En medio de una Emergencia Humanitaria Compleja, muchas mujeres quedan atrapadas en labores de cuidado y reproducción, sin independencia económica o en medio de ciclos de violencia de género, pero estos son solo algunos de los obstáculos que enfrentan y de los que el Estado no se ocupa, según diversas oenegés
Las crisis humanitarias aumentan las brechas de género y, en el caso venezolano, afecta a las mujeres de forma diferenciada, explicó Magdymar León , coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), en el conversatorio «Venezuela en Emergencia: Violencia y crisis, dos grandes desafíos que enfrentan las venezolanas», impulsado este viernes por el Observatorio Social Humanitario.
La pobreza es la consecuencia más significativa de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), pero también están los movimientos migratorios y movilidad dentro del país. El impacto es diferente en hombres y mujeres porque viven realidades distintas.
En medio de la crisis y la pobreza, muchas han quedado atrapadas en las labores de cuidado y reproducción, lo cual les quita independencia económica y tiempo para cualquier otra actividad que la mujer desee o necesite desarrollar, aumentando las brechas de género, indicó León. Esto afecta especialmente a aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, como indígenas, adolescentes, adultas mayores y/o discapacitadas.
Sobre las vulneraciones de derechos, hay puntos específicos que afectan a las mujeres, como la violencia sexual en la cotidianidad que incluye la extorsión sexual – para obtener medicinas o cruzar fronteras, por ejemplo- y el aumento de la trata y tráfico de personas en los últimos años, ya que los grupos delincuentes ven en las venezolanas vulnerables «presas fáciles».
En el sistema de salud también son presas de la violencia, pues sólo tres de cada 10 mujeres en edad reproductiva tienen acceso a métodos anticonceptivos, según estudios aplicados por Avesa en los estados Sucre, Apure y Táchira. Esto genera una incapacidad para controlar salud sexual y reproductiva que se traduce en una planificación familiar deficiente, que a su vez se vuelve un obstáculo para tener un proyecto de vida, incorporarse a la universidad o tener trabajo, que perpetúa los ciclos de pobreza y las mantiene rezagadas.
En este apartado, la coordinadora destacó la situación de violencia obstétrica en el país por la falta de atención adecuada en los centros de salud y los embarazos adolescentes, consecuencia directa del punto anterior.
Respecto al acceso a la justicia, hay gran cantidad de trabas en las instituciones, la recepción de denuncias, los procesos legales y la colocación de medidas de seguridad para las víctimas, así como la desconfianza de las víctimas en que haya una «justicia real».
León comentó que en el 2016 la organización llevó un seguimiento de denuncias y «las que llegaban a juicio eran menos del 1% (…)». Sin una adecuada sanción de delitos, se mantiene la violencia y los índices de femicidio.
Superar la crisis pasa por enfrentar la violencia
Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), reiteró que es indispensable atender las necesidades y todas las formas de violencia que afectan a las mujeres, pues de lo contrario, difícilmente se podrá superar la crisis.
“Difícilmente habrá desarrollo para el país y democracia, porque son elementos contrarios. En vez de ir hacia el desarrollo, parece que estamos yendo a un proceso de involución y las formas de violencia están coadyuvando a aumentar la brecha”, indicó.
León también hizo referencia a la falta de justicia en el país: “Los índices de feminicidio siguen aumentando, es la punta del iceberg de la violencia física, detrás de ello hay muchas formas de violencia que se están presentando. Tiene que haber sanción a esos delitos», insistió.
El miedo en las calles
La ponente María Luisa Campos, coordinadora general de la organización Resolania, presentó los hallazgos del informe «Solas en la Calle», que aborda la violencia que experimentan las mujeres en los espacios públicos a través de datos recopilados de 397 encuestadas en tres municipios, Libertador, Caracas, y Maracaibo y Machiques, estado Zulia.
Campos definió el espacio público como «aquel de libre acceso para todo público sin importar su clase social» e incluye centro comerciales, espacios comunitarios, plantas bajas de residencias y el transporte público.
Sobre los descubrimientos, afirmó que las mujeres experimentan estas violencias desde la niñez, que van desde acoso callejero, exhibicionismo, violencia racial, política y hasta obstétrica. «Todas las violencias son posibles en el espacio público (…) incluido el rapto» , advirtió.
Un 40% de las encuestadas aceptó haber sido víctima de violencia de género, «sin embargo, cuando se comienza a indagar en qué tipos de violencias son – acoso, tocamientos indeseados, palabras sexuales, etcétera-, el número sube a más de 70%». En entornos urbanos – Libertador y Maracaibo-, las mujeres mencionan haber experimentado exhibicionismo.
Estas experiencias constantes se traducen en un miedo a transitar el espacio público, apuntó la coordinadora, que terminan en la creación de estrategias por parte de las víctimas para evitar este peligro, como salir en un rango determinado de horas o recorrer rutas más largas y «seguras» para regresar a sus hogares.
Normalmente, los perpetradores son hombres desconocidos y grupos de hombres, parejas o exparejas, policías y entes del gobierno.
De acuerdo con Campos, esto se relaciona con la crisis venezolana, porque la violencia ocurre mayoritariamente cuando estas mujeres están realizando labores de cuidado como compras de productos básicos, medicamentos, traslado de bombonas de gas o botellones de agua, o cuando se están trasladando a para acceder a sus planteles de estudio. Es decir, durante sus movimientos cotidianos para sostener su vida en medio de una EHC.
Las mujeres indígenas encuestadas – en su mayoría Yukpa- reportaron que uno de los principales perpetradores de violencia son los terratenientes y las violencias más resaltadas fueron la psicológica, obstétrica, racial y políticas, agregó la coordinadora.
A nivel internacional
La coordinadora de incidencia del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Cristina Ciordia, relató la participación de la organización en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw).
El rol del comité es tomar los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH) para evaluar los reportes que describen el panorama venezolano, enviados por las organizaciones de la sociedad civil venezolana y el gobierno, para realizar un diagnóstico personalizado de acuerdo a las necesidades y urgencias del Estado en pro de alcanzar los más altos estándares en términos de DDHH, en este caso para las mujeres.
El documento final del Cedaw contiene 58 recomendaciones y tres acciones prioritarias fundamentadas especialmente en los informes de la sociedad civil. «¿Cómo sabemos esto? Porque el informe que envió el Estado dice que todo es perfecto», una situación que no corresponde con la realidad ya presentada.
Las acciones prioritarias, de las que se deben tomar acción inmediata y reportar al comité en un lapso de dos años, son la violencia basada en género, la trata de personas, y la salud sexual y reproductiva. Algunos de los títulos más importantes entre las recomendaciones tienen que ver con ‘’la no discriminación, estereotipos de género, participación de las mujeres en la vida política y pública, las mujeres defensoras de derechos humanos, acceso a la justicia específicamente para víctimas de violencia basada en género y para víctimas secundarias de graves violaciones de los derechos humanos, los grupos desfavorecidos que se consideran pues en su intersección con la feminidad, y el acceso a datos e información pública.
Estas recomendaciones específicas son esenciales aún si el Estado no coopera, porque ofrecen a las oenegé una ‘’hoja de ruta’’ con pautas a seguir para avanzar hacia estos derechos y con las que se pueden acercar a ‘’personas que están en centros de poder, sean directamente del partido de gobierno o de otras instituciones, o sean candidatos o candidatas’’.
