eln archivos - Runrun

eln

Diputado Guillermo Palacios denunció ante la Fiscalía ser víctima de amenazas de muerte
El parlamentario explicó que recibió una llamada por parte de presuntos funcionarios del ELN que le manifestaron que los contrataron para asesinarlo
Palacios señaló que el primer amedrentamiento ocurrió en El Tocuyo, estado Lara, el pasado 6 de septiembre

Foto: Prensa AN

El diputado Guillermo Palacios (UNT-Lara) denunció este lunes ante la Fiscalía que ha sido objeto de amedrentamiento y de amenazas de muerte y hace responsable a la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez.

El parlamentario – suplente del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano – acudió a la Fiscalía Superior de la Circunscripción judicial del estado Lara, para denunciar que ha sido víctima de amenazas de muerte, por parte de sujetos que se declaran defensores de la revolución y que serían parte de una célula del Ejercito de Liberación Nacional (ELN).

En nota de prensa aseguró que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo han amedrentado y han estado en los alrededores de su domicilio.

Palacios, acompañado del bloque de diputados del estado Lara, señaló que el amedrentamiento tuvo su primer registro en la población de El Tocuyo, el pasado 6 de septiembre. 

“En esa oportunidad un pelotón de funcionarios policiales de diferentes cuerpos de seguridad (FAES, GN, CICPC y policía del estado Lara) estuvieron apostados por varias horas esperando que hiciera acto de presencia en un acto político, el cual fue abortado para evitar la represión contra las personas que estaban asistiendo y en mí contra, que presuntamente, era el objetivo fundamental”, explicó el diputado.

Agregó que el pasado sábado, 3 de noviembre, recibió una llamada con amenazas de muerte, de unos sujetos que le manifestaron que se trataba de un sicariato y que pertenecen al ELN.. 

“Recibí una segunda llamada de una persona que se identificó como el comandante Carlos Martínez, que ellos habían sido contratados para liquidarme por las denuncias realizadas sobre la Alcaldía de Moran y que saben cuáles son mis movimientos”, expresó Palacios.

El diputado explicó que en la misma llamada recibió una oferta de entregarle un sobre amarillo, donde le describirían toda la información de las personas que supuestamente los contrataron para que llevaran adelante el sicariato.

Guillermo Palacio aseguró que le pidieron una colaboración monetaria que debía ser depositada en la cuenta bancaria de una Fundación para apoyar al Hospital J.M de Los Ríos. “De no acceder sacarían grabaciones de audio y video muy comprometedores y que tendrían que enviar adelante el sicariato”. 

EEUU

LA EMBAJADA DE EEUU EN COLOMBIA informó que el gobierno norteamericano respalda “plenamente” el informe presentado por el presidente Iván Duque ante la ONU sobre el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro a la guerrilla del ELN.

“Estados Unidos respalda plenamente las conclusiones compartidas por el presidente Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas que denuncian al ya sancionado régimen de (Nicolás) Maduro por su continuo apoyo a los grupos criminales y narcoterroristas en territorio venezolano”, se lee en un comunicado de la embajada.

EEUU considera “indudable” que estos grupos armados “continúan participando en el tráfico de drogas y otras actividades criminales que amenazan con desestabilizar la región”. Por esta razón, respaldan a Colombia “en sus esfuerzos continuos para proteger y defender su integridad territorial”.

El pasado 25 de octubre, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Duque denunció que el gobierno de Maduro es un eslabón de la cadena del “terrorismo transnacional” que sirve a los distintos grupos armados ilegales.

Además, el presidente colombiano entregó al secretario general de la ONU, António Guterres, un extenso documento que probaría —mediante coordenadas geográficas, fotografías y extractos de conversaciones— el supuesto apoyo de Maduro a la guerrilla del ELN y otros grupos armados ilegales.

Con información de EFE

Crímenes sin Castigo | La venganza de Cristóbal, por Javier Ignacio Mayorca
El juicio de extradición contra el ex jefe de la Dgcim recuerda un viejo escándalo por disputas entre la CIA y la DEA. En el centro de la historia, está un agente encubierto

 

LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL de España en cuanto a declarar sin lugar la solicitud de extradición del mayor general retirado del Ejército venezolano, Hugo Carvajal, podría resultar sorprendente en un principio. Pero tiene su fundamento en la credibilidad que los magistrados dieron al argumento central de la defensa esgrimida por el propio oficial, según la cual es perseguido por razones esencialmente políticas.

Aunque los letrados tradicionalmente son refractarios a este tipo de argumentos, en el caso del ex director de Contrainteligencia Militar era inevitable tomarlos en cuenta. Carvajal supo armar su caso, y transmitirlo sobreponiéndose a sus dificultades de oratoria.

Desde el principio se sabía que este juicio basculaba entre dos extremos. Por una parte, Estados Unidos trataría de sustentar una petición de llevarlo a su territorio, basado en la presunta participación del oficial en operaciones de  tráfico de drogas que databan de 2005. Como es lo usual, la solicitud de extradición llevaba como soportes la decisión de un gran jurado, anexada a la declaración de un agente especial y el correspondiente oficio de remisión. Nada más.

Por el otro lado, el general trataría de convencer a los magistrados españoles de que su caso era más político que criminal (aunque según sus argumentos también tenía algo de este último componente). Carvajal echó mano de toda la experiencia acumulada en sus años al lado del teniente coronel Hugo Chávez, y pintó ante los jueces el panorama de un oficial que tuvo que traficar drogas, pero no para beneficio propio, sino por órdenes del gobernante venezolano. En otros términos, según el ex jefe de la Dgcim esos dos juicios que están pendientes en cortes estadounidenses no serían la consecuencia de un interés por el enriquecimiento personal a través de la exportación de cocaína, sino más bien de actos de un régimen que pretendían sabotear el modo de vida norteamericano, inundándolos de drogas, y de paso obtener recursos para financiar el proyecto político venezolano.

Otro elemento invocado por Carvajal en la Audiencia Nacional se refería a la supuesta imposibilidad de obtener un juicio justo si era enviado a Estados Unidos. Para sustentar su afirmación, el ex jefe de inteligencia consignó una carta enviada en 2008 al entonces ministro de Relaciones Interiores, capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, por un colombiano nacionalizado venezolano que purgaba condena de veinte años de prisión en la penitenciaría federal de Georgia.

El remitente, Adolfo Romero Gómez, era ampliamente conocido por los cuerpos de seguridad venezolanos que hicieron operaciones contra la guerrilla urbana y, a partir de la década de los ochentas del siglo pasado, contra los carteles colombianos, en especial el de Medellín.

Romero, también llamado Cristóbal o el Gocho Hidalgo, era un auténtico “cuerda floja”. Un personaje de película que había pasado por las extintas Disip y PTJ. La DEA lo tenía catalogado como informante confidencial –con código asignado-, pero se vino a menos al constatarse que hacía trabajos por su cuenta. En los años finales de su carrera, trabajó como agente infiltrado al servicio del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional.

Romero fue el centro de un escándalo mayúsculo, denominado las “entregas controladas”, por el que fue ordenada su detención en Venezuela junto a un nutrido grupo de oficiales de la GN, encabezado por el general de brigada Ramón Guillén Dávila, alias Moncho, ya fallecido. Este expediente es bien conocido por los generales Néstor Reverol (titular del MRI) y Frank Morgado (jefe de la oficina de Control de Actuación Policial de la PNB), pues ambos pasaron por la unidad antidrogas. De hecho, este fue uno de los antecedentes que Morgado puso en manos del entonces presidente Chávez para justificar el cese de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, en 2005.

En las entregas controladas, Cristóbal fungía como un topo en los carteles que suministraban la cocaína, con la finalidad de identificar a los líderes de estas organizaciones y sus agentes, operadores o intermediarios en Venezuela. Como trasfondo de esto, se desarrollaba una disputa burocrática entre agencias estadounidenses. Mientras que la Guardia Nacional trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Disip y la policía judicial hacían lo propio con la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas. Cada caso que “coronaban” unos y otros representaba una ganancia monetaria para los participantes, incluidos los informantes.

El expediente se resolvió en Venezuela por una vía más política que judicial. Antes de abandonar la presidencia, Carlos Andrés Pérez indultó a Guillén Dávila y su grupo.

Romero Gómez intentó marcar cierta distancia con respecto a la Guardia Nacional y el resto de los protagonistas de este escándalo. Se mudó al Táchira. Pero, en un descuido, lo pescaron en Cúcuta. En 1997, el gobierno colombiano autorizó su extradición a Estados Unidos.

Romero creía que la victoria de Hugo Chávez abría una ventana de oportunidad para que lo sacaran de la cárcel estadounidense y lo enviaran a Venezuela, para finalizar aquí su condena. Esa, por lo menos, era su convicción al inicio de este siglo. Cada vez que podía, el ex infiltrado manifestaba mediante cartas y llamadas desde un teléfono de la penitenciaría su decepción por haber sido abandonado por sus aliados de otros tiempos: la CIA, la GN y los demás cuerpos de seguridad del país. También por lo injusto que consideraba estar preso por un caso que ya había sido decidido en otra jurisdicción.

Es probable que Romero Gómez nunca haya conocido personalmente a Carvajal. Los tiempos de ambos fueron distintos. Sin embargo, sus quejas escritas operaron como una especie de herramienta para una venganza inesperada, que le quita a Estados Unidos (por segunda vez) la posibilidad de poner tras las rejas a quien alguna vez calificaron como “la joya de la corona” en el tráfico de drogas.

 

Breves

 

-Desde finales de 2018, el Ejecutivo maneja informes de inteligencia que reflejan con bastante precisión cuáles son los grupos irregulares que operan en toda la franja fronteriza con Colombia; quiénes son los líderes de cada célula, cuál es el pie de fuerza en cada lugar; cuáles son los medios que utilizan para movilizarse; dónde actúan y a qué actividades se dedican. La información es especialmente precisa en el estado Táchira, donde comenzó el 10 de septiembre un ejercicio militar combinado que intenta reivindicar la “soberanía” sobre el territorio. Según tales informes, allí están estructuras de las bandas criminales Los Rastrojos, Los Urabeños, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o Boliches, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde el momento en que fueron elaborados estos documentos hasta ahora, el Ejecutivo solamente ha ido contra el máximo líder de Los Rastrojos, Wilfredo Torres Gómez, alias Viejo Neco, quien fue capturado en Valencia en marzo, para vincularlo de inmediato con sectores de la oposición. Pero nada se hace por ejemplo con respecto a los jefes de los tres frentes de la guerrilla del ELN asentados en el estado, como serían los comandantes Lenín (frente Domingo Laín), Simón (frente Carlos Germán Velasco) y Brazo de Reina (frente Efraín Pabón). Entre todos, indican los reportes, reúnen 700 hombres aproximadamente. En líneas generales, el cuadro pintado por estos reportes permite comprender mejor por qué el Táchira se ha convertido en un espacio para la disputa armada.

-Una de las actividades delictivas más florecientes en el país pareciera ser el sicariato. De acuerdo con datos de la policía judicial, conocidos extraoficialmente, hubo 49 muertes por encargo durante los primeros seis meses de 2019. Solo en las primeras dos semanas de septiembre, los cuerpos policiales manejan informaciones sobre cinco casos que también podrían entrar en esta modalidad. La mayoría de ellos en el estado Zulia, donde los sicarios parecen tener un terreno fértil para sus andanzas. Sin embargo, en Guárico se presentó un episodio especialmente escandaloso. Según las pesquisas de Cicpc, el gerente de Pdvsa Gas Comunal en San Juan de los Morros, Leomar José Gil, fue ultimado por un oficial de la policía regional, alias Macizo, señalado de haber recibido 600 dólares para llevar a cabo este crimen, el 2 de septiembre. La decisión sobre la muerte de Gil fue atribuida a dos comerciantes de la ciudad, quienes se vieron afectados por la decisión de no suministrarles más gas, al determinarse que luego revendían las bombonas con sobreprecio. En otros casos de 2019 también se ha determinado la participación de efectivos policiales, ya sea como ejecutores o como cómplices necesarios en la ejecución de homicidios por dinero.

 

@javiermayorca

Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 13.09.2019: BAJO: ¿Confusos?
BAJO
¿CONFUSOS?:
 

Infobae, en un reporte de la colega Sebastiana Barráez, da cuenta de lo que “un general del Ejército” a quien consultamos sobre los ejercicios militares y la movilización de equipos de defensa hacia la frontera, considera que no se ha hecho con seriedad y así queda evidenciado en la manera como ha hecho los anuncios. Lo que explicó es que Nicolás Maduro ordenó primero la movilización militar, luego pasar a la alerta naranja y, después que hizo todo eso, llamó al Consejo de Defensa de la Nación (Codena). “Llama al Codena y lo hace con un error fundamental porque dice: “Activé el Consejo de Defensa” cuando él no puede activarlo, porque él lo que debe hacer es convocar a la reunión, como presidente del Codena que es”. “Además, al día siguiente Maduro dijo en Twitter: ‘Le delego al Consejo de Defensa la conducción colectiva como máxima instancia de Estado de esta coyuntura de amenaza real de violencia, de conflicto armado…’ ¿Pero en qué momento se planteó la crisis? ¿Cómo llegamos a ese punto? Pero no dice que entrega el mando de la Fuerza Armada, ni la administración de la renta pública y mucho menos la conducción de la política exterior. Entonces era inoficioso activar el Codena, después de ordenar Alerta Naranja y ejercicios militares en la frontera”. Para la historia.

 
IMPORTANTE SABERLO:

El amigo, analista y politólogo John Magdaleno ha venido explicando, desde hace mas de un año, los distintos tipos de transiciones de dictaduras a democracias en mas de dos docenas de países en conflicto y sin él. Su último tuit es contundente ante la repetida pregunta en las redes “¿En qué casos se acusó al régimen autoritario de vínculo con el narcotráfico, entre los que experimentaron transiciones a la democracia? Lo repetiré por tercera vez: Bolivia, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú (1980 y 2000), Burkina Faso, Níger y Mali”. Viene al caso cuando cada día se descubren más vínculos gubernamentales, civiles y militares, con los grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC así como con grupos del Caribe y Surinam. 

 
ALERTA A VIOLACIONES:

La  obra, coeditada con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) y coordinada por el presidente del instituto, el abogado y exparlamentario Ramón Guillermo Aveledo, reúne en poco más de 200 páginas los siete ensayos que produjeron, como trabajo final, los abogados que participaron, durante el primer trimestre de 2019, en el curso de Derecho Parlamentario de la Maestría en Derecho Constitucional de la UCAB. Su título lo dice todo: “Contra la Representación Popular: Sentencias Inconstitucionales del TSJ de Venezuela”. Los textos explican cómo las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia contra de la Asamblea Nacional, desde que la oposición logró la mayoría en diciembre de 2015, han violado la propia Constitución Nacional e impactado negativamente la labor del parlamento, menoscabando su función legislativa y de control como poder público, afectando su potestad para decretar amnistías y hasta anulando asuntos como el fuero parlamentario. “Van varias decenas de fallos que constituyen fallas del TSJ al país y a su Constitución, y la cuenta no se detiene. Últimamente se incrementa con las continuadas decisiones contra la inmunidad parlamentaria. En los trabajos mencionados se retrata uno de los capítulos más vergonzosos y regresivos en el largo y accidentado esfuerzo venezolano por construir una República”, apunta Aveledo en el prólogo del libro, en el que también advierte que las acciones del TSJ  burlan “la voluntad expresada en el voto de catorce millones de personas” y bloquean “los caminos para que los venezolanos resuelvan sus diferencias democráticamente, en libertad y en paz”.

 

Carlos Holmes Trujillo solicitó a la OEA detener alianza entre Maduro y grupos terroristas

EL CANCILLER DE COLOMBIA, CARLOS HOLMES TRUJILLO, presentó el miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe que muestra eventuales nexos entre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y grupos terroristas como la disidencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Holmes Trujillo indica que el informe da cuentas de una preocupante ​amenaza a la seguridad de la región. “Es un fenómeno criminal que tiene más de dos décadas, el relacionamiento de los dos actores ha sido expuesto continuamente por el gobierno colombiano”, expresó el funcionario durante su intervención en la sesión. El canciller señaló que “el régimen de Venezuela alberga y auspicia organizaciones terroristas, le sirve de refugio a estos delincuentes que desde ese territorio planean acciones criminales que luego ejecutan en Colombia”, afirmó.

El canciller denunció que los frentes de guerra del ELN tienen zonas campamentarias permanentes en Venezuela, “con actividades criminales tendientes al fortalecimiento armado”.

“Los grupos residuales, terroristas, mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional, ejecutan actividades económicas, logísticas y de control social. Entrenan milicias y controlan algunos pasos fronterizos” señaló Trujillo.

Dijo a representantes de países miembros de la OEA que el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha infiltrado miembros de estos grupos narcoterroristas en el ejército de esa nación, y que esto es una amenaza para Latinoamérica.

Trujillo García detalló que desde hace un año, Iván Márquez y alias Granda mantenían reuniones clandestinas en Venezuela, en las que se definían estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del gobierno colombiano, «es decir, acción política contra el gobierno colombiano, calumnias».

SOLICITUD DE COLOMBIA 

El canciller solicitó ante el Consejo Permanente de la OEA que se adopten acciones efectivas para combatir el terrorismo y detener la «amenaza» que representa para la región la alianza entre el régimen «dictatorial y tirano» de Maduro y estos grupo armados.

«Esta organización nació para defender la democracia y es el escenario de legalidad para hacer estas denuncias (…) combatir el narcoterrorismo, aplicar las sanciones a los Estados que resguardan a estos grupos es el mejor homenaje que se le puede hacer a los fundadores de estados americanos», concluyó.

*Con información de El Nacional y VOA Noticias.
 
Revista Semana: los secretos de la alianza entre gobierno de Maduro, las disidencias y el ELN

LA REVISTA COLOMBIANA SEMANA TUVO ACCESO A DOCUMENTOS reservados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que por primera vez dejan en evidencia la nutrida presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, tanto del ELN como disidentes de las Farc.

Las carpetas, elaboradas por las agencias de inteligencia venezolanas y sus Fuerzas Militares, también revelan la efectiva protección y colaboración que el régimen de Nicolás Maduro presta a los grupos armados ilegales colombianos que se esconden y operan desde territorio venezolano y también cómo ha colaborado con las guerrillas para diseñar eventuales ataques terroristas en territorio colombiano.

Los documentos, señala la publicación, resultan preocupantes para Colombia. El primero de estos, clasificado como secreto, tiene fecha del 9 de agosto. Se trata de un memorando firmado por el almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de las FANB y va dirigido a “generales comandantes del Ejército Bolivariano, de la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Todas las unidades militares subordinadas, REDIS, ZODIS y ADIS”.

“(Les informo) Muy respetuosamente a través de la presente comunicación que por orden del presidente Nicolás Maduro Moros, deberán evitar entablar enfrentamiento con personal de los grupos rojos en las zonas de entrenamiento y abastecimiento desde 080106002019 hasta nueva orden. Brindar apoyo logístico y entrenamiento”, dice una parte del documento. La comunicación tiene un espacio denominado “instrucciones especiales” en el que se complementan las órdenes. “Remito coordenadas de centros de entrenamiento para el cumplimiento de la orden. Garantizar los derechos humanos y satisfacer necesidades básicas de higiene y alimentos”, dice el comunicado.

Más información en Revista Semana.

Cambios en el pensamiento militar
El despliegue fronterizo del sistema misilístico que ordenó Nicolás Maduro figura en los planes de campaña castrense.  El gobernante llamó a la institución castrense a estudiar las formas de “guerras multiformes” y su aplicación en contra de Venezuela. Según militares retirados y analistas persisten las dudas en la percepción que la institución militar tiene sobre los grupos irregulares 

EL ANUNCIO DE UN SECTOR DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC) de retomar la lucha fue propicio para que se reactivaran las interrogantes sobre las posiciones que la Fuerza Armada Nacional (FAN) asume ante la insurgencia. Más allá del discurso gubernamental y la retórica del Alto Mando, el país y la comunidad internacional no ven diáfana la visión estratégica venezolana sobre los grupos irregulares, advierten analistas castrenses.

Militares activos y retirados identifican un giro en la formación castrense sobre la guerrilla que atribuyen a los cambios doctrinarios hechos por Hugo Chávez basados en la guerra asimétrica.

“Cuando ingresé a la Academia Militar, en el año 2003, el entonces Plan de Estudios Andrés Bello contemplaba, en primer año, la fase teórica del combatiente individual, el uso, manejo, desarme y control de las armas básicas asignadas a la FAN, así como práctica en polígonos de tiro y fases de infiltración; en el segundo año había técnicas de escuadra y formación en paracaidismo básico militar. Después en tercer año,  se empleaba lo aprendido y las nuevas tácticas de pelotón, hacíamos el curso contra guerrillas cazador, cazador de guerrilleros e instructores de paracaidistas. La instrucción la hacíamos en la Escuela de Formación del Ejército en Cocollar, en el estado Sucre”, narró un capitán del Ejército que solicitó a TalCual resguardar su identidad.

Más información en TalCual.

Almagro acusa al chavismo de proteger a grupos terroristas como Hizbulá y el ELN

EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA, Luis Almagro, acusó este viernes a Venezuela de cobijar grupos terroristas, como la organización libanesa Hizbulá o miembros de guerrillas colombianas, y señaló a Cuba de querer mantener el régimen de Nicolás Maduro para asegurarse los envíos de petróleo venezolano.

Almagro, que participó en el Foro Global de Toronto, dijo durante su intervención en la reunión que termina hoy que las denuncias del régimen de Maduro de complots para sacarle del poder “no tienen ninguna credibilidad” y que, por el contrario, es el presidente venezolano quien da “cobijo a terroristas”.

“El régimen de Maduro es el que está dando cobijo a grupos terroristas como Hizbulá, como los iraníes, los cárteles de la droga, el ELN (Ejército de Liberación Nacional de Colombia) o disidentes de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, afirmó Almagro.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) argumentó que no cree que haya habido “ningún intento de sacar a Maduro del poder”.

“Maduro es un dictador”, aseveró Almagro.

Sobre Cuba, el principal valedor del régimen de Maduro en la región, Almagro declaró que es un obstáculo.

“Los 22.000 cubanos que hay en Venezuela hace la situación incluso más complicada porque los cubanos no están dispuestos a renunciar al petróleo que les envía Venezuela. Así que seguirán”, explicó.

La posición de Almagro con respecto al papel de Cuba contrasta con la de Canadá, uno de los promotores del Grupo de Lima y que mantiene una confrontación frontal con las autoridades de Caracas, y le sitúa en las posiciones de Estados Unidos.

Canadá considera que Cuba tiene un papel constructivo en la búsqueda de una solución negociada y, en lo que va de año, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá y Cuba se han reunido en tres ocasiones para tratar sobre la crisis venezolana.

Almagro tampoco cerró la puerta al uso de la fuerza para cambiar el régimen venezolano, aunque especificó que tendría que ser dentro del marco legal internacional.

“La solución militar no es algo legal de acuerdo a la ley internacional. Pero hay instrumentos que no podemos ignorar como la responsabilidad de proteger y la intervención humanitaria. El uso de fuerza es un recurso que es posible. Pero dentro del marco de la ley internacional”, explicó.

Almagro también se mostró escéptico sobre las negociaciones con el régimen de Maduro y acusó al presidente venezolano de utilizarlas para “ganar tiempo” y “aliviar la presión internacional”.

“Nunca ha habido buena fe por parte del régimen para negociar”, añadió.

Almagro negó que tenga un doble estándar a la hora de tratar a Venezuela y otros países, como Honduras o Nicaragua.