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ELN anuncia cese el fuego entre el 1 y 30 de abril por coronavirus
Pidieron “que el Gobierno suministre de forma gratuita el test de confirmación del contagio, el material sanitario y los medicamentos para evitar la expansión del virus”

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese del fuego “unilateral activo” entre el 1 y el 30 de abril como “gesto humanitario” por la pandemia del coronavirus.

“El cese es activo porque nos reservamos el derecho a defendernos ante los ataques de las fuerzas estatales, integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas narcotraficantes en varias regiones del país”, señaló el ELN ante el coronavirus.

El ELN pidió una reunión de representantes del Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, con sus delegados en los suspendidos diálogos de paz, para buscar un cese el fuego más amplio.

“Durante este mes de cese unilateral, convocamos al Gobierno de Duque a reunirse con nuestra delegación de diálogo presente en La Habana para concertar un cese el fuego bilateral y temporal. Para estas gestiones es conveniente contar con la presencia de los países garantes”, añade el comunicado.

 

El grupo guerrillero aseguró que uno de los motivos que lo llevó a declarar el cese el fuego unilateral durante todo abril fue el llamamiento que el pasado 23 de marzo hizo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de un alto el fuego mundial que detenga todas las guerras para ayudar a hacer frente al coronavirus.

Exigencias por Covid-19

En el comunicado, el grupo armado ilegal hace una serie de planteamientos sobre la situación mundial por el Covid-19, tras lo cual presenta sus exigencias, contenidas en 15 puntos, uno de los cuales es la reunión de sus delegados con los del Gobierno en Cuba.

Esas exigencias son básicamente de orden económico y social para que los colombianos puedan sobrellevar las restricciones que impone la cuarentena obligatoria de 19 días ordenada por el Gobierno y para contener la pandemia.

“Que el Gobierno suministre de forma gratuita el test de confirmación del contagio, el material sanitario y los medicamentos para evitar la expansión del coronavirus”, señala uno de los puntos.

Con información de EFE

A 180 mil millones de dólares se eleva robo por corrupción en Venezuela
Transparencia Venezuela presentó un informe donde identifica nueve bloques de carácter criminal en el país 

 

Al menos 180 mil millones de dólares se han perdido como consecuencia de actos de robo por corrupción, de acuerdo a Transparencia Venezuela.

Estiman que unos 150 mil millones de dólares representan denuncias que se han hecho dentro del país, a eso se suman 27 mil millones por juicios y expedientes abiertos en organismos internacionales.

“No obstante hay organismos internacionales que hablan de más de 300 mil millones de dólares, una cantidad de dinero que es exorbitante”, dijo el coordinador de la investigación, Manuel Sánchez.

El especialista sostuvo que se identificaron nueve bloques de carácter criminal en Venezuela: mega bandas criminales, seudo sindicatos de la construcción, petroleros y mineros, colectivos armados, pranes y sus organizaciones carcelarias, Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FARC y ELN, bandas criminales de Colombia, alianza entre funcionarios del gobierno y traficantes de droga.

Sánchez resaltó que existe vinculación entre la Fuerza Armada Nacional y el crimen organizado .

“Su base fundamental es la creación de un Estado cuartel. Nosotros creemos que estamos en presencia de un estado cuartel, dada la alta penetración que tienen los militares en la colonización de la administración pública y el incremento de su participación en aspectos importantes relacionados con la economía venezolana”, dijo Sánchez.

Sánchez indicó que existe mayor presencia de movimientos armados de carácter político como las FARC y el ELN , los cuales operan en 12 estados del país. Sostuvo que la mayor presencia de estos grupos es en Bolívar, Táchira, Apure, Amazonas, y Zulia.

 

Este miércoles 22 de enero, Human Rights Watch (HRW) alertó a través de un informe que grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte.

“Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos”, dijo el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentará hoy el estudio en Bogotá.

En el informe de la HRW destaca que se cometen abusos en ambos lados de la frontera por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una disidencia de las desmovilizadas FARC y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).

HRW visitó Arauca, en el este de Colombia, en agosto de 2019 y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.

Con dichos testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y “las hacen cumplir brutalmente”.

 

Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, “prohibiciones de violación, robo y asesinato” y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.

Según el organismo, en algunas áreas “prohíben usar cascos de motocicleta para que los miembros del grupo armado puedan ver las caras de los viajeros y extorsionan rutinariamente dinero a prácticamente cualquier persona que realice actividades económicas”.

Vivanco subrayó en el informe que “los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera y especialmente en Venezuela a veces están en connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales”.

Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados, los abusos siguen impunes. Mientras en Venezuela, las guerrillas “parecen sentirse aún más libres para operar”.

“Al menos 16 cuerpos (sin vida) de civiles fueron encontrados en Arauca en 2019 con mensajes en papel en los que se acusaba a las víctimas de ser ‘informantes’, ‘violadores’, traficantes de drogas’ o ‘ladrones’. Algunos estaban firmados por grupos disidentes de las FARC que operan en el área”, añade el informe.

 

Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional (AN), denunció este viernes otra masacre en zonas mineras del estado Bolívar. De Grazia indicó que el hecho se registró en el sector El Manteco y hasta los momentos se contabilizan ocho muertos.

“Ocho muertos en El Manteco. Desafortunadamente se registra una nueva masacre en las zonas mineras. Enfrentamiento por el control del oro de sangre entre el ELN (los pata ‘e goma) y los pranes (el sistema). Se presume que hay más de 20 muertos hasta ahora”, escribió el parlamentario a través de su cuenta en Twitter. 

De Grazia acusó directamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de servir de cómplice de los guerrilleros. Además, señaló al régimen de Nicolás Maduro de entregar las minas de oro al ELN para compartir los dividendos del oro, diamante y coltán.

Afirmó que en el Parque Nacional Canaima se encuentra un material estratégico llamado Torio, usado para la construcción de misiles. Dicho material es usado por los soldados rusos y por el Hezbolá en Irán.

 

*Con información de EN

Diputado Guillermo Palacios denunció ante la Fiscalía ser víctima de amenazas de muerte
El parlamentario explicó que recibió una llamada por parte de presuntos funcionarios del ELN que le manifestaron que los contrataron para asesinarlo
Palacios señaló que el primer amedrentamiento ocurrió en El Tocuyo, estado Lara, el pasado 6 de septiembre

Foto: Prensa AN

El diputado Guillermo Palacios (UNT-Lara) denunció este lunes ante la Fiscalía que ha sido objeto de amedrentamiento y de amenazas de muerte y hace responsable a la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez.

El parlamentario – suplente del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano – acudió a la Fiscalía Superior de la Circunscripción judicial del estado Lara, para denunciar que ha sido víctima de amenazas de muerte, por parte de sujetos que se declaran defensores de la revolución y que serían parte de una célula del Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

En nota de prensa aseguró que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo han amedrentado y han estado en los alrededores de su domicilio.

Palacios, acompañado del bloque de diputados del estado Lara, señaló que el amedrentamiento tuvo su primer registro en la población de El Tocuyo, el pasado 6 de septiembre. 

“En esa oportunidad un pelotón de funcionarios policiales de diferentes cuerpos de seguridad (FAES, GN, CICPC y policía del estado Lara) estuvieron apostados por varias horas esperando que hiciera acto de presencia en un acto político, el cual fue abortado para evitar la represión contra las personas que estaban asistiendo y en mí contra, que presuntamente, era el objetivo fundamental”, explicó el diputado.

Agregó que el pasado sábado, 3 de noviembre, recibió una llamada con amenazas de muerte, de unos sujetos que le manifestaron que se trataba de un sicariato y que pertenecen al ELN.. 

“Recibí una segunda llamada de una persona que se identificó como el comandante Carlos Martínez, que ellos habían sido contratados para liquidarme por las denuncias realizadas sobre la Alcaldía de Moran y que saben cuáles son mis movimientos”, expresó Palacios.

El diputado explicó que en la misma llamada recibió una oferta de entregarle un sobre amarillo, donde le describirían toda la información de las personas que supuestamente los contrataron para que llevaran adelante el sicariato.

Guillermo Palacio aseguró que le pidieron una colaboración monetaria que debía ser depositada en la cuenta bancaria de una Fundación para apoyar al Hospital J.M de Los Ríos. “De no acceder sacarían grabaciones de audio y video muy comprometedores y que tendrían que enviar adelante el sicariato”. 

EEUU

LA EMBAJADA DE EEUU EN COLOMBIA informó que el gobierno norteamericano respalda “plenamente” el informe presentado por el presidente Iván Duque ante la ONU sobre el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro a la guerrilla del ELN.

“Estados Unidos respalda plenamente las conclusiones compartidas por el presidente Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas que denuncian al ya sancionado régimen de (Nicolás) Maduro por su continuo apoyo a los grupos criminales y narcoterroristas en territorio venezolano”, se lee en un comunicado de la embajada.

EEUU considera “indudable” que estos grupos armados “continúan participando en el tráfico de drogas y otras actividades criminales que amenazan con desestabilizar la región”. Por esta razón, respaldan a Colombia “en sus esfuerzos continuos para proteger y defender su integridad territorial”.

El pasado 25 de octubre, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Duque denunció que el gobierno de Maduro es un eslabón de la cadena del “terrorismo transnacional” que sirve a los distintos grupos armados ilegales.

Además, el presidente colombiano entregó al secretario general de la ONU, António Guterres, un extenso documento que probaría —mediante coordenadas geográficas, fotografías y extractos de conversaciones— el supuesto apoyo de Maduro a la guerrilla del ELN y otros grupos armados ilegales.

Con información de EFE

Crímenes sin Castigo | La venganza de Cristóbal, por Javier Ignacio Mayorca
El juicio de extradición contra el ex jefe de la Dgcim recuerda un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA. En el centro de la historia, está un agente encubierto

 

LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL de España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.

Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.

Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de  tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.

Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano.

Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.

El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.

Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.

Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.

En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.

El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.

Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó al Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.

Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.

Es probable que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien alguna vez calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.

 

Breves

 

-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.

-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.

 

@javiermayorca

Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 13.09.2019: BAJO: ¿Confusos?
BAJO
¿CONFUSOS?:
 

Infobae, en un reporte de la colega Sebastiana Barráez, da cuenta de lo que “un general del Ejército” a quien consultamos sobre los ejercicios militares y la movilización de equipos de defensa hacia la frontera, considera que no se ha hecho con seriedad y así queda evidenciado en la manera como ha hecho los anuncios. Lo que explicó es que Nicolás Maduro ordenó primero la movilización militar, luego pasar a la alerta naranja y, después que hizo todo eso, llamó al Consejo de Defensa de la Nación (Codena). “Llama al Codena y lo hace con un error fundamental porque dice: “Activé el Consejo de Defensa” cuando él no puede activarlo, porque él lo que debe hacer es convocar a la reunión, como presidente del Codena que es”. “Además, al día siguiente Maduro dijo en Twitter: ‘Le delego al Consejo de Defensa la conducción colectiva como máxima instancia de Estado de esta coyuntura de amenaza real de violencia, de conflicto armado…’ ¿Pero en qué momento se planteó la crisis? ¿Cómo llegamos a ese punto? Pero no dice que entrega el mando de la Fuerza Armada, ni la administración de la renta pública y mucho menos la conducción de la política exterior. Entonces era inoficioso activar el Codena, después de ordenar Alerta Naranja y ejercicios militares en la frontera”. Para la historia.

 
IMPORTANTE SABERLO:

El amigo, analista y politólogo John Magdaleno ha venido explicando, desde hace mas de un año, los distintos tipos de transiciones de dictaduras a democracias en mas de dos docenas de países en conflicto y sin él. Su último tuit es contundente ante la repetida pregunta en las redes “¿En qué casos se acusó al régimen autoritario de vínculo con el narcotráfico, entre los que experimentaron transiciones a la democracia? Lo repetiré por tercera vez: Bolivia, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú (1980 y 2000), Burkina Faso, Níger y Mali”. Viene al caso cuando cada día se descubren más vínculos gubernamentales, civiles y militares, con los grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC así como con grupos del Caribe y Surinam. 

 
ALERTA A VIOLACIONES:

La  obra, coeditada con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) y coordinada por el presidente del instituto, el abogado y exparlamentario Ramón Guillermo Aveledo, reúne en poco más de 200 páginas los siete ensayos que produjeron, como trabajo final, los abogados que participaron, durante el primer trimestre de 2019, en el curso de Derecho Parlamentario de la Maestría en Derecho Constitucional de la UCAB. Su título lo dice todo: “Contra la Representación Popular: Sentencias Inconstitucionales del TSJ de Venezuela”. Los textos explican cómo las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra de la Asamblea Nacional, desde que la oposición logró la mayoría en diciembre de 2015, han violado la propia Constitución Nacional e impactado negativamente la labor del parlamento, menoscabando su función legislativa y de control como poder público, afectando su potestad para decretar amnistías y hasta anulando asuntos como el fuero parlamentario. “Van varias decenas de fallos que constituyen fallas del TSJ al país y a su Constitución, y la cuenta no se detiene. Últimamente se incrementa con las continuadas decisiones contra la inmunidad parlamentaria. En los trabajos mencionados se retrata uno de los capítulos más vergonzosos y regresivos en el largo y accidentado esfuerzo venezolano por construir una República”, apunta Aveledo en el prólogo del libro, en el que también advierte que las acciones del TSJ  burlan “la voluntad expresada en el voto de catorce millones de personas” y bloquean “los caminos para que los venezolanos resuelvan sus diferencias democráticamente, en libertad y en paz”.