En junio abundaron las denuncias e incertidumbre sobre la capacidad del sistema público nacional de salud para atender la situación generada por el Covid-19
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el boletín de junio 2020 que documenta los hechos más destacados en materia de la situación del derecho a la salud y acceso a los servicios de asistencia sanitaria de la región. En el mes de junio abundaron las denuncias e incertidumbre sobre la capacidad del sistema público nacional de salud para atender la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
La crisis del sistema público de salud en la región, si bien ha sido un constante tema de preocupación para las organizaciones de derechos humanos, en estos últimos tres meses, Codhez advierte que esta situación se ha agudizado por la proliferación de los casos de Covid-19, sin dejar a un lado las otras patologías que también resultan desatendidas. En medio de esta crisis los más afectados son las personas enfermas y el personal sanitario.
Deficiencia de servicios hospitalarios
Según las cifras oficiales, el Zulia cierra junio con 1.033 personas contagiadas, lo que supone un aumento en el número de contagios de 865,42% en comparación con mayo. De esta forma, en junio el Zulia se convirtió en el estado con mayor número de casos comunitarios, y el segundo con más personas contagiadas por Covid-19 en el país, después de Apure.
Desde el comienzo del estado de alarma por la presencia de Covid-19 en el país, el gobierno nacional determinó que el Hospital Universitario de Maracaibo fungiría como centro centinela para la atención priorizada de las personas contagiadas en la región. Si bien es el centro médico más grande de la región occidental, en la actualidad presenta déficit de personal de salud y en el número de camas necesarias.
En este centro persisten las fallas de suministro de agua potable, continuando la dependencia del servicio de camiones cisternas. Además, según el Colegio de Médicos del Estado Zulia, el hospital centinela solo dispone de 14 camas operativas en la Unidad de Cuidados Intensivos, y conforme a información de algunos trabajadores, cuenta con 12 ventiladores respiratorios.
En este contexto proliferan las denuncias públicas de familiares y personas recluidas ante la ausencia de personal sanitario, la falta de atención, y a principios de mes, el fallecimiento de una persona, cuyo cuerpo permaneció por horas postrado en una cama. Para el levantamiento de los fallecidos debe utilizarse un traje especial de protección NBQ, y en casos como este, el levantamiento tardío de los fallecidos se debe al retraso del envío de estos trajes por parte de las autoridades competentes.
Asimismo, trascendieron reportes de personas recluidas que decidieron abandonar, sin autorización médica, el centro hospitalario. Por otro lado, hubo información por parte de trabajadores sanitarios sobre la muerte de varias personas con síntomas de Covid-19, pero en cuyas actas de defunción se describen muertes por neumonía o enfermedades respiratorias.
Igualmente, se anunció la habilitación de 15 hoteles ubicados en Maracaibo y en San Francisco para el aislamiento de personas contagiadas pero asintomáticas. En estos albergues, como es el caso de un hotel en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, la escasa comida poco balanceada y nutritiva que les proporcionan llega a deshora —desayunan a las 11:30 am y almuerzan después de las 4:00 pm—, la falta de aire acondicionado y la nula iluminación en las habitaciones, obligan que los familiares, con pocos recursos económicos disponibles, deban encargarse de llevarles todo lo necesario durante este confinamiento.
Personal de salud en riesgo
Mediante un comunicado, la junta directiva del Colegio de Enfermería del Estado Zulia, alertó sobre los riesgos para el personal de enfermería que se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante la ausencia de controles y protocolos de protección indispensables. Igualmente, la junta directiva del Colegio de Médicos del Estado Zulia, en un comunicado de 22 de junio, hizo un llamado de alerta roja sobre la situación de la pandemia en la región.
Durante los últimos días de junio se denunciaron contagios y fallecimientos de varios trabajadores de salud. El 25 de junio se informó de 5 fallecimientos de médicos asociados a Covid-19, todos trabajadores activos en centros de salud de Maracaibo. Además, 4 se encontrarían en unidades de cuidados intensivos, mientras que otros 47 estarían recluidos en moteles o en sus casas.
Al respecto, la Presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia denunció que en la estadística oficial nacional de muertes no se han incluido los 5 médicos fallecidos en el Zulia, aseverando que “hay un subregistro importante criminal”.
El 29 de junio la Presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Zulia, Hania Salazar, denunció que recibió una citación por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para declarar el día 30 de junio, sin que se precisara razón o motivo alguno. Salazar había advertido en varias oportunidades los riesgos que enfrentaba el personal de enfermería que no contaba con los equipos de bioseguridad necesarios.
Desatención a las personas con enfermedades crónicas
En este boletín, Codhez reitera que persisten los obstáculos para la atención prioritaria de las personas con enfermedades crónicas. Es el caso de las casi 140 personas que requieren diálisis en el Hospital Universitario de Maracaibo, y que debido a su condición presentan mayor vulnerabilidad en caso de contagio.
Reiteradamente han solicitado su traslado a otros centros de salud para ser dializados en entornos seguros y libres de contagio por Covid-19, pero siguen sin recibir respuesta sobre ello. A la par, deben sortear las dificultades para trasladarse a sus centros de tratamiento debido a las pocas garantías que se ofrecen para su transporte, y en el caso de los pacientes de Maracaibo, la desatención en las estaciones de servicio para surtir combustible.
Consideraciones finales
En medio de este panorama, persiste la deficiencia de los servicios públicos, pues en su gran mayoría los centros de salud, e incluso los albergues improvisados para la atención de personas asintomáticas, no cuentan con agua potable y están sometidos a prolongados períodos de racionamiento eléctrico. Para Codhez, estas circunstancias son obstáculos para la prestación de un servicio de salud pública de calidad, potenciando un posible colapso sanitario desproporcionado en la región.
“El derecho a la salud es un derecho humano intrínsecamente asociado con el derecho a la vida. Según el texto constitucional venezolano, la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, destaca Codhez en su boletín. En este sentido, la organización destaca la obligación del Estado venezolano de aplicar medidas efectivas para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por enfermedades, con especial énfasis a la emergencia sanitaria por la presencia de Covid-19 en la región.
A su vez, para la organización de derechos humanos resulta alarmante el significativo incremento de contagios y fallecimientos por Covid-19 en el Zulia, lo cual denota que “las medidas aplicadas en el marco del estado de alarma desde el mes de marzo no son ni efectivas ni suficientes”.
Para Codhez, las medidas excepcionales, lejos de contener la propagación de la enfermedad, han servido como instrumento para el control exagerado de la cotidianidad del zuliano. Se reitera que las medidas excepcionales deben ser temporales y no absolutas, y han de consistir en acciones validadas por expertos en salud pública que permitan enfrentar y contener a corto plazo la enfermedad, no debiendo ser utilizadas para la persecución o intimidación de quienes informan o reclaman condiciones de salud dignas para las personas enfermas y personal sanitario.
