Las operaciones de Liberación del Pueblo de antes y de ahora tienen un factor en común: una letalidad que incide sobre las cifras generales de desempeño de los cuerpos de seguridad
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
Este artículo se gestó hace dos semanas, cuando unos agentes enmascarados de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional Bolivariana terminaban de peinar la calle 17 de El Valle y sus alrededores, en el curso de una operación de Liberación Humanista del Pueblo (Olhp).
La pregunta inicial era si la acción de los cuerpos de seguridad era más o menos letal desde que comenzaron estas operaciones. La respuesta parecía obvia. En el caso de El Valle, por ejemplo, se exhibió como un logro que hayan ultimado a nueve supuestos delincuentes. Pero si analizamos la historia reciente encontraremos despliegues policiales que arrojaron múltiples muertes sin que tuvieran en su frente la marca OLP.
Estas operaciones fueron vistas por primera vez en julio de 2015, cuando se llevó a cabo una acción combinada y envolvente en la Cota 905. Desde entonces se llamaron simplemente OLP, hasta que el presidente Maduro anunció, el 17 de enero de este año, que a partir de ese momento tendrían un carácter “humanista”.
Lo primero que habría que determinar es si los agentes policiales eran más o menos letales en su accionar antes de que comenzaran estas redadas. Para llegar a una respuesta se tuvo acceso de manera extraoficial a una interesante data, cuyos resultados quedan resumidos en el siguiente gráfico:
Aquí se muestran las cifras correspondientes a los enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes (línea azul), los muertos que arrojaron estos casos (línea naranja) y los porcentajes de casos con muertes en cada mes de 2015 (línea gris). En un recuadro aparece destacado el inicio de las OLP. Asi se puede visualizar el antes y el después.
Antes de las OLP ya existía una tendencia leve pero sostenida al aumento de las muertes por “resistencia a la autoridad”. Pero con el inicio de estas operaciones las cifras netas de muertes se elevaron. A partir de octubre de 2015 las acciones se hicieron más selectivas. De hecho, en diciembre de 2015 la proporción llegó a ser casi de un muerto por cada expediente de resistencia a la autoridad.
En 2016 esta tendencia en cuanto a la letalidad de la acción policial se mantuvo, a juzgar por los datos divulgados por el Observatorio Venezolano de la Violencia en su último informe annual (5.281 fallecidos en casos de “resistencia a la autoridad”)..
En febrero el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz distribuyó un instructivo para el diseño y planificación de las Olhp. El documento indica que estas acciones deben contar con la aprobación previa del vicepresidente Tareck El Aissami y del titular del MRI, Néstor Reverol. Se debe delinear un proceso en cinco fases. La primera, denominada “preparación”, comporta un arqueo de las fuerzas con las que se contará para ejecutar la redada, los medios de que dispondrán y una identificación clara de las bandas que operan en el sector a ser impactado. Esto implica colocar allí tanto los nombres de las organizaciones, su ámbito de acción y principales delitos, así como las identidades de sus líderes y lugartenientes.
Las fases II y III se llaman “ejecución” y “búsqueda”. Los participantes reúnen los recursos que ya habían inventariado y constituyen bloques por cada una de las fuerzas que actuarán en sectores delimitados mediante un mapeo satelital. En esta etapa se reúnen las órdenes de captura correspondientes a cada uno de los objetivos. En el documento que se entrega a Reverol y El Aissami debe haber una tabla con el resumen de estos documentos expedidos por los correspondientes juzgados.
La fase IV comienza el día posterior a la redada. Los cuerpos de seguridad preventivos son asignados para patrullar en los respectivos cuadrantes. Esta actividad debe ser permanente, en especial en las áreas consideradas “críticas”.
La fase V es la que incorpora el aspecto “humanista” de la operación. Aquí el Gobierno se plantea cuestiones como el rescate de la convivencia y de la infraestructura de la zona donde se llevó a cabo la redada, la distribución de alimentos, etc..
El problema para llegar a este punto es que los pobladores quedan con una impresión negativa de la acción del Estado y rechazan cualquier continuación. Así ocurrió en El Valle, donde la Olhp no ha llegado a feliz término. Por lo tanto, su ejecución aún queda restringida a lo que era el formato anterior: los policías que “limpian” la zona, matan y luego se van.
Breves
*En marzo hemos comenzado a ver lo que aparentemente son “filtraciones” de estadísticas oficiales sobre criminalidad. Las tablas van con el sello del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El general Reverol de vez en cuanto las ha mostrado, y también los directores de Seguridad de algunos estados y jefes de zonas militares. De repente, pareciera que hubo una apertura de las cifras sobre seguridad ciudadana, como no existía desde 2005, cuando el Ejecutivo clausuró la oficina de prensa de la policía judicial.. Pero esto hay que tomarlo con cuidado. No se trata de súbitos arrestos de transparencia. En primer término, no se toma en cuenta toda la criminalidad, ni siquiera la que puede entrar en la categoría de violenta. Un delito que fue eliminado de la lista oficial es la extorsión, que cunde por doquier, especialmente en los estados centrales del país. Además, la delincuencia es medida ahora mediante un peculiar sistema de puntos, según el cual lo más importante es la sumatoria de todos los casos. Por lo tanto, este método tiende naturalmente a colocar en los primeros lugares a las regiones del país donde los ciudadanos denuncian los delitos con más frecuencia. Es decir, Miranda y el municipio Libertador. Pero el sistema de medición internacional no es así, sino que toma en cuenta la proporción de casos por conglomerados de población (generalmente 100.000 personas) en un municipio, estado o país. Cuando se calculan las tasas, el panorama cambia. En el caso de los homicidios, además, no se pueden desagregar las muertes por “resistencia a la autoridad”. Cuando se toma en cuenta todos estos factores, el panorama cambia. Ciertamente, Miranda figura con la tasa de homicidios más elevada del país, 254, pero Aragua surge como el segundo estado más violento, con 241; Libertador queda con 197 y Bolívar con 191, con tendencia a subir.
*En cuanto al estado Aragua, la situación de criminalidad tiende a agravarse. Hay claros visos del fortalecimiento de la principal banda de esa región, el llamado Tren de Aragua, cuyas operaciones han sido reportadas incluso en el estado Zulia. La máxima jerarquía de esta organización está en el centro penitenciario conocido como Tocorón. En 2016, como se pudo ver, Aragua fue uno de los estados más violentos del país, lo que también trajo como consecuencia un alta cifra de policías ultimados. Esta tendencia se mantiene en 2017. El último caso conocido ocurrió el lunes 20 de marzo a las 6 am, cuando individuos armados con fusiles AK103 acribillaron al oficial agregado de Inteligencia de la policía regional David Aguirre. En ese momento el funcionario se disponía a llevar a su hijo a la escuela en Maracay. El menor recibió tres tiros de fusil, y al momento de la redacción de esta nota aún estaba con vida. En los días previos, un panfleto atribuido a la megabanda aragueña corrió por el sector San Vicente, con amenazas claras tanto para los uniformados como para sus familiares. La orden impartida por los criminales fue abandonar el sector. En el cuerpo de seguridad temen una crisis similar a la planteada meses atrás, cuando varias familias de agentes debieron salir de ese mismo lugar y se refugiaron en la comandancia general mientras ubicaban una vivienda.
*La policía judicial inció una averiguación en torno a la autenticidad de las documentaciones del ex alcalde de la municipalidad colombiana de Sardinata (Norte de Santander) José Luis Durán Herrera, y quien fue el Tesorero durante esa misma gestión (2004-2007) Rubén Elías Mrad Uribe, quien fue apresado por los agentes de Cicpc en el sector La Romera de San Cristóbal, en febrero de este año. Durán y Mrad figuran como solicitados mediante una notificación roja de Interpol, pues fueron condenados a nueve años de prisión en 2011 por peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos y “falsedad ideológica”. La justicia colombiana concluyó que Durán y Mrad se confabularon mientras estaban en la administración municipal para apropiarse de más de 33 millones de pesos durante la adquisición de materiales para la construcción y mantenimiento de baños. Luego de la detención de Mrad, los agentes indagaron en la oficina del Saime y determinaron que ambos solicitados obtuvieron sus cédulas de identidad en forma totalmente legal en marzo de 2007, cuando finalizaba la gestión en la alcaldía colombiana. Este caso hace recordar el del traficante de drogas del cartel del Norte del Valle Farid Feris Domínguez, alias el Médico, capturado en La Lagunita y deportado a Colombia en 2006. En una entrevista con El Nuevo Herald, Feris dijo que su cédula y pasaporte venezolanos fueron emitidos a través de los mecanismos convencionales, previo pago al director de la oficina nacional de identificación para la época. Al parecer, estas redes aún operan al interior del Saime.
*La corrupción se ha convertido en un problema que impacta negativamente a la institucionalidad y la economía venezolanas. Un país con abundantes recursos naturales y una extraordinaria ubicación geográfica ve mermadas las inversiones de dinero fresco extranjero porque simplemente la corrupción se hizo sistémica. Esto transforma a Venezuela en un lugar de altísimo riesgo, según los estándares internacionales.. No existe contrato de obras de magnitud que no incorpore a sus costos cantidades solapadas para el pago de sobornos o coimas. Así lo confirman los expedientes Banca Privada de Andorra I y II, Roberto Rincón y, últimamente, Odebrecht. Sobre el caso de la corporación brasileña aún queda mucho por escribir. Se sabe, sin embargo, que Venezuela fue el segundo territorio en magnitud de pagos ilegales, con más de 98 millones de dólares. Por otra parte, las transnacionales que aún operan aquí son presionadas para que violenten sus normas internas sobre debido cumplimiento (compliance) y paguen comisiones a funcionarios gubernamentales, pues de lo contrario no les cancelarán lo que se les adeuda, ni siquiera con bonos-basura. Y así como hay lo grande, también lo pequeño: se le exige al constructor o suplidor de materiales que “contribuya” con las movilizaciones partidistas o que simplemente reparta las ganancias por sobreprecios con el jefe del despacho oficial que lo contrata. En una situación como esta es vital para los grupos de delito organizado contar con una justicia tarifada, que garantice la impunidad. Por eso no extraña la afirmación hecha en el último informe del Departamento de Estado, a principios de mes, sobre la imposibilidad de procesar en Venezuela a narcos de importancia debido a la “corrupción política”.
