El pasado 30 de junio, el gobierno venezolano culminó la presentación de su informe sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ante los miembros del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), reunidos en Ginebra.
Durante dos días, el Comité sometió a exhaustiva comparación los datos ofrecidos por el Estado y por organizaciones no gubernamentales, en temas como violación al derecho a la vida, el derecho a la libertad, la prohibición de la tortura y los malos tratos, el derecho a un juicio justo y a un sistema de justicia independiente y parcial; los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y la prohibición de la propaganda de guerra y de discursos que hagan apología al odio, entre otros.
El Comité deberá dar a conocer próximamente un informe con recomendaciones que surgieron del intenso debate que tuvo picos y resonancias.
¿Quién quedó contra la lona? ¿Aprobará el Estado venezolano el examen de la ONU? Saque sus propias conclusiones a partir de los hitos del debate.
Dudas sin respuestas
Vocero de ONG
En nombre de la organización UN Watch, Lilian Tintori, esposa del dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, expuso ante la Organización de las Naciones Unidas que hasta el 30 de junio de 2015, hay 75 presos políticos en el país, entre los que se incluye su esposo y otros dirigentes políticos. “Están en la cárcel por exigir un cambio democrático a través de medios constitucionales no violentos, no han cometido ningún delito”, recalcó.
Dijo que López ha estado 9 de los 16 meses que lleva preso “aislado, con tratos inhumanos y torturas”.
Tintori argumentó que tanto el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del organismo, como el comité contra las torturas, el alto comisionado y el relator de Derechos Humanos de la ONU han expresado que López está detenido en oposición a lo que dicta el derecho internacional. En ese sentido, pidió la liberación de todos los presos por razones políticas.
Vocero del Gobierno
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que al líder político Leopoldo López se le han resguardado “en todo momento” sus derechos. “Nuestros fiscales acuden continuamente al sitio de reclusión y constatan el estado de ambos”, sostuvo, al referirse también a la situación del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.
Describió que los representantes del Ministerio Público han velado porque las celdas de los dos dirigentes políticos tengan luz y ventilación adecuada, así como “bibliotecas, lámparas y baños exclusivos”. Añadió que se les había respetado el derecho a tener abogados y médicos de su confianza, que sus familiares no han tenido restricciones para visitarlos y que cada juicio puede entrar cualquier venezolano.
Las explicaciones del gobierno no dejaron satisfechos a los miembros del comité. El francés Olivier De Frouville, manifestó su inquietud por el hecho de que muchos de los detenidos por las protestas de 2014 no tuvieron oportunidad de preparar su defensa, lo que afirmó, supone una violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
A la fiscal general y compañía se les solicitó información adicional sobre la llamada “Tumba” y las condiciones de reclusión en el Sebín.
El tema incomprensible
Vocero de ONG
Varios de los miembros del comité exigieron razones de la actuación de grupos de civiles armados en el país. La pregunta común era: ¿por qué no pueden ser controlados?
Otros fueron más directos en sus intervenciones, como Konstantine Vardzelasvili, de Georgia, quien opinó que el Estado venezolano no puedo brindar protección a grupos progobierno que actúan contra manifestantes.
Vocero del Gobierno
Los delegados del Gobierno defendieron en todo momento a los colectivos y los desvincularon de acciones criminales.
La alta comisionada por la Paz y la Vida, Isis Ochoa, dijo que son “grupos de paz y no pandillas” y acotó: “uno de ellos acaba de ganar un premio en Francia”.
Rubén Molina, representante de la Cancillería venezolana, apuntó que a los grupos de trabajo civil y social se les ha tildado “malintencionadamente” de colectivos.
Molina: en Venezuela existen miles de colectivos sociales que no viven de los DDHH, los defienden,malitencionadamente se les llama pandillas
— CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) June 30, 2015
William Castillo «en la nube»
Vocero de ONG
El representante de Israel en el Comité, Yuvan Shany, pidió explicaciones a la representación de Conatel sobre el número de procedimientos abiertos contra radio y televisoras en Venezuela y sobre las acciones para vulnerar los derechos a la información y a la libertad de expresión. Espacio Público presentó un informe en el que denunció el deterioro del derecho a la información en el país a través del “hostigamiento, descalificación y la violencia”, en el que destacaron también como nuevo elemento las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en internet. El comisionado de la ONU preguntó específicamente a la fiscal general sobre el tema.
Castillo Gracias por responder lo que preguntamos antes en Venezuela. — Carlos Correa (@ccorreab) June 30, 2015
Vocero del Gobierno
El presidente de Conatel, William Castillo, causó una fuerte polémica luego de admitir que el gobierno ha bloqueado 924 enlaces de DolarToday, así como otros 1060 sitios. Sostuvo que la decisión se tomó a petición de tribunales, que aseguraron en su momento que estos sitios estaban incursos en presuntos planes conspirativos contra el actual gobierno. Al mismo tiempo, afirmó que no hay una política sistemática del Estado para afectar el acceso a Internet o bloquear portales.
La afirmación dejó perplejos a miembros de organizaciones no gubernamentales que comentaban en Twitter el evento. (Incluir tuit de Carlos Correa)
Castillo dijo que tampoco era cierto que hubiesen bloqueado los servidores de imágenes de Twitter para impedir la difusión de material gráfico sobre las protestas de 2014, aunque un artículo del portal Bloomberg.com, del 15 de febrero de 2014, así lo recuerda.
El funcionario también denunció que el gobierno ha sufrido ataques a sus portales en internet, que han puesto en riesgo las transacciones bancarias del Estado.
Por otra parte, afirmó que han garantizado el acceso a las divisas para la compra de papel periódico y acusó a medios impresos de haber causado un déficit de esta materia prima, al comprar más papel del que necesitaban para venderlo en divisas a medios más pequeños.
Fiscal reprendida
Vocero de ONG
Por primera vez en cinco años, la jueza María Lourdes Afiuni decidió declarar en su juicio para desmentir a la fiscal Luisa Ortega Díaz.
En las horas previas a la audiencia, la defensa de la jueza negó la existencia de la carta que aseguró tener la fiscal general.
Afiuni detalló en su juicio cada una de las torturas y violaciones a sus Derechos Humanos a las que fue sometida mientras estuvo presa.
Al final de la audiencia, se le negó un permiso para viajar a Suiza para interponer una denuncia contra la fiscal Luisa Ortega Díaz.
La Juez Afiuni le recordó al Juez de su causa cada una de las torturas y violaciones a sus DDHH de las que ha sido víctima! #ONUVzla
— Thelma Fernández (@thelmafernandez) June 30, 2015
La Juez Afiuni le recordó al Juez Manuel Bognanno como le fue destruida la vagina, el ano y la vejiga cuando fue violada en el INOF #ONUVzla — Thelma Fernández (@thelmafernandez) June 30, 2015
Le niegan libertad plena a @mariafiuni y también niegan autorización para viajar y denunciar a @lortegadiaz en Suiza pic.twitter.com/YN3lPqBR1S
— José AMALIO Graterol (@JoseAGraterol) June 30, 2015
Vocero del Gobierno
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, negó que la jueza María Lourdes Afiuni hubiese sido violada y torturada mientras estuvo en prisión. Dijo que poseía un escrito supuestamente firmado por la jueza, en el que negaba la “infame” acusación contra el Estado venezolano.
La fiscal fue increpada este 30 de junio por juristas como Nigel Rodley, quien la criticó por negar las violaciones a los Derechos Humanos de Afiuni después de leer una nota transmitida por la jueza al Comité. “Me parece que este comportamiento no es consistente con el cargo de fiscal general, ni con las normas de la ONU”, expresó el experto del Reino Unido.
Ortega Díaz lamentó el tono de las intervenciones y acusó al Comité de comportarse como un tribunal. Ante esta afirmación, el presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli, le aseguró a la jefa de la delegación venezolana que su país era tan respetado como el resto de los integrantes, pero también enfiló un dardo contra el gobierno venezolano. “Tal vez como hace 15 años no participan en el examen, han perdido la habitualidad de cómo es el diálogo con todos los países”. Un día antes, Salvioli también había reprendido a Ortega por mandar a callar a otro de los miembros del Comité, el experto Oliver de Frouville, quien la enfrentó por el mismo caso.
“Si el diálogo no se va a llevar de manera respetuosa, el que va a mandar a callar soy yo”, advirtió. Video de esta afirmación, aquí:
El tema que enfrentó al propio Gobierno
Vocero de ONG
Olivier de Frouville, comisionado francés, expresó su preocupación por el trato a miembros de las ONG venezolanas, ante los señalamientos que los acusaban de formar parte de un plan desestabilizador contra el gobierno y pidió información detallada de las amenazas contra estos defensores.
Frouville: Si nosotros somos acusados de formar parte de un complot como será para disidentes. Reitero necesidad de garantias a defensores
— Examen ONU Venezuela (@VE_ONU) June 30, 2015
Por su parte, al israelí Yuvan Shany le sorprendió oír el alegato del Estado venezolano de que no han recibido denuncias sobre las amenazas a defensores de DD HH.
Al finalizar las sesiones, el propio comisionado de Derechos Humanos, Fabián Savioli hizo sus votos porque no hubiese represalias contra los representantes de la ONG que presentaron sus denuncias en Ginebra.
Salvioli: Yo confío en que ninguna persona que trabaja con los DDHH va a recibir ningún problema con la manera con su trabajo #ONUVzla
— Examen ONU Venezuela (@VE_ONU) June 30, 2015
Vocero del Gobierno
Rubén Darío Molina, director de Asuntos Internacionales de la Cancillería Venezolana, fue reprendido por la propia Luisa Ortega Díaz cuando apuntó su verbo contra los defensores de DD HH en el país.
Molina dijo que las ONG en Venezuela son organizaciones políticas y que, como tal, deben ser tratadas. “No son actores ingenuos, toman posición”, afirmó.
Molina: las organizaciones civiles hacen informes con evidente carácter político y una intencionalidad política #ONUVzla
— CIVILIS DDHH (@CivilisDDHH) June 30, 2015
La aseveración causó malestar entre los presentes, a tal punto de que la fiscal general intervino posteriormente para aclarar que esa no era la posición de toda la delegación, sino un juicio personal del funcionario.
Respecto a la persecución a defensores de Derechos Humanos en el país, la fiscal negó haber recibido denuncias por escrito de las ONG y las invitó a establecer un diálogo constructivo.
