El artículo 6 de la DUDH establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica

 

El abogado tachirense Pedro Rey explicó que cuando alguien es arrestado por las autoridades sin que se pueda determinar quién es de inmediato, los procedimientos para abordar esta situación varían según las leyes y regulaciones de cada país, pero generalmente incluyen acciones como el registro, la toma de huellas dactilares, la investigación exhaustiva, la búsqueda de información adicional y la colaboración con otros organismos. La rapidez con la que se llevan a cabo estos procedimientos puede variar entre el país legal y el país real.

El especialista sostuvo que los métodos utilizados para verificar la identidad incluyen el uso de documentos de identificación, la verificación biométrica, la consulta de registros gubernamentales, entrevistas y testimonios, análisis de ADN, verificación de antecedentes y reconocimiento facial, entre otros.

“En Venezuela, se implementa la cédula de identidad biométrica y se utilizan datos biométricos en el sistema electoral y los pasaportes para mejorar la seguridad y autenticidad de la identificación. Si una persona es detenida en Venezuela sin identidad, las autoridades deben realizar acciones como el registro y toma de huellas dactilares, la investigación y búsqueda de información, la colaboración con otros organismos, el contacto con familiares o conocidos, y la provisión de asistencia legal”, manifestó.

El especialista sostiene que hay varios protocolos y principios internacionales que abordan el reconocimiento de la identidad de un individuo sin identificación adecuada y destaca que estos son los más relevantes:

Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH): El artículo 6 de la DUDH establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Este principio se aplica a las personas sin identidad y subraya la importancia de garantizar el reconocimiento y la protección de sus derechos fundamentales.

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas: Esta convención, adoptada en 1954 y complementada por el Protocolo de 1961, tiene como objetivo proteger a las personas apátridas. Establece normas y principios para la determinación de la identidad de una persona que carece de nacionalidad y la prevención de la apatridia.

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): El artículo 7 de la CDN reconoce el derecho de todo niño a ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y a tener una identidad. También destaca la importancia de garantizar la identificación de los niños que son refugiados o apátridas.

Principios y Directrices sobre los Derechos Humanos en la Lucha contra la Trata de Personas: Estos principios, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hacen hincapié en la importancia de la identificación y documentación adecuada de las víctimas de la trata de personas. También abogan por la no criminalización de las víctimas y la provisión de asistencia y protección.

Directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): El ACNUR emite directrices y recomendaciones para abordar la identificación y protección de los refugiados y solicitantes de asilo que carecen de documentos de identidad adecuados.

Sobre el tema, el abogado Rey, contó sobre una experiencia profesional que tuvo hace muchos años. “Era un hombre que murió y era guardia y toda su vida estuvo con una identidad falsa. Incluso sus hijos no supieron hasta que falleció”.

El cuerpo del hombre en cuestión estuvo seis meses en la morgue y la Fiscalía ordenó enterrarlo en una fosa común. “Nuca supieron quién fue”, relata.

Se alteraba las huellas dactilares y eso determinó su responsabilidad en varios delitos

“Estando como investigador en la Brigada de Delitos Contra la Propiedad, en el otrora Cuerpo Técnico de Policía Judicial, hoy CICPC,  tuve una experiencia así: Conocí varios Hurtos, con el modus operandi llamado “ventosa”, penetran por los techos de los establecimientos haciendo huecos, muchos de esos Hurtos en la zona comercial del centro de San Cristóbal, durante la pesquisa, se levantaban rastros dactilares latentes, que al ser examinados lofoscopicamente, se apreciaban dismorfologías en crestas y surcos de la impresión dactilar, deducíamos que se tratarán de patologías dactilares, tales como la polidactilia, la ectrodactilia, sindactilia, u otras, eventualmente”.

Así comienza el relato del abogado, escritor, profesor universitario y exdirector de la Policía del Táchira , Jesús Alberto Berro sobre un caso particular. Agregó que, mediante investigaciones de campo, aprehendieron a un ciudadano de nacionalidad colombiana, que fue localizado en el techo de un establecimiento comercial.

“Luego de una persecución fue detenido, no tenía documentación alguna, decía llamarse JAGP, al tomársele reseña decadactilar y someterse a comparación y análisis, con los rastros localizados en la mayoría de las incursiones por ventosa de los locales comerciales, se detectó que coincidían plenamente con los mismos, a sus manos se le práctico en los falanges de sus dedos exámenes médicos legales, estableciéndose que tales anomalías, eran producto de malformaciones a exprofeso”.

Al ser interrogado, manifestó que usaba una hojilla en los pulpejos dactilares de sus falanges para distorsionar las crestas y surcos, para de esta manera procurar no ser identificado. Al identificarlo, resultó con otro nombre y con un amplio prontuario policial por este modus operandi, y muchos hechos fueron esclarecidos, explicó el abogado quien agregó que este sujeto pretendió ocultar su identidad, y lo que hizo fue individualizarse más, porque eran los únicos rastros que tenían esas características, vale decir, creo un patrón de individualización dactilar único, que era el de él.

Detenidos sin identidad

El director de la Policía del Táchira y jefe de Seguridad Ciudadana de la región, comisionado Wilman Rivera Torres, informó que cuando algún detenido no tiene identificación, es a través del Saime que se buscan estos datos. Sin embargo, algunas veces el mismo Saime no tiene la información con nombres, apellidos y número de cédula porque la persona, no está registrada allí.

“De hecho, incluso aquí había en el centro de resguardo este, hay personas privadas de libertad que no tienen la identidad, la cédula, pues, por decir algo, y si no hay un documento de origen, como el acta de fe de bautismo, la partida de nacimiento, o sea, algún documento q que realmente pudiese el Saime buscar a través de los de los de los archivos, alguna documentación que realmente se relacione con la persona, no se puede hacer absolutamente nada, es decir, la persona está indocumentada”,

La razón obedece a que el ciudadano no tiene ningún documento de origen, de nacionalidad. Si es colombiano, es venezolano o de otro país.

El comisionado Rivera Torres contó que tienen privados de libertad que no tienen identidad y que no aparecen registrados en el Saime. “No se puede por ningún elemento, por ninguna forma, buscar la identidad. ¿Por qué? Porque tan sencillo no existe una huella, no existe una fe de bautismo, no existe una parte de nacimiento, algo que diga que la persona nació, alguna vez.  

Cuidado con los documentos perdidos

La usurpación de identidad es otro elemento para destacar. En el caso del abogado penalista Daniel Gerardo Pérez argumenta que, en algunos casos, una persona que está solicitada por un Tribunal, se empieza a identificar con otra célula de identidad, que fue robada, hurtada o que se extravió y la encontró y muchas veces esas personas son procesadas, son condenadas nuevamente por otro delito con la identidad que están usurpando.

“Las personas se dan cuenta van a solicitar los antecedentes penales y te das cuenta de que tienes antecedentes y tú nunca has estado detenido. O resulta que van por un alcabala y le piden la cédula y están solicitado por algo que nunca un delito que nunca han cometido. ¿No? Y eso es muy común, por eso la necesidad en el momento que se te extravió un documento que te roban o que te lo hurtan inmediatamente poner la denuncia en el Cicpc”, concluyó.

LA VIOLENCIA DELINCUENCIAL HA FORTALECIDO SU ORGANIZACIÓN, ya no solo en espacios urbanos, sino que ha tomado los sectores productivos con la piratería marina a lo largo de más de 700 kilómetros de costa del estado Sucre y cuyas repercusiones han cambiado los horarios de faena y las prácticas pesqueras especialmente, en la Península de Araya y la parroquia Raúl Leoni del municipio Sucre donde se han intensificado los robos de motores y enseres de pesca, así lo destacó Jesús Subero, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Sucre durante el Foro sobre la Situación de Derechos Humanos en ese estado or8ental de Venezuela.

El evento, organizado por el Centro de Desarrollo Integral Sucre Cedisuc se desarrolló para conmemorar el 70 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Dijo Subero que la problemática de la violencia e inseguridad territorial ha influido notoriamente, en la merma del rendimiento agrícola en los sectores de tradición cacaotera, cafetalera y cañicultora del eje Carúpano- Paria y el municipio Montes.

“Los productores prefieren abandonar los campos no solo por la crítica situación económica del país, sino por las amenazas de grupos delincuenciales que han tomado fuerza para controlar las zonas rurales que hasta hace 15 años, eran considerados tranquilos y actualmente son azotados por la violencia, los homicidios, el atraco, la extorsión y el secuestro” dijo.

Puntos críticos

En el análisis realizado por el coordinador del OVV Sucre, destacó la manera en que los delincuentes han articulado acciones por mar y tierra, en cuyo caso detalló que ya no se trata de la violencia con asaltos y actos violentos a camiones de carga de alimentos y productos de primera necesidad en la troncal 009 que va desde Caracas hasta Güiria, capital del municipio Valdez donde los visitantes deben obtener el permiso de los delincuentes para transitar los pueblos, sino que la situación se ha extendido para dibujar una “T” con la troncal 010 entre Cariaco- municipio Ribero, Casanay – municipio Andrés Eloy Blanco; hasta Caripito en el estado Monagas.

“En la troncal 009 entre Cumaná y Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, han sido identificados puntos críticos entre las poblaciones de Santa Fe, Arapo, Arapito, Playa Colorada y Vallecito, pero también en el eje Muelle de Cariaco -Santa María del municipio Ribero específicamente, en el sector Curaguaco, la población rural, los transportistas de pescado y los conductores de carritos por puesto, son atacados diariamente, según información suministrada por la dirigencia de la zona”

En la exposición sobre Violencia y Territorios Delictivos, Subero se refirió al fortalecimiento de la organización delictiva con una triangulación de municipios parianos como Cajigal (Yaguaraparo), Mariño (Irapa) y Arismendi (Río Caribe), que ha tomado el control del territorio por encima de los cuerpos de seguridad del Estado, en detrimento de la actividad productiva, pesquera y turística, que por tradición se había desarrollado en la zona.

“Nos referimos a masacres como la registrada en septiembre en las parroquias San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, donde oficialmente, el Gobierno estadal reconoció 21 muertes, pero la población ha referido una situación dantesca que supera lo imaginable y ese es solo un caso de los que se ha filtrado a la opinión pública, porque la orfandad informativa en el estado Sucre ha servido de caldo de cultivo para que las autoridades impidan el acceso a la información pública que ya el OVV había identificado desde 2005” advirtió Subero.

Pérdida de la tranquilidad

El coordinador del OVV lamentó con preocupación la pérdida de la tranquilidad no solo por mar y por tierra sino en la cotidianidad ciudadana porque “no hay suceso donde no esté involucrada la moto, la pistola y la droga” enfatizó.

Asimismo, reiteró un desplazamiento de la violencia urbana hacia las zonas rurales es decir, “plazas, calles, ciudades, pueblos, residencias y espacios naturales han sido tomados por la violencia y la inseguridad incluso, hay intervenciones delictivas en espacios religiosos, centros asistenciales y otros lugares, donde antes no había violencia pero las autoridades lejos de articular acciones concretas en materia de seguridad ciudadana, han intensificado las “operaciones de exterminio” bajo el esquema de enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado” aseveró.
En ese sentido citó los abusos de autoridad en casos como la Masacre de El Porvenir, registrada el 11 de noviembre de 2016 en el municipio Ribero con la participación de funcionarios públicos donde nueve personas fueron asesinadas y el caso es un reflejo de la impunidad reinante en el país, sin contar con la violencia en contra de manifestaciones ciudadanas en reclamos de servicios básicos que han dejado serias consecuencias como el asesinato de un hombre durante represión de manifestantes en Playa Grande, municipio Bermúdez; el pasado 01 de marzo de 2018.

Finalmente, Subero agradeció a Cedisuc a través de su coordinadora Gladys Rodríguez, por la invitación al Foro y destacó la importancia de este tipo de encuentros no solo para el desarrollo interinstitucional sino para el intercambio de experiencias con los habitantes de las comunidades más vulnerables de la entidad sucrense, preocupados por la garantía del derecho a la vida, el aumento de los hechos violentos y delictivos en el estado Sucre.
Sucre sin asistencia

Por su parte María Barrios coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de Cedisuc, realizó un balance de las violaciones a derechos humanos, documentadas por la institución durante 2018 en los municipios Sucre, Bermúdez, Ribero, Bolívar, Cruz Salmerón Acosta, Montes; donde evidenciaron el deterioro de los servicios públicos.
“Hemos atendido 1.057 personas atendidas, realizamos 860 encuestas y documentamos 551 casos, donde hemos realizado muchos hallazgos. La salud está en caos, ninguno de los ambulatorios de la entidad cuenta con sistema viable para la atención de la población por falta de medicamentos e insumos, los más críticos son los municipio Bolívar y Ribero que no tienen asistencia médica adecuada” indicó.

Citó la proliferación 382 basureros satélites que afectan la salud pública por la falta de recolección y tratamiento de desechos sólidos en Cumaná, mientras que en materia del servicio de transporte público, detalló que la flota dela parroquia Altagracia (la más grande del municipio Sucre), solo están operativos el 4% de los 80 autobuses que cubrían la ruta.

Asimismo refirió que se han intensificado las protestas ciudadanas en la carretera nacional Cumaná Puerto La Cruz, debido a los reclamos por falta de agua, gas, electricidad y alimentos en el municipio Bolívar.

EL BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA emitió un comunicado a la opinión pública nacional e internacional para pronunciarse sobre el caso de la jueza Maria Lourdes Affiuni y la resintitucionalización del sistema de justicia venezolano.

A continuación el comunicado:

El Bloque Constitucional de Venezuela desde su constitución en el año 2015, ha tenido como propósito la defensa de la independencia del Poder Judicial y la reinstitucionalización del Sistema de Administración de Justicia; es por ello que, presenta como paradigma del requerimiento de tales propósitos, el caso de la Jueza María Lourdes Affiuni, por significar uno de los más emblemáticos de la intervención y del control por parte del régimen en el funcionamiento de dicho Poder, mediante una estrategia de intimidación y persecución hacia los jueces que no atiendan a sus órdenes, para someterlos a un régimen de terror que les impida cumplir con su función de garantizar la integridad de la Constitución mediante la protección de los derechos humanos.

En efecto,
1.- La Jueza María Lourdes Affiuni ha estado sometida desde hace nueve (9) años a un enjuiciamiento que fue solicitado públicamente por el Presidente Hugo Chávez, por el hecho de haber cumplido como Juez 31ª de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con su deber constitucional de garantizar el derecho de todo imputado de solicitar la sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad por otras menos gravosas.

2.- No conforme con la detención arbitraria, en su propio Tribunal junto con sus empleados, inmediatamente a la solicitud que hizo el prenombrado Presidente, la Jueza Affiuni fue acusada de los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento de evasión, y asociación para delinquir, por haber dictada, conforme a la ley, una medida sustitutiva de privación de libertad a favor de un procesado que el gobierno consideraba como enemigo.

3.- Una vez detenida fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes; y, aún se le mantiene bajo ilegítimas restricciones a su derecho al trabajo, a la libertad de expresión y al libre tránsito.

4.- Además la Jueza Affiuni ha sido sometida a un proceso disciplinario sin señalamiento de las faltas que se le imputan y sin que haya podido tener acceso al expediente, ni obtener copia certificada del mismo, asignándosele, de oficio un defensor público, no obstante, contar con defensa privada.

5.- El proceso a la que se sometió a la Jueza Affiuni, desde el año 2009 ha sido suspendido en diversas oportunidades, iniciándosele un segundo proceso; que se mantiene en suspenso sin celebración de audiencia alguna por más del tiempo que corresponde a la pena máxima prevista para los delitos que, de manera infundada se atribuyen a la Jueza Afiuni.

Ante los hechos descritos y las violaciones de derecho fundamentales el Bloque Constitucional de Venezuela,

DECLARA:

1.- La Jueza María Lourdes Affiuni es víctima del delito de detención arbitraria y de torturas, de delitos de lesa humanidad, conforme a lo pautado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Principios básicos de la ONU, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Convención contra la Tortura, y otros Tratos, o Penas, Crueles o Inhumanos y los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados; como lo han reconocido la Red Latinoamericana de Jueces, la Comisión Internacional de Juristas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, y Amnistía Internacional.

2.- Ello califica, en sí mismo, a los órganos ejecutivos y al propio Sistema de Justicia y a sus agentes, como responsables de tales delitos, que exigen castigo, los que habrán de establecerse cuando se restablezca la institucionalidad del Estado Democrático de Derecho y de Justicia.

3.- La detención y el enjuiciamiento de la Jueza Maria Lourdes Affiuni es manifestación burda del grado de deterioro de la institucionalidad judicial del país, como un caso de la indebida interferencia política por parte del ejecutivo en el Poder Judicial y de las represalias que se llevan a cabo en contra de los jueces por ejercer sus funciones constitucionalmente garantizadas, con el propósito de socavar el Estado de Derecho y obstruir la justicia.

4. El caso de la Jueza Affiuni, ha sido considerado emblemático, por ello en el ámbito de los organismos internacionales a quienes corresponde velar por las violaciones de los derechos humanos, cada vez que se encuentran en presencia de expedientes que relatan violaciones y torturas, los califican como “Efecto Affiuni”, denotando con ello que, en este caso, se conjugan practicamente todo tipo de violaciones, tortura y afrenta a las cuales un ser humano puede ser impunemente sometido. Por ello, el caso Affiuni es, y así quedará para la historia judicial de nuestro país, como una verguenza que nos marcará para siempre, cometida por aquellos que deambulan por las masmorras en donde pueden dejar expresado con holgura abusando de su “autoridad”, el lado más obscuro del ser humano; sin embargo, como Bloque Constitucional y abogados comprometidos con el rescate del Sistema de Justicia, trabajaremos vehementemente, en borrar de nuestra historia esa mancha escabrosa y dolorosa, devolviendo a cada ser humano que viva en este país la protección del respeto por su dignidad y condición humana.

Por todo lo expuesto, el Bloque Constitucional de Venezuela reitera su exigencia del restablecimiento pleno de los derechos de la Juez Maria Lourdes Affiuni, y su compromiso firme de reinstitucionalización del Sistema de Justicia independiente y democrático, atendiendo a la restructuración y evaluación de la idoneidad de la gestión de los jueces, para sustituir el presente Sistema ideologizado y subordinado por un Poder Judicial autónomo sin el cual el Estado de Derecho es inexistente.

El título en afirmativo sugiere una aparente herejía. Sobre todo, si se observa que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 consagra que toda voluntad popular se expresa a través del voto. La democracia es voto o no es tal. Pero una apreciación tan simple como ésta, que nos empuje hacia el camino del fundamentalismo electoral, es capaz de llevar hasta el cementerio, en las urnas de votación, los despojos de una democracia cuyo actual entendimiento causa mucho desencanto; ese que inunda a nuestras sociedades contemporáneas al verse invertebradas, con sus texturas rotas, sin partidos que las interpreten, en medio de la desterritorialización de la política y la liquidez de las solidaridades.

Si no que lo digamos los venezolanos, víctimas de los apologetas de la narco-revolución que nos mantiene bajo secuestro y de los viudos del siglo XX. En 18 años hemos sido llamados a unos 22 actos comiciales – referendos incluidos – dentro un jolgorio de populismos, chantajes, manipulaciones e intoxicación publicitaria inenarrables, que le han negado al país su sosiego. Ha carecido éste de la calma para conocer las virtudes de la gobernanza, menos para elaborar juicios conscientes sobre la realidad que le ayuden a alcanzar, en suma, esa otra variable que, junto a la de la legitimidad, demanda la misma democracia, a saber, la de su eficacia como orden realizador de los derechos fundamentales.

El reduccionismo electoral hoy atrapa a muchos. A gobernantes y gobiernos que se dicen democráticos y se encuentran obligados por la Carta Democrática Interamericana, pero olvidan que la democracia es algo más, mucho más que el acto de elegir. Y al reducirla al voto nada les cuesta, sean líderes de la izquierda o de la derecha posdemocrática, consagrar con éste sus reelecciones a perpetuidad, prosternar el principio de la alternabilidad y la sana sucesión de los liderazgos. La alternancia, de origen muy antiguo, impone la rotación de cargos, su ejercicio temporal, para que todos y no unos pocos, tengan la posibilidad de ser electos, y para que los gobernantes y las direcciones políticas pasen y aprendan también a ser gobernados o dirigidas.

El voto como trampa es el mecanismo que usan las dictaduras y los despotismos partidarios del siglo XXI para afirmarse y es, cuando menos, una liberalidad “gattopardiana” que pactan los blandos de aquéllas con los oportunistas de la política. La inflación de los comicios y su realización cotidiana, como si viviésemos en una suerte de democracia de casino, ocurre deliberadamente. Es su propósito, repito, robarle tiempo al escrutinio de la opinión, a la deliberación previa y popular sobre lo que conviene o no decidir; a la consideración de lo que piensa, siente y aspira la gente de a pie. Atrás quedan, muy atrás, los momentos en que las elecciones tenían lugar juntas – las nacionales, las regionales, las municipales – cada cuatro, cinco, o seis años, por suponerse el acuerdo entre los electores sobre lo esencial, sobre lo que los integra en valores y como partes de una sociedad con mínimos constitucionales indiscutibles.

La experiencia de la democracia es milenaria, en tanto que la democracia electoral sólo frisa dos centurias. Cuando la imaginan los revolucionarios americanos y franceses no existían partidos y tampoco medios de comunicación comerciales. Y cuando aquéllos emergen hacen del voto una selva salvaje de intereses en pugna, que le abre las compuertas al fascismo y al comunismo. Hasta que ven su momento de oro, cuando la esfera pública la copan en alianza con la sociedad civil, como mediadores frente al gobierno y los parlamentos. Unos y otros se ganan la confianza del pueblo y éste confía en los políticos. Pero desde los años ’80 del pasado siglo, más ahora, en plenitud del siglo XXI, el pueblo, incluso el instruido, se somete al dominio de los medios y a través de las redes sociales ponen contra las cuerdas a los gobiernos y los partidos, molesto, indignado, frustrado. Y los últimos, como suerte de fantasmas de una democracia paleontológica que intentan resucitar, caen víctimas del mercado electoral y se contaminan de narcisismo digital. Tratan al elector como una pieza de caza, un trofeo para los más habilidosos.

“Todo lo que hagas por mí sin mí será contra mí”, reza la frase que venida desde el África Central se le atribuye a Gandhi y recuerda Van Reybrough, filósofo de Lovaina, para señalar que la crisis contemporánea de la democracia no es la de la democracia representativa. Hace crisis la democracia representativa electoral, pues si optar por las elecciones fue la vía adecuada para incorporar a poblaciones analfabetas y en geografías extensas a fin de legitimar a los gobernantes a través de ese medio o método eficaz, en la sociedad de la información y a la luz de los deslaves populares que mal pueden contener los Estados y sus partidos, la cuestión es radicalmente distinta.

El escrutinio de un pueblo que puede pensar si se le deja pensar y decidir, sobre ideas o aspiraciones, antes que validar tarjetas de partidos o fotografías de candidatos, tuvo su destello feliz el pasado 16 de julio en Venezuela, con la consulta popular que organizaran los huérfanos de la política a fin de rechazar el golpe constituyente. No obstante, los mismos partidos y sus líderes, en el poder o aspirándolo, preocupados por la experiencia y los mandatos de ésta prefirieron volver a la elección clásica, a sus urnas, rescatando ese dogma de fe donde la libertad es anhelo, la igualdad una quimera, y la razón un imposible.

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