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Crímenes de lesa humanidad

La razón de humanidad, por Asdrúbal Aguiar

@asdrubalaguiar 

Releo el libro de Martti Koskenniemi, diplomático finlandés que hace cátedra en Helsinki. Su título es ejemplarizante: Il mite civilizzatore delle nazioni o El suave civilizador de las naciones (2001). Narra el ascenso y la caída del originalmente llamado Derecho de gentes entre 1870 y 1960. Y digo sobre lo sugerente del título pues en su contenido nos recuerda, a quienes hemos entregado décadas a la enseñanza de esa disciplina, que la obediencia o no de las naciones a las reglas del Derecho ha dependido siempre de “sus acogidas en la conciencia de los pueblos civiles”. No habría Derecho ni derechos sin encarnación, en pocas palabras.

Más allá de las modalidades adquiridas por las fuentes formales que alimentan al ordenamiento internacional y cuyos órganos de aplicación aún medran al servicio de causas ideológicas, uno de los pioneros intelectuales de la Europa de mediados del siglo XIX apunta que la fuerza jurídica internacional es persuasiva. En último caso depende del “comportamiento de la opinión pública”.

Tanto que, quienes infringen las obligaciones internacionales – violan derechos humanos, ejecutan crímenes de lesa humanidad– jamás niegan la fuerza del Derecho. Se justifican ante la propia opinión pública manipulando al antojo sus términos.  

Lo cierto es que en sus escarceos iniciales como ciencia y bajo el espíritu liberal que desafía a la célebre Santa Alianza contra la que insurgen nuestras naciones americanas al hacerse repúblicas, se privilegia como fundamento del orden internacional a “la conciencia del género humano, que se manifiesta o expresa por medio de la opinión colectiva”. Ciencia y conciencia son los grandes ideales del siglo XIX, cuando el cultor del Derecho internacional es visto como el órgano de la conciencia de la Humanidad y la opinión pública, al término, se manifiesta en unas reglas o en un orden que casi se forma por introspección.

El gran humanista de América y pionero de la diáspora, don Andrés Bello, autor de un manual sobre Principios de Derecho de Gentes (Santiago de Chile, 1832 y Caracas, 1837), se anticipa a los europeos y a la sazón recuerda que “la buena fe entre enemigos no solo requiere que cumplamos fielmente lo prometido, sino que nos abstengamos de engañar en todas las ocasiones en que el interés de la guerra no está en conflicto con los deberes comunes de la humanidad”. De modo que, según él, “no es lícito abusar de la humanidad y generosidad del enemigo para engañarle”. Y no pongo ejemplos para no hacer apología de quienes no la merecen y crean falsos positivos para desafiar a la Casa Blanca, cargándose vidas humanas para sus despropósitos “ideológicos”. La cuestión no es baladí.

Un estimado colega, actual juez de la Corte Internacional de Justicia, Antonio Augusto Cançado Trindade, recuerda que habiendo sido las Américas pionera en el campo de los valores y principios del Derecho internacional, se le hace obligante “la construcción de un nuevo jus gentium para el siglo XXI, en el cual pase a ocupar posición central la preocupación por las condiciones de vida de todos los seres humanos en todas partes, y en el cual la nueva «razón de humanidad» pase a primar sobre la razón de Estado”.

Así hubo de ser y no lo fue a partir de 1945, cuando se adoptan las cartas internacionales de derechos humanos. Antes bien, se constata el comportamiento discriminatorio o taimado que, por alegadas “razones de Estado” todavía afecta a las decisiones o la falta de decisiones en los órganos de protección, en la Corte Penal Internacional, en los responsables de hacer valer la “responsabilidad de proteger” a poblaciones víctimas de carnicerías por quienes han secuestrado los poderes de los Estados para fines criminales en pleno siglo XXI. 

Los principios ordenadores del Derecho internacional americano, sucesivamente desarrollados en el plano universal y acogidos en distintas declaraciones históricas del sistema interamericano, cuentan con pátina y privilegian las cuestiones de Estado, entre otros: el uti possidetis iuris (Doctrina Bolívar, 1819), la solidaridad continental (Congreso Anfictiónico, 1926 y Doctrina Álvarez, 1962), la prohibición del uso de la fuerza (Doctrina Drago, 1902), la igualdad entre nacionales y extranjeros (Doctrina Calvo, 1896); el no reconocimiento de los gobiernos de facto (Doctrina Tobar, 1906 y Doctrina Betancourt, 1948); la No-intervención (Doctrina Estrada, 1930); la solución pacífica de controversias (Doctrina Bello, 1832); la responsabilidad internacional del Estado (Doctrina Guerrero, 1930); el Derecho humanitario o de la guerra (Doctrina Sucre, 1819).

La pandemia global, si acaso no pide reconsiderar los fundamentos del Derecho internacional en las Américas citados, sí impone volver a los orígenes. La razón de Humanidad grita más que la Naturaleza y emerge como regla de conducta global. Hace escrutinio sobre el comportamiento de las organizaciones multilaterales, los Estados y sus gobiernos en la hora. Observa la mayor o menor negligencia de estos al preferir o no el valor eminente de la vida humana.

Valen, entonces, las palabras de ese gran salvadoreño, último presidente de la Corte Permanente de Justicia Internacional y primer presidente de su sucesora, la Corte Internacional de Justicia, José Gustavo Guerrero, quien al referirse a las relaciones entre los Estados recuerda que “la cortesía no pasa de ser una forma de hipocresía si no va acompañada, tanto en la vida privada como en la pública [de los gobernantes] de otras prácticas que todas las religiones y todas las doctrinas morales han enseñado a través de todos los tiempos: sinceridad, lealtad, equidad”.

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EL INSTITUTO CHECO DE DERECHOS HUMANOS Casla, que ha presentado varias denuncias por torturas contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), pidió este viernes a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, que apoye sus esfuerzos para investigar esos delitos de lesa humanidad.

“Sería un hecho histórico que la nueva Venezuela, esa que usted dirige en estos momentos, dé este ejemplo en la búsqueda de la justicia imparcial”, se lee en una carta a la que tuvo acceso EFE y que firma Tamara Sujú, directora ejecutiva de Casla.

La abogada venezolana Sujú indica en la misiva que el apoyo de Guaidó al proceso iniciado en La Haya sería “un primer paso para que dichos crímenes, que no solo son un agravio a la víctima, sino a la Humanidad en su conjunto, no queden impunes”.

Casla, un centro especializado en estudios de América Latina que recibe fondos del Estado checo, presentó a la CPI varios expedientes con hasta 600 casos de tortura atribuidos a responsables de Nicolás Maduro.

La corte internacional ha abierto hasta la fecha un “examen preliminar” sobre el caso, paso previo al comienzo de la investigación.

Casla también entregó su documentación sobre torturas a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que la empleó para determinar en un informe casos de crímenes de lesa humanidad.

Dicho informe de la OEA ha sido hasta la fecha suscrito por Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y Canadá, lo que acelera la fase preliminar de la CPI, según Sujú.

La abogada venezolana, que está exiliada en la República Checa, considera que no existen garantías de imparcialidad en el actual sistema judicial venezolano.

“El sistema de justicia venezolano actual necesita ser depurado desde sus bases, buscando la imparcialidad y equidad, la moral y honestidad que deben tener todos sus funcionarios”, concluyó Sujú.

AN aprobó acuerdo sobre resolución de la ONU para investigación sobre crímenes de lesa humanidad

 

LA ASAMBLEA NACIONAL (AN) aprobó por unanimidad un acuerdo propuesto por la parlamentaria, Delsa Solórzano, sobre la resolución aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación relativa a crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014, ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“Hemos tenido una semana durante la cual el mundo entero ha posado su mirada sobre nuestro país por la violación de derechos humanos (DDHH) que aquí ocurre, en el marco del debate en la ONU ocurrieron sucesos fundamentales para nuestra lucha” dijo Solórzano en la sesión ordinaria de la AN.
Expresó que “se violan los DDHH con los presos políticos, se violan los DDHH cuando los venezolanos no tienen qué comer, aquí no hay justicia pero en el mundo sí, se quiere hacer justicia en la CPI, el mundo nos mira y por eso es tan importante este acuerdo”.
En este sentido, el parlamentario, Omar Gonzalez, indicó que hay que exigirle a la comunidad internacional que “se a se acabe con este genocidio en Venezuela” y aplaudió las acciones de la Alta Comisionada de los DDHH en la ONU, Michelle Bachellet, quién la semana pasada pidió permiso al Gobierno venezolano para acceder al país y realizar un monitoreo en función de la mencionada resolución del organismo.
Además, el diputado, Ángel Medina, recordó que en 2016 la AN aprobó un acuerdo para permitir la ayuda internacional. “Esta AN le pide a Michelle Bachellet que constate la situación venezolana” por lo que invitó a la Alta Comisionada a verificar la realidad de los venezolanos en cada una de sus facetas.
“En Venezuela esta tragedia abarca el 80% de los venezolanos, Bachelet ha pedido que se permita el ingreso de expertos a Venezuela, bueno sería que ella misma viniera a Venezuela, que vaya a los hospitales, a las farmacias” explicó Medina.

Por su parte, la legisladora, Adriana Pichardo, opinó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, debe demostrar su voluntad por resolver la situación del país.
“En nombre de los presos políticos y los militares detenidos, muchas gracias. Contamos con cientos de denuncias sobre violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad” dijo Pichardo en agradecimiento a los países que apoyaron la situación de Venezuela en la ONU.
“Este jueves se dio un hecho histórico; una resolución de la ONU sobre la crisis que vive Venezuela, agradecemos a los 23 países que la apoyaron, pero también a los 17 países que se abstuvieron porque fueron incapaces de negar la crisis en nuestro país” agregó.
La diputada y médico, María Teresa Perez, habló de la desnutrición infantil, los enfermos renales y las dos enfermedades que aparecieron recientemente por falta de vacunas, la difteria y el sarampión, que resurgieron en el país y consideró son parte de las violaciones a los derechos de los venezolanos.
“Es así porque el Gobierno no se ocupa de garantizar las medicinas y eso es un exterminio de la población”, aseveró.
Ayer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabelló, aseguró que en Venezuela no hay crisis humanitaria, “sino una gran guerra contra el país” y que quienes hablan de crisis humanitaria son los que hacen la guerra.
En su primera discusión, la AN aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía venezolana.
Canadá se suma a los cinco países que solicitarán a la CPI investigar a Maduro

EL GOBIERNO DE CANADÁ SE UNIRÁ a Argentina, Colombia, Paraguay, Peru y Chile, para firmar una solicitud formal para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al Gobierno de Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, confirmó esta decisión en una rueda de prensa en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Es la primera vez que Canadá intenta llevar a otro país ante la CPI en sus 20 años como miembro. Con sede en los Países Bajos, el tribunal procesa crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, reseñó el diario canadiense Noticias CBC.

Fuentes del Gobierno dijeron a CBC, que la decisión de Canadá de remitir a Venezuela también significa una muestra de apoyo para la CPI, una institución en la que este país cree que está siendo atacada.

Cabe destacar, que los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú pospusieron para este miércoles 26 de septiembre la firma de una petición para que la CPI  inicie una investigación sobre Venezuela, debido a motivos de agenda.

La misiva de los cinco cancilleres irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Oacdh), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos. El otro informe es el que redactó un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Cinco países suramericanos denunciarán a Maduro ante la Corte Penal Internacional

“NOS HEMOS COORDINADO CON LOS CANCILLERES de cinco países, concretamente, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Vamos a firmar el martes por la tarde una carta dirigida a la Corte Penal Internacional pidiendo que se inicie una investigación preliminar de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, reveló a EFE el vicecanciller peruano, Hugo de Zela.

El gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay, cuya respuesta a la crisis con el régimen de Nicolás Maduro ha sido ambigua en los últimos años, no formará parte de esta maniobra decidida por los países vecinos.

El vicecanciller De Zela, de visita de trabajo en Washington, aseguró que Canadá está evaluando unirse a la petición.

La misiva irá acompañada de dos informes, uno elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales de entre abril y julio de 2017.

Más información en La Patilla.

Almagro lleva al Gobierno de Maduro a CPI por

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes contra la humanidad.

Almagro remitió a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, el informe presentado este martes por un grupo de expertos que él mismo designó y que concluye que miembros del Gobierno de Venezuela y de sus Fuerzas Armadas han cometido este tipo de crímenes.

Los expertos afirmaron en el informe que existe un “fundamento razonable” para considerar que el pueblo venezolano ha sido víctima de “asesinatos, torturas, violaciones y otros actos de violencia sexual, detenciones, persecución y desapariciones forzosas”, y así se lo transmitió Almagro a Bensouda.

Expertos hallan fundamentos de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Tres expertos internacionales dijeron el martes haber hallado fundamentos suficientes para considerar que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El argentino Santiago Cantón, el canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura recomendaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que remita el informe de 400 páginas a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.

En el informe que el año pasado les había encomendado Almagro, los expertos documentaron 131 asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad o grupos civiles armados progubernamentales -conocidos como colectivos- durante protestas callejeras ocurridas en 2014 y 2017.

También identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015 y más de 12.000 detenciones arbitrarias desde las elecciones presidenciales de 2013, incluyendo más de 1.300 presos políticos, producto de un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento de la población venezolana.

Los expertos realizaron a fines de 2017 cinco audiencias en la sede de la OEA en la que escucharon testimonios de 26 testigos. Además recogieron documentos provenientes de víctimas, familiares de víctimas y más de 40 organizaciones no gubernamentales e internacionales.

The Associated Press solicitó el martes un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato. El gobierno de Caracas había rechazado la elaboración del informe alegando que rebasaba el mandato de la OEA.

Los tres expertos presentaron su informe tres meses después de que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciara la apertura de investigaciones preliminares sobre supuestos crímenes cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad en Venezuela.

Las llamadas “pesquisas preliminares” son un primer paso hacia posibles investigaciones completas que podrían derivar en cargos ante la corte internacional.

La Corte Penal Internacional, gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Venezuela fue el primer país sudamericano en ratificar el Estatuto de Roma en diciembre de 2002.

Cuentas que siempre se pagan, por Ramón Hernández

Cuentas-

 

La historia no perdona ni absuelve, tampoco olvida. No importa cuán hondo se entierren los cadáveres ni qué minúsculas sean las cenizas siempre aparecen sobre la mesa de un historiador o de un juez. Nunca un Estado se esforzó tanto como el soviético para tapar sus crímenes, sus fracasos y sus farsas; nunca antes había existido un sistema propagandístico tan eficiente y cautivador ni nunca se había derramado tanta sangre en la consecución de una utopía. Creyeron que las crueldades, los robos, las violaciones, las torturas quedarían sepultadas, ocultas, bajo la nueva civilización y el resplandeciente nuevo amanecer. Se equivocaron.

A pesar de la actitud triunfadora de Vladimir Putin, Rusia y lo que queda de la antigua Unión Soviética es una gran cleptocracia que cada vez se aleja más de ser un Estado moderno, con menos posibilidades de convertirse en ejemplo de crecimiento, de progreso y más en la víctima de una predatoria burocracia que ha llenado su territorio de parches feudales, unos aparentemente tecnológicos y otras auténticas zonas sin ley ni justicia. No ha desaparecido el hambre ni ninguna de las consabidas humillaciones de la dictadura del proletariado, aunque ya no se hable de socialismo ni se repita aquello de a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus posibilidades.

Los muertos que quedaron atrás en la construcción de ese presunto paraíso terrenal que sería el socialismo de los bolcheviques se cuentan por decenas de millones, sin incluir los 20 millones que fueron sacrificados en la Segunda Guerra Mundial, más por la incapacidad militar de Iosif Stalin que por la superlativa crueldad de los nazis. Los costos en vida de cada batalla que ganaba indican que pocos han sido más incompetentes que el Koba ni sus resultados más pírricos. Nunca hubo socialismo; mucho menos comunismo, su fase “superior”. Todavía sus promotores y ejecutores –tantas veces trasmutados en verdugos– tienen cuentas pendientes con la humanidad. El tiempo histórico tiene su propio paso.

La impiedad no desaparece en los huecos negros ni bajo toneladas de concreto, siempre hay una frágil hoja, una nota extraviada, un verso, una foto o un cargo de conciencia que deja al descubierto robos, tropelías, abusos e iniquidades, delitos de lesa humanidad –torturas y sucedáneos– con nombres y apellidos. Los esbirros de Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez siguen en la memoria, también los verdugos que declarados comisarios políticos “ajusticiaban” por contrarrevolucionarios a los muchachos que habiendo jurado hacer la patria libre o morir por Venezuela se habían apropiado de un paquete de galletas, de una lata de sardinas o enamorado a la soldadera del jefe. Ay, comandante Fausto, cuántas historias ocultas, pero habrá tiempo.

Al contrario de lo que imaginamos por la experiencia de cada uno en la estratósfera digital, los bites son resistentes a los errores ex profesos, sean de mala fe o de los otros. Nunca se borran y andan dando vueltas en los huecos negros, surfeando en los saltos magnéticos y pescando en el caos de los protones, neutrones y similares. Los clusters son 99% resucitables, lo saben los forenses digitales, los hackers rusos y los ex becados por Ernesto Villegas. No valen rezos, ofrendas ni sacrificios, tampoco que muestre sonriente, muy sonriente, el nunca leído ni respetado ejemplar de la Constitución. Siempre queda un caché, una huella.

Mientras estuvo confinado en el gulag, Aleksandr Isáyevich Solzhenitsyn construía las oraciones entre un maltrato y otro. Las corregía y las anotaba en papelitos diminutos, que en las requisas más fuertes guardaba en la boca y en cualquier otro orificio disponible; si faltaba papel memorizaba los párrafos y los recitaba mentalmente día tras día para hacerlos resistentes al olvido. En lo que pudo los organizó y logró que los publicaran. Fue tan demoledor como el accidente atómico de Chernóbil. Uno y otro mostraron al mundo la gran mentira soviética. Ni civilizados ni científicos, simples hampones en el poder. El saqueo en Rusia no ha terminado, en otros países apenas empieza. Vendo retrato de espejismo al borde del precipicio del Arco Minero.

@ramonhernandezg

El Nacional