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La política venezolana: ¿un juego de estratagemas? por Antonio José Monagas

¿ES POSIBLE CREER EN AQUELLAS leyes, decretos o resoluciones emanadas por la cúpula de un régimen dictatorial que viole consecutivamente su ordenamiento jurídico? Sobre todo, el  trazado por la letra de su Carta Magna? ¿O que contravenga los más fundamentales derechos humanos? ¿O acaso, es que ha habido algún gobierno democrático, que en algún tiempo de un arrebatado momento, no haya infringido alguna de las leyes que su mismo sistema político se impuso con la justificación plena de ajustar la dinámica social y económica a la causa de una vida en sana convivencia?

 

En cualquiera de las situaciones, luego de razonar las circunstancias que muchas veces esgrimen motivaciones políticas, morales, jurídicas o de mera conveniencia, es fácil dar con respuestas que evidencien desavenencias que contrarían el acato a la ley. Sólo que generalmente, se tiene una presunción ética a favor del ordenamiento jurídico toda vez que envuelve realidades políticas caracterizadas por un discurrir democrático.

 

Al menos, es lo que de la literalidad puede deducirse. Más, cuando se supone que sus funcionalidad organizacional se halla apegada a las libertades y a la autonomía moral sobre las cuales descansan sus decisiones. Sin embargo, no es igual lo que en lo inmediato puede inferirse de condiciones jurídicas no democráticas. Habida cuenta que estos sistemas políticos pivotan sus medidas sobre consideraciones que responden a intereses absolutistas, autoritarios o totalitarios.

 

El caso Venezuela, bien puede ser un exacto ejemplo del problema que exalta una situación en la que el respeto a la ley no siempre constituye una virtud pública. Ni aunque lo parezca. Por más que personajes del régimen, muestren, en cada aparición pública, el “librito azul” a manera de bandera batiente. El comportamiento político del país, es el reflejo de una aguda confrontación que ha alcanzado niveles bastante radicales alrededor de lo que representa la búsqueda del poder. O el poder por si mismo.

 

En Venezuela está dándose una especie de juego en medio de una realidad en la que no se tienen reglas que regulen las maniobras de las partes o factores enfrentados. Se procede con lo  primero que se tenga. No necesariamente para escudarse del otro, Sino para atacar en la primera de cambio. Aunque lo más grave que viene ocurriendo, es que en el fragor de dicha convulsión se suscitan viscerales encuentros  en los que aquel que lleva la ventaja es el factor político cuyos recursos obviamente exponen un apresto operacional propio de quien demuestre mayor malicia funcional en sus escarceos.

 

Y es normal que en política, cualquier confrontación entre rivales, sea superada por quien más recursos políticos maneje. Es una de las tantas razones que explican el por qué quienes generalmente ganan elecciones, son aquellos factores políticos ubicados en las adyacencias del poder político.

 

Sin duda que mirando la situación política venezolana desde tan delicada perspectiva, pudiera calificarse como la más complicada en términos de la complejidad estructural que cimienta la funcionalidad política en toda su extensión, procesos y dimensiones. Es lo que se infiere de comparaciones con experiencias vividas por países ubicados en la geografía latinoamericana. Inclusive, más allá. Pero al mismo tiempo, en lo emocional pues en este plano, igualmente afecta al venezolano en todas sus manifestaciones. Porque lo constriñe a reducirse como persona en términos de sus posibilidades económicas y sociales. Y por supuesto, políticas.

 

En medio de lo que estas realidades asoman su capacidad de conminar al venezolano, está asfixiándolo en cuanto a lo que su naturaleza de vida es capaz de brindarle. Tanto así que esta situación le infunde un agotamiento tan pérfido que le resulta difícil escapar de dicha condición. Así que de traspasar tan álgida barrera, es posible que caiga en un terreno cuya probabilidad de superarlo no luce tan inmediata como de lograrlo en medio de sus predios.

 

Pero si bien este problema no es fácil entenderlo en un todo alineado con el conocimiento primario de conceptos políticos un tanto desmayados ante la actualidad, lo que interesa de esta disertación es advertir el canibalismo que a lo interno del país recrudece la vida del venezolano. Sobre todo, cuando ha comenzado a reconocer los intríngulis que configuran el agorero proceder político del gobierno central. Desde luego, siempre y cuando se tenga en cuenta que escapar de la tenebrosa realidad que consume la paciencia del venezolano, no tiene más paragón que aceptar que la política venezolana ha resultado ser un juego de “tira y encoje”

 

Quizás, cabría también preguntarse si en el fondo se esconde un manejo de artimañas. O como dice el titular, acaso es la política venezolana: ¿un juego de estratagemas?

 

@ajmonagas

Alejandro Armas Feb 10, 2017 | Actualizado hace 2 semanas
De decretos y discriminación

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Una vez más me tomaré la licencia de usar este espacio de opinión, nueve de cada diez veces consagrado al accidentado acontecer nacional, para tocar un tema allende nuestras fronteras. No siento que deba pedir excusas ante nadie por ello, ya que, por más penurias que estemos pasando, el mundo no se acaba en el alto Orinoco, ni en la Sierra de Perijá, ni en cabo San Román ni en el golfo de Paria. Mientras el Consejo Nacional Electoral hunde más el cuchillo a nuestra malherida democracia, creo que no exagero al decir que las hermanas de esta en Occidente, unidas por la tradición liberal, están más amenazadas que nunca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No por golpes de Estado ni invasiones de ejércitos rojos, sino, cruel ironía, por el propio voto en que se concretan. Por toda Europa y América del Norte hay masas descontentas con el statu quo, ciertamente en parte por grandes errores de las elites políticas, pero, desde el punto de vista moral, injustificablemente volcadas hacia el odio y la irracionalidad.

Aunque no es el único, la xenofobia es el rasgo más distintivo que comparten estos movimientos. El caso más emblemático, desde luego, es la llegada al poder de Donald Trump, que en menos de un mes ya ha acaparado la atención del mundo, sobre todo con sus políticas migratorias. El nuevo inquilino de la Casa Blanca ha demostrado que no juega carrito y que entre el sinfín de motivos para criticarlo definitivamente está ausente la falta de voluntad para cumplir sus promesas de campaña (otra cosa es que realmente pueda hacerlo por más que quiera). El muro en la frontera sur, pagado por el vecino, es un escándalo, pero todavía no se ha puesto la primera piedra. En cambio, a Trump le bastó ponerle su firma a un papel para bloquear la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

En todo el mundo se ha pegado el grito al cielo contra esta medida. Dejemos de lado la obvia reacción de en las naciones afectadas. La Organización de las Naciones Unidas, el Vaticano, los gobiernos del Reino Unido, Alemania y Francia, entre otros, han criticado con distintos tonos la orden ejecutiva. Dentro de Estados Unidos tampoco se ha guardado silencio. Dirigentes de la oposición demócrata, así como algunos republicanos, han alertado sobre el carácter potencialmente contraproducente del decreto, como catalizador del extremismo islámico. En varias ciudades ha habido protestas masivas en contra. Decenas de abogados se han movilizado hasta aeropuertos para brindar asistencia, a menudo gratuita, a los rechazados.

Por supuesto, sería absurdo pensar que el repudio a la orden de Trump es universal; de ser así, difícilmente hubiera ganado las elecciones. Hay quienes la apoyan, por distintas razones, y no son pocos. El respaldo más sólido viene de lo que ha pasado a conocerse como la alt-right, o “derecha alternativa”, una masa informe de sujetos que comparte posturas machistas, islamofóbicas, homofóbicas, antisemitas y racistas. La combinación exacta de estas posiciones varía con el individuo. La mayoría encontró un elemento unificador desde 2015 en su apoyo a Trump. Otro de sus rasgos distintivos es una hostilidad marcada hacia todo aquel que no piense igual. Por lo tanto, sus miembros tienden a arremeter contra quienes cuestionen las políticas del nuevo Presidente. Para ello han sabido echar manos de la tecnología 2.0: las redes sociales y los foros en línea son una enorme plataforma para sus mensajes recargados de intolerancia. A menudo actúan como trolls, término del folclore nórdico hoy usado para designar a quienes usan Internet para acosar a otros y, como dirían por estos, lares sembrar cizaña. Así insultan y, cuando se esconden en el anonimato, hasta amenazan con revelaciones de información personal, golpizas, violaciones y muerte a quien hagan su blanco.

Pero hay algunos en la alt-right que van más allá de la conducta brutal y, por lo menos, tratan de dar sustento argumentativo a su defensa del gobierno de Trump. En el caso de la prohibición migratoria, sostienen que ya se ha hecho antes sin ningún escándalo. Recuerdan que en 1979 Jimmy Carter ordenó que no se emitieran más visas de estudiantes para ciudadanos iraníes. Quienes ya estaban adentro fueron obligados a presentarse frente a autoridades migratorias para someterse a duras revisiones sobre su estatus, so amenaza de ser deportados de inmediato en caso de detectarse cualquier irregularidad. Si salían de Estados Unidos, para visitar a sus familiares por ejemplo, podía negárseles el regreso, a pesar de la interrupción de sus estudios.

Sin duda, quien critique el “justos pagan por pecadores” implícito en el decreto de Trump debe estar preparado para hacer lo mismo con lo que ocurrió entonces. Sin embargo, hasta ahí llega la capacidad de los seguidores de Trump para poner contra las cuerdas de la coherencia a sus detractores. Como pasa a menudo con las comparaciones de esta naturaleza, es un abuso equiparar al ya nonagenario cultivador de maní de Georgia con el magnate neoyorquino en cuanto a sus acciones migratorias desde la Casa Blanca. Todo por el problema de una omisión gigantesca del contexto histórico, error bastante común.

Carter no llegó a Washington despotricando contra los persas, ni mucho menos contra el islam en general. La medida que tomó no fue parte de una idea inherentemente negativa sobre alguna nacionalidad o religión que vinculara sin matices con el terrorismo. De ser así, ni por asomo hubiera tolerado la presencia del presidente egipcio, Anwar Al Sadat, en su residencia campestre oficial de Camp David para pactar la paz con Israel.

Lo que Carter hizo fue algo completamente ad hoc. Durante su mandato estalló la Revolución Islámica de Irán que derrocó al sha, cuyo régimen modernizador era impopular por su brutalidad, y lo reemplazó por la teocracia de los ayatolas que hasta hoy sigue gobernando. El apoyo constante de Estados Unidos al emperador (quien llegó al poder en una de las primeras grandes operaciones de la CIA) se tradujo en que los nuevos líderes del país no vieran a los norteamericanos con muy buenos ojos. Convirtieron la potencia anglosajona en el “Gran Satán”, encarnación de valores malignos contrarios a la fe verdadera y, de paso, del imperialismo.

Entonces un grupo de estudiantes fanatizados, con el apoyo del gobierno revolucionario, ocupó por la fuerza la Embajada de Estados Unidos en Teherán y tomó como rehenes a 52 personas. Exigían la extradición del sha, quien en ese momento estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en territorio estadounidense. El secuestro duró 444 días y sigue siendo la crisis de rehenes más larga de la historia. Se extendió más allá de la muerte del sha y del gobierno de Carter, cuyo intento fallido por rescatar militarmente a los detenidos fue una de las razones detrás de su derrota ante Ronald Reagan en 1980. Las negociaciones de este con los iraníes, génesis de otro escándalo que no trataremos aquí, permitió la liberación.

Es en medio de esta situación que Carter prohibió el ingreso de iraníes. Fue una crisis puntual. Terriblemente grave, sí, pero puntual. Se estaba ante un acto prolongado de terrorismo, ya desatado, con la venia de un Estado soberano. El entonces Presidente no actuó en función de prejuicios, sino a pesar de su actitud en general tolerante.

Trump, en cambio, se mudó a Washington mediante una campaña en la que enfatizó la necesidad de impedir que todos los ciudadanos, no de uno, sino de varios países no pudieran entrar. Los presentó a todos como potencialmente violentos y peligrosos. Varios de sus asesores más cercanos han ido más allá y presentado al islam, a todo el islam, como el enemigo en una especie de Cruzada, de guerra santa. El rechazo a los musulmanes pasa de ser una cuestión incidental a una cuestión sustancial. Es por eso que las acciones del Gobierno actual alarman mucho más que las de hace casi cuarenta años, sobre todo considerando la posibilidad latente de una ciclo vicioso de odio entre extremistas musulmanes y la derecha occidental.

Justo cuando termino estas líneas es noticia que una Corte de Apelaciones confirmó la decisión de tribunales inferiores de congelar el decreto de Trump. Aunque Mr. President proteste por Twitter, no tiene más remedio que acatar la ley (una independencia de poderes igualita a la de acá, ¿no?). De seguro volverá a apelar, esta vez ante la Corte Suprema. A esos jueces les tocará el mismo dilema ético, pero las sentencias anteriores dan razones para tener al menos esperanza. Yo la tengo en que, además, el pueblo estadounidense no abandonará los principios que lo hacen realmente grande (y poco tienen que ver con la consigna de Trump) y darán la batalla por la justicia en su país.

Termino con una consideración en línea con el primer párrafo. No faltará quien al leer esto señale al autor con una queja del tipo “el país cayéndose a pedazos y este preocupándose por lo que pasa afuera”. Si su humanidad es tan limitada como para pensar de esa manera, le voy a plantear el problema desde la perspectiva netamente egoísta. Para empezar, hay que tener en cuenta que Venezuela es un país de emigrantes por primera vez en su historia. Si a usted le parece insoportable la situación actual, o le angustia el futuro, al punto de considerar mudarse a otra nación, tenga en cuenta que cada triunfo de estos movimientos xenofóbicos es una puerta más que amenaza con cerrársele en las narices. No me venga con el consuelo de que “solo es contra los musulmanes”. Esta gente es creativa para buscar enemigos. Hoy son los seguidores de Mahoma. ¿Y mañana? Claro que el ciudadano común no puede cambiar nada solo. Pero les apuesto a que un clamor mundial, respetuoso y a la vez firme, contra la discriminación, ayuda más que el silencio y la indiferencia.

@AAAD25

Control Ciudadano pide al TSJ declarar nulas leyes dictadas vía Habilitante

LA ASOCIACIÓN CIVIL CONTROL CIUDADANO afirmó a través de un comunicado que los decretos leyes aprobados a través de la Ley Habilitante «atentan claramente contra la Constitución».

«El Presidente de la República, Nicolás Maduro, sustentando en el concepto de guerra económica ha decidido poner en vigor un estado de emergencia permanente, sin cumplir con las formalidades previstas en el Título VIII de la Carta Magna relativo a la protección de la Constitución», citó el texto.

La organización sostiene que la aprobación de estos decretos ley violenta el respeto de varias garantías constitucionales que «ni siquiera en estado de guerra pueden suspenderse». Entre estas destacó: la igualdad ante la ley, la libertad personal , la integridad personal, física, psíquica y moral, el debido proceso y el derecho a la información.

La organización también hizo mención de los embargos sin autorización judicial que han sido establecidos en los decretos. «Además de cercenar el núcleo duro de los derechos humanos, ponen en vigor un mecanismo de requisitorias propios de los estados de guerra declarado».

Ante esta situación, la ONG hizo un llamado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  para que se declaren nulas de forma parcial o total las leyes dictadas vía Habilitante «que abiertamente establecen un estado de excepción permanente en Venezuela».

Lea el comunicado: 

La Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional (controlciudadano.org), organización no gubernamental venezolana, que tiene por objeto promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, bajo cinco principios: el respeto de los derechos humanos, la transparencia, la democracia, la participación y el Estado de Derecho; ha seguido con preocupación los decretos leyes aprobados por el Presidente de la República en el marco de la Ley Habilitante, los cuales atentan claramente contra la Constitución.

El Presidente de la República, Nicolás Maduro, sustentando en el concepto de guerra económica ha decidido poner en vigor un estado de emergencia permanente, sin cumplir con las formalidades previstas en el Título VIII de la Carta Magna relativo a la «Protección de la Constitución».

Con la aprobación de las leyes por vía habilitante efectuada por el Presidente de la República, quedan restringidas garantías constitucionales que ni siquiera en estado de guerra declarada pueden suspenderse de conformidad con lo establecido en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el artículo 4, 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27, 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre las cuales cabe mencionar: La igualdad ante la ley, la libertad personal , la integridad personal, física, psíquica y moral, el debido proceso y el derecho a la información aún leyes.

Por otra parte, los embargos sin autorización judicial que han sido establecidos en los decretos leyes aprobados por el Presidente de la República, además de cercenar el núcleo duro de los derechos humanos, ponen en vigor un mecanismo de requisitorias propios de los estados de guerra declarado, en algunos casos apoyados por la movilización de la Fuerza Armada Nacional, los cuales para ser ejecutados y respetándose el procedimiento constitucional deben contar con la declaratoria de un estado de conflicto interior o exterior, que en ningún caso podrá exceder de 180 días de acuerdo al artículo 338 de la Constitución.

Control Ciudadano, ante la gravedad de esta situación hace un llamado urgente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que de oficio ejerza a la brevedad el mecanismo de control constitucional y declare nulas total o parcialmente las leyes dictadas por la habilitante que abiertamente establecen un estado de excepción permanente en Venezuela, al margen de la Constitución.

Nota: Este comunicado se emite en el marco del derecho a la participación en los asuntos públicos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de conciencia que tienen los ciudadanos venezolanos de acuerdo al artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esperando contar con las garantías de no ser objeto de represalias por ello.

Rocío San Miguel
Presidente
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional