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Daniel Ceballos

Cuatro venezolanos galardonados con el premio Sájarov están presos en El Helicoide

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Mientras este miércoles se entrega en Estrasburgo el premio Sájarov, cuatro de los venezolanos galardonados cumplen su condena en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocida como El Helicoide.

En esa construcción futurista, concebida como un centro comercial y convertida después en sede de la policía política, vive desde el 17 de agosto de 2015 Andrea González, detenida ese día al ser acusada por dos asesinos confesos de planear el asesinato de la hija de un potentado chavista.

González nació en Venezuela hace 31 años y emigró a Canarias de adolescente con su familia para regresar por amor en 2010 a su país natal, sin poder imaginarse que acabaría presa.

«Cuando Andrea volvió a Venezuela la situación ya estaba muy deteriorada y ella no estaba acostumbrada a una situación tan horrible para la gente. Le tocó muy de cerca», dice su hermana Alejandra, remontándose al origen de la historia que la llevó a El Helicoide.

Andrea González participó en voluntariados en los que conoció a Liana Hergueta y empezó a ir a protestas en contra del gobierno, al que consideraba responsable del sufrimiento que veía.

Junto a Hergueta entró en contacto con Carlos Trejo, un supuesto opositor con el que pronto rompió relaciones por su comportamiento conflictivo.

González no volvería a saber de él hasta que Hergueta, a quien Trejo había estafado, le pidió ayuda para localizarlo, una misión en la que también se implicó otra persona vinculada a las protestas, Rafael Pérez Venta.

Después de que obtuviera de este el compromiso de encontrar a Trejo, Hergueta fue asesinada y descuartizada. Los responsables eran Trejo y Pérez Venta, quienes confesaron al ser detenidos.

Habían pasado días del asesinato cuando el Sebin se llevó a Andrea de su casa. Desde El Helicoide le pidieron que llamara a su novio, Dany, para que también testificara.

27 meses después, Andrea y Dany siguen allí encerrados, acusados por los dos asesinos de tener un plan para matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.

Según varias fuentes, los asesinos de Hergueta eran infiltrados del gobierno en medios opositores.

«Como no le convenía al gobierno que se dijera que ese asesino estaba en sus filas lo pusieron a grabar varios vídeos en los que incrimina a Betty Grossi, a Andrea González, a Dany Abreu, y a Ángel Zerpa», dijo Joel García, abogado de Andrea.

«Las pruebas no son más que un google maps en la que aparece la urbanización donde vive Diosdado Cabello y los dichos de Pérez Venta», cuenta García, tras enumerar el rosario de ilegalidades que paralizan el juicio de Andrea.

Bajo el mismo techo duerme desde diciembre de 2016 el activista Lorent Saleh. Antes de llegar a El Helicoide, pasó 26 meses en los sótanos de otro edificio del Sebin en Caracas, conocidos como «La Tumba».

«‘La Tumba’ está en el sótano 5, en lo que eran las bóvedas de un banco», explicó su madre, Yamile Saleh, que relata las condiciones de reclusión bajo tierra de su hijo.

«El aire acondicionado muy alto, de modo que ellos no pudieran pararse ni siquiera de la cama. Son celdas 2×3, con una cama de concreto».

Saleh nació en 1988 y fue entregado en septiembre de 2014 al Sebin por el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Pese a las acusaciones de paramilitarismo y terrorismo del chavismo contra él, los cargos que le mantienen preso son por violar una restricción de movimientos dictada por la justicia por poseer tirachinas para usarlos en las protestas.

Yamile denuncia los más de 40 aplazamientos de la audiencia previa al juicio a su hijo, y relata cómo era su vida en «La Tumba».

«Sin un lápiz, sin un papel, sin un libro ni un reloj».

Con las luces encendidas 24 horas y sin escuchar más ruido que los trenes del metro de Caracas, cuya interrupción cada jornada a las 11 de la noche era la única referencia del paso del tiempo y la vida afuera.

Cerca de Andrea y Lorent cuentan las horas esperando la libertad dos alcaldes opositores, Daniel Ceballos, de San Cristóbal, y Alfredo Ramos, de Iribarren, localidades del oeste del país.

Ambos fueron detenidos por promover y no impedir las protestas que en 2014 y 2017 llenaron de barricadas las calles de Venezuela.

Después de que el presidente Nicolás Maduro dijera en televisión que le tenía preparada una celda «más fría» que la que entonces ocupaba Leopoldo López, Ceballos, que ahora tiene 33 años, fue apresado el 19 de marzo de 2014.

Tras varios cambios de cárcel, recaló en El Helicoide, donde lleva más de dos meses aislado, sin visitas ni explicaciones de las autoridades sobre el motivo.

La detención de Ramos llegó el pasado 28 de julio en su ayuntamiento, el Sebin se lo llevó mientras los funcionarios trataban de impedirlo cantando el himno nacional en señal de protesta.

Ramos tiene 62 años y sufre de hipertensión severa crónica. Los medicamentos llevan tres meses sin hacerle efecto, y no ha sido trasladado a un hospital como piden los doctores que le han visto, que le califican de paciente de alto riesgo.

«Tiene morados en todas las piernas y está muy hinchado», dijo Natasha, una de sus hijas, que cuenta cómo la familia teme por su vida.

Daniel Ceballos: No voy a cooperar más con la dictadura

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El preso político y ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, envió una carta pública donde relata las vejaciones a las cuales está sometido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en El Helicoide, y afirmó que «No voy a cooperar más, me voy a resistir a todo acto cruel que viole mis derechos humanos»

El dirigente político, quien ya tiene 57 días en aislamiento y sin recibir visitas de sus familiares o abogados, aseveró que asume las consecuencias, «que la Dictadura y los funcionarios que reciben y ejecutan estas órdenes también las asuman».

Ceballos, a través de una carta firmada y que fue colgada en sus redes sociales, relató que «no veo el sol desde hace unos 3 meses y no veo a mis hijos desde mediados de Septiembre. Son 3 años, 8 meses y 15 días preso y sin juicio (secuestrado), en absoluta indefension, sin estado de derecho».

Detalló que se encuentra aislado en la última celda del Helicoide «y con candado; hay al menos 8 rejas más hasta la rampa donde me sacaban al sol, y para colmo tengo ahora un Grillete Electrónico pegado al tobillo; sin olvidar que estoy en un país que convirtieron en una gran cárcel».

Debido a esta situación, decidió no someterse a las fotos que le toman todos los días con un periódico para constatar que esta vivo, rompió el cargador que le dieron junto al grillete electrónico y que debe recargar, «no voy a cooperar, no me someteré y me resistiré!».

 

Daniel Ceballos cumple 50 días de aislamiento en El Helicoide

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Daniel Ceballos, preso político del gobierno del presidente Nicolás Maduro, cumple hoy 50 días de aislamiento en El Helicoide.

Patricia Ceballos, esposa del dirigente opositor y alcaldesa de San Cristóbal , denunció el hecho a través de su cuenta de Twitter este lunes.

 

 

Ceballos está preso desde marzo de 2014, cuando era alcalde de San Cristóbal, estado Táchira. Fue imputado por delitos de rebelión y asociación para delinquir.

En 2015 se le otorgó arresto domiciliario, pero por presuntas sospechas de un plan de escape fue apresado de nuevo.

Denuncian que Daniel Ceballos tiene 14 días aislado en el Helicoide

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Ana Acosta, abogada del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, denunció que el dirigente tiene 14 días aislado en el Helicoide además aseguró que todas las denuncias entregadas al Ministerio Público en materia de derechos humanos con respecto a este caso no fueron investigadas ni sustanciadas en más de 3 años.

“En Venezuela las instituciones no cumplen con sus funciones, solo están para obedecer órdenes del gobierno”, manifestó Acosta y exhortó al gobierno del Maduro a que se apegue al estado de derecho.

La abogada también invitó al MP a iniciar el juicio contra Daniel Ceballos, “un juicio que no tiene pruebas ni testigos”, aseveró.

Patricia de Ceballos: Serviré honestamente al pueblo de Táchira y entregaré todo por su libertad

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Patricia de Ceballos, candidata a la gobernación del estado Táchira por Voluntad Popular en las primarias de la Unidad, sigue recorriendo el estado y en esta oportunidad compartió con los habitantes de los municipios Jáuregui, Seboruco y Andrés Bello para visitar al Santo Cristo de La Grita.

Con la visita al Patrono de la región andina, en Jáuregui, la candidata a la gobernación tachirense reafirmó su fe y esperanza de seguir dando la batalla para liberar al pueblo. «Le pido al milagroso Santo Cristo de La Grita, como su devota y en nombre del fiel pueblo del Táchira, que exorcice a Venezuela y al Táchira de Maduro y Vielma Mora, y de todos sus demonios, que han traído tanta hambre a nuestros niños, muerte a nuestro pueblo y que han puesto a hermanos unos contra otros», aseguró.

Patricia de Ceballos pidió a los gritenses orar juntos por los más de 600 presos políticos venezolanos que están tras las rejas como su esposo Daniel Ceballos, Leopoldo López y el concejal José Vicente García por oponerse a la dictadura de Nicolás Maduro; igualmente pidió rezar por todos los enfermos de Venezuela que padecen debido la falta de medicamentos y por las familias venezolanas que no logran llevar aunque sea un solo plato de comida a sus hogares.

«Serviré honestamente al pueblo cada día y entregaré todo por su libertad, lucharé contra el hambre que hoy padece y prometo que vendremos a La Grita a visitar al Santo Cristo, junto a todo el pueblo, cada año a dar gracias, para seguir fortaleciendo la fe y el amor de nuestro pueblo».

Durante la actividad, más de un centenar de personas se reunieron en la Plaza Sucre de La Grita para caminar junto a la candidata en las principales calles y zonas comerciales hasta llegar al Santo Cristo.

La visita se extendió por el mercado municipal y terminó con una asamblea de vecinos en la que compartió con los lugareños a quienes l detalló su intención de honrar la valentía de los tachirenses trabajando de forma honrada para recuperar al Táchira, desde el Palacio de Los Leones.

La aspirante a convertirse en candidata a la gobernación de Táchira, recorrió las calles del municipio Seboruco, donde escuchó el testimonio de víctimas de la salvaje represión de los cuerpos de seguridad y delincuentes armados, en las protestas contra el llamado de Nicolás Maduro a elegir una Asamblea Nacional Constituyente, cuando se registraron más de 20 heridos el pasado 30 de julio, terminando la jornada con una visita casa a casa en Cordero, municipio Andrés Bello.

5 claves de los juicios del TSJ contra 13 alcaldes y un gobernador de oposición

LUEGO DE SENTAR PRECEDENTE con la condena a prisión y destitución de los alcaldes del municipio San Diego (Carabobo), Enzo Scarano y de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos en 2014, a raíz de las protestas contra el Gobierno nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició en mayo de este año una nueva arremetida contra las máximas autoridades locales y una regional (todas de oposición) de las zonas donde el descontento popular hacia los abusos de poder desde Miraflores tuvo su máxima expresión.

Los juicios llevados adelante por la Sala Constitucional del TSJ en contra de 13 alcaldes de oposición  y el gobernador del estado Miranda incurren en la violación de principios jurídicos básicos, convirtiendo el Derecho en un simple ejercicio de dibujo libre. A continuación presentamos cinco claves de la telaraña jurídica urdida por el alto Tribunal contra quienes piensan distinto:

1.- Violación al derecho del juez natural. Recordemos que antes de las sentencias contra los alcaldes Scarano y Ceballos en 2014, la Sala Constitucional era del criterio que ante el desacato de un amparo debía remitirse el expediente al Ministerio Público (MP) para que este presentase la acusación, si era el caso, ante un tribunal penal. Esto era lógico, porque evitaba que el tribunal contra el que se cometió el desacato se convirtiese en acusador y juez al mismo tiempo, pues de serlo perdería toda imparcialidad, cualidad mínima que debe tener cualquier tribunal. Pese a ello, la Sala Constitucional en las decisiones antes mencionadas cambió de criterio y, como nos tiene acostumbrados, estableció que una sanción de prisión no tenía carácter penal (¿?) y que por tanto, contra toda lógica, no tenía que ser juzgado por un tribunal penal sino que podía ser conocido por la propia Sala, quien entonces pasaría a ser acusadora y juez al ni siquiera remitir el expediente al MP, porque ella misma asumiría esos roles y decidiría según su propia acusación. Todo eso en una misma decisión y en una sola audiencia. Con esto, entre otros, se vulneró el derecho de Scarano y Ceballos a ser juzgados por su juez natural, esto es, por un tribunal penal, y ahora en el caso de los 5 alcaldes sentenciados a prisión por la Sala Constitucional.

2.-Violación al derecho al debido proceso. La Sala Constitucional desconoce este derecho humano, al establecer un procedimiento mediante una sentencia e ignorar flagrantemente el establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Otro componente del debido proceso es el que todo juicio debe ser llevado adelante por un tribunal competente (uno penal), independiente e imparcial, siendo manifiesto que estos dos últimos requerimientos no se cumplen por cuanto tres de los magistrados de la Sala Constitucional, como se ha denunciado nacional e internacionalmente, fueron escogidos por un procedimiento nulo y con violación de las exigencias constitucionales y legales, y otros magistrados de esa sala fueron seleccionados atendiendo a criterios de fidelidad política, como ellos mismos han puesto en evidencia desde su designación. Finalmente, al ser una condena que no tiene apelación, también se violó el derecho humano a la doble instancia reconocido incluso por el Estatuto de Roma y que en nuestro país es dejado de lado constantemente.

3.- Violación al derecho a la libertad personal. Al ser condenados en un proceso inconstitucional, creado por una sentencia de un tribunal incompetente, parcializado y ajeno a las garantías mínimas que debe tener toda persona, la detención de los alcaldes puede ser catalogada de arbitraria, más aún cuando es público y notorio que muchas personas que incurren en delitos graves son tratadas de una manera muy flexible por la justicia venezolana, mientras que en estos casos no hay atenuantes ni consideraciones garantistas y se les aplica la prisión inmediatamente, porque priva lo político por encima del Derecho y, sobre todo, porque lo que se aplica en realidad en Venezuela es el derecho penal del enemigo.

4.- Violación del principio de legalidad y de reserva legal. De acuerdo con nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales “con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley” (artículo 49, numeral 4), sin que se haga indicación alguna de que dichas garantías, entre las que está el debido proceso, puedan ser establecidas mediante una sentencia. Recordemos que una cosa es que un fallo aclare una norma e incluso la complemente y otra es que se invente todo un procedimiento, sobre todo habiendo ya uno establecido en la ley correspondiente.

5.- Violación a recibir una sentencia fundamentada en derecho y debidamente motivada. Las únicas constancias de las condenas a prisión de los cinco alcaldes son notas de prensa que el TSJ ha colgado en su página web y, en algunos casos, la transmisión en el canal de televisión del Estado del momento en que los magistrados dictan las sanciones, pero técnicamente hablando no hay sentencias publicadas. Por ello en cada caso se conoce la condena, aunque no la motivación que llevó a esa decisión ni las pruebas presentadas y que fueron admitidas o no, aspectos que debe contener toda sentencia emitida por un tribunal, y aun así, uno de esos alcaldes está preso y los otros cuatro están siendo buscados para aprehenderlos.

Con información de Acceso a la Justicia 

 

Dos historias y una realidad: un vigilante y 13 alcaldes perseguidos por la justicia

IMAGÍNESE USTED QUE ESTAMOS en presencia de un vigilante en un colegio de educación secundaria, encargado de evitar que entren los niños sin uniforme y, además, que terceros roben bienes del colegio.

Imagínese ahora que los maestros de todos los colegios del país deciden ir a una huelga. De repente, en esa situación, llegan unos policías y dicen que el vigilante va a ser juzgado porque los niños no están recibiendo su educación y que un tribunal dictó una medida cautelar ordenándole al guardia que se reanuden las clases, dándole un plazo para que lo logre.

Ante tal disparate nuestro asombrado guachimán, quien se sabe inocente, decide que va a defenderse. Llega al tribunal y se encuentra con que, a pesar de que lo pueden condenar a prisión, el tribunal que hace el juicio no es penal sino mercantil. A él, aunque no es abogado, eso no le suena bien.

Luego, cuando llega a la audiencia, el tribunal le exige pruebas de lo que ha hecho para que se reanuden las clases. Nuestro personaje, con la tranquilidad de la conciencia limpia, responde que a él no le corresponde lo que le piden, porque es un simple vigilante.

Ante tal afirmación, el tribunal mercantil decide que hubo desacato a su decisión, por lo que dicho juzgado se convierte repentinamente en acusador y juez. El vigilante alega que, siendo así, necesitará más tiempo para defenderse; el tribunal simplemente lo oye sin escucharlo y pasa de una vez a dictar sentencia: lo condena a diez meses y quince días de prisión, y sin tomar en cuenta la opinión del director del colegio, quien le había prometido al vigilante que le guardaría el trabajo aunque lo condenasen, declara que existe una ausencia absoluta de su cargo y que cesa en sus funciones como guardia por dos años.

Algo muy similar es lo ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los 13 alcaldes opositores. Veamos por qué.

Segunda historia: los 13 alcaldes

La Sala Constitucional dictó la sentencia de condena a prisión y no un tribunal penal; como en el relato anterior, un tribunal mercantil sentenció al vigilante en vez de uno penal.

Antes de condenar a los alcaldes, la Sala Constitucional les exigió que si no impedían las manifestaciones en sus municipios dentro de un lapso que ella misma establecería irían presos. En el mismo sentido, en nuestra historia el tribunal decidió que si el vigilante no lograba que se reanudaran las clases iría preso.

En ambos casos, ni el vigilante ni los 13 alcaldes tienen el poder de hacer lo que el tribunal les pide. En el primer caso, es obvio que el guardia no está en posibilidad de acabar con la huelga de los maestros, pues no es su potestad. En el caso de los alcaldes, ellos no pueden hacer lo que la Constitución y la ley les prohíben.

La Constitución establece el derecho a manifestar pacíficamente por parte de los ciudadanos, por lo que los alcaldes no lo pueden impedir. Además, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como las Normas sobre actuación de los cuerpos de policía en manifestaciones públicas y privadas no les dan la potestad para intervenir en manifestaciones sino a la policía estadal, y cuando estas tienen la magnitud de las que han estado ocurriendo desde abril de este año, la competencia es de la PNB y eventualmente de la Guardia Nacional. A esto se añade que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, así como los maestros a declararse en huelga, y ningún cuerpo de seguridad puede impedirlo, ni el guardia en el primer caso, ni los alcaldes en el segundo.

Finalmente, la Sala Constitucional estableció una audiencia para supuestamente escuchar a los alcaldes, y como anunció en su primera sentencia sobre cada caso, si no impedían las manifestaciones a su saber y entender (juez y parte), los condenaría, como hizo en los casos de Enzo Scarano (San Diego, Carabobo) y Daniel Ceballos (San Cristóbal). Así, en la audiencia en que debían defenderse, los condenó, pero con un procedimiento no establecido en norma alguna sino en las sentencias de los casos antes mencionados. De igual manera, en el caso del vigilante, aunque era obvio que no tenía posibilidad alguna de impedir la huelga, fue condenado a prisión en la misma oportunidad en que le tocaba defenderse.

Adicionalmente, a los enjuiciados en ambos casos los suspenden de su cargo sin tener la competencia para ello, a los alcaldes porque de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que increíblemente es citado por la propia Sala en su sentencia, “si la falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, el Concejo Municipal (…) declarará si debe considerarse como ausencia absoluta” (hay que enfatizar en que es el Concejo, no la Sala). En el caso del vigilante, su patrono había decidido dejarle su cargo, incluso después de que saliera de prisión, pero el tribunal se lo quitó.

Con información de Acceso a la Justicia 

Aumenta a 51% las alcaldías de oposición que han sido atacadas por el Gobierno

39 DE LAS 77 ALCALDÍAS QUE LA OPOSICIÓN GANÓ en diciembre de 2013 han sido –las instituciones o sus máximos representantes- objeto de medidas judiciales o administrativas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y de sus poderes subyugados.  Esto equivale a que 51% de las autoridades municipales han sido destituidas de sus cargos, estuvieron o están en prisión, tienen orden de aprehensión, prohibición de salida del país, fueron despojados de sus competencias o inhabilitados. Además, han sido denunciados en Fiscalía o demandados y su Contraloría o su Policía Municipal fueron intervenidas.

Transparencia Venezuela identificó que 5 alcaldes fueron destituidos y estuvieron o están en prisión: Enzo Scarano (San Diego, Carabobo); Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira); Antonio Ledezma (Metropolitano, Distrito Capital); DelsonGuárate (Mario Briceño Iragorry, Aragua) y Alfredo Antonio Ramos Acosta (Iribarren, Lara).

Otros 5 alcaldes legítimamente electosen 2013 fueron destituidos y tienen orden de aprehensión: Warner Jiménez (Maturín, Monagas); Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui); Carlos García (Libertador, Mérida); Ramón Muchacho (Chacao, Miranda) y David Smolansky (El Hatillo, Miranda). Omar Lares (Campo Elías, Mérida), a pesar de que no se ha anunciado su destitución, también tiene orden de aprehensión, mientras queLumay Barreto (Páez, Apure) fue simplemente destituida.

La ONG encontró que Antonio Ledezma (Metropolitano, Distrito Capital) y Eveling Trejo (Maracaibo, Zulia) fueron despojados de sus competencias, mientras que a José Barreras (Palavecino, Lara) y al encargado de Chacao, Moisés Carvallo les dictaron medida de prohibición de salida del país.

La siempre complaciente Contraloría General de la República inhabilitó políticamente a Enzo Scarano (San Diego, estado Carabobo); Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira) y Alirio Guerrero (Jáuregui, Táchira).

Por último, el seguimiento arrojó que Pedro Loreto (Infante, Guárico) también fue arrestado, por menos de 72 horas.

Como si fuera poco, 12 alcaldes han sido denunciados ante la Fiscalía General: 1. Enzo Sacarano (San Diego, Carabobo), 2. Gustavo Marcano (Diego Bautista Urbaneja, Anzoátegui), 3. Daniel Ceballos (San Cristóbal, Táchira), 4. Antonio Ledezma (Metropolitano, Distrito Capital), 5.DelsonGuárate (Mario Briceño Iragorry, Aragua), 6.José Luís Machín (Barinas, Barinas), 7. Ronald Aguilar (Antonio José de Sucre, Barinas), 8. Ramón Rodríguez (Bejuma, Carabobo), 9. Alejandro Feo La Cruz (Naguanagua,  Carabobo), 10.Yovanny Salazar (Chaguaramos, Guárico), 11. Alfredo Ramos (Iribarren, Lara), 12. Warner Jiménez (Maturín, Monagas).

El récord de los ataques a los alcaldes de la MUD lo lleva el Tribunal Supremo de Justicia, que entre mayo y julio ha sentenciado 49 veces en contra de los gobiernos municipales de oposición. En segundo lugar, está la Contraloría General de la República, con 18 (3 inhabilitaciones políticas y 15 intervenciones de contralorías municipales)y por último, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz con 9 intervenciones a las policías municipales.

Ataques-Alcaldias-oposición-11.8.2017