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Examen ONU

Migrantes venezolanos superaban en 10% a la población de Boa Vista en junio

PARA EL MES DE JULIO de este año la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos residenciados en Boa Vista, Brasil, superaban en 10% a los nativos, según datos aportados por el Examen ONU Venezuela.

Según la publicación, la cifra anterior representa al menos 40.000 venezolanos viven en Boa Vista, como una alternativa para huir de la crisis en Venezuela.

En cooperación con el ejercito brasileño, dos asentamientos de venezolanos que dormían en las calles u ocupando edificios públicos o privados en Boa Vista fueron inspeccionados el mes pasado.

Durante la última ronda fueron identificados 3.259 venezolanos, de los cuales 1.335 eran hombres, 910 mujeres y 104 menores. Asimismo, en Pacaraima, un total de 521 personas incluyendo 336 hombres, 101 mujeres y 84 menores.

Se inició la entrega de 3 refugios dirigidos por las Fuerzas Armadas Brasileñas, cuyo período de transición para la entrega del refugio Santa Teresa de los militares a los socios comenzó el 17 de junio.

Lea también: Más de 140 funcionarios del MP han sido procesados por corrupción

La comunidad humanitaria está trabajando con la Secretaría de Salud en Manaos para mejorar los servicios en los refugios para indígenas venezolanos, quiénes son particularmente susceptibles a brotes de enfermedades infecciosas.

*Con información de Examen ONU

Esto fue lo que recomendó la ONU al Estado Venezolano

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En el marco del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  publicó este jueves 23 de julio su informe con las recomendaciones finales al Estado Venezolano, según lo evaluado en el cuarto informe periódico sobre derechos políticos y civiles en las sesiones  3164ª, 3165ª y 3166ª celebrado los días 29 y 30 de junio de 2015.

En el documento, la organización internacional enfatizó su preocupación sobre la actuación del Estado Venezolano en materias de derechos humanos, igualdad de género, actos de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, violencia contra la mujer, aborto, derecho a la vida, detenciones, independencia del poder judicial, observancia de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas, juridiscción penal militar, libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y y libertad de asociación y derechos de los pueblos indígenas y “lamenta la limitada información” sobre la aplicación de los estatutos declarados en los tratados de París.

El comité también  condenó las “declaraciones descalificatorias” por parte del presidente de la Asamblea Nacional y conductor del programa estatal “Con El Mazo Dando”, Diosdado Cabello a los defensores de DD.HH, luego que participaran en la evaluación del Estado en las sesiones celebradas en Ginebra, Suiza. La organización hace hincapié en que el Estado “adopte medidas necesarias para proteger a las personas que han contribuido  a la labor del Comité y a cesar todo tipo de declaración descalificatoria en su contra por parte de agentes estatales”.

Sobre el caso de la jueza Afiuni, la ONU recomendó “resolver el caso a  la mayor brevedad posible en el marco de un  juicio justo, independiente e imparcial” para que se investigue los señalamientos  sobre los casos de malos tratos y agresión sexual que ha denunciado la jueza durante su detención en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). En ese caso, la ONU reteiró su preocupación por la situación del poder judicial y ciudadano  con respecto a su autonomía e independencia.

Como parte de los aspectos positivos, el comité aprobó “con satisfacción” la creación de los organismo públicos como el Ministerio Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; la adopción de leyes que favores a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

Finalmente, recomendó al Estado Venezolano volver a formar parte de la Convención Americana de Derechos Humanos para brindar mayor protección  complementaria a los derechos contenidos en el Pacto a nivel regional.

No dejes de ver las recomendaciones de la ONU al Estado venezolano

 

 

Mira el Informe de la ONU completo aquí

Observaciones Finales ONU

El examen de Venezuela ante la ONU en 5 rounds

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El pasado 30 de junio, el gobierno venezolano culminó la presentación de su informe sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ante los miembros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), reunidos en Ginebra.

Durante dos días, el Comité sometió a exhaustiva comparación los datos ofrecidos por el Estado y por organizaciones no gubernamentales, en temas como violación al derecho a la vida, el derecho a la libertad, la prohibición de la tortura y los malos tratos, el derecho a un juicio justo y a un sistema de justicia independiente y parcial; los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y la prohibición de la propaganda de guerra y de discursos que hagan apología al odio, entre otros.

El Comité deberá dar a conocer próximamente un informe con recomendaciones que surgieron del intenso debate que tuvo picos y resonancias.

¿Quién quedó contra la lona? ¿Aprobará el Estado venezolano el examen de la ONU? Saque sus propias conclusiones a partir de los hitos del debate.

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Dudas sin respuestas

Vocero de ONG


En nombre de la organización UN Watch, Lilian Tintori, esposa del dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, expuso ante la Organización de las Naciones Unidas que hasta el 30 de junio de 2015, hay 75 presos políticos en el país, entre los que se incluye su esposo y otros dirigentes políticos. “Están en la cárcel por exigir un cambio democrático a través de medios constitucionales no violentos, no han cometido ningún delito”, recalcó.

Dijo que López ha estado 9 de los 16 meses que lleva preso “aislado, con tratos inhumanos y torturas”.

Tintori argumentó que tanto el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del organismo, como el comité contra las torturas, el alto comisionado y el relator de Derechos Humanos de la ONU han expresado que López está detenido en oposición a lo que dicta el derecho internacional. En ese sentido, pidió la liberación de todos los presos por razones políticas.

Vocero del Gobierno

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que al líder político Leopoldo López se le han resguardado “en todo momento” sus derechos. “Nuestros fiscales acuden continuamente al sitio de reclusión y constatan el estado de ambos”, sostuvo, al referirse también a la situación del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.

Describió que los representantes del Ministerio Público han velado porque las celdas de los dos dirigentes políticos tengan luz y ventilación adecuada, así como “bibliotecas, lámparas y baños exclusivos”. Añadió que se les había respetado el derecho a tener abogados y médicos de su confianza, que sus familiares no han tenido restricciones para visitarlos y que cada juicio puede entrar cualquier venezolano.

Las explicaciones del gobierno no dejaron satisfechos a los miembros del comité. El francés Olivier De Frouville, manifestó su inquietud por el hecho de que muchos de los detenidos por las protestas de 2014 no tuvieron oportunidad de preparar su defensa, lo que afirmó, supone una violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

A la fiscal general y compañía se les solicitó información adicional sobre la llamada “Tumba” y las condiciones de reclusión en el Sebín.

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El tema incomprensible

Vocero de ONG

Varios de los miembros del comité exigieron razones de la actuación de grupos de civiles armados en el país. La pregunta común era: ¿por qué no pueden ser controlados?

Otros fueron más directos en sus intervenciones, como Konstantine Vardzelasvili, de Georgia, quien opinó que el Estado venezolano no puedo brindar protección a grupos progobierno que actúan contra manifestantes.

Vocero del Gobierno

Los delegados del Gobierno defendieron en todo momento a los colectivos y los desvincularon de acciones criminales.

La alta comisionada por la Paz y la Vida, Isis Ochoa, dijo que son “grupos de paz y no pandillas” y acotó: “uno de ellos acaba de ganar un premio en Francia”.

Rubén Molina, representante de la Cancillería venezolana, apuntó que a los grupos de trabajo civil y social se les ha tildado “malintencionadamente” de colectivos.

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William Castillo “en la nube”

 

Vocero de ONG

El representante de Israel en el Comité, Yuvan Shany, pidió explicaciones a la representación de Conatel sobre el número de procedimientos abiertos contra radio y televisoras en Venezuela y sobre las acciones para vulnerar los derechos a la información y a la libertad de expresión. Espacio Público presentó un informe en el que denunció el deterioro del derecho a la información en el país a través del “hostigamiento, descalificación y la violencia”, en el que destacaron también como nuevo elemento las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en internet. El comisionado de la ONU preguntó específicamente a la fiscal general sobre el tema.

Vocero del Gobierno

El presidente de Conatel, William Castillo, causó una fuerte polémica luego de admitir que el gobierno ha bloqueado 924 enlaces de DolarToday, así como otros 1060 sitios. Sostuvo que la decisión se tomó a petición de tribunales, que aseguraron en su momento que estos sitios estaban incursos en presuntos planes conspirativos contra el actual gobierno. Al mismo tiempo, afirmó que no hay una política sistemática del Estado para afectar el acceso a Internet o bloquear portales.

La afirmación dejó perplejos a miembros de organizaciones no gubernamentales que comentaban en Twitter el evento. (Incluir tuit de Carlos Correa)

Castillo dijo que tampoco era cierto que hubiesen bloqueado los servidores de imágenes de Twitter para impedir la difusión de material gráfico sobre las protestas de 2014, aunque un artículo del portal Bloomberg.com, del 15 de febrero de 2014, así lo recuerda.

El funcionario también denunció que el gobierno ha sufrido ataques a sus portales en internet, que han puesto en riesgo las transacciones bancarias del Estado.

Por otra parte, afirmó que han garantizado el acceso a las divisas para la compra de papel periódico y acusó a medios impresos de haber causado un déficit de esta materia prima, al comprar más papel del que necesitaban para venderlo en divisas a medios más pequeños.

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Fiscal reprendida

Vocero de ONG

Por primera vez en cinco años, la jueza María Lourdes Afiuni decidió declarar en su juicio para desmentir a la fiscal Luisa Ortega Díaz.

En las horas previas a la audiencia, la defensa de la jueza negó la existencia de la carta que aseguró tener la fiscal general.

Afiuni detalló en su juicio cada una de las torturas y violaciones a sus Derechos Humanos a las que fue sometida mientras estuvo presa.

Al final de la audiencia, se le negó un permiso para viajar a Suiza para interponer una denuncia contra la fiscal Luisa Ortega Díaz.

Vocero del Gobierno

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, negó que la jueza María Lourdes Afiuni hubiese sido violada y torturada mientras estuvo en prisión. Dijo que poseía un escrito supuestamente firmado por la jueza, en el que negaba la “infame” acusación contra el Estado venezolano.

La fiscal fue increpada este 30 de junio por juristas como Nigel Rodley, quien la criticó por negar las violaciones a los Derechos Humanos de Afiuni después de leer una nota transmitida por la jueza al Comité. “Me parece que este comportamiento no es consistente con el cargo de fiscal general, ni con las normas de la ONU”, expresó el experto del Reino Unido.

Ortega Díaz lamentó el tono de las intervenciones y acusó al Comité de comportarse como un tribunal. Ante esta afirmación, el presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli, le aseguró a la jefa de la delegación venezolana que su país era tan respetado como el resto de los integrantes, pero también enfiló un dardo contra el gobierno venezolano. “Tal vez como hace 15 años no participan en el examen, han perdido la habitualidad de cómo es el diálogo con todos los países”. Un día antes, Salvioli también había reprendido a Ortega por mandar a callar a otro de los miembros del Comité, el experto Oliver de Frouville, quien la enfrentó por el mismo caso.

“Si el diálogo no se va a llevar de manera respetuosa, el que va a mandar a callar soy yo”, advirtió. Video de esta afirmación, aquí:

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El tema que enfrentó al propio Gobierno

Vocero de ONG

Olivier de Frouville, comisionado francés, expresó su preocupación por el trato a miembros de las ONG venezolanas, ante los señalamientos que los acusaban de formar parte de un plan desestabilizador contra el gobierno y pidió información detallada de las amenazas contra estos defensores.

Por su parte, al israelí Yuvan Shany le sorprendió oír el alegato del Estado venezolano de que no han recibido denuncias sobre las amenazas a defensores de DD HH.

Al finalizar las sesiones, el propio comisionado de Derechos Humanos, Fabián Savioli hizo sus votos porque no hubiese represalias contra los representantes de la ONG que presentaron sus denuncias en Ginebra.

Vocero del Gobierno

Rubén Darío Molina, director de Asuntos Internacionales de la Cancillería Venezolana, fue reprendido por la propia Luisa Ortega Díaz cuando apuntó su verbo contra los defensores de DD HH en el país.

Molina dijo que las ONG en Venezuela son organizaciones políticas y que, como tal, deben ser tratadas. “No son actores ingenuos, toman posición”, afirmó.

La aseveración causó malestar entre los presentes, a tal punto de que la fiscal general intervino posteriormente para aclarar que esa no era la posición de toda la delegación, sino un juicio personal del funcionario.

Respecto a la persecución a defensores de Derechos Humanos en el país, la fiscal negó haber recibido denuncias por escrito de las ONG y las invitó a establecer un diálogo constructivo.

VIDEO Mira las declaraciones de la Fiscal de la República ante el examen ONU

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En su segunda sesión, la fiscal de la República, y jefa de la delegación del Estado Venezolano ante el comité de DD.HH en la ONU,  Luisa Ortega Díaz ofreció resultados de la gestión del gobierno en materia de derechos políticos y civiles.

En el video, Ortega Díaz negó los alegatos que expresaron los representantes del comité internacional y pidió respeto para el Estado Venezolano.

También se observa el “impasse” que sostuvo la fiscal con el examinador Olivier de Frouville, quién expresó “quedarse boquiabierto” sobre el caso de la jueza Afiuni.

Mira a continuación las declaraciones de Luisa Ortega Díaz en la ONU

Así respondió el Estado Venezolano ante las interpelaciones del examen ONU

comisionado ONU

Este martes 30 de junio, el Estado Venezolano fue interpelado nuevamente ante el comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en cumplimento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) para responder los cuestionamientos de los examinadores internacionales en Ginebra, Suiza.

En esta segunda sesión, la delegación venezolana defendió su Cuarto Informe Anual de DD.HH, encabezados por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz en conjunto con Rubén Darío Molina, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores; Clara Vidal, viceministra para Pueblos Indígenas; Marjorie Calderón, magistrada del TSJ; Larry Devoe, secretario del Consejo Nacional de Derechos Humanos; Isis Ochoa, Comisionada Presidencial para la Paz y para la Vida; Carmen Zuleta, magistrada de la Sala Constitucional del TSJ, Sandra Oblitas, del Consejo Nacional Electoral y William Castillo, presidente de la Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones).

Luisa Ortega Díaz: “Venezuela esta bajo un ataque y lamentamos que este comité se haya prestado para esto”

La fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz respondió los cuestionamientos del examinador Nigel Rodley sobre el caso de la jueza Maria Lourdes Afiuni, y lamentó el método de trabajo del comíte internacional.

“Lamentamos que este foro se convierta en un espacio para difundir sus verdades subjetivas, muchas de ellas falsedades o sustentadas en información no válida”, acusó Ortega.

La máxima funcionaria del Poder Público indicó que la a juez fue “procesada por corrupción, abuso de autoridad, y fomento a la evasión”, e insistió en que en Venezuela se respetan los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.

También Ortega Díaz indicó que en Venezuela se producen 62 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual reconoce que es el segundo país más violento del mundo, seguido de Honduras, cuya tasa se ubica en 66 asesinatos.

William Castillo: “ En Venezuela nunca como ahora hubo tanta Libertad de expresión”

Sobre el derecho a la libre información y la defensa de la libertad de expresión en Venezuela, el presidente de Conatel compareció ante el comíte y declaró que en Venezuela “nunca hubo como ahora tanta libertad de expresión”. El funcionario respondió las inquietudes del experto Yuval Shany sobre la norma de las concesiones del espectro radioeléctrico de radio y televisión y la multa al canal privado Globovisión antes que fuese vendido en mayo de 2013.

Castillo. Afirma que no es una política de Estado bloquear sitios web. #ONUVzla

— Carlos Correa (@ccorreab) junio 30, 2015

Castillo explicó que el único cierre de medios que se ha dado lugar en Venezuela ha sido específicamente a VTV y a Catia TV durante los hechos de abril de 2012 y afirmó que no es “una política del Estado bloquear páginas web. También ofreció detalles sobre la falta de papel que afecta a los periódicos impresos.

Larry Dovoe: “No hay hacinamiento en las cárceles venezolanas”

El secretario del Consejo de Derechos Humanos, Larry Dovoe, presentó cifras pendientes sobre la problemática penintenciaria de Venezuela y reiteró que el nuevo régimen carcelario “no existen armas en los centros”. Agregó que la política empleada por el Ministerio de Asuntos Penintenciarios habría contribuido con la disminución de las personas fallecidas dentro de los centros de reclusión.

Isis Ochoa: “Los niños de la calle son un fenómeno erradicado en Venezuela”

La alta comisionada presidencial para la Paz y para la Vida, Isis Ochoa ofreció datos sobre el cumplimiento de los derechos LBTI y a los niños, niñas y adolescentes, lo cual se refirió a los programas sociales que realiza el Estado Venezolano en dichas materias. Ochoa enfatizó que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello pidió “acelerar” la legislación de los derechos LBTI en el país.

Calderón: “El Tribunal Supremo es un órgano independiente”

Por otro lado, la magistrada del TSJ, Marjorie Calderón respondió las inquietudes del examinador Konstantine Vardzelashvili sobre los concursos abierto para la postulación de cargos a magistrados del TSJ y reconoció la provisionalidad de los jueces.

Ipys solicita a ONU que exhorte al Estado Venezolano comunicación libre en parlamentarias

libertad de expresion prensa

Este lunes 29 de junio, el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) solicitó ante la Comisión de DDHH de ese organismo, que el Estado venezolano garantice una comunicación libre, independiente y equitativa de cara a los comicios de las parlamentarias, para lograr una campaña de calidad y ofrecer a los ciudadanos el acceso a una información equilibrada.

El organismo mostró preocupación ante los comicios del 6 de diciembre y sugiere al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortar al Estado a eliminar los delitos penales por difamación o injuria; propiciar un ecosistema de medios de comunicación equilibrado, libre, plural y autónomo; prohibir los procesos judiciales injustificados por el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información; garantizar el acceso oportuno y efectivo a la información pública, y cumplir las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y el derecho a la información.

Entre 2005 y 2014, el Estado venezolano ha abierto 42 procedimientos judiciales contra periodistas, medios de comunicación,y organizaciones de Derechos Humanos. Se han ejercido 8 demandas judiciales contra el diario Tal Cual, y el gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado 20 demandas legales contra medios. La mayoría de estos juicios se han ejercido por delitos por difamación e injuria. Las penas a la expresión, buscan silenciar las informaciones sobre criminalidad, violencia, escasez y corrupción.

Se prohíbe informar

El gobierno venezolano ha propiciado la construcción de un marco jurídico –al margen de la Constitución- que restringe la libertad de expresión y el derecho a la información

La orden es el silencio

Venezuela se ha convertido una sociedad desinformada, donde prevalece la opacidad, y se ha comprometido la autonomía de sus instituciones, incluso aquellas que escrutan el poder. Se imponen presiones de censura por parte del Estado, sectores económicos y políticos, grupos de delincuencia organizada y de las empresas de medios de comunicación. Ante estas restricciones y amenazas, los periodistas prefieren autocensurarse

Concentración de medios prooficialistas

Veinticinco medios fueron vendidos en los últimos cinco años, en nueve estados del país: Amazonas, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, Monagas y Zulia. En Ipys Venezuela hemos podido constatar que nueve de estos medios pasaron a tener vinculaciones con factores del poder gubernamental, 44% cambió a una línea editorial pro gobierno local, 20% cambió a una línea editorial neutra y 36% cerró luego del cambio de propiedad.

Neutralización de la radio y la TV

El gobierno abrió en los últimos diez años 52 investigaciones por supuestos delitos técnicos y de contenido, contra medios radioeléctricos privados, comunitarios, portales web y proveedores de Internet, y TV por suscripción. 42% de estos procedimientos se abrieron entre 2013 y 2014, periodo en el cual falleció el Presidente Hugo Chávez, ganó la Presidencia Nicolás Maduro, hubo conflictos de calle y se intensificó la polarización política.

Esta situación se da en un contexto institucional en el cual Venezuela no tiene un órgano de regulación independiente. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) depende del gobierno nacional y sus directivos militan el partido oficial.

Desequilibrio en el ecosistema de medios

En Venezuela, se impone el vasto poder gubernamental. Predomina la ausencia de pluralidad, libertad y autonomía que en el ecosistema de medios estatales, comunitarios y privados. Los 1.116 canales de radio y televisión del país están obligados a replicar las alocuciones oficiales, transmitidas en cadena nacional. El gobierno ha creado una red de medios comunitarios y alternativos, que están bajo la tutela gubernamental, lo que compromete su independencia económica y la libertad de sus líneas editoriales. El Sistema Bolivariano de Información y Comunicación se define como un “ejército comunicacional de toda la revolución bolivariana”.

Defensores DDHH en riesgo

En su programa de TV, Diosdado Cabello y su red de informantes tácticos denominados “Patriotas cooperantes” acusaron, sin fundamento ni investigaciones previas, a 165 personas y organizaciones entre octubre y diciembre2014. De éstas, 32 son activistas y organizaciones de DDHH, y 23 son periodistas y representantes de medios de comunicación.

Desconocen las recomendaciones internacionales

El gobierno venezolano desconoció las 11 recomendaciones sobre libertad de expresión y protección de periodistas que surgieron diversos países, en el marco del Examen Periódico Universal que presentó Venezuela ante la ONU en 2011. La violencia contra periodistas y medios de comunicación ha aumentado, y se ha instaurado un espiral perverso de impunidad para la libertad de expresión.

 

 

Más de 231 mil homicidios se han cometido en Venezuela en 16 años

inseguridad

Este 29 de junio, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) -integrado por LACSO junto con un grupo de cinco universidades públicas y privadas del país- consignaron su informe alternativo, relacionado con el Derecho a la Vida en Venezuelaal Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual revisará el cumplimiento del Estado venezolano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 

Del año 2000 en adelante, Venezuela se ubica entre los países con niveles de “violencia muy alta” en el mundo, conformados por aquéllos que tienen más de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Aun cuando naciones con realidades similares, tales como Colombia, Brasil y México, han compartido con Venezuela esta preocupante clasificación, en la actualidad Venezuela dobla o cuadruplica la tasa de homicidios de los mencionados países.

Ante el panorama detallado, en el cual la violación al derecho a la vida en Venezuela ha traído como principal y evidente consecuencia la muerte de miles de personas en el país, es de destacar que también trae consigo varias otras secuelas: personas lesionadas, física y psicológicamente; sufrimiento de madres, padres, parejas e hijos; descomposición de familias; impacto en la economía familiar; impacto en la salud pública; problemas de salud mental (ansiedad, depresión, estrés, paranoia); pérdida de la calidad de vida; posicionamiento negativo de la imagen país; disminución de las inversiones nacionales y extranjeras; migraciones de miles de venezolanos, entre otras consecuencias.

Se destaca la impunidad como factor previamente mencionado. En 1998, por ejemplo, por cada 100 homicidios se detuvieron a 110 sospechosos; sin embargo, apenas dos años después, en el 2000, por cada 100 homicidios se detuvieron a 18 sospechosos. En los años 20072008 y 2009, por cada 100 homicidios se detuvieron a 9 sospechosos. Visto de otra manera, en esos tres años el 91% de los homicidas quedó libre, sin haber tenido ni siquiera una detención como sospechoso.

Entre 1998 y 2009, en el país se produjeron 23.046 detenciones, de 123.091 homicidios que se cometieron, lo que significa que, a 2009, había 100.045 homicidas impunes. La impunidad deja sin derecho a la justicia a las víctimas y sus familiares, fomenta el incumplimiento de la ley y la convierte en un adorno, destruye la convivencia e impide el progreso social y económico de la sociedad.

Dada esta situación, LACSO y OVV desean solicitar al Comité se hagan al Estado venezolano, entre otras, las siguientes recomendaciones:

– El Estado debe cumplir con su responsabilidad de ser transparente y proporcionar cifras, públicamente y al menos una vez al año, acerca de la situación de inseguridad y violencia en Venezuela; así como abstenerse de censurar la información y permitir el acceso a las cifras de homicidios, y demás delitos, a los ciudadanos que las soliciten.

– El Estado debe, cuanto antes, reducir los niveles de impunidad en el país, en el marco de una política de seguridad ciudadana exenta de cuerpos militares ajenos a tareas de control del orden interno.

– El Estado debe aplicar claras políticas sociales ante la violencia que tengan continuidad; fomentar la institucionalidad y emprender acciones de prevención, así como de represión: forzando el cumplimiento de la ley. Debería, también, ser crítico de la actuación violenta, cuestionar –y no elogiar- a los violentos, pacificar a la sociedad venezolana. De igual manera, debería apoyar y destinar mayor cantidad de recursos económicos a los organismos policiales; así como impulsar el desarme de la población.

 

ONU insiste al Estado Venezolano suministrar información sobre asesinados en protestas de 2014

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Este 29 de junio, la comisión de DD.HH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  interpeló al Estado Venezolano en cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Esta primera intervención se celebró en el Palacio Wilson, en Ginebra, Suiza.

Más de 18 organizaciones sociales presentaron sus informes ante el comité internacional para exponer la situación actual de Venezuela en materia de derechos civiles y políticos. Por su parte, el Estado Venezolano entregó su Cuarto Informe  Periódico al Comité del año 2012,  que será puesto en tela de juicio sobre su actuación gubernamental ante  examinadores extranjeros.

En dos sesiones privadas, organizaciones  sociales como Espacio Público, Provea, Amnistía Internacional,  Centro para la Paz, AVESA, Cofavic, Foro Penal, Ipys, International Association of Judges – Grupo Iberoamericano, International Bar Association Human Rights Institute, Human Rights Watch, Laboratorio de Ciencias Sociales, Observatorio Venezolano de Prisiones, Observatorio Venezolano de Violencia, Red LGBTI de Venezuela, Sinergia y la Vicaría de derechos humanos de Caracas destacaron el incumplimiento internacional del Estado Venezolano en proteger los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, a pesar de las reformas y los avances jurídicos que se han legislado en el país.

También hicieron enfásis en las violaciones de DD.HH y el incumplimiento al debido proceso, uso excesivo de la fuerza y los casos de torturas en las manifestaciones de febrero de 2014.

En defensa del Estado Venezolano, la Fiscal  Luisa Ortega Díaz, en conjunto con 35 delegados oficiales, destacaron la tarea del Gobierno Nacional y presentaron cifras sobre la cantidad de detenidos y causas procesadas de torturas:

No obstante, la comisión del PIDCP cuestionó la presentación de la fiscal e hicieron acotaciones sobre la aplicación de las leyes civiles vigentes en los últimos 15 años. Los examinadores r esaltaron la discrepancia en las cifras que presentó el Estado sobre materia carcelaria, independiencia judicial, violencia, leyes sobre protección a las mujeres y seropositivos, uso de fuerza y tortura.

También destacaron que el Estado debe realizar planes de prevención  para mejorar el  hacinamiento de cárceles y eliminar el autogobierno de los delincuentes en los recintos penintenciarios. Pidieron estadísticas más desagregadas  en cuanto los  derechos de las personas LGBTI y criminalización y suministrar mayor información sobre los asesinados en las manifestaciones de 2014.

Respuesta del Estado Venezolano

Ante el cúmulo de preguntas de los examinadores, la fiscal de la República recalcó que más que preguntas objetivas “parten de falsos supuestos” el debate sobre la  situación de la DD.HH en Venezuela:

“Hicieron jucios de valor, muy subjetivas.Los representantes de este comité estuvieron realizando interpretaciones, elucubraciones y opiniones, sólo 28 min fueron preguntas. El estado venezolano es respetuoso a la protección de los DD.HH, no es cierto que no se respeta el debido proceso”, indicó Ortega Díaz.

Sobre el caso de la juez Afuini, Ortega Díaz acusó al comité de cometer una infamia en contra del Estado: “La jueza Afiuni no fue violada ni torturada. ¿Dónde están las pruebas?” , cuestionó la fiscal.

Sobre el proceso penal acusatorio, indicó que Venezuela respeta el debido proceso y niega que existe impunidad en el país: “Se debe tener claro el Proceso Penal Venezolano que antes era inquisidor y ahora debe ser acusatorio, respetar el debido proceso”.

La fiscal de la República cedió la palabra a la magistrada Carmen Zuleta sobre las cifras oficiales del sistema penal en Venezuela e hizo enfásis que existe independencia de poderes en el país, especialmente cuando se aprueba leyes habilitantes: “En Venezuela la función legislativa puede ser compartida por el poder ejecutivo cuando usa leyes habilitantes…la (ley) habilitante se aprueba mediante aprobación de AN no es una decisión arbitraria” resaltó Zuleta.

Finalmente, los examinadores insistieron en el cumplimiento del diálogo y el suministro de información por parte de la misión permanente de DD.HH de Venezuela en Ginebra : ” El Dialogo implica un intercambio de opiniones y esperamos recibir como respuesta opiniones también. La información no es suficiente sobre casos de personas que fueron asesinados cerca de las manifestaciones”, declaró la examinadora Vardzelashvili.

La comisión del PIDCP, compuesto por 18 examinadores independientes, tienen el objetivo de monitorear y vigilar la implementación de los derechos políticos y civiles, acordados en el Pacto de las Naciones Unidas, para garantizar su cumplimiento frente a la comunidad internacional. En la sesión del próximo 30 de junio, el Estado Venezolano responderá las interrogantes planteadas por los delegados extranjeros.