En los últimos tres años, en el estado Bolívar ha habido un aumento de hasta 107% de casos de VBG
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) contabilizó 65 víctimas de violencia basada en género (VBG) entre enero y mayo de 2023. Los meses de febrero y mayo han registrado la mayor cantidad con una cifra de 17 víctimas respectivamente.
La organización advierte que este es apenas un subregistro basado en lo que reportan los medios de comunicación ante la falta de cifras oficiales. Las formas de violencia de género reportadas son violencia física, psicológica y amenazas.
En lo que va de año, en el estado Bolívar han ocurrido cinco femicidios. Ante esa realidad la ONG insta al Estado a asegurar justicia para las sobrevivientes de violencia y para los familiares de víctimas de femicidio en la entidad.
En los últimos tres años, en el estado Bolívar ha habido un aumento de hasta 107% de casos de VBG, según el acumulativo de casos que trascienden a la prensa regional monitoreado por Codehciu.
El patrón se alimenta de la impunidad que impera en el sistema judicial. Los funcionarios públicos suelen desestimar las denuncias o revictimizar a las víctimas, por lo que no hay políticas públicas orientadas a la prevención de formas más graves de violencia, porque no se entiende la VBG como un ciclo progresivo.
Durante 2022 hubo al menos 13 mujeres víctimas de femicidio en la región, y otras 305 fueron víctimas de distintos tipos de violencia. Bolívar sigue siendo uno de los estados donde se reportan más actos violentos contra la mujer, señala el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Bolívar.
Las organizaciones no gubernamentales en Venezuela han estado trabajando en la prevención y atención de la violencia de género en el país, ofreciendo servicios de atención y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género, capacitando a funcionarios públicos y estudiantes en cuestiones de género, así como registrando y denunciando los casos de violencia que ocurren en el país.
El monitoreo de medios de comunicación regionales sobre violencia basada en género de la ONG reportó la totalidad de 48 casos en lo que va de 2023.
En el estado Bolívar 48 mujeres sufrieron violencia basada en género en 2023. Del total de víctimas, 13 se reportaron en el mes de enero, 17 en febrero, 7 en marzo y 11 casos en abril. Aunque la disminución de los casos este año ha sido significativa, comparándolo con el 2022 cuando se registró en los primeros cuatro meses un total de 163 víctimas, no hay evidencias de que se deba a la falta de violencia, sino más bien al miedo de las sobrevivientes de denunciar debido a la dificultad que existe al acceso a la justicia.
Hubo 40 víctimas que experimentaron violencia física, siendo este el tipo más recurrente en lo que va de año. De igual manera, 8 sufrieron amenazas, 4 violencia psicológica, hubo 3 casos de femicidios, 2 mujeres desaparecidas, y 1 caso de violencia patrimonial y económica. Es importante destacar que una mujer puede experimentar más de un tipo de violencia, es por eso que el registro ya mencionado es superior al total de las víctimas.
Los casos de femicidio que se registraron en el primer trimestre del 2023 corresponden al de Mirla Brito, de 54 años; Yelyana Edmelins Guerrero, de 31 años, y Gladiuska Ilianny Llovera, de 26. De acuerdo con utopix.cc, un femicidio está ocurriendo cada 45 horas en 2023 en el país.
En el informe del 2022 del Observatorio Venezolano de Violencia se determinó que Bolívar es el cuarto estado más violento del país, con una tasa de 43 por cada cien mil habitantes. Asimismo, el monitoreo de medios de Codehciu identificó al municipio Caroní como el más violento, con 23 víctimas de violencia basada en género, le sigue Angostura del Orinoco con 13, Sifontes con 8 y Piar con 4.
La violencia persiste en Monagas
Monagas no reportó casos de violencia contra la mujer en el primer trimestre del año. Sin embargo, en el mes de abril se registraron 5. Todas las víctimas sufrieron violencia física, de las cuales 1 también sufrió violencia psicológica, y otra sobrevivió a un intento de femicidio. De igual manera, 4 de los hechos de violencia se ejecutaron en el municipio Maturín y 1 en Ezequiel Zamora.
Soluciones
Parte de esta problemática se debe a las dificultades de los procesos de denuncias y la revictimización constante por parte de los organismos receptores de las denuncias, además de la falta de cifras oficiales del Gobierno venezolano que permitan evidenciar la violencia basada en género.
El Ministerio Público (MP) tiene la obligación de proporcionar datos y cifras oficiales sobre las investigaciones de los delitos que ocurren en el país, ateniéndose a los principios de “honestidad y transparencia” que se estipula en el artículo 141 de la Constitución. Según la asociación civil sin fines de lucro Acceso a la Justicia, en una investigación sobre el desempeño del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela entre el 2000 y 2018, determinó que los informes anuales del MP fueron eliminados en 2017 violando así el derecho a la información de la ciudadanía.
Por esta razón, Codehciu insta al Estado venezolano a capacitar a los funcionarios para evitar estas violaciones de los derechos de las mujeres, a desarrollar programas de atención psicosocial gratuita para sobrevivientes de violencia en el país, y dar a conocer las cifras oficiales para aplicar soluciones realistas ante esta problemática.
En la búsqueda de reducir la brecha entre la inseguridad alimentaria y la nutrición en Venezuela, a través del cual la organización no gubernamental Convite estará atendiendo durante 13 meses a 1190 familias.
La directora de Proyectos de la Organización Convite, Francelia Ruiz, señaló que este proyecto se implementará junto a las organizaciones Kapé Kapé y Codehciu en el estado Bolívar, e inició este mes de noviembre con la atención de 190 familias.
“Están recibiendo cestas de alimentos con insumos de primera calidad, contienen 43 kilos de alimentos y en esta primera cohorte hemos beneficiado a 70 familias en Caroní, 90 familias en Angostura y 27 familias en el municipio Sucre del estado Bolívar”, dijo.
Ruiz, quien también dirige el proyecto “Comer y Aprender”, explicó que los criterios de selección para escoger estos hogares, fueron: la presencia de niños menores de 5 años o lactantes y mujeres embarazadas o lactantes.
Anunció que a partir de este mes de diciembre en el marco de este proyecto estará brindando programas de formación con talleres de promoción de la buena nutrición, sesiones demostrativas de alimentación saludable en el hogar y la formación de promotores comunitarios en salud.
“Estaremos dotando a dos centros de salud del estado Bolívar con insumos para el tamizaje y la medición antropométrica de niños entre 0 y 5 años que nos permitan ayudar a mejorar la situación de inseguridad alimentaria y riesgos de desnutrición en que se encuentran algunos niños en la zona”.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) presentó su informe sobre personas desaparecidas en el Arco Minero del Orinoco, en el que registraron 37 reportes de desapariciones en siete municipios de Bolívar entre septiembre de 2021 y abril de 2022.
En Sifontes hubo 17 reportes de desaparecidos, 3 en Sucre, 3 en El Callao, 2 en Gran Sabana y 1 en Piar, además de 9 ciudadanos de las que se desconoce su ubicación.
La ONG detalló que “del total de los registros, 30 personas permanecen desaparecidas y sólo dos aparecieron sin vida”.
El 65% son hombres entre 20 y 58 años de edad y 35% son mujeres entre 18 y 55 años. De 15 personas del registro se desconoce la edad.
Las fallas en el acceso a las comunicaciones también se registró como un patrón, ya que por esta misma razón, los desaparecidos solían pasar largo tiempo sin comunicarse con familiares.
Por otra parte, “al menos tres personas desaparecieron en pleno traslado a las minas. Otros iban por primera vez pero desaparecieron en un contexto de violencia, como en presuntos enfrentamientos armados o bajo la presunción de un secuestro. El 30% de los familiares informaron que no denunciaron la desaparición de su ser querido ante los órganos competentes por falta de confianza en el accionar del Estado y desconocimiento de las funciones de organismos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)”.
De manera extraoficial, funcionarios habrían confesado a parientes de los desaparecidos no contar ni con el personal suficiente, ni con vehículos y demás recursos para la búsqueda.
El trabajo de la minería no es exclusivo del estado Bolívar, y desde hace varios años se da una migración interna de ciudadanos de todo el país, en busca de mejorar su economía a través del oro.
Codehciu señaló que de las personas reportadas como desaparecidas, 11 son de Bolívar, 2 de Anzoátegui, 2 de Apure, 1 de Sucre, 1 de Yaracuy, 1 en Monagas y 1 en Zulia. Del resto no se tiene información de su procedencia.
Codehciu exhorta al Estado venezolano no solo a pronunciarse y asumir la responsabilidad sobre las desapariciones que ocurren en el Arco Minero del Orinoco, también a “diseñar un protocolo de búsqueda para personas desaparecidas en contextos violentos, garantizar la no repetición de estos actos y proteger la dignidad de los familiares”.
Ejecuciones extrajudiciales
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, la ONG contabilizó al menos 43 casos. Caroní, El Callao y Piar fueron los municipios con más registros, con 16, 11 y 5 muertes respectivamente.
“El informe sobre el monitoreo de estas muertes, que abarca desde septiembre de 2021 hasta abril de 2022, alertó que el órgano con más registros sobre estos hechos es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 20 víctimas en Bolívar”.
En el caso del Cicpc se reportaron como autores de seis presuntas ejecuciones extrajudiciales, y tres reportes cada uno para el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La organización advirtió que en Bolívar, tres hombres murieron bajo custodia del Estado: uno en la cárcel de Vista Hermosa y dos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo.
Ejecuciones en Monagas
Durante el mismo período, hubo 28 víctimas en seis municipios de Monagas. Codehciu alertó que 23 ciudadanos murieron en presuntos enfrentamientos con cuerpos de seguridad en Monagas. De ellas, 8 fueron ejecutadas por la PNB; 7 la GNB y 6 el Cicpc.
“En el estado Monagas suele haber una cifra menor de ejecuciones extrajudiciales que no debe traducirse en una menor incidencia de la letalidad policial y militar, pues siempre habrá un subregistro de casos que no trascienden a la prensa regional”, alertó Codehciu.
151 reportes de personas desaparecidas hay entre 2012 y agosto de 2021
La última vez que los familiares vieron a Robert Arguello, de 29 años de edad, fue el 24 de octubre de 2017, cuando salió de su casa -ubicada en Upata, municipio Piar- en el estado Bolívar hacia las minas del sur de la entidad.
Aunque el 26 de febrero de 2018 José Salazar, padre de Arguello, puso la denuncia por desaparición ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no percibe avances en la investigación, al contrario, presiente que las autoridades engavetaron el caso. Los familiares de Arguello piden al Estado retomar la búsqueda del muchacho.
Salazar relató en entrevista con Correo del Caroní que, antes de partir, el muchacho no precisó a cuál sector minero se dirigía, “él tenía amigos que querían irse a las minas. Yo sé que él quería hacer su vida, pero se escuchan tantas cosas de ese mundo…”, expresó.
Contó que la familia lo ha buscado por sus propios medios desde Roscio hasta Gran Sabana, hasta ahora sin resultados. “Ni siquiera tenemos la certeza de que llegó con bien a su destino”, lamentó.
La madre de Arguello trabaja en la terminal de pasajeros de Upata como vendedora de alimentos, como el lugar es concurrido, carga consigo una foto de su hijo para mostrarla en caso de que alguien la reconozca.
“Y sí lo reconocieron, dicen que lo vieron por última vez en El Miamo (ubicado en Roscio) pero no conseguimos nada. Aun así, estamos convencidos de que está vivo”, manifestó Salazar.
Robert Arguello es de tez morena, mide 1,70 metros de altura, tiene el cabello crespo y oscuro y es sordomudo. No tiene ni tatuajes ni cicatrices. De tener información sobre su paradero, parientes ponen a disposición el número de teléfono: 0412-6940130.
En medio de la crisis económica que atraviesa el país, muchas personas aún migran a las minas para procurar ingresos que les permitan costear lo básico para sus familias. En el proceso muchos no regresan a casa.
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con Correo del Caroní contabilizó 151 reportes de personas que desaparecieron entre 2012 y agosto de 2021 en zonas mineras de Bolívar.
Hasta ahora, nadie más que familiares y allegados de las víctimas de desaparición buscan a sus parientes, en medio de un contexto de violencia impuesta por grupos armados y funcionarios militares inherente a la extracción de minerales promovida por el Arco Minero del Orinoco (AMO).
No hay protocolos de búsqueda definidos y, con frecuencia, funcionarios desestiman los casos o alegan no tener recursos para emprender las labores correspondientes.
Colegios públicos y universidades son víctimas del olvido estadal y de la delincuencia
La pandemia tiene varios rostros en Venezuela: ha evidenciado aún más la crisis sanitaria que padece el país desde hace años, y también ha empeorado el acceso al derecho a la educación en todos los niveles. La llegada del Coronavirus trajo consigo que las escuelas y universidades permanezcan cerradas; y con ello, el abandono estadal también se hace notar en los planteles de educación superior.
Estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), alertaron a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que su casa de estudios ha sido parcialmente desvalijada durante la cuarentena. Uno de ellos declaró: “El nivel real de daños se desconoce debido a que las autoridades no ofrecieron detalles y a los estudiantes no se nos permite el acceso a las sedes porque estas no están operativas”.
Estudiantes señalan que solo han podido recopilar fotos de las áreas aledañas a la cerca perimetral de la sede Villa Asia en Puerto Ordaz. “En ellas se evidencia cómo a solo semanas de iniciar la cuarentena dos compresores de las unidades de aire acondicionado fueron hurtados de una de las aulas”, alertó otro universitario.
El deterioro de las instalaciones de la UNEG y otras universidades de Bolívar no se origina en tiempos de pandemia, son carencias que se agudizaron durante la crisis humanitaria venezolana y por la falta de políticas del Estado para preservar los espacios. En octubre de 2018, medios de comunicación regionales como Correo del Caroní reportaron los constantes atracos en ambas sedes universitarias; tres meses después, hubo denuncias sobre robos de equipos y baterías de los transportes de la institución.
En marzo 2019, como en años anteriores, hubo reiteradas protestas estudiantiles organizadas por los uneguistas con la exigencia de mejores condiciones en los planteles: no contaban con transporte ni comedor, además fueron víctima de la delincuencia diariamente, como también reportó Correo del Caroní.
Estas denuncias se han acumulado por años y aún no se detienen, demostrando una completa desprotección de la educación universitaria. En enero de 2020, el diario regional Primicia también reportó un aumento de robos en las instalaciones de las universidades de Ciudad Guayana, como la UNEG y la Universidad de Oriente (UDO), durante la pandemia por Covid-19.
Derechos fundamentales
Toda persona tiene derecho a la educación de calidad. Esto está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos tratados internacionales que también resaltan el deber de los Estados para su garantía, como lo dicta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo, la educación universitaria también es considerada un derecho humano fundamental. En la Conferencia Mundial sobre la educación superior de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se destaca en su artículo 11 las características sobre la calidad de la educación superior, que comprende todas sus funciones: enseñanza, programas académicos, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento, servicios a la comunidad; son elementos carentes en el contexto universitario del estado Bolívar.
Los derechos humanos son indivisibles, así que los Estados deben garantizar esta calidad educativa no a costa de otros derechos. La Organización de las Naciones Unidas, desde su Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, lo explica:
“Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en muchos otros derechos”.
La UNEG es una de las universidades afectadas por la delincuencia y el olvido del Estado. Foto Cortesía.
A los estudiantes universitarios de Ciudad Guayana solo les queda esperar por respuestas mientras observan con dolor el deterioro de su casa de estudios. Reconocen que según fuentes oficiales actualmente la sede de la UNEG ubicada en la avenida Atlántico está custodiada por efectivos de seguridad del Estado.
Uno de los estudiantes entrevistados no lo ve como una solución al problema: “No obstante, hay un daño hasta el momento indeterminado que han sufrido ambas sedes. El abandono es total y más perceptible en la sede Villa Asia”.
También los estudiantes de la UDO, núcleo Ciudad Guayana, han denunciado que las instalaciones están en total abandono. Los baños están en mal estado, más de cinco salones se encuentran sin electricidad y con otros daños.
651 vulneraciones a los servicios básicos se produjeron en 2021
El colapso de los servicios básicos como el agua potable, el gas doméstico y la energía eléctrica, agudiza las penurias que padecen numerosas familias bolivarenses. El monitoreo de contexto, realizado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), registró que durante 2021 vecinos de diferentes comunidades ejercieron su derecho a reclamar estas vulneraciones al menos 651 veces en el estado Bolívar.
Esta cifra se desprende de los 997 reclamos que registró la organización que corresponden, además de los servicios públicos, a desmejoras en la situación salud, problemas con la vialidad y la señal de internet, protestas por derechos laborales y falta de acceso a otros derechos como a la alimentación. Son realidades reportadas por medios de comunicación y son reflejo del descontento ciudadano.
De esta manera, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que atraviesa Venezuela trae consigo una disminución progresiva de la calidad de vida ciudadana.
Es común escuchar las palabras “crisis humanitaria” para definir el contexto venezolano; pero según su definición, a esta la determinan factores como desastres naturales o conflictos armados (entre otros) que amenazan la vida humana. Lo que la hace diferente a una EHC es que la segunda viene enlazada a consecuencias que nacen de la inestabilidad política y el quiebre del Estado.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define la EHC como una crisis grave que suele ser resultado de la inestabilidad política de un país, conflictos, violencia, desigualdades sociales y pobreza. El ente internacional indica que: “Las emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político y puede hacer mella en la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades”.
El agua como derecho humano
Una de las penurias que ha dificultado la supervivencia de los ciudadanos en la EHC ha sido el acceso al agua potable, una irregularidad denunciada por vecinos de diferentes comunidades durante años.
El monitoreo de Codehciu contabilizó 95 reclamos de la ciudadanía en 2021 correspondientes a problemas con el agua potable en diferentes municipios de Bolívar. Cabe destacar que este, además de ser un servicio, es considerado en el ámbito internacional como un derecho humano fundamental, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El agua y el saneamiento fueron reconocidos como derechos por la ONU el 28 de julio de 2010, en la resolución 64/292, en la que se destaca que ambos son esenciales para la realización de los demás derechos humanos. El organismo exhorta a todos los Estados a proporcionar recursos efectivos y un suministro de agua digno y saludable, limpio, accesible y asequible para todas y todos.
En octubre de 2020, Codehciu alertó sobre la problemática del servicio de agua potable en el estado Bolívar. Esta situación no ha mejorado, y se evidencia en la cantidad de reclamos monitoreados por la organización.
Sector salud, aseo urbano y electricidad
De los 651 reclamos por servicios públicos monitoreados en publicaciones de medios de comunicación regionales, otros 104 representan afectaciones denunciadas por la ciudadanía referentes al aseo urbano. Como ocurre en el caso del agua potable, se trata de un problema que no es nuevo y que ha sido causa de molestia por parte de vecinos de diferentes comunidades en el estado Bolívar durante años.
A parte de la problemática de los servicios públicos, Codehciu registro 60 reclamos reportados el año pasado en medios de comunicación regionales, en relación a la situación sanitaria y hospitalaria del estado Bolívar. Lo que se traduce en vulneraciones a la vida de los bolivarenses durante la pandemia por Covid-19, que ha dejado un saldo hasta la fecha de más de 5600 muertes según cifras oficiales.
Incluso desde 2020 Codehciu ha alertado sobre cómo la llegada de la pandemia estuvo acompañada de más agravios al derecho a la salud en Bolívar, sobre todo en zonas mineras al sur, y una respuesta poco oportuna en un principio por parte de los organismos del Estado. Los trabajadores del sector salud también han denunciado irregularidades como la falta de insumos para atender casos de emergencia en hospitales, y además han sido víctimas de constantes vulneraciones mientras trabajan con las uñas en un contexto de pocos recursos.
Los reclamos por problemas con el surtido del gas doméstico llegaron a 39 registros. Por otro lado, el servicio eléctrico registró 81 denuncias reportadas en medios de comunicación por la ciudadanía en Bolívar durante 2021.
Asimismo, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) alertó en febrero de este año que durante el 2021 el agua y la electricidad fueron los más reportados por los medios de comunicación. El primero obtuvo 31,2% y el segundo un 37,4% de registros contabilizados, según cifras nacionales.
La Guardia Nacional Bolivariana fue el organismo que sumó más víctimas
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) informó que registró 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer trimestre de este 2022 en el estado Bolívar.
La ONG destacó que en marzo falleció un hombre identificado como Julio José Hurtado Mosquett, mientras estaba bajo la custodia del Estado.
«Murió por complicaciones de salud en el hospital Doctor Raúl Leoni Otero tras ser trasladado por funcionarios de seguridad desde el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo en San Félix», indicó Codehciu.
Asimismo, recordó que el pasado 30 de marzo el Diario Primicia reveló que trasladaron al hombre debido a que presentó complicaciones de salud por una úlcera.
«Una muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial puede ocurrir de diferentes maneras. Una de ellas se evidencia cuando la persona fallece mientras estaba detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, según lo explica el Protocolo de Minnesota. Bajo estas circunstancias, son los funcionarios públicos policiales o militares quienes ejercen un mayor control sobre la vida de la víctima», enfatizó la organización.
Ejecuciones en presuntos enfrentamientos
Añadió que, además de la muerte de este privado de libertad, otros 20 hombres fueron asesinados durante presuntos enfrentamientos a manos de cuerpos policiales y militares.
«La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el organismo que sumó más víctimas durante los primeros tres meses de 2022, según el monitoreo a medios de comunicación regionales hecho por Codehciu», indicó.
Y precisó que efectivos de la GNB estuvieron involucrados en seis presuntas ejecuciones durante actuaciones individuales. A ello, se suman otras seis en actuaciones mixtas junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Enfrentamiento en El Callao
«El hecho más violento del trimestre en relación al monitoreo fue un presunto enfrentamiento ocurrido a inicios de febrero en el municipio de El Callao. En este murieron seis hombres por arma de fuego. Supuestamente eran integrantes de la banda delictiva el Perú», denunció la ONG, que agregó que en el hecho estuvieron involucradas la GNB y la Dgcim.
De acuerdo con el reporte, el siguiente órgano policial involucrado en mayores números de ejecuciones en Bolívar fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con tres.
Por último, se registró una presunta ejecución por parte de cada uno de los siguientes cuerpos: el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb), la Policía del estado Bolívar (PEB), la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (DCDO).
10 víctimas sin identificar
La ONG puntualizó que las 21 presuntas ejecuciones corresponden a 5 de enero, 9 de febrero y 7 de marzo. Y señaló que de todas las registradas en el primer trimestre, 10 no fueron identificadas en los reportes de prensa.
«Se limitaron a publicar la versión del ente policial o militar. Lo que evidencia la falta de transparencia de los organismos, y que en pocas ocasiones los familiares tienen el valor de desmentir o de dar su versión de los hechos», aseguró.
Destacó que Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y que a su vez, los municipios más violentos son El Callao, Sifontes y Roscio.
Finalmente, Codehciu exhortó al Estado venezolano a investigar de manera imparcial y eficaz las muertes potencialmente ilícitas.
«Junto a la garantía de la justicia, los familiares de las víctimas también merecen reparación, protección, respeto a su integridad y la no repetición de estos hechos», expresó.
