EL DIPUTADO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA DE INTERIOR de la Asamblea Nacional, Armando Armas, expresó que las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra cuatro altos militares señalados de ser responsables de torturas, debe incluir a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, involucrados en aproximadamente 5.000 ejecuciones extrajudiciales sólo en el año 2018.
Armas recordó que, en su informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet recomendó al régimen de Nicolás Maduro disolver de forma inmediata a las Faes y establecer un mecanismo imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, dedicado a investigar estas muertes violentas para que los culpables rindan cuentas y las víctimas obtengan justicia.
“Las medidas adoptadas contra el General de División Rafael Ramón Blanco Marrero, el Coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, el Comandante Alexander Enrique Granko Arteaga y el Coronel Rafael Antonio Franco Quintero, todos militares de la Fuerza Armada Nacional y funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), como consecuencia del arresto, abuso físico y muerte del Capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, evidencia la violación de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por la dictadura contra la disidencia”, aseguró el diputado.
El parlamentario señaló que pese a la petición de la ONU, el pasado miércoles Maduro felicitó al director de las Faes, José Miguel Domínguez, además ofreció todo el respaldo físico y logístico al denominado “escuadrón de la muerte”, explicando que es una actitud habitual del Gobierno de Maduro hacer ese tipo de apoyos y reconocimientos a quienes torturan.
“Recordemos entre tantos otros hechos, que este 5 de marzo Maduro condecoró a los militares que impidieron la entrada de la ayuda humanitaria y protagonizaron una brutal represión en la frontera el 23 de febrero, ya antes lo había hecho con los oficiales que agredieron al pueblo durante las protestas de 2014 y 2017”, aseguró el parlamentario.
El vicepresidente de la Comisión de Política Interior considera que el apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para que los responsables de la barbarie sean castigados. “Todos estos casos han sido documentados y la Alta Comisionada de la ONU debe agilizar los trámites pertinentes para que la Corte Penal Internacional aplique las sanciones a que haya lugar”, indicó Armas.
