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 «ratifica su lealtad y compromiso a nuestro Comandante en Jefe y Presidente» FOTO: 

 

En la última andanada de detenciones, Contrainteligencia Militar está metiendo en una misma conspiración a un grupo heterogéneo que va desde el gocho de los audios hasta el general Tomate

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

 

Y llegó la nueva conspiración militar contra Maduro. Tenía que suceder. Y si no existía, había que fabricarla. A juzgar por las detenciones e interrogatorios en masa que se adelantan en los cuarteles, la Contrainteligencia Militar huele que algo grande se cocina, pero todavía no tiene en sus manos todos los ingredientes.

Las detenciones comenzaron el jueves 17 de mayo, cuando ya estaba en desarrollo la fase electoral de la Operación República para la elección presidencial. Y continuaron durante todo el fin de semana. Hubo un primer grupo, conformado por siete efectivos de la Armada y dos de la Aviación, casi todos pertenecientes a unidades élite emplazadas, respectivamente, en Turiamo (Aragua) y Maracay (Aragua). Fueron trasladados a Caracas, interrogados en Boleíta y presentados entre el lunes 21 y el martes 22 de mayo en los tribunales de Fuerte Tiuna.

En esta primera camada destacan los capitanes de corbeta Luis Cunes (oficial técnico, paracaidista) y Carlos Macsotay Rauseo, jefe de uno de los regimientos de la Brigada de Comandos del Mar. Este oficial egresó de la Escuela Naval en 2001.

Simultáneamente fueron privados de libertad el comandante del Grupo 20 de Operaciones Especiales de la Aviación, con sede en la base Libertador de Maracay, teniente coronel Ruperto Molina, y el coronel Juan Pablo Saavedra, un especialista en derecho mercantil asimilado a la fuerza castrense.

La investigación parecía apuntar hacia una supuesta conspiración de efectivos de fuerzas especiales de por lo menos dos componentes armados emplazados en el centro del país, donde se encuentra precisamente el corazón de la FAN, por razones históricas y operativas.

Las cosas, sin embargo, comenzaron a enrarecerse con la detención de dos civiles, a quienes ligan a este supuesto complot. En San Antonio del Táchira los de la Dgcim se llevaron a Carlos Andrés Mora, el famoso Gocho de los audios transmitidos a través de whatsapp, y al traumatólogo de origen colombiano José Alberto Marulanda, durante un allanamiento a su residencia en El Hatillo.

La abogada del Foro Penal y defensora de ambos civiles, Maria Fernanda Torres, dijo que hasta el momento desconoce cuáles fueron los elementos evaluados para meter en el mismo saco a un médico ligado al ámbito universitario en Caracas y a un comerciante tachirense conocido por su actividad en las redes sociales. Indicó que el único documento al que ha tenido acceso desde que se constituyó en apoderada judicial es la notificación sobre las imputaciones por traición a la patria e instigación a la rebelión. Esta ha sido una práctica recurrente: en las primeras de cambio, el expediente de la investigación por la que resultan detenidos tanto civiles como militares es dosificado, de manera que no se puede tener una noción real sobre el alcance de las pesquisas ni la solidez de los delitos atribuidos.

 

Mezuca y el general Tomate

 

Las cifras sobre las detenciones practicadas durante los últimos días varían desde cuarenta personas hasta doscientas. Pero en el caso del último complot contra Maduro solo han sido presentados ante los juzgados en Fuerte Tiuna dieciocho militares y dos civiles.

El 22 de mayo la Dgcim protagonizó un controversial procedimiento en el municipio Sucre, que dejó un saldo de un muerto y por lo menos dos personas heridas. Se investigaba una supuesta sustracción de fusiles. Uno de los sargentos, plaza del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Sucre), fue detenido luego de una persecución desde Mezuca, donde cumplía funciones. Se trata de Jorge Luis Morillo Fernández, quien supuestamente se resistió al arresto junto al también sargento Edgar Andrés García Florida.

Pero estos no fueron los mismos efectivos de tropa presentados por la supuesta conspiración de las fuerzas especiales (Alonso Ojeda, Blanco Rondón y Peña Quintana). El asunto se complica todavía más cuando se involucra a un general de división y uno de brigada de la Guardia Nacional. Son, respectivamente, Pedro Naranjo Suárez y Nelson José Morales Guitián. El primero fue comandante de la División Aérea de la GN, y desde octubre se desempeñaba como Director de Apoyo al Desarrollo Nacional de la referida fuerza. Morales, en cambio, se dio a conocer en 2017 por haberse negado a enviar tropas para reprimir a manifestantes en Carabobo. Desde entonces, fue removido del comando de zona y lo depositaron en la jefatura de Productos Agrícolas Tomate, Pimentón, Cebolla, Papa y Ají. Al titular de ese cargo se le conoce como el general Tomate. Naranjo y Morales, por lo tanto, eran una parte más de la creciente burocracia militar, y carecían de mando sobre tropas.

Como se ve, estos veinte detenidos forman un grupo heterogéneo en el que resulta muy complicado encontrar un hilo conductor. Esto hace pensar que las detenciones continuarán, especialmente en el seno de la institución militar.

Si la conspiración cuyo liderazgo fue atribuido en marzo al comandante del batallón Ayala Igbert Marín era protagonizada por un grupo de importantes jefes del Ejército, esta de mayo más bien parece un menestrón, donde todo cabe.

Una nota final: si tendemos la mirada hacia los complots contra Maduro, reales o ficticios, nos daremos cuenta que los primeros fueron encabezados por oficiales aislados o retirados, usualmente generales que no hacían otra cosa sino rumiar su descontento hacia el Gobierno. Eran, además, de la Guardia Nacional (golpe Fénix) y en menor medida de la Aviación (golpe Azul). Ahora, esto ha cambiado. Los últimos son de unidades operativas del Ejército y la Armada, con importante poder de fuego y movilidad. Fueron, además, oficiales formados plenamente durante el gobierno de Hugo Chávez. Algo que se sale de todo cálculo. Acaso sea por eso que ahora el presidente reelecto se empeña en que los militares le juren lealtad. Jurar lo obvio resulta, cuando menos, sospechoso.

 

Breves

 

*La reyerta en el retén del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, el miércoles 16 de mayo, tuvo más de una consecuencia. En primer lugar, comenzó un desalojo de la mayoría de los presos comunes, que se acumularon allí durante años en condiciones infrahumanas, de acuerdo con un informe presentado en 2017 por la organización Una Ventana para la Libertad. Para el momento de la redacción de estas líneas, se informó que en esos calabozos quedan aproximadamente 50 personas. En 2017, la población reclusa llegó a rondar los 340. En segundo lugar, se generaron condiciones que permitieron constatar otras irregularidades, más allá del evidente hacinamiento, como por ejemplo, la permanencia de cuatro menores de edad y de otras personas que seguían en poder de la policía política, a pesar de que los tribunales habían emitido órdenes de excarcelación, así como otras que estaban recluidas sin órdenes de aprehensión, es decir, en una privación ilegítima de su libertad. Una comisión designada por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público evaluó los casos de los detenidos que siguen en Helicoide, con la finalidad de otorgarles la libertad mediante un acto especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación ya había sido evaluada en 2017 por la presidenta de esa entidad, Delcy Rodríguez, pues entonces la idea era incorporar a un grupo de militares –tanto activos como retirados- que no se encuentran en el Helicoide. Todavía no está claro cuál será la figura jurídica a la que acudirá el régimen, ni si será aceptada por los beneficiarios, en virtud de lo que eso implicaría un reconocimiento tácito a un poder cuya legitimidad está cuestionada.

 

*Desde este espacio se ha advertido sobre el creciente involucramiento de los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en actividades delictivas. Las últimas informaciones ya indican que el delito llegó hasta las barracas y los cuarteles de la propia institución, favorecido por una ausencia de controles que ya parece crónica. El 23 de mayo, por ejemplo, se detectó que tres funcionarios de la Brigada Motorizada introdujeron en el dormitorio policial a igual número de menores de edad, de 15, 16 y 17 años, con fines aparentemente sexuales. Una de ellas, incluso, era solicitada por haber desaparecido de su vivienda. Cuando el comisionado director de la brigada se percató de la situación, el grupo ya se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Otro caso: el sábado 26 de mayo, la Policía de Chacao recibió información sobre un asalto perpetrado en El Rosal por agentes uniformados de la PNB, que circulaban a las 4:30 am en una patrulla Land Cruiser con el rotulado de esa policía. A la víctima la despojaron de dos millones de bolívares, un teléfono celular e incluso le quitaron un par de zapatos deportivos. Tercer caso: el 28 de mayo, tres oficiales de esa policía fueron aprehendidos por el secuestro express de una mujer, a la que interceptaron en Santa Mónica. El rescate fue pagado mediante una transferencia bancaria a la cuenta de una mujer, aparentemente ligada a este grupo. Todos estos incidentes fueron reportados en un lapso de apenas cinco días, y solamente en el Área Metropolitana.

 

*El lunes 28 de mayo, una comisión de inteligencia antidrogas incautó en el terminal especializado en contenedores del puerto de La Guaira 100 panelas de cocaína (peso bruto 111 kgs) que iban a ser embarcados en carguero Panavera con destino en Kingston, Jamaica. Los militares bajo el mando del coronel Carlos Gómez detuvieron a los sargentos Carlos González Ramírez, supervisor de Operaciones del terminal, y a Dulio Herrera, encargado de colocar los precintos a los contenedores. También fueron privados de libertad los civiles José Armao Colomo, receptor de contenedores vacíos, y el conductor Juan Carlos Blanco, quien supuestamente manejó el vehículo en el que entró el contenedor con la droga. Durante la pesquisa, uno de los militares de guardia, el sargento Daniel Alberto Palladino, huyó del lugar. Fue detenido en el sector Marapapiache de Catia La Mar. Armao Colomo es empleado de la empresa Texeira Duarte, que opera el terminal desde 2017 gracias a un convenio con la estatal Bolivariana de Puertos.

 

Para comunicarse con el autor de esta columna puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com.

Crímenes sin Castigo | La matanza humanista

OLP#10Mar4

Las operaciones de Liberación del Pueblo de antes y de ahora tienen un factor en común: una letalidad que incide sobre las cifras generales de desempeño de los cuerpos de seguridad

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

Este artículo se gestó hace dos semanas, cuando unos agentes enmascarados de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional Bolivariana terminaban de peinar la calle 17 de El Valle y sus alrededores, en el curso de una operación de Liberación Humanista del Pueblo (Olhp).

La pregunta inicial era si la acción de los cuerpos de seguridad era más o menos letal desde que comenzaron estas operaciones. La respuesta parecía obvia. En el caso de El Valle, por ejemplo, se exhibió como un logro que hayan ultimado a nueve supuestos delincuentes. Pero si analizamos la historia reciente encontraremos despliegues policiales que arrojaron múltiples muertes sin que tuvieran en su frente la marca OLP.

Estas operaciones fueron vistas por primera vez en julio de 2015, cuando se llevó a cabo una acción combinada y envolvente en la Cota 905. Desde entonces se llamaron simplemente OLP, hasta que el presidente Maduro anunció, el 17 de enero de este año, que a partir de ese momento tendrían un carácter “humanista”.

Lo primero que habría que determinar es si los agentes policiales eran más o menos letales en su accionar antes de que comenzaran estas redadas. Para llegar a una respuesta se tuvo acceso de manera extraoficial a una interesante data, cuyos resultados quedan resumidos en el siguiente gráfico:

cuadro 1

Aquí se muestran las cifras correspondientes a los enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes (línea azul), los muertos que arrojaron estos casos (línea naranja) y los porcentajes de casos con muertes en cada mes de 2015 (línea gris). En un recuadro aparece destacado el inicio de las OLP. Asi se puede visualizar el antes y el después.

Antes de las OLP ya existía una tendencia leve pero sostenida al aumento de las muertes por “resistencia a la autoridad”. Pero con el inicio de estas operaciones las cifras netas de muertes se elevaron. A partir de octubre de 2015 las acciones se hicieron más selectivas. De hecho, en diciembre de 2015 la proporción llegó a ser casi de un muerto por cada expediente de resistencia a la autoridad.

En 2016 esta tendencia en cuanto a la letalidad de la acción policial se mantuvo, a juzgar por los datos divulgados por el Observatorio Venezolano de la Violencia en su último informe annual (5.281 fallecidos en casos de “resistencia a la autoridad”)..

En febrero el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz distribuyó un instructivo para el diseño y planificación de las Olhp. El documento indica que estas acciones deben contar con la aprobación previa del vicepresidente Tareck El Aissami y del titular del MRI, Néstor Reverol. Se debe delinear un proceso en cinco fases. La primera, denominada “preparación”, comporta un arqueo de las fuerzas con las que se contará para ejecutar la redada, los medios de que dispondrán y una identificación clara de las bandas que operan en el sector a ser impactado. Esto implica colocar allí tanto los nombres de las organizaciones, su ámbito de acción y principales delitos, así como las identidades de sus líderes y lugartenientes.

cuadro 2

Las fases II y III se llaman “ejecución” y “búsqueda”. Los participantes reúnen los recursos que ya habían inventariado y constituyen bloques por cada una de las fuerzas que actuarán en sectores delimitados mediante un mapeo satelital. En esta etapa se reúnen las órdenes de captura correspondientes a cada uno de los objetivos. En el documento que se entrega a Reverol y El Aissami debe haber una tabla con el resumen de estos documentos expedidos por los correspondientes juzgados.

La fase IV comienza el día posterior a la redada. Los cuerpos de seguridad preventivos son asignados para patrullar en los respectivos cuadrantes. Esta actividad debe ser permanente, en especial en las áreas consideradas “críticas”.

La fase V es la que incorpora el aspecto “humanista” de la operación. Aquí el Gobierno se plantea cuestiones como el rescate de la convivencia y de la infraestructura de la zona donde se llevó a cabo la redada, la distribución de alimentos, etc..

El problema para llegar a este punto es que los pobladores quedan con una impresión negativa de la acción del Estado y rechazan cualquier continuación. Así ocurrió en El Valle, donde la Olhp no ha llegado a feliz término. Por lo tanto, su ejecución aún queda restringida a lo que era el formato anterior: los policías que “limpian” la zona, matan y luego se van.

Breves

*En marzo hemos comenzado a ver lo que aparentemente son “filtraciones” de estadísticas oficiales sobre criminalidad. Las tablas van con el sello del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El general Reverol de vez en cuanto las ha mostrado, y también los directores de Seguridad de algunos estados y jefes de zonas militares. De repente, pareciera que hubo una apertura de las cifras sobre seguridad ciudadana, como no existía desde 2005, cuando el Ejecutivo clausuró la oficina de prensa de la policía judicial.. Pero esto hay que tomarlo con cuidado. No se trata de súbitos arrestos de transparencia. En primer término, no se toma en cuenta toda la criminalidad, ni siquiera la que puede entrar en la categoría de violenta. Un delito que fue eliminado de la lista oficial es la extorsión, que cunde por doquier, especialmente en los estados centrales del país. Además, la delincuencia es medida ahora  mediante un peculiar sistema de puntos, según el cual lo más importante es la sumatoria de todos los casos. Por lo tanto, este método tiende naturalmente a colocar en los primeros lugares a las regiones del país donde los ciudadanos denuncian los delitos con más frecuencia. Es decir, Miranda y el municipio Libertador. Pero el sistema de medición internacional no es así, sino que toma en cuenta la proporción de casos por conglomerados de población (generalmente 100.000 personas) en un municipio, estado o país. Cuando se calculan las tasas, el panorama cambia. En el caso de los homicidios, además, no se pueden desagregar las muertes por “resistencia a la autoridad”. Cuando se toma en cuenta todos estos factores, el panorama cambia. Ciertamente, Miranda figura con la tasa de homicidios más elevada del país, 254, pero Aragua surge como el segundo estado más violento, con 241; Libertador queda con 197 y Bolívar con 191, con tendencia a subir.

*En cuanto al estado Aragua, la situación de criminalidad tiende a agravarse. Hay claros visos del fortalecimiento de la principal banda de esa región, el llamado Tren de Aragua, cuyas operaciones han sido reportadas incluso en el estado Zulia. La máxima jerarquía de esta organización está en el centro penitenciario conocido como Tocorón. En 2016, como se pudo ver, Aragua fue uno de los estados más violentos del país, lo que también trajo como consecuencia un alta cifra de policías ultimados. Esta tendencia se mantiene en 2017. El último caso conocido ocurrió el lunes 20 de marzo a las 6 am, cuando individuos armados con fusiles AK103 acribillaron al oficial agregado de Inteligencia de la policía regional David Aguirre. En ese momento el funcionario se disponía a llevar a su hijo a la escuela en Maracay. El menor recibió tres tiros de fusil, y al momento de la redacción de esta nota aún estaba con vida. En los días previos, un panfleto atribuido a la megabanda aragueña corrió por el sector San Vicente, con amenazas claras tanto para los uniformados como para sus familiares. La orden impartida por los criminales fue abandonar el sector. En el cuerpo de seguridad temen una crisis similar a la planteada meses atrás, cuando varias familias de agentes debieron salir de ese mismo lugar y se refugiaron en la comandancia general mientras ubicaban una vivienda.

*La policía judicial inció una averiguación en torno a la autenticidad de las documentaciones del ex alcalde de la municipalidad colombiana de Sardinata (Norte de Santander) José Luis Durán Herrera, y quien fue el Tesorero durante esa misma gestión (2004-2007) Rubén Elías Mrad Uribe, quien fue apresado por los agentes de Cicpc en el sector La Romera de San Cristóbal, en febrero de este año. Durán y Mrad figuran como solicitados mediante una notificación roja de Interpol, pues fueron condenados a nueve años de prisión en 2011 por peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos y “falsedad ideológica”. La justicia colombiana concluyó que Durán y Mrad se confabularon mientras estaban en la administración municipal para apropiarse de más de 33 millones de pesos durante la adquisición de materiales para la construcción y mantenimiento de baños. Luego de la detención de Mrad, los agentes indagaron en la oficina del Saime y determinaron que ambos solicitados obtuvieron sus cédulas de identidad en forma totalmente legal en marzo de 2007, cuando finalizaba la gestión en la alcaldía colombiana. Este caso hace recordar el del traficante de drogas del cartel del Norte del Valle Farid Feris Domínguez, alias el Médico, capturado en La Lagunita y deportado a Colombia en 2006. En una entrevista con El Nuevo Herald, Feris dijo que su cédula y pasaporte venezolanos fueron emitidos a través de los mecanismos convencionales, previo pago al director de la oficina nacional de identificación para la época. Al parecer, estas redes aún operan al interior del Saime.

*La corrupción se ha convertido en un problema que impacta negativamente a la institucionalidad y la economía venezolanas. Un país con abundantes recursos naturales y una extraordinaria ubicación geográfica ve mermadas las inversiones de dinero fresco extranjero porque simplemente la corrupción se hizo sistémica. Esto transforma a Venezuela en un lugar de altísimo riesgo, según los estándares internacionales.. No existe contrato de obras de magnitud que no incorpore a sus costos cantidades solapadas para el pago de sobornos o coimas. Así lo confirman los expedientes Banca Privada de Andorra I y II, Roberto Rincón y, últimamente, Odebrecht. Sobre el caso de la corporación brasileña aún queda mucho por escribir. Se sabe, sin embargo, que Venezuela fue el segundo territorio en magnitud de pagos ilegales, con más de 98 millones de dólares. Por otra parte, las transnacionales que aún operan aquí son presionadas para que violenten sus normas internas sobre debido cumplimiento (compliance) y paguen comisiones a funcionarios gubernamentales, pues de lo contrario no les cancelarán lo que se les adeuda, ni siquiera con bonos-basura. Y así como hay lo grande, también lo pequeño: se le exige al constructor o suplidor de materiales que “contribuya” con las movilizaciones partidistas o que simplemente reparta las ganancias por sobreprecios con el jefe del despacho oficial que lo contrata. En una situación como esta es vital para los grupos de delito organizado contar con una justicia tarifada, que garantice la impunidad. Por eso no extraña la afirmación hecha en el último informe del Departamento de Estado, a principios de mes, sobre la imposibilidad de procesar en Venezuela a narcos de importancia debido a la “corrupción política”.

 

Detenidos trabajadores de Abastos Bicentenario en operativo anticorrupción

Bicentenarios

 

En una operación a lo largo y ancho del territorio nacional fueron capturados varios empleados de Abastos Bicentenarios vinculados a supuestas redes de corrupción con la venta de alimentos, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, en su cuenta de Twitter.

En el operativo actúan más de 965 funcionarios en una comisión mixta entre el Servicio de Inteligencia Bolivariana (Sebin) y Contrainteligencia Militar.

“Quienes pretenden hacer un negocio con el alimento del pueblo serán descubiertos y pagarán por su delito #OperaciónAtaqueAlGorgojo”, dijo González López en su Twitter.

Sin dar una cifra exacta el ministro informó sobre la detención de varios funcionarios durante el operativo que se realiza de manera simultánea en los 53 Abastos Bicentenarios a nivel nacional.

 

 

 

Se supo que en el caso de Mérida, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), detuvieron preventivamente a tres funcionarios de Abastos Bicentenario , tras procesar denuncias de presuntos robos y desvíos de mercancía en esta red de abastecimiento nacional. Los detenidos son el gerente general, Einer Mejias Brito; Alexander José Brito, subgerente, y Jean Carlos Sánchez Vergara, analista.

Por su parte, el equipo reporteril de El Pitazo conoció que en al menos Anaco y Cumaná detuvieron a los gerentes de los establecimientos. Mientras que en Guayana y Punto Fijo a los usuarios les dijeron que no habrá venta el día de hoy por la presencia del Sebin.
Este operativo se desarrolla a poco menos de un mes de la detención de Bárbara Estela González Clemente, presidenta de Abastos Bicentenario,  apresada entre el 24 y 25 de enero de 2015 junto con Heber Águila y Bárbara Figueroa, presidente y administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL).

*Con información de El Impulso y Últimas Noticias

Se buscan sapos: así operan los patriotas cooperantes
Desde Contrainteligencia Militar persiste en el reclutamiento de “Agentes Civiles Operativos”, encargados también del reclutamiento de «patriotas cooperantes». Al menos 12 manifestantes detenidos en 2014 por las autoridades fueron delatados por «patriotas cooperantes» o informantes anónimos infiltrados

 

@albertoyajure

LO PRIMERO QUE HIZO LA PROPIETARIA de un inmueble en Chacao detenida en abril de 2014, cuando supo que había sido “entregada” por “patriotas cooperantes”, fue pedirle a sus defensores que advirtieran a sus hijos: “Díganles que se cuiden de Bombón y La Princess, son infiltradas”.

“Patriotas cooperantes” es el término que el gobierno de Venezuela ha dado a los delatores, “sapos”, o agentes encubiertos empleados para infiltrar las filas de partidos políticos, grupos de manifestantes y disidentes. Al menos 20 causas judiciales iniciadas en 2014 contra estudiantes, manifestantes y dirigentes políticos compartirían el patrón de las acusaciones y delaciones de anónimos.

“Esa figura se dio a conocer de manera más extensa con el caso de Rodolfo González [a quien el presidente Maduro tildó como ‘El Aviador’]; y con las agentes encubiertas en el caso de Balvina Muñoz, pero no me queda la menor duda de que fue el modus operandi en la mayoría de las causas”, precisa la abogada Elenis Rodríguez, de Fundeci, una asociación civil que asistió casos de detenidos en 2014, entre estos a Muñoz, detenida en su vivienda y acusada de instigar al terrorismo.

Las dos supuestas delatoras de la propietaria del apartamento en Chacao frecuentaban el campamento de estudiantes y manifestantes instalado en la plaza Alfredo Sadel, en Las Mercedes, Caracas. Fue después de que sus identidades como funcionarias adscritas al Cicpc fueron descubiertas ante el grupo, que se produjeron las primeras detenciones de integrantes de este campamento, entre las que estaba la dueña del inmueble, acusada de organizar “manifestaciones violentas”. Algunos nombres han sido cambiados, pero el relato es de una defensora que la asistió en el caso.

Los testimonios, llamadas telefónicas y denuncias secretas —y en ocasiones forjados— a distintos cuerpos de seguridad han sido el sustento fundamental de las imputaciones y el encarcelamiento prolongado de los acusados. La primera mención de “patriotas cooperantes” apareció en 2011 en un expediente judicial en los tribunales de Puerto Ayacucho: supuestos denunciantes anónimos habían colaborado con militares en la detención de dos colombianos vinculados a la minería ilegal, según reveló un trabajo firmado por Javier Ignacio Mayorca y publicado en mayo de 2014 en El Nacional.

La utilización de anónimos para sustentar denuncias se ha extendido desde entonces y ha cobrado notoriedad por el uso habitual que portavoces del Gobierno han hecho de estos para criminalizar a ciudadanos. El diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), ha incorporado a su programa televisivo “Con el mazo dando”, que transmite VTV, una sección exclusiva a las denuncias de supuestos “patriotas cooperantes”.

En solo 9 ediciones de su programa emitidas entre noviembre y diciembre de 2014, Cabello narró las infidencias de 13 supuestos “patriotas cooperantes” y acusó a 165 personas y organizaciones, según reveló en enero de 2015 un reporte de IPYS Venezuela. Pero esta es quizá solo una modalidad de delación y criminalización a la disidencia. El informe de gestión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) correspondiente a 2014, y las denuncias de detenidos apuntan a que organismos de seguridad, entre los que se incluyen el CICPC y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) colocaron a agentes y contratados en campamentos de manifestantes antigobierno, grupos estudiantiles y hasta partidos políticos.

Modus Operandi: El perfil de un «patriota cooperante»

Las acusaciones y denuncias de anónimos sustentaron las detenciones y juicios contra Rodolfo González, Renzo Prieto, Yeimi Varela, Rosmit Mantilla; también en el allanamiento y aprehensión de Balvina Muñoz, quien entrevistó a jóvenes para un libro que titularía “Amor en tiempos de guarimba”. Los “patriotas cooperantes” también colaboraron con las autoridades en las detenciones practicadas en los campamentos en la PNUD; y en el caso de Araminta González, técnico en procesos químicos detenida en el INOF desde el 24 de julio de 2014, acusada de preparar explosivos y vinculada a otros tres acusados: el politólogo Vasco Da Costa; Efraín Ortega, trabajador del BCV y José Luis Santamaría, un técnico electrónico.

“Los ‘patriotas cooperantes’ eran personas jóvenes en su mayoría, que exhibían una conducta más radical a la del resto, incitaban a los demás a participar en actos de violencia. Establecieron vínculos de confianza con la gente que manifestaba; además estudiaban a sus objetivos. Eran chamos bien parecidos o tipas ‘explotadas’. Se presentaban y decían que tenían contactos, que conocían gente que podía ayudar”, explica Rodríguez.

Los agentes infiltrados o delatores también imitaban las posturas, el lenguaje y la apariencia de las personas que seguían o vigilaban. Varias veces, los detenidos atestiguaron que había personas con el rostro cubierto o encapuchados parados junto a los funcionarios militares que señalaban que serían apresados. “La misma GNB les tapaba la cara o facilitaba esto”, afirma Rodríguez.

“La GNB dispersaba manifestaciones, que en la mayoría de los casos eran pacíficas, y la gente corría. Era en ese momento cuando capturaban de manera aleatoria a todo el que pudieran dar alcance. Así detuvieron a la mayoría de las personas. Los presentaban en tribunales con los mismos delitos y las mismas condiciones de modo, tiempo y lugar”, dice Rodríguez.

Aunque la figura del “patriota cooperante” no aparece contemplada en las leyes venezolanas, algunos tribunales han validado y permitido la presentación de testimonios de informantes anónimos, de “agentes” encubiertos. Denisse Bocanegra, juez temporal del Tribunal 9no de Control, pretendió que “patriotas cooperantes” identificaran a dos acusados (Balvina Muñoz y Marcelo Crovato) mediante una videoconferencia por Skype sin presentarse en la sala de juicio. En ambos casos los acusados rechazaron el procedimiento y se levantaron la vestimenta para cubrirse el rostro.

El abogado José Vicente Haro, quien también atendió casos de detenciones por acusaciones de ‘patriotas cooperantes’, asegura haber visto a una de las jóvenes, una muchacha morena,  que acampaba en la plaza Alfredo Sadel trabajando como personal de custodia y uniformada como funcionaria del SEBIN en El Helicoide. “Cuando pregunté a los muchachos me respondieron que sí, que había sido una infiltrada. Ahora es una de las carceleras”.

Haro, quien asumió desde el 6 de mayo la defensa de Araminta González, denunció las torturas a las que su cliente habría sido sujeta por parte de funcionarios de la División Contra el Terrorismo del Cicpc. Las autoridades acusaron a González, quien trabajaba en dos empresas farmacéuticas, de preparar explosivos. En el expediente se menciona un supuesto delator y “patriotas cooperantes”, aunque las investigaciones adelantadas por el abogado muestran indicios de que dos jóvenes, a quienes González dio refugio “de buena fe”, estarían involucrados en su detención.

El hurto de algunos artículos de tecnología del que González fue víctima en su apartamento de Guarenas y las amenazas que recibió días antes de su detención para que no los denunciara, habrían precipitado su “arbitraria” detención. Haro afirma que tiene elementos que soportan la presunción de que uno de estos dos jóvenes vinculados a las manifestaciones era un “patriota cooperante”.

Un perfil: La mente de un “echa paja”

Adrian Liberman, psicoanalista y especialista en la elaboración de perfiles, cuestiona la definición que el Gobierno y los altos funcionarios han dado a los delatores. Considera que “patriota” y “cooperante” son dos palabras que poseen una carga o valoración positiva, mientras “delator” o “infiltrado” serían asociadas por la mayoría de las personas con actividades innobles, como la traición y el engaño.

“El oficialismo ha sido muy hábil para usar las palabras y vaciarlas de contenido. Ha utilizado eufemismos como el ‘patriota cooperante’ para designar a los delatores y esconder las verdaderas funciones de estas personas, que eran las de engañar y mentir para vender a otros amparándose en la idea y el convencimiento de que protegen el país”, explica.

Liberman además ha elaborado un perfil psicológico de personas que podrían trabajar como delatores e infiltrados: las acciones de estos individuos están guiadas por un afán de destruir al otro, tienen tendencia y facilidad para la mentira y engaño, y además no exhiben remordimientos o sentimientos de culpa. “Y en caso de que lo tengan, está muy bien amortiguado”, dice.

“Este tipo de personas tienen conductas antisociales y de sociópatas. Racionalizan su comportamiento en la premisa de que actúan en beneficio del bien común, de que trabajan para proteger al Estado. De esa manera evaden los cuestionamientos o culpa sobre lo que hacen”, indica. Agrega, además, que la utilización de infiltrados y delatores es una actividad “propia de los regímenes totalitarios y dictaduras”.

Escuela para «Funcionarios Civiles Operativos»

dgcim

Los cuerpos de seguridad del Estado continúan captando y reclutando de agentes para que sirvan como espías, delatores e infiltrados. La DCGIM publicó en junio de 2015 en su página en Internet (www.dgim.mil.ve) la convocatoria del proceso captación y selección para el curso de formación de “Funcionarios Civiles Operativos de Contrainteligencia Militar”.

El documento de acceso público indica que el programa de formación “está enmarcado dentro de los objetivos históricos del Plan de la Patria”. También enuncia los requisitos y el perfil de los aspirantes: venezolanos de nacimiento, con titulaciones universitarias, menores de 26 años, soltero o soltera y sin hijos, con una estatura mínima de 1,60 metros, que no tengan antecedentes penales o sanciones administrativas y que no hayan sido expulsados de academias o institutos militares.

Los agentes o «Funcionarios Civiles Operativos» son personal de carrera, que asciende de acuerdo a líneas de jerarquía similar a la de otros organismos como el Cicpc. Los «Funcionarios Civiles Operativos» son distintos a los «patriotas cooperantes», a los que el gobierno y cuerpos de seguridad dan un uso político-partidista aunque tienen entre sus tareas «reclutar» a los «patriotas cooperantes», aclara una fuente. La convocatoria para reclutar estos funcionarios se debería a la deserción de agentes y malestar por la «politización» de los cuerpos de inteligencia. El «patriota cooperante» —en todo caso— no pertenece a la DGCIM.

 

(*) Una versión anterior de este trabajo publicada el viernes 24 de julio colocaba erróneamente a los «Funcionarios Civiles Operativos» como «patriotas cooperantes» o informantes anónimos. Aunque los primeros —con régimen más formal y que responden a jerarquías— son los encargados de reclutar a los segundos, que cumplen una función utilitaria o al servicio de fines políticos.