo ataque a la libertad de expresión, se convierte además en una violación flagrante al derecho a la información oportuna y veraz que la Constitución garantiza a todos los venezolanos”.

El parlamentario agregó que el caso contra el director del Correo del Caroní se suma a los procesos contra El Nacional, el diario Tal Cual, el portal digital La Patilla.

 

A ver, MUD y partidos: Guayana es un caso que amerita atención por Damián Prat

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Uno supone que en cada región de Venezuela hay roces, diferencias y alguna clase de conflictos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática y entre las fuerzas políticas que la componen.   Sería lo normal porque no se trata de gente con “pensamiento único” ni son parte de un cuartel uniformado que obedece sino que son parte de la Unidad dentro de la pluralidad y la diversidad.   Eso es hasta deseable, porque “partido único” y “una sola voz” es lo de Cuba o en el peor extremo lo de Corea del Norte y parte de lo que queremos cambiar aquí donde desde el gobierno tratan de imponernos tal cosa por su proyecto totalitario donde toda opinión distinta entre ellos es “traición” y donde los que pensamos diferente somos “el enemigo”.

Lo deseable, para el caso de la Mesa Democrática, es que esas diferencias se procesen de modo civilizado, democrático, con tolerancia, en razón de un fin político superior compartido por todos:  el cambio democrático. Para lo cual la Unidad es indispensable.  En el caso del estado Bolívar la Mesa está fracturada desde hace al menos dos años, desde aquel tiempo de las denuncias del diputado Andrés Velásquez por aquel caso del Cártel del Hierro. Muchos pensábamos que, a propósito de las Parlamentarias, si se hacían elecciones primarias completas en la región -por tratarse de un caso singular-   con un acuerdo previo de respeto y autoridades de consenso, la fractura se podría superar aunque las diferencias no desaparecieran.

Estas primarias parciales en los tres circuitos de Bolívar, aunque solo abarcaron a tres de los ocho diputados a elegir, no resolvieron los problemas aunque los ciudadanos expresaron opiniones que la MUD y los partidos deben tomar muy en cuenta a los efectos de la designación de los cinco candidatos restantes, así como de lo que los diferentes partidos deben corregir y cambiar. Todos, por cierto.  Unos y otros.  El lenguaje radicalmente descalificador debe ser erradicado.  Los tres candidatos electos y los cinco por designar necesitarán a todos.  No es un simple formalismo. Y a los ciudadanos que también luchamos y estamos comprometidos, no nos pueden echar la vaina de quitarnos fuerza. Eso por un lado. Por el otro,  la idea de que un bloque podía aplastar a otros fue derrotada por la gente en las votaciones del domingo y es igualmente suicida.

No es nada difícil “leer” los tres resultados: Caroní, Ciudad Bolívar y el Sur.  ¿Esa voz va a ser ignorada?.  El “consenso” debe serlo de verdad.  Sería una bofetada imponer un falso “consenso” despreciando lo que los votos dijeron. Nadie es dueño único de la verdad.  La responsabilidad  es, principalmente  hoy y para esos efectos, de la MUD nacional y de la dirigencia nacional de CR, PJ, UNT, AD, VP.   No nos pueden echar una vaina.    Están emplazados.  La MUD tiene que actuar en este caso singular que es Bolívar.  CR, PJ, VP así como UNT, AD y BP tienen ahora cosas de fondo que revisar antes de tomar decisiones. Y luego tomarlas.  ¿O acaso esos resultados no les dijeron nada a unos y otros?.  Es Unidad y es Democrática.

 

 

TIP   1:  FMO. Cambio de tema.   Paso el  suiche.  Con este asunto de las Primarias, pasó algo desapercibida una noticia publicada en la edición del lunes de Correo del Caroni bajo la muy calificada firma de la periodista María de los Ángeles Ramírez.   Ferrominera Orinoco registró pérdidas por Bs. 2.668 millones al cierre de 2014 de acuerdo al informe contable que es parte del informe general entregado a la AN por el ministerio de Industrias.   ¿Y saben que?.  Es un aumento de 1.387% con respecto a 2013.  La producción fue apenas un 48% de la capacidad demostrada por esa empresa antes de “la profundización de la revolución”.

 

TIP  2:   The Wall Street Journal.  Es el famoso diario de Nueva York.  Publica ayer una noticia destacada:  “Funcionarios venezolanos, bajo sospecha de convertir el país en un centro global de la cocaína”.   Citan numerosas fuentes que les indican a ellos que hay una investigación en curso por parte de Fiscales federales de Nueva York y Miami junto a una unidad élite de la Administración Federal anti Drogas.  Terrible.  Señalan como investigados al presidente de la AN, al gobernador de Aragua, a varios generales y un ministro.  El reportaje indica expresamente que no consideran a Maduro como parte de nada de lo investigado.

 

TIP  3:  Leido en twitter.  1.-   @Leirondon  “Ahí tienen –> «@PoderopediaVe: Daniel Medina, el fiscal que detuvo a Afiuni, es hoy abogado de Diosdado Cabello”.   2.-   @TelmoAlmada  “A ver, una posibilidad es comprar el Wall Street Journal. Plata hay. La otra… ¿por qué no comprar la Casa Blanca de una vez?”.   3.-   @efrainruizp: Debe salir barato demandar al Wall Street Journal…”.  4.-   @elrafaleon  “¿Por qué Diosdado no ha demandado aún a Mario Silva?.  ! Todo un misterio…!.   5.-   @Gbastidas  “Diario @UNoticias censura en su portada de hoy (ayer) las #PrimariaMUD realizadas ayer (antier) en 12 estados del país.”.   6.-   @RobertoSmithP  “Este es el único país del mundo donde retwitear una noticia del WSJ es un acto de heroísmo irracional”.

 

Damián Prat C.

depece54@gmail.com

@damianprat

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