El instrumento que fue aprobado este jueves 8 de octubre por la asamblea nacional constituyente habla sobre desaplicar leyes a conveniencia del Ejecutivo
@franzambranor
Este jueves 8 de octubre la asamblea nacional constituyente aprobó en primera discusión la Ley Antibloqueo, un instrumento de 44 artículos con el que el chavismo pretende desaplicar normativas constitucionales a fin de burlar las sanciones emitidas por los Estados Unidos.
El gobierno de Maduro diseñó una ley de categoría aparentemente constitucional que no está prevista en el ordenamiento jurídico, con la cual se dejan sin efectos algunos postulados y principios de la propia Carta Magna.
El instrumento abarca tres capítulos, el primero va del artículo 1 hasta el 16 y trata sobre los mecanismos de validación del documento, órganos de supervisión y definición de medidas coercitivas unilaterales, el segundo comienza en el artículo 17 y finaliza en el 35 y es sobre medidas económicas productivas y el tercero se refiere a otras formas de protección y comprende el espacio entre los artículos 36 y 44.
El artículo 19 habla sobre “cuando resulte necesario para superar los obstáculos o superar los daños de las sanciones, el Ejecutivo Nacional procederá a inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente”.
Diosdado Cabello, presidente de la anc, sostuvo que con esta ley el pueblo venezolano dota a Nicolás Maduro de un instrumento para hacerle frente a los bloqueos y sanciones.
Cabello indicó que la ley fue respaldada por el 89% de un universo de 13 millones de venezolanos consultados a través de la página Patria.org.ve.
El constituyentista Hermann Escarrá manifestó en la sesión de este jueves que la ley es una medida de protección para el país. “Desde el 2015, Venezuela es víctima de sanciones y bloqueos por parte del imperio norteamericano con el fin de desestabilizar la economía y provocar un colapso”.
Desde el propio chavismo han surgido voces disidentes con respecto a la ley como la de Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela quien dijo que la ley “crea las condiciones para que la política de entrega de bienes se pueda profundizar”.
En Runrunes consultamos a tres especialistas en materia de leyes: la diputada Tamara Adrián y los abogados constitucionalistas, Allan Brewer Carias y Juan Manuel Raffalli.
Uno de los objetivos de la Ley Antibloqueo es devolver las empresas expropiadas a manos de privados. ¿No es esa una buena noticia?
Allan Brewer Carias: Sería una buena noticia si la medida de devolución respondiera a un cambio de política económica realizada en un marco legalidad y transparencia. Realizar la devolución de empresas expropiadas, confiscadas u ocupadas a sus antiguos dueños, suspendiendo el orden jurídico en la materia, y en un marco de sigilo y secreto, solo levanta suspicacia. No hay que olvidar, como lo dijo un ex juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, el mejor antídoto contra la corrupción es la luz del sol.
Tamara Adrián: No hay ninguna certeza. Parece populismo para lograr apoyo para otras barbaridades. Básicamente es poder privatizar, vender activos, dar concesiones, otorgar derechos en secreto sin contraloría y control presupuestario.
Juan Manuel Raffalli: La Ley permite entregar empresas a manos privadas sin respetar la Ley de Concesiones y de Contrataciones Públicas o a actividades reservadas al Estado. Se reserva la confidencialidad y el contenido de los expedientes administrativos. Con esta Ley, Maduro puede hacer un contrato con una empresa privada o pública sin consultar a nadie. Es decir, puede entregarle la Faja del Orinoco a Irán sin rendir cuentas y manejar los haberes como una partida secreta. Esta Ley es un adefesio, es el Ejecutivo haciendo lo que le da la gana, incluso le otorga a Maduro más poder que el que tiene con el decreto de Emergencia Económica.
El artículo 19 de la ley habla sobre la desaplicación de normas legales. ¿Eso significa ignorar la Constitución?
ABC: “Suspender las normas” que colindan con lo que se establece en la Ley Antibloqueo, como lo dice la Disposición Transitoria Segunda, implica poner a la misma por encima de la propia Constitución Nacional, eliminando, por ejemplo, como resulta del artículo 19, las potestades aprobatorias de la Asamblea Nacional.
TA: Eso no es una ley. Las leyes solo pueden dictarse a través de la Asamblea Nacional. Es totalmente inconstitucional, pues permite desaplicar la Constitución, dejando supuestamente a salvo los derechos humanos, que son indivisibles de los demás derechos. Crea un sistema secreto de cuentas donde irían los fondos, que no se sabe de quién, cómo llegarían ni en qué se usarían. En el fondo es un medio para hacer de Maduro una especie de rey sol. Lo demás son justificaciones cosméticas para quienes creen en la revolución.
JMR: Esto significa que Maduro puede decidir unilateralmente no aplicar una ley que deba emplearse en cualquier procedimiento. Puede acordar no aplicar normas de la Ley de Concesiones y con ello otorgar contratos sobre actividades reservadas al Estado como los hidrocarburos y la minería. Puede desaplicar la Ley de Presupuesto con el fin de no tener que rendir cuentas, también dejar de aplicar las normas sobre contratación pública y hasta puede ignorar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esto significa el fin del Estado de Derecho. La desaplicación de una norma jurídica solo la pueden hacer los jueces a través de lo que se llama el control difuso de la constitucionalidad, cuando la aplicación de una norma en un caso concreto pueda lesionar un derecho constitucional. Lo que limita al poder es la ley y si el propio funcionario puede desaplicarla entonces no hay límites. Además quien supervisa el control de la ley es el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo de Maduro, integrado por quien él decida y la Contraloría General de la República, que ya todos conocemos su grado de docilidad ante el gobierno
¿Qué pasará con Pdvsa. Podría haber una recuperación de la empresa si la ponen en manos de privados?
ABC: Si el gobierno lo que quiere es cambiar la política económica e ir hacia la privatización de las actividades petroleras, ello debe hacerlo dentro de un marco regulatorio abierto y público; pues de lo contrario podemos terminar en un esquema de “privatización” secreta, como el que ocurrió cuando se derrumbó la Unión Soviética, cuando las antiguas empresas del Estado pasaron a manos de amigos del régimen, conocidos después como los “oligarcas.”
TA: Ya se ha manejado la mitad de la riqueza petrolera en secreto, sin presupuesto ni rendición de cuentas. Ahora lo que se busca es dejar sin efecto toda la madeja de leyes restrictivas y sobre todo, volarse los requisitos constitucionales, por ejemplo, de contratos de interés nacional y de interés público, que requieren acuerdo parlamentario, y sobre todo mecanismos transparentes. Se trata de eliminar cualquier vestigio de transparencia y rendición de cuentas, así como en la mafia.
JMR: El presidente puede reestructurar cualquier empresa del Estado y órganos o entes de la administración pública, pero eso requiere un procedimiento, unos requisitos previos, transparencia en lo que se está haciendo y en este caso con esta Ley Antibloqueo, Maduro puede conceder cualquier contrato petrolero o mineral saltándose la autorización de la Asamblea Nacional
