Entre los compromisos globales, se debe incluir el salario mínimo, sobre todo en una economía mundial diezmada por la pandemia de covid-19
En la agenda de la reunión del G20 realizada en Roma el pasado fin de semana y la de la Cumbre por el Cambio Climático COP26 actualmente en desarrollo en Glasgow, Escocia, se han identificado y tratado temas gruesos de interés para la humanidad, como lo son:
√ La drástica reducción de emisiones de carbono y el objetivo de disminuir la temperatura planetaria a -1.5 °C.
√ La distribución de vacunas contra ala COVID-19 a la población mundial.
√ El impuesto a las multinacionales en una tasa de 15 %.
Estas, entre otras medidas globales como compromisos, para la próxima década, de los gobiernos de las 20 economías más desarrolladas orientados al objetivo central de salvar el planeta de una catástrofe terminal.
En ese contexto es oportuno señalar que el tema del salario y del ingreso debiera ser igualmente un objetivo urgente a abordar. Sobre todo en momentos críticos, condicionados por los efectos de la COVID-19, una pandemia que ha dejado 5 millones de fallecidos y un registro de infectados cercano a 248 millones de casos. A estas cifras dantescas se añade la pérdida de más de 300 millones de empleos formales, cuya recuperación depende del rebote de las economías más avanzadas del mundo en los próximos años.
En resumen, el combate contra la pobreza se centra, además de la creación de empleos dignos, en el fortalecimiento del poder adquisitivo a partir de salarios suficientes para la alimentación y una vida decente para cada familia.
En ese contexto el papa Francisco abogó el sábado 16 de octubre de 2021 “por establecer un salario mínimo universal, así como también una reducción de la jornada laboral, para que todos puedan tener acceso a «los más elementales bienes de la vida, siendo justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media».
Así como el cambio climático es una tarea impostergable, también lo es la condición humana, que se ha visto afectada brutalmente por el coronavirus, que ha generado más pobreza en el planeta. Con ello se han multiplicado las migraciones: de la América Latina a Norteamérica, y de África y Asia hacia la Unión Europea; un trasiego traducido en millones de seres humanos errantes aspirando a una mejor vida.
Si bien es cierto en el contexto de la OIT se han aprobado convenios de larga data: el 95 sobre protección del salario, el 26 sobre fijación de salarios mínimos, el 98 sobre contratación colectiva, actualizar las políticas públicas le inyectaría más vigor a la urgencia de recuperar el salario. Este debe ser un compromiso a asumir por los gobiernos más poderosos agrupados en el G20 para la reconstrucción de la diezmada economía planetaria.
Ello equivaldría a la fijación de salarios mínimos suficientes por región del mundo que conlleve al apoyo financiero para el relanzamiento de América Latina; una región rezagada en el comercio mundial por la reconocida disparidad de desarrollo económico entre el hemisferio norte y el hemisferio sur.
Situación que obliga a aclarar el origen del deterioro del salario en diferentes economías. Tenemos los regímenes dictatoriales, donde sus gobernantes empobrecen expresamente a la población, como el caso de Corea del Norte, donde el tirano Kim Yong Un obliga a la población a comer menos durante 4 años para ahorrar y mantener su atrasada economía.
Venezuela está en la cola de todas las naciones con un salario mínimo que no alcanza a los 3 dólares mensuales. Aquí perecen por inanición millares de seres humanos anualmente, lo que ha obligado a más de 6 millones a huir de la miseria. Esto constituye la evidencia notoria ante la Corte Penal Internacional de un régimen que condena a la miseria generalizada a la población con políticas ideológicas que no registran el mínimo interés por sacar del foso a sus ciudadanos. Como sí lo hacen otros gobiernos del continente.
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