Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello

El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), emitieron un informe conjunto donde denuncian que el Consejo Nacional Electoral ha incurrido en malas prácticas electorales que obstruyen los derechos de participación política de los venezolanos, y expresan la necesidad urgente de que adecúe su comportamiento apegándose a las normas y a la Constitución.

El documento es el producto del seguimiento que expertos técnicos de estas instituciones-que mantienen un convenio de cooperación-, han hecho al proceso de activación del Referendo Revocatorio del Mandato del Presidente de la República y de la convocatoria a elecciones regionales.

Las principales deficiencias se encuentran en la manipulación de los tiempos establecidos en la normativa, la creación de nuevos procedimientos no contemplados en el reglamento y el establecimiento de condiciones que dificultan el pleno ejercicio de la participación política de los ciudadanos. “La consecuencia de estas malas prácticas electorales ha sido el retraso de la convocatoria a la recolección de las manifestaciones de voluntad y, por ende, del referendo mismo”, dice el informe.

Por otra parte, el informe asegura que la infraestructura electoral propuesta por el CNE es insuficiente para satisfacer la demanda de participar políticamente, y existe un sesgo contrario a las parroquias que votan diferente al partido de gobierno, ya que en éstas hay menos máquinas de votación.

El CEP-UCAB e IDEA Internacional cuestionan la regionalización tanto del 1% de manifestaciones de voluntad para legitimar a la MUD como convocante del referendo, como del 20% para la convocatoria del referendo revocatorio del mandato del Presidente, avalado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ya que ello implica una condición no contemplada en la Constitución ni en la normativa vigente, lo que obstaculiza el ejercicio efectivo del derecho a revocar el mandato de cualquier funcionario electo establecido en la Constitución.

Alertan que, además, existen varios recursos judiciales, aún no decididos, solicitando la suspensión del proceso de recolección de manifestaciones de voluntad que está programado para realizarse los días 26, 27 y 28 de octubre, alegando que la oposición cometió fraude en la etapa previa. En este sentido, está en manos del Tribunal Supremo de Justicia la posibilidad de suspender este proceso por una decisión judicial.

En el informe se plantea que todos los actores involucrados en los procesos electorales, incluyendo partidos, gobierno, Tribunal Supremo de Justicia y árbitro electoral, respeten la Constitución, las leyes y normativas vigentes, a fin de hacer efectivo el ejercicio de los derecho políticos de los electores.

Recomiendan la aprobación de una Ley que regule de manera precisa las diferentes fases y procedimientos conducentes a la convocatoria y celebración de referendos, cualquier sea su naturaleza, tal como está establecido en la Constitución. Rescatan la necesidad de una reforma electoral integral que garantice la libertad, competitividad, transparencia y equidad a lo largo de todo el proceso electoral.

Consideran urgente que el CNE adecúe su comportamiento y decisiones a lo establecido en sus propias Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorio de Mandatos de Cargos de Elección Popular, y realice su trabajo de manera transparente, imparcial y a favor de la ciudadanía.

Finalmente, el CEP-UCAB e IDEA Internacional consideran positivo que el CNE haya contemplado la celebración de las elecciones municipales dentro del período que corresponde, “aunque lamentamos que no haya actuado con la misma diligencia en el caso de las elecciones regionales”.

*Con información de nota de prensa

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP), señaló que el país está inmerso en un proceso donde las condiciones electorales se deterioran a medida que el Gobierno pierde apoyo, por lo que considera vital una reforma que garantice elecciones  equitativas, transparentes y con reglas claras.

“En la medida en que el Gobierno pierde piso electoral es evidente que las condiciones electorales se han deteriorado y cada vez hay menos claridad en las reglas de juego. Creemos que en la medida en que no comprendamos la urgencia de una reforma electoral que nos otorgue equidad y transparencia para una elección,  será más difícil y complicado que el país supere el conflicto político mediante una salida constitucional y democrática”, dijo Alarcón, quien participó en un evento realizado por el CEP para analizar el contenido de la reforma electoral.

“En este momento no tenemos certidumbre sobre los procesos electorales,  no sabemos cómo se hace un revocatorio, desconocemos si va a haber elecciones de gobernadores este año. Evidentemente esto no corresponde a un sistema electoral con reglas democráticas”, agregó.

Explicó que implementar la reforma es importante de cara a las elecciones que se realizarían en el corto y mediano plazo como el revocatorio, la escogencia de gobernadores, alcaldes y una eventual elección presidencial.

La reforma

Juan Berríos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Zulia, sintetizó los puntos más importantes de la reforma electoral que actualmente discute la Asamblea Nacional. Destacan una serie de normas que limitan la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que regulan la campaña electoral y su financiamiento, refuerzan el rol de la observación y otorgan mayor participación a la sociedad civil en la elección de los rectores del CNE.

“La reforma contempla que la convocatoria a elecciones debe hacerse seis meses antes del momento de la elección para acabar con la discrecionalidad del CNE. Además se define claramente lo que es campaña electoral y los mensajes que comprende. Otro aspecto importante es que los medios de comunicación cederán espacios de manera gratuita durante la campaña electoral para generar equidad entre los candidatos y se limita la actuación de los funcionarios públicos y el uso de recursos del Estado durante la campaña”, explicó Juan Berríos.

Señaló que de cara a los próximos procesos electorales son clave las normas referentes a la regulación de campaña para generar condiciones de equidad y transparencia entre las distintas opciones políticas.

En cuanto al escrutinio la reforma plantea la totalización en tiempo real y que los ciudadanos tengan acceso a los resultados de forman inmediata.

Juan Berríos agregó que la reforma también incluye que los candidatos a rectores del CNE no hayan tenido militancia política durante siete años, se prohíbe la reelección y se especifica que cuando no sea posible que las dos terceras partes de la Asamblea Nacional alcancen un acuerdo para elegir a los rectores la escogencia se hará mediante elección popular.

Organizaciones civiles y académica nacionales entre las que destacan Asociación Civil Compromiso Ciudadano, Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ciudadanía Activa, Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Control Ciudadano y Transparencia Venezuela exhortaron en un comunicado conjunto al Consejo Nacional Electoral “a cesar el retraso y obstrucción del derecho a la participación de los ciudadanos contemplados en los artículos 70 y 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, y solicitan que se adopte una “posición institucional acorde a sus principios en la que se respete el espíritu de la Constitución. Consideramos grave el retraso en el procedimiento de constatación de las manifestaciones de voluntad de los ciudadanos que participaron en esta primera etapa para la convocatoria del referendo revocatorio presidencial”.

El pronunciamiento de estas organizaciones indica que la reciente actuación de las autoridades electorales “lesiona el principio de celeridad por el cual se debe regir el Consejo Nacional Electoral. Este trámite debió haber durado 5 días continuos según lo establecido en las Normas para Regular el Procedimiento de Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular aprobada en 2007, pero se ha extendido, injustificadamente, por 40 días”.

Igualmente consideran “delicado el establecimiento de normas y procedimientos no contemplados en la normativa antes citada, así como su no cumplimiento por parte del propio Poder Electoral; lo cual supone una violación de los principios legales de todo procedimiento electoral y administrativo: principio de buena fe, de petición y oportuna respuesta,  de antiformalismo, de celeridad, de transparencia, de subsanación y convalidación de errores materiales. En este orden de ideas, las nuevas reglas no solo han contribuido a demorar el trámite, sino también han traído como consecuencia la anulación de manifestaciones de voluntad por formalismos excesivos, tales como: error en el nombre del Presidente de la República, huellas con defectos de tinta, escritura incorrecta del cargo del Presidente, haber firmado en un municipio diferente al que se está inscrito en el Registro Electoral, entre otros”.

Explican en el comunican que lo anterior sienta “un precedente muy negativo que la recolección del 1% para la conformación de agrupaciones de ciudadanos se haya vinculado a las circunscripciones regionales, cuando la elección del Presidente de la República se hace en una sola circunscripción nacional; lo cual va en sentido contrario a lo establecido en la Constitución. En este orden de ideas, el anuncio realizado por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral el día 10 de junio de 2016 constata que las acciones y decisiones del organismo electoral no se ajustan a lo establecido en el artículo 294 de la Constitución, pues demuestran falta de imparcialidad y transparencia, al tiempo que socavan el derecho a la participación de los ciudadanos y ciudadanas”.

Asimismo estiman insuficiente la información sobre el número de centros para validar las manifestaciones de voluntad mediante el sistema de identificación biométrico. “Alertamos que, si el Consejo Nacional Electoral concentra dichos centros únicamente en sus oficinas regionales dificultaría el derecho a la participación política de quienes no viven en las capitales de sus respectivos estados, lo cual supone un acto de exclusión e inequidad por parte del Poder Electoral al no facilitar el procedimiento de validación de las manifestaciones de voluntad. Por tal motivo, exhortamos al Directorio del Consejo Nacional a facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos colocando al menos un centro de validación en cada parroquia del país, y aumentando su número según la densidad de manifestaciones de voluntad”, explican.

El bloque de organizaciones considera que es contrario al principio de transparencia no notificar a los ciudadanos las razones por las cuales su manifestación de voluntad ha sido anulada. “En este sentido, consideramos discriminatorio que se permita el retiro de las manifestaciones de voluntad que se validaron sin necesidad de utilizar mecanismos biométricos de identificación, mientras que no se contempla la posibilidad de que aquellos ciudadanos cuyas manifestaciones de voluntad no fueron validadas puedan enmendarlas. No permitir la rectificación de los «errores de forma» que llevaron a  excluir miles de firmas viola, de nuevo, el principio de subsanación y convalidación de errores materiales, dando más relevancia a errores de forma intrascendentes que al ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana”.

Del mismo modo, emplazan a las autoridades electorales a convocar las elecciones a Gobernadores y Representantes de los Consejos Legislativos cuyos mandatos finalizan el 16 de diciembre de 2016, no hacerlo antes del 16 de junio sería una nueva violación a la carta magna.

“El Consejo Nacional Electoral tiene como responsabilidad permitir que los venezolanos y venezolanas expresen de manera pacífica, democrática y electoral su posición frente al grave conflicto político, social y económico que afronta el país. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a que se acometa una reforma electoral a la brevedad posible, la cual elimine la discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral, y garantice la equidad y transparencia de los proceso electorales en nuestro país”, finaliza indicando el documento.