LOS RESULTADOS ELECTORALES OBTENIDOS por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones municipales del 10 de diciembre, en la que arrasó con más de 300 alcaldías de las 335 que se disputaban en la contienda, además de la gobernación del Zulia, para nada sorprendieron a los venezolanos, tomando en cuenta los abusos, las irregularidades y el ventajismo oficial con la ubicación de los llamados “puntos rojos”, más el uso del Carnet de la Patria.
Por si fuera poco, a raíz de las cuestionadas elecciones de gobernadores celebradas el 15 de octubre, los principales partidos políticos de la oposición que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciaron que no participarían en los comicios municipales.
Es en ese contexto, es decir, sin oposición ni garantías electorales, que el partido de gobierno se adjudicó casi la totalidad de las jefaturas locales del país.
Incumplimiento de las normas
Para la ONG Acceso a la Justicia resulta imprescindible comenzar por recordar cómo se llevó a cabo esta “carrera electoral”, pues desde su inicio estuvo atestada de irregularidades que la dejaron al margen del texto constitucional y de la legislación electoral vigente.
En primer lugar, fue convocada por la asamblea nacional constituyente con la plena anuencia del Consejo Nacional Electoral, pese a la usurpación de esta función electoral (artículo 293.5). En segundo, esta “carrera” de elecciones municipales quedó reducida sólo a la escogencia de los alcaldes, separando y difiriéndose ilegalmente los comicios para elegir a los concejales municipales.
Adicionalmente, fueron sacados de la “carrera electoral” los titulares de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, elecciones que también debían celebrarse el 10 de diciembre, pero se postergaron hasta nuevo aviso.
Al respecto, la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales establece (artículo 2.2) que las elecciones de alcaldes, concejales, concejos municipales, distritales y metropolitanos deben realizarse de forma conjunta para garantizar la uniformidad en el inicio y culminación de sus mandatos y evitar que se altere o modifique la periodicidad de los cargos –ejecutivos y legislativos– que ocupan las autoridades pertenecientes al poder público municipal.
A esto hay que agregar el incumplimiento de los seis meses que como mínimo exige el constituyente para celebrar los procesos electorales en el país (artículo 298 de la Constitución). Apenas transcurrió un mes y veinticinco días entre las regionales y las municipales.
Al igual que en la pasada contienda regional, las actividades electorales apenas se llevaron a cabo entre cinco a seis semanas, acortando o suprimiendo algunos actos o actividades electorales que constituyen garantías del proceso, en aras de una mayor transparencia.
Sobre este último punto hay que destacar la eliminación de la inscripción de nuevos votantes dado que el CNE acordó que el registro electoral que serviría de base a esas elecciones municipales sería el corte del 15 de julio de 2017, dejando por fuera a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre. Vale recordar que esta era la fecha en la cual inicialmente se celebrarían las elecciones regionales posteriormente adelantadas por la fraudulenta ANC.
Es de destacar igualmente la reducción ilegal de lapsos de fases importantes del cronograma electoral, por ejemplo, el plazo para la modificación de las postulaciones bajó sólo a dos días, violando con ello las estipulaciones previstas en el artículo 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que establece el derecho que tienen las organizaciones políticas de modificar las postulaciones hasta diez días antes de ocurrir el acto electoral. Vale recordar que dicha arbitrariedad fue avalada por el TSJ.
Otras acciones que fueron omitidas por las autoridades también incluyen la eliminación del uso de la tinta indeleble y la etapa de la estación de información al elector durante el acto de votación.
Irregularidades
Durante la celebración del acto de votación de la contienda electoral las irregularidades y violaciones se vieron multiplicadas por primera vez en muchos años, especialmente por las siguientes circunstancias que estuvieron a la orden del día:
- El incremento alarmante de denuncias por la imposición del llamado “voto asistido”, que implica una grave violación de los principios constitucionales del secreto y libertad del voto (artículo 63 constitucional) pues configura una clarísima coacción para que la persona ejerza su voto por un candidato u opción electoral, como lo denunció el rector Luis Emilio Rondón.
- El notorio uso ilegal del Carnet de la Patria como mecanismo de intimidación y de control, más allá del carácter discriminatorio que políticamente posee este instrumento implementado por el Gobierno nacional para la distribución de alimentos y medicinas en la población venezolana.
El uso de este carnet en las municipales sirvió para chantajear o sobornar a los electores para que sufragaran con este instrumento, como si se tratara de un documento de identidad, tal como quedó evidenciado cuando el 10 de diciembre Nicolás Maduro anunciara que pensaría en un premio para quienes hubieran sufragado con el Carnet de la Patria.
Esta arbitrariedad se convirtió en una constante que reinó durante toda la jornada y que se traduce para Acceso a la justicia en una conducta ilegal sujeta a sanciones administrativas y penales que dispone la LOPRE, especialmente porque también viola el carácter libre y voluntario del voto, más aún cuando el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez subrayara ese día que era muy importante que se leyera en las afueras de los centros de votación el código QR que posee el documento.
Con información de Acceso a la Justicia
