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Fundaredes denunció 32 detenciones en conflicto armado en Apure
La organización advirtió que el gobierno no ha brindado protección a los civiles

La ONG Fundaredes denunció este miércoles, 19 de mayo, que se han realizado 32 detenciones arbitrarias durante el conflicto armado del estado Apure.

A través de Twitter, Fundaredes detalló que a 26 de los detenidos los trasladaron al área de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente y el resto se encuentra detenido en el Batallón 992 de Apure.

En un caso específico, la ONG señaló que la esposa de José Antonio Artigas, uno de los detenido, denunció que lo sacaron de su vivienda el 21 de marzo, cuando comenzó el conflicto. Lo expusieron por largas horas al sol y luego lo trasladaron al Batallón 922.

Asimismo, Fundaredes detalló que el 10 de mayo, el fiscal militar que dirige la investigación presentó actos conclusivos en la causa de los detenidos el 21 de marzo.

“Mariangel Artigas, hermana de José Artigas, exige justicia para él porque es inocente de los cuatro delitos que le imputan, es solo una víctima más del conflicto armado de Apure. Todo esto vulnera sus derechos humanos”, expresó.

 

También, señalan que Judith Uribe, esposa de Edgar Hernández y hermana de Romer Cantero, ambos detenidos en el sector La Capilla, dijo que los sacaron a la fuerza de su vivienda delante de sus hijos.

La organización advirtió que el gobierno no ha brindado protección a los civiles que están en medio del conflicto armado en Apure.

«Desde Fundaredes exigimos libertad plena para las personas que injustamente se encuentran detenidas por delitos que no cometieron», agrega la ONG.

Guaidó sobre muerte de Santrich: Ya no pueden decir que no estaba en el país
El presidente indicó que se han comunicado con el gobierno de Colombia a través de la embajada, para recabar información

Foto: Leo Álvarez

El presidente interino y de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó aseguró que aunque existen diversas versiones sobre la muerte del guerrillero colombiano Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich», se confirmó que estaba en Venezuela.

«Quiero saber que dirá la dictadura de Maduro, independientemente de las versiones que han circulado, es evidente que no solo estaba en Venezuela sino amparado por Nicolás Maduro. Es decir,  Maduro ampara a los terroristas que asesinan a nuestros jóvenes soldados, a quienes los secuestran», aseveró Guaidó en una rueda de prensa semipresencial, en Caracas.

El presidente también informó que se han comunicado con el gobierno de Colombia, a través de la embajada -representada por Tomás Guanipa- para recabar información. También desestimó la versión de la disidencia de las FARC, y que se debe tener más precisión. 

«Presuntamente fue en Zulia, pero al mismo tiempo hay un conflicto en Apure, y sabemos lo que pasa en Amazonas y Bolívar con el Arco Minero. Lo era era un rumor, un secreto a voces es algo evidente», expresó. 

«El ejercito colombiano es respetuoso de la soberanía nacional. En todo caso hay que denunciar a Maduro por perturbar la soberanía, también por fomentar el conflicto en Colombia al amparar, financiar e incluso aupar públicamente e invitarlos a Miraflores», agregó.

Guaidó insistió en que Maduro es responsable de esta situación, porque le dio amparo a estos grupos, los recibieron en Miraflores, le dieron custodia oficial y que eso fue denunciado en más de una oportunidad por la Asamblea Nacional. «Hoy no solo hay prisioneros de guerra, sino queda claro el descontrol de la dictadura».

Aunque dijo que Maduro no tiene control sobre el territorio nacional, aseguró que es necesario el «acuerdo de salvación nacional» que propuso la semana pasada, para poder recuperar el país, el territorio y resolver la emergencia humanitaria. 

«La soberanía está expuesta por la negligencia y complicidad de Maduro, no es posible que se arriesgue el territorio nacional. Está en riesgo todo el territorio, porque ahí está el caso de la Cota 905, a 4.5 km de Miraflores, Maduro no tiene control de la integridad territorial, ni de la moneda, ni del petróleo», insistió. 

El presidente aseguró que de seguir Nicolás Maduro en el poder, todo indica que el conflicto armado aumentará en el país. «No se si a raíz de esa muerte, pero el primer error fue permitir que entraran a Venezuela, facilitar el financiamiento, escoltarlos», señaló. 

Guaidó busca apoyo

Sobre el acuerdo aseveró que habrá garantías para todos los sectores del país, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional y a los «soldados que hoy exponen su vida para salvar a este país».

Guaidó hizo un llamado, aunque aseguró que no solo se trata de una negociación. «Pasará por ahí, pero no es suficiente, debe ser acompañado por la presión internacional y la interna. El llamado a la FAN, presenten ante la justicia a estos señores responsables directos o indirectos. Allí están las terribles consecuencias, Venezuela señalado por el mundo de cobijo y respaldo a terroristas», exclamó. 

También dijo que han estado en conversaciones con España y la Unión Europa, para el respaldo que necesita la oposición sobre el acuerdo y que llegue a buen término. Además dijo que están en la búsqueda de facilitadores y garantes. «Tenemos que presionar y por eso necesitamos la comunidad internacional y por eso creemos que España y la UE tiene un papel importante», señaló. 

Sobre la donación de vacunas que hará Estados Unidos, el presidente anunció que están haciendo todas las gestiones, pero que el porcentaje más grande de dosis pertenecen a AstraZeneca, y el gobierno de Maduro prohibió su entrada. 

Por eso dijo que la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional para poder obtener más vacunas, ya que desde el sistema Covax solo se puede comprar para el 20% de la población. 

Comisión internacional visitó frontera colombo-venezolana para evaluar situación de desplazados
La visita estuvo conformada por el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano Aponte, y la Misión de Verificación Internacional conformada por delegados provenientes de Alemania, Brasil, Canadá, Francia y Reino Unido

Una comisión formada por miembros del Gobierno colombiano, de embajadas internacionales y organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó la localidad de Arauquita en la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria que se vive tras el operativo militar del Ejército venezolano contra grupos armados colombianos.

Unas 6.000 personas, venezolanos y colombianos, se han desplazado a Colombia huyendo de los combates que desde finales de marzo tienen lugar en Apure, en una operación entre supuesta disidencia de las Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (Farc) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

«Agradecemos el acompañamiento de la comunidad internacional para la atención de crisis humanitaria en la frontera y un reconocimiento especial al alcalde de Arauca y a todas las autoridades locales que han manejado esta crisis humanitaria desde la declaratoria de calamidad pública», señaló este sábado el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

Molano estuvo acompañado por representantes de la Misión de Verificación Internacional de Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y organismos como Acnur, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y la oficina de derechos humanos de la ONU.

«Es una lástima ver a las familias desplazadas. Colombia, Brasil y otros países han recibido muchos migrantes pero eran económicos, pero éstos han venido por otra razón que es el conflicto interno en Venezuela» aseguró el embajador de Brasil, Luis Antonio Balduino.

Por su parte, la embajadora francesa, Michèle Ramis, destacó «la rapidez con la cual se organizaron los albergues transitorios» para acoger a los que huían de la violencia y aseveró que van a estudiar «la situación para ver cómo se puede apoyar».

Los combates entre fuerzas de Venezuela e irregulares armados, que diversas ONG identifican como disidentes de las Farc, empezaron el pasado 21 de marzo y se han cobrado la vida de al menos 8 militares venezolanos, según el último parte oficial.

Tras los combates, las autoridades venezolanas capturaron a otras 32 personas, si bien no se conocen sus identidades o nacionalidades, destruyeron seis campamentos en la zona y decomisaron una cantidad hasta ahora indeterminada de armamento, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas.

Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró preocupación por las denuncias de desplazamientos, presuntas ejecuciones extrajudiciales y acoso y persecución contra periodistas y defensores de DDHH por los enfrentamientos ocurridos desde el pasado 21 de marzo en el estado Apure.

En días anteriores el ministerio de Relaciones Exteriores colombiano llamó a la comunidad internacional para unirse en la asistencia ante la crisis humanitaria que se vive en Arauquita. Destacó que los miles de ciudadanos que han salido de Venezuela lo han hecho en precarias condiciones, en la búsqueda de refugio.

Luego del recorrido y entrevistas con los refugiados los el ministro neogranadino y los integrantes de la Misión se reunieron para analizar la «situación de crisis humanitaria en la frontera y socializando esfuerzos por parte del Gobierno Nacional para atención de 5.737 personas que han tenido que salir de Venezuela», publicó Aponte.

Con información de EFE y TalCual

60 ONG de Venezuela y Colombia pidieron un enviado especial de la ONU para la frontera común
Las organizaciones de ambos países consideraron que es urgente la activación de una instancia entre ambos países que de respuesta a los problemas humanitarios y de seguridad

Ciudadanos vinculados a universidades, gremios económicos, organizaciones humanitarias y de la sociedad civil de Venezuela y Colombia solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación de un enviado especial para la frontera común. 

En un comunicado promovido por las organizaciones Control Ciudadano y Puentes Ciudadanos Colombia – Venezuela, más de 300 colombianos y venezolanos, incluidas 60 ONG de ambos países, solicitaron a los gobiernos de Nicolás Maduro e Iván Duque que permitan la actuación en el terreno de ese enviado especial de la ONU para coordinar acciones en materia de seguridad, a propósito de los sucesos de Apure y Arauca.

«Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca como excusa para un escalamiento de tensiones. En este momento debe rescatarse la racionalidad y sensatez entre la dirigencia de ambos países, para edificar un mecanismo institucional sólido, de protección a los habitantes de frontera, con apoyo de Naciones Unidas, que permita comenzar a trabajar en la solución de los muy graves problemas de seguridad, pues la ausencia de la institucionalidad la aprovechan grupos armados al margen de la ley, afectando ambos lados de la frontera», reza el documento.

El conflicto armado entre las disidencias de la guerrilla de las FARC y la FANB en el estado Apure durante la madrugada del domingo 21 de marzo ocasionó el desplazamiento forzado de casi cinco mil venezolanos, situación por la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación y pidió a las autoridades de Colombia y Venezuela a tomar medidas para atender y proteger a los ciudadanos desplazados. 

En el documento publicado este miércoles 31 de marzo, las organizaciones argumentaron que después de más cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales «y ante la inexistencia de un mínimo de coordinación de las instituciones nacionales de Colombia y Venezuela para atender los problemas de la frontera común, es urgente la activación de una instancia entre ambos países que de respuesta a los problemas humanitarios y de seguridad». 

Las ONG consideran que el enviado especial de la ONU puede ayudar a adelantar las siguientes acciones:

Coordinar los necesarios esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia dado que desde hace casi dos años no tienen relaciones diplomáticas ni consulares y está paralizada toda la institucionalidad para manejar la vecindad, mientras la dinámica fronteriza esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas que viven en esas zonas fronterizas, con un enorme impacto en la seguridad regional.

Establecer un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos en la frontera entre Venezuela y Colombia.

Contribuir en la atención de las urgentes necesidades sociales y económicas de los ciudadanos de la frontera común, que padecen las consecuencias de la situación política y de la acción de grupos al margen de la Ley.

Ayudar en forma integral a la asistencia humanitaria urgente, frente al desplazamiento y éxodo poblacional forzado desde Venezuela por la violencia y por la crisis humanitaria compleja, así como a la población colombiana retornada.

Garantizar el intercambio de información epidemiológica, así como el diálogo entre las respectivas autoridades de ambos países y la coordinación de una adecuada respuesta a la pandemia.

Cooperar en la desmovilización de las estructuras de economía ilegal y grupos armados al margen de la Ley que operan en la frontera.

Ayudar a eliminar las minas antipersonas y los restos de municiones usados o sin explosionar, plantadas por grupos armados ilegales y que se han convertido en un grave problema de seguridad fronteriza.

Promover y facilitar los diálogos entre las autoridades de ambos países para la reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos formales, que permita la regularización y legalización del tránsito de personas, mercancías, bienes y servicios entre Colombia y Venezuela.

Con información de El Pitazo

CIDH instó a autoridades de Venezuela y Colombia proteger a desplazados por conflicto en Apure

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de casi cinco mil venezolanos hacia Colombia, después de registrarse un combate armado entre las disidencias de la guerrilla de las FARC y la FANB en el estado Apure durante la madrugada del domingo 21 de marzo. 

“La CIDH expresa preocupación por el desplazamiento de más de 5 mil personas hacia Arauquita, #Colombia, producto de enfrentamientos que habrían comenzado el #21Mar en el estado Apure entre grupos armados irregulares y fuerzas de seguridad del Estado”, publicaron en su cuenta oficial de Twitter. 

El organismo instó a las autoridades de Colombia y Venezuela a tomar medidas para atender y proteger a los ciudadanos desplazados que huyeron a Colombia, «así como garantizar su retorno voluntario y seguro».

 

La ONG venezolana Fundaredes denunció que los grupos armados irregulares de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN)  y las FARC se están expandiendo sus operaciones y «desarrollando diversos tipos de actividades ilícitas en todo el territorio nacional» mientras se mantiene el conflicto armado en el estado Apure. 

Asimismo, la Procuraduría General de Colombia instó al gobierno de ese país a acudir a los organismos internacionales con el fin de solicitar acompañamiento en la situación de desplazamiento de venezolanos en Arauca y insistió en que se brinden las garantías de atención humanitaria. 

Según el director de Fundaredes, Javier Tarazona, el conflicto ha generado el desplazamiento forzado de más de 4741 personas, de 1427 núcleos familiares, 1787 niños, 17 mujeres gestantes, 119 mujeres lactantes, 213 adultos mayores, 1164 mujeres y 1441 hombres. 

HRW: Más de 3 mil venezolanos huyen a Colombia por conflictos en Apure
David Smolansky manifestó su preocupación por la migración forzada que sufren los venezolanos por estos enfrentamientos

Foto: @javiertarazona

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), advirtió que más de 3,000 venezolanos huyeron hacia Colombia, por los conflictos armados que se registran en Apure.

De acuerdo con el integrante de HRW, los venezolanos se han desplazado hasta el municipio colombiano Arauquita, para huir de los enfrentamientos entre militares venezolanos y grupos irregulares guerrilleros.

«Mi preocupación por los más de 3 mil venezolanos que han llegado a Arauquita (Colombia) huyendo de enfrentamientos entre militares venezolanos y disidencias de las FARC (en Apure)», alertó en Twitter Vivanco.

Asimismo, señaló que la situación se está monitoreando. «La dictadura y los grupos armados deben respetar a la población civil», sentenció.

Por su parte, David Smolansky, Comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados, también manifestó su preocupación por la migración forzada que sufren los venezolanos por estos enfrentamientos.

«La sinergia entre el régimen y los grupos irregulares armados es otra causa de desplazamiento forzoso», indicó Smolansky.

Por otra parte, Javier Tarazona, director de Fundaredes, confirmó que la noche del martes, 23 de marzo, se generó un nuevo enfrentamiento en La Victoria, Apure.

Entre los hechos ocurridos, Tarazona informó sobre un ataque con explosivos contra un edificio del Seniat en el referido sector, hecho perpetrado presuntamente por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Al respecto, Tarazona publicó varios videos en los que se observan los daños que sufrió el edificio del Seniat y un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El pasado domingo, 21 de marzo, también hubo enfrentamientos en esta región que, según el Ministerio de Defensa, dejaron dos militares y un guerrillero fallecidos y 32 detenidos.

Acnur celebra acuerdo de paz definitivo en Colombia

Paz

 

La Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los refugiados (Acnur) da la bienvenida al anuncio del gobierno colombiano y de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) de que han alcanzado un acuerdo de paz final, completo y definitivo.

«Tras más de 50 años de conflicto armado, este acuerdo constituye un paso crucial en la búsqueda de una paz duradera en Colombia, y para la estabilidad de la región», expresa en comunicado enviado a medios.

En el despacho informativo oficial, Acnur aplaude la voluntad política demostrada por todas las partes durante las negociaciones, y particularmente reconoce el compromiso de que hayan asegurado que los derechos de las víctimas, incluidos desplazados y refugiados, fueran centrales durante el diálogo.

La Agencia de la ONU para refugiados reiteró su promesa, expresada por el Alto Comisionado Filippo Grandi en reciente visita a la nación vecina, de continuar apoyando ese proceso histórico y responder al desplazamiento interno con especial énfasis en la integración de las poblaciones vulnerables como son las afrocolombianas, comunidades indígenas y colectivos LGBTI.

«Acnur desea señalar que la firma del acuerdo de paz marca el comienzo de un proceso de largo plazo que requerirá del esfuerzo conjunto del Gobierno, las Farc, la sociedad civil, de todo el pueblo colombiano y de la comunidad internacional para hacer de esta paz una realidad duradera. En este contexto, encontrar soluciones sostenibles para los refugiados colombianos y las personas desplazadas dentro del país, será crucial»,  finaliza el comunicado.

 

Maduro viajó a Cuba para participar en la firma de acuerdo de paz en Colombia

Nicolás Maduro

El presidente Nicolás Maduro llegó la noche del miércoles 22 de junio a La Habana, Cuba, para participar en la firma del acuerdo del cese del conflicto armado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP).

«Aterrizando en La Habana para participar en el histórico evento por la paz de nuestra hermana Colombia. Con la diplomacia de paz avanzamos», expresó vía Twitter.

Este jueves se llevará a cabo en la isla la firma de un acuerdo histórico para concretar el cese definitivo del conflicto armado bilateral en Colombia.

Para esta actividad, estará presente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el presidente de Cuba, Raúl Castro; el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.

Este acuerdo abordará tres puntos esenciales para el fin del conflicto. El más relevante de estos consta de una hoja de ruta que lleva al cese definitivo al fuego bilateral, así como la dejación de armas por parte del grupo insurgente, que será verificado por la ONU, a través de su Consejo de Seguridad.